En el marco de la política de "Seguridad democrática" del actualgobierno se ha recrudecido el clima de militarización y se han agravado los
ataques contra la población civil y las organizaciones sociales y de
derechos humanos. Contrario a lo presentado en informes gubernamentales,
esta política no ha conducido a que la situación de derechos humanos
mejore y, por el contrario, han aumentado las ejecuciones
extrajudiciales cometidas directamente por la fuerza pública, las detenciones
arbitrarias, los montajes judiciales, y se ha modificado el panorama de la
violencia sociopolítica debido al cambio en las formas de actuar de los
agresores.
Es falso que el paramilitarismo se haya desmovilizado. Los informes
de diversas instancias como la OEA dan cuenta de que en todo el país
continúan actuando "bandas armadas", que bajo diversos nombres (Águilas
Negras, Organización Nueva Generación, etc.) siguen atacando a las
organizaciones sociales. Esto prueba el proceso adelantado entre el gobierno
y los grupos paramilitares no ha conducido a desmantelar el
paramilitarismo.
Las agresiones contra las organizaciones y sus líderes se agudizan
precisamente en los momentos en que la denuncia y la lucha social son
más visibles, y cuando la situación y los derechos de las víctimas se
están abriendo lugar en el debate nacional e internacional. Desde el
momento en que se hizo pública la propuesta de la jornada (el 5 de febrero),
la estigmatización y los señalamientos, provenientes fundamentalmente
del alto Gobierno y de otros sectores de extrema derecha, han generado
un clima de polarización cuyas consecuencias no se han hecho esperar.
En el marco de la convocatoria de la jornada de "Homenaje a las
víctimas, los desplazados, los asesinados, los desaparecidos. Memoria y
dignidad" del 6 de marzo, que además instalaba el IV Encuentro del
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se realizaron más de 24
movilizaciones en el país y 70 en el ámbito internacional. Sin duda la
respuesta de la ciudadanía frente a la jornada superó las expectativas
de las organizaciones convocantes.
A continuación hacemos un recuento de los graves hechos que se han
presentado en las últimas semanas contra personas y organizaciones que
dirigieron o acompañaron la convocatoria y cuyo trabajo se enmarca en la
defensa de los derechos humanos en Colombia.
HECHOS
Desde el 10 de febrero y por varios medios de comunicación el asesor
presidencial José Obdulio Gaviria señaló la marcha del 6 de marzo de
ser convocada por las FARC.
En declaraciones similares el
asesor presidencial atacó directamente al defensor de derechos humanos y
miembro del Comité de Impulso del Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda.
El 11 de febrero de 2008 en el
editorial de la página Web de "Colombia Libre", sitio oficial del grupo
paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se publicó se señaló
que la movilización del 6 de marzo era una marcha "entre la revancha y el
oportunismo", organizada por simpatizantes de las FARC.
El 12 de febrero se difundieron por
correo electrónico panfletos amenazantes contra los organizadores de
la marcha. Las amenazas estabas firmadas por el grupo paramilitar "ONG
Nueva Generación Nariño".
El día 17 de febrero Mauricio
Cubides, integrante de Fensuagro (organización integrante del MOVICE), fue
amenazado de muerte, sufriendo un intento de rapto. Como consecuencia de
las amenazas recibidas, debió desplazarse de la región.
Durante la preparación del Homenaje
Iván Cepeda recibió en su correo electrónico varias amenazas en las
que se le acusaba de ser "aliado de la guerrilla de las FARC".
El 29 de febrero dispararon contra
el apartamento de Luz Adriana González, secretaria general del Comité
Permanente por la Defensa de Derechos Humanos -CPDH- de Risaralda. Esta
organización hace parte del MOVICE y Luz Adriana era promotora del
Homenaje. Esta misma semana se difundieron cartas amenazantes contra
Guillermo Castaño, presidente del CPDH, dirigente de la Federación Nacional
Agropecuaria y de la Corporación Campesina del Desarrollo Sustentable.
El 4 de marzo fue desaparecido y
posteriormente encontrado asesinado en su apartamento, Leonidas Gómez,
trabajador del Banco Citibank, integrante del Comité nacional de empresa
de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB), del Equipo nacional
de educación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro de
la dirección distrital del partido político Polo Democrático
Alternativo.
El 6 de marzo, día del Homenaje,
Antonio Pedrozo, integrante de la organización Tejiendo Esperanza y
Coordinador de la Marcha Nacional de Desplazados, recibió amenazas de
muerte, mediante un sobre anónimo que contenía un sufragio con la leyenda
"líder de la FARC muerte ya" que en su cubierta decía "acción social para
Libardo Pedrozo".
Durante el Homenaje a las víctimas
se presentaron graves incidentes en varias ciudades. En Cúcuta hubo
hostigamientos y personas de civil, ajenas a la marcha, tomaron fotos e
hicieron videos. En Bogotá fue identificado un joven que seguía y
hostigaba a Iván Cepeda durante el recorrido por la carrera séptima.
El 7 de marzo, el Presidente de la
UNEB, Seccional Bucaramanga, Rafael Boada, fue víctima de un atentado
del que afortunadamente salió ileso. Rafael había recibido varias
amenazas de muerte.
En horas de la noche del 7 de
marzo, fue asesinado Gildardo Antonio Gómez Alzate, educador y delegado de
la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y miembro del Centro
de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID).
Ese mismo día fueron hurtados los
computadores de las oficinas de ASPODEGUA, FENACOA y de la CND, con
archivos que contienen información importante para su trabajo.
El domingo 9 de marzo, fue
asesinado Carlos Burbano, integrante de la Subdirectiva de ANTHOC, promotor y
organizador de la jornada de movilización del 6 de marzo.
El 11 de marzo llegó por correo electrónico, a
varias organizaciones sociales y de derechos humanos, una amenaza de
muerte firmada por el grupo paramilitar "Águilas Negras", en la que se
incluye una lista de personas y organizaciones como Minga, Fundip,
Asopron, Andas, Asdego, Asomujer, Fenacoa, Codhes, CUT, ONIC, Comisión
Colombiana de Juristas, Ruta Pacífica de las Mujeres, la Asamblea Permanente
de la Sociedad Civil por la Paz, Asomujer y Trabajo; Reiniciar,
organización que ha presentado una demanda internacional contra el Estado
colombiano por el genocidio contra la Unión Patriótica y que ha recibido
amenazas y ataques reiterados; Luz Helena Ramírez, integrante del Comité
de Impulso del MOVICE; y otros organizadores y participantes en la
marcha.
Estos hechos solo evidencian que el paramilitarismo en Colombia
continúa vigente, y que el proceso de desmovilización adelantado por el
gobierno nacional solamente ha dado lugar a una reestructuración de sus
estructuras; su presencia, en lugar de desaparecer, es cada vez más
evidente en todo el país, particularmente en los lugares donde hay una
fuerte organización social. Estas amenazas demuestran la falta de una
verdadera voluntad de buscar la paz.
Es especialmente preocupante que desde el alto Gobierno se haya
adelantado una campaña de señalamiento contra las organizaciones y los
líderes de la convocatoria a la Jornada del 6 de marzo, ataque que se suman
a la ya larga lista de ocasiones en las que se ha pretendido
deslegitimar la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Es claro que el Gobierno nacional, en cabeza del Presidente Álvaro
Uribe Vélez, que promovió con todos los medios a su alcance la
movilización del 4 de febrero, no hizo lo correspondiente con la Jornada del 6
de marzo y, por el contrario, intentó poner un manto de duda sobre las
víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo en Colombia, de
exigir sus derechos.
Responsabilizamos por los hechos ocurridos, así como por la
seguridad de las organizaciones amenazadas, en primer lugar, al asesor
presidencial José Obdulio Gaviria, por sus señalamientos temerarios e
irresponsables. Exigimos que el alto Gobierno rectifique las informaciones
difundidas sobre la jornada del 6 de marzo y sus convocantes, y se reconozca
el derecho de la sociedad a la manifestación pública y pacífica y a
ejercer la oposición política.
Convocamos la solidaridad nacional e internacional para que se
investiguen los orígenes de las amenazas y se determinen los responsables de
los asesinatos y atentados que han sufrido los líderes sociales.
De igual manera, exigimos al Gobierno colombiano resultados
inmediatos en el desmonte real del paramilitarismo, así como la depuración por
parte del Estado de las listas elaboradas por organismos de
inteligencia militar, las cuales han contribuido a la estigmatización y la
eliminación sistemática de quienes integran el movimiento social y de derechos
humanos.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Reiniciar, Minga,
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Comité de Solidaridad
con los Presos Políticos, Comité Permanente de Defensa de los Derechos
Humanos, ANDAS, ONIC, Cut Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, Departamento
de Derechos Humanos CUT, Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB,
ADMUCIC, Ruta Pacifica de Mujeres, Hijos e Hijas Por la memoria y Contra
la impunidad, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR-,
Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- otras.
Ultima hora:
LA PÁGINA WEB DEL COLECTIVO DE ABOGADOS "JOSE ALVEAR RESTREPO" ESTA
FUERA DE SERVICIO DESDE EL PASADO 13 DE MARZO CUANDO SU CONTENIDO,
ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DEL PORTAL FUERON BORRADOS, POR PERSONAS AJENAS
A LA ORGANIZACIÓN, QUIENES SIN AUTORIZACIÓN ALGUNA, INGRESARON EN EL
SERVIDOR DONDE SE ENCONTRABA ALOJADA LA PÁGINA
ESTOS HECHOS SE SUMAN A LAS RECIENTES AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS Y
ASESINATOS, DE QUE HAN SIDO VÍCTIMAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS, SINDICALES, ENTRE OTRAS, ANTES, DURANTE Y LUEGO DE
LA MOVILIZACIÓN DESARROLLADA EN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL
PARAMILITARISMO Y LOS CRÍMENES DE ESTADO, EL PASADO 6 DE MARZO.
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