Preocupación por amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanosLa Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por las amenazas de muerte de las que han sido víctimas líderes de organizaciones sociales de base y miembros de organizaciones de derechos humanos que participaron activamente en la reciente marcha del 6 de marzo.
El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia se ha pronunciado ya con claridad y firmeza respecto a : “la importancia que tiene para el país reconocer el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, incluyendo las necesarias garantías de no repetición”.
Igualmente, en reiteradas oportunidades, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, señora Louise Arbour, ha manifestado su respaldo a la “dedicación y valentía de las defensoras y defensores de derechos humanos “, y ha abogado “por la adopción de medidas efectivas que mejoren su protección”.
En las últimas semanas varios asesinatos de líderes de base y comunales han sido puestos en conocimiento de la Oficina, poniendo en evidencia los riesgos, para sus vidas e integridad, que los activistas sociales y de derechos humanos afrontan en sus regiones, muchas veces por cuenta de grupos armados ilegales. En su mayoría, estos homicidios no alcanzan visibilidad frente a la opinión pública, a pesar de su profundo impacto y graves consecuencias en las comunidades donde estas personas ejercieron su labor y en sus respectivas organizaciones.
Es urgente una acción decidida para aclarar el atentado del 28 de febrero con arma de fuego contra el domicilio de la señora Luz Adriana González, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y promotora de la marcha del 6 de marzo en Pereira; y los homicidios de los señores Edgar José Molina (colaborador de Huipaz) el 23 de febrero, en Algeciras, Huila; Manuel José Reina Collazos (miembro del Partido Conservador) el 25 de febrero, en Vijes, Valle; Leonidas Gómez Rozo (dirigente del sindicato UNEB) el 5 de marzo, en Bogotá; y Carlos Burbano (directivo del sindicato ANTHOC) cuyo cadáver apareció el 11 de marzo, en San Vicente del Caguán, Caquetá.
La Oficina solicita a las autoridades del Estado garantizar una pronta y eficaz protección de los defensores de derechos humanos y líderes de las organizaciones sociales de base. También urge a la Fiscalía a adelantar una decidida investigación de los hechos arriba citados.
La Oficina saluda y respalda el sentido plenamente ciudadano y democrático del trabajo de los defensores de derechos humanos y reitera la enorme significación que adquiere, en las actuales circunstancias, el que los más altos representantes del Estado expresen públicamente su respaldo a todas las personas y organizaciones que reivindican legítimamente sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
SIEMPRE ES ASI, POR LO VISTO HAY QUE CALLAR PARA VIVIR, HAY QUE CALLAR PARA QUE OTROS SEAN FELICES, HASTA CUANDO ESE ATROPELLO A LA LIBERTAD EN TODO EL SENTIDO DE LA PALABRA.
ResponderEliminarEL PUEBLO TIENE DERECHO A PROTESTAR POR ALGO QUE LES AFECTA SI NO DICEN NADA COMO DICE EL DICHO "EL QUE CALLA OTORGA"; QUIEN LO VA A DECIR POR ELLOS.