BOGOTA - Los esfuerzos de las dos últimas décadas para llevar ante la justicia a altos militares sospechosos de haber colaborado con paramilitares en la matanza de unas 10.000 personas resultaron en vano hasta ahora.
Pero la situación cambió cuando varios jefes paramilitares se desmovilizaron en un proceso de negociación con el gobierno del presidente Alvaro Uribe a partir de 2003 y, aunque a cuenta gotas, comenzaron a dar testimonios ante la justicia de sus lazos con militares en las décadas de 1980 y 1990.
Con esos testimonios y denuncias de organismos de derechos humanos esta semana fue detenido el general del ejército en retiro Rito Alejo del Río, acusado por grupos defensores de los derechos humanos de haber dejado actuar libremente al paramilitarismo en Urabá, al noroeste del país, una región donde se dio una cruenta lucha entre las guerrillas y las bandas paramilitares.
De acuerdo con la Fiscalía, 661 integrantes del ejército _ de todos los rangos y tanto activos como retirados _ son investigados actualmente por violaciones de los derechos humanos, incluyendo a Del Río.
"Si ahora se puede llevar a prisión a los políticos, ¿por qué no a los generales?", dijo a AP Lucía Luna, una fiscal que en el 2001, sin suerte, trató de encarcelar a Del Río.
Los testimonios de los ex jefes paramilitares llevaron a una vasta investigación que tiene ante los estrados judiciales _ ya sea en prisión o investigados _ a por lo menos 70 legisladores, de un congreso de 268 miembros.Pero las declaraciones de los encarcelados jefes paramilitares también dieron nuevas pistas sobre algunos oficiales, lo que llevó a que la Fiscalía dispusiera el 4 de septiembre la detención de Del Río.
Se le señala en la Fiscalía de ser coautor del homicidio del campesino Marino López Mena, asesinado el 27 de febrero de 1997 en una zona rural del departamento de Chocó, a unos 460 kilómetros al noroeste de Bogotá, explicó Sandra Castro, jefa de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía.
Castro ha dicho que el oficial sería responsable porque en el momento del crimen comandaba un operativo militar en la zona en que se registró el crimen a manos de paramilitares.
Conocido como "El Pacificador", Del Río fue el comandante entre 1995 y 1997 de la XVII Brigada del ejército, que opera en la zona del noroeste colombiano, otrora un bastión de la agrupación guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A sangre y fuego, grupos armados por hacendados y traficantes les declararon la guerra y hacían el "trabajo sucio": matanza de civiles a los que acusaban de ser simpatizantes de los rebeldes. Esa guerra fue expandiéndose a otras zonas del país.
El expediente contra Del Río lo nutren declaraciones de ex jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, extraditado en mayo a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, así como por testimonios de Hebert Veloza, quien fue capturado en abril de 2007 y también espera ser extraditado para encarar procesos por tráfico de drogas en Estados Unidos.
"No estoy de acuerdo con que a mí me digan 'el monstruo de Urabá' y al general Rito Alejo del Río lo llamen 'El Pacificador'. ¿Dónde está 'El Pacificador' que nos permitía movernos libremente por su jurisdicción? ¿Dónde está el que nos pasaba información a nosotros para que hiciéramos el trabajo sucio? Dónde está el que enviaba a sus tropas a patrullar con nosotros y que nos abría las puertas de los cuarteles?", dijo Veloza, o alias HH, en un testimonio judicial en octubre del año pasado.
Del Río es un viejo amigo del presidente Uribe, quien antes de asumir la jefatura de estado encabezó en abril de 1999 un acto en Bogotá de "desagravio" al oficial y al también general Fernando Millán.
Ambos oficiales habían sido retirados aquel mes del servicio activo por orden del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y ante presiones de Washington para que se investigase y castigase a militares sospechosos de tener vínculos con el paramilitarismo.
Las investigaciones entorno a Del Río en aquel año no prosperaron.
"Estoy segura de que había la prueba suficiente no sólo para detener, sino para condenar al general" Del Río, comentó la ex fiscal Luna, quien después de fracasar en su intento por poner tras las rejas a Del Río, tuvo que dejar Colombia y vivir exiliada en Canadá y España por lo que dijo eran amenazas contra su vida desde sectores que no identificó. Hace pocos meses regresó al país.
La tarea de ahondar en la supuesta responsabilidad de Del Río en esos asesinatos la tiene ahora el fiscal Luis Alberto Reyes, quien desde hace más de un mes no ha hecho otra cosa que releer cuanto papel hay sobre el general en la Fiscalía.
Del Río rechazó comentar el caso a la AP en varios intentos para entrevistarlo antes de su detención.
Pero no sólo Del Río es investigado por la justicia.
Recientemente la Fiscalía llamó a un interrogatorio al también general retirado Farouk Yanine, ex comandante de la XIV Brigada del ejército, con jurisdicción en regiones al norte de Bogotá.
En enero de 1989, los paramilitares asesinaron a 12 integrantes de una comisión judicial que investigaba la masacre de 19 comerciantes ocurrida dos años antes en la zona del Magdalena Medio.
Ambas matanzas ocurrieron en territorios bajo jurisdicción de Yanine.
En declaraciones a la justicia, Alonso de Jesús Baquero, alias 'Vladimir', un temido jefe paramilitar de los años 80 y actualmente encarcelado, señaló como responsables de la matanza de la comisión judicial a cinco generales, entre ellos a Yanine, el único sobre el que pesan acciones judiciales por ese caso.
El ex fiscal Virgilio Hernández, hijo de uno de los funcionarios judiciales asesinados, dijo a la AP que en su testimonio a las autoridades Vladimir dio cuenta de una reunión de varias autoridades regionales "para planear la conformación del paramilitarismo en la zona donde asesinaron a mi padre".
Otro caso involucra a un general del ejército activo, Héctor Jaime Fandiño, ex comandante de la Brigada XVII, la misma que ocupó Del Río en los 90, y actualmente jefe del Batallón de Sanidad del ejército.
En febrero de 2005 se produjo la matanza de ocho personas _ entre ellos tres menones de edad _ en la comunidad San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, bajo el control de la Brigada XVII.
La Fiscalía investiga si Fandiño, que comandaba aquel año la Brigada, pudo tener responsabilidades en la matanza, pero por ahora no ha formulado cargos al oficial, quien fue implicado en el caso por un capitán retirado.
"La realidad es que las investigaciones contra los generales no han empezado", dijo en entrevista telefónica Alirio Uribe, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear, organismo no gubernamental que impulsa las investigaciones cuando los autores de los crímenes son agentes del estado.
"Casi todos los jefes paramilitares han hablado de generales o retirados o muertos. Pero no se han atrevido a hablar de los generales activos que han cohonestado con ellos", agregó.
En febrero de 2002, Mónica Gaitán, una fiscal que ordenó investigar al general de la Armada Rodrigo Quiñones, y que pretendía procesar a ocho coroneles de esa fuerza que habrían permitido que en enero de 2001 los paramilitares masacraran a 27 campesinos en el caserío de Chengue, departamento de Sucre, al norte del país, dijo que tuvo que dejar abruptamente su cargo por presión de sus superiores y más tarde abandonar el país ante amenazas cuyo origen no reveló.
"Llevar a los generales a la cárcel es complicado por varios motivos", dijo Gaitán en diálogo telefónico.
Primero porque "nuestro poder judicial no funciona como debe ser: con justicia; segundo, porque los hilos del poder a esos niveles son tentáculos de corrupción e impunidad; y tercero, porque son decisiones políticas", expresó Gaitán desde su exilio, en Estados Unidos
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