ACNUR. En todo conflicto armado, las mujeres están expuestas a mayores riesgos de violencia sexual y de género. En Colombia, donde la violencia y explotación sexual son algunas de las causas más frecuentes del desplazamiento forzado, el ACNUR está trabajando con autoridades del Estado y con las personas desplazadas para ayudar a las víctimas a tratar algunas de las raíces del problema.
IBAGUÉ, Colombia 5 de marzo de 2009 (ACNUR) - Las mujeres y niñas conforman más de dos tercios de la población desplazada en Colombia, una de las más grandes en el mundo con más de 2.8 millones de casos registrados. Su género no es una coincidencia. En medio del conflicto, muchas han sufrido de violencia directa relacionada con el hecho de ser mujeres.
Elvira* llegó en Diciembre pasado con sus dos hijas de 18 y 15 años a la ciudad de Ibagué, ubicada en el centro de Colombia. Su familia solía vivir en una finca, en una zona rural con fuerte presencia de grupos armados irregulares. Con el paso del tiempo, mientras las niñas iban creciendo, Elvira se sentía más nerviosa, como todos en la región sabía de muchas jóvenes que habían sido reclutadas por el grupo irregular como combatientes o para prestar servicios sexuales.
"Mi marido no quería dejar la finca y discutimos acerca de eso. Él me pegaba; de donde vengo esto es lo que los hombres hacen". Elvira explica que estaba preocupada de irse a la ciudad sola con las niñas, sin medios económicos para sobrevivir. Pero ella finalmente huyó después de que su sobrina de 15 años, quien vivía en una finca cercana fue reclutada. "Mi marido no nos dejó llevarnos la mula, entonces caminamos por dos días", agrega.
Primero llegaron a un pequeño pueblo donde las tropas de las fuerzas armadas estaban instaladas. Elvira pensó que esto le daría en cierta medida seguridad a su familia. Pronto, su hija mayor empezó una relación sentimental con uno de los soldados. Al poco tiempo de que el batallón se hubiera ido, la familia recibió amenazas de muerte y fue declarada "objetivo militar" por un grupo armado irregular, quienes miraron la relación de la niña con un soldado como "colaboración con el enemigo".
La estigmatización y persecución como una retaliación de una real o percibida relación con actores armados y miembros de la Fuerza Pública es uno de los factores de riesgo identificados por la Corte Constitucional colombiana en el Auto 092 del 2008 por la protección de los derechos de las mujeres desplazadas. Otros riesgos incluyen la violencia sexual y el abuso como consecuencia del conflicto, riesgo de explotación sexual y esclavitud, reclutamiento forzado, persecución de líderes de organizaciones de mujeres, entre otros.
"La violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexuales, por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados, y en algunos casos aislados, por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública" indicó la Corte en el mismo Auto 092 de 2008.
En efecto, la violencia en contra de las mujeres es una de las causas que encabezan el desplazamiento forzado en Colombia; la mitad de todas las mujeres desplazadas reportan algún tipo de violencia de género. Pocos mecanismos de prevención se están poniendo en práctica, en parte porque muchas víctimas vienen de lugares marginales y conflictivos del país con poca presencia civil del Estado.
"La falta de la presencia civil del Estado puede tener un impacto negativo especialmente en las mujeres: falta de acceso a la educación y la salud, por ejemplo, son conocidos por ser factores de riesgo serios y existen muy pocos mecanismos en zonas rurales para denunciar abusos y violaciones", dijo Jean-Noël Wetterwald, Representante del ACNUR en Colombia, quien añadió que la Agencia se está enfocando este año en hacer esfuerzos de prevención en zonas priorizadas alrededor del país.
El año pasado, el ACNUR condujo diagnósticos participativos con casi 300 mujeres en Colombia, en un esfuerzo para identificar los retos específicos que ellas afrontan antes y durante el desplazamiento y sus necesidades resultantes. Las estadísticas son especialmente difíciles de reunir dados los lugares remotos afectados y la sensibilidad del tema, pero lo poco que se sabe conlleva a una situación crítica.
De acuerdo con los cálculos, el 30% de las mujeres desplazadas no tienen acceso a cuidado prenatal, el embarazo en adolescentes se estima en un 37% y más de la mitad de las mujeres desplazadas reportan maltrato de su esposo o su pareja. Alrededor de la mitad de las familias desplazadas tienen como cabeza de hogar a las mujeres, sin fuentes para su sostenimiento económico. Las mujeres raramente poseen títulos de sus tierras o propiedades y, en particular, las indígenas y afrocolombianas no tienen documentos de identidad. La mayoría de las mujeres que han sufrido de violencia no saben a dónde acudir por protección o denunciar un abuso.
El ACNUR se está enfocando en la intervención de actividades de prevención en áreas de alto riesgo, por ejemplo, con la organización de campañas de documentación con la Registraduría Nacional para proporcionar documentos de identidad a las mujeres en zonas de conflicto. A lo largo del territorio nacional, el ACNUR apoya la creación y la capacitación de grupos de derechos de mujeres y entrena funcionarios locales en cómo tratar casos de violencia de género. Así mismo, apoya la construcción de albergues e internados en zonas de conflicto para permitir a las jóvenes que estudien en condiciones de seguridad.
*Nombre cambiado por razones de protección
Por Marie-Hélène Verney
en Ibagué, Colombia
IBAGUÉ, Colombia 5 de marzo de 2009 (ACNUR) - Las mujeres y niñas conforman más de dos tercios de la población desplazada en Colombia, una de las más grandes en el mundo con más de 2.8 millones de casos registrados. Su género no es una coincidencia. En medio del conflicto, muchas han sufrido de violencia directa relacionada con el hecho de ser mujeres.
Elvira* llegó en Diciembre pasado con sus dos hijas de 18 y 15 años a la ciudad de Ibagué, ubicada en el centro de Colombia. Su familia solía vivir en una finca, en una zona rural con fuerte presencia de grupos armados irregulares. Con el paso del tiempo, mientras las niñas iban creciendo, Elvira se sentía más nerviosa, como todos en la región sabía de muchas jóvenes que habían sido reclutadas por el grupo irregular como combatientes o para prestar servicios sexuales.
"Mi marido no quería dejar la finca y discutimos acerca de eso. Él me pegaba; de donde vengo esto es lo que los hombres hacen". Elvira explica que estaba preocupada de irse a la ciudad sola con las niñas, sin medios económicos para sobrevivir. Pero ella finalmente huyó después de que su sobrina de 15 años, quien vivía en una finca cercana fue reclutada. "Mi marido no nos dejó llevarnos la mula, entonces caminamos por dos días", agrega.
Primero llegaron a un pequeño pueblo donde las tropas de las fuerzas armadas estaban instaladas. Elvira pensó que esto le daría en cierta medida seguridad a su familia. Pronto, su hija mayor empezó una relación sentimental con uno de los soldados. Al poco tiempo de que el batallón se hubiera ido, la familia recibió amenazas de muerte y fue declarada "objetivo militar" por un grupo armado irregular, quienes miraron la relación de la niña con un soldado como "colaboración con el enemigo".
La estigmatización y persecución como una retaliación de una real o percibida relación con actores armados y miembros de la Fuerza Pública es uno de los factores de riesgo identificados por la Corte Constitucional colombiana en el Auto 092 del 2008 por la protección de los derechos de las mujeres desplazadas. Otros riesgos incluyen la violencia sexual y el abuso como consecuencia del conflicto, riesgo de explotación sexual y esclavitud, reclutamiento forzado, persecución de líderes de organizaciones de mujeres, entre otros.
"La violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexuales, por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados, y en algunos casos aislados, por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública" indicó la Corte en el mismo Auto 092 de 2008.
En efecto, la violencia en contra de las mujeres es una de las causas que encabezan el desplazamiento forzado en Colombia; la mitad de todas las mujeres desplazadas reportan algún tipo de violencia de género. Pocos mecanismos de prevención se están poniendo en práctica, en parte porque muchas víctimas vienen de lugares marginales y conflictivos del país con poca presencia civil del Estado.
"La falta de la presencia civil del Estado puede tener un impacto negativo especialmente en las mujeres: falta de acceso a la educación y la salud, por ejemplo, son conocidos por ser factores de riesgo serios y existen muy pocos mecanismos en zonas rurales para denunciar abusos y violaciones", dijo Jean-Noël Wetterwald, Representante del ACNUR en Colombia, quien añadió que la Agencia se está enfocando este año en hacer esfuerzos de prevención en zonas priorizadas alrededor del país.
El año pasado, el ACNUR condujo diagnósticos participativos con casi 300 mujeres en Colombia, en un esfuerzo para identificar los retos específicos que ellas afrontan antes y durante el desplazamiento y sus necesidades resultantes. Las estadísticas son especialmente difíciles de reunir dados los lugares remotos afectados y la sensibilidad del tema, pero lo poco que se sabe conlleva a una situación crítica.
De acuerdo con los cálculos, el 30% de las mujeres desplazadas no tienen acceso a cuidado prenatal, el embarazo en adolescentes se estima en un 37% y más de la mitad de las mujeres desplazadas reportan maltrato de su esposo o su pareja. Alrededor de la mitad de las familias desplazadas tienen como cabeza de hogar a las mujeres, sin fuentes para su sostenimiento económico. Las mujeres raramente poseen títulos de sus tierras o propiedades y, en particular, las indígenas y afrocolombianas no tienen documentos de identidad. La mayoría de las mujeres que han sufrido de violencia no saben a dónde acudir por protección o denunciar un abuso.
El ACNUR se está enfocando en la intervención de actividades de prevención en áreas de alto riesgo, por ejemplo, con la organización de campañas de documentación con la Registraduría Nacional para proporcionar documentos de identidad a las mujeres en zonas de conflicto. A lo largo del territorio nacional, el ACNUR apoya la creación y la capacitación de grupos de derechos de mujeres y entrena funcionarios locales en cómo tratar casos de violencia de género. Así mismo, apoya la construcción de albergues e internados en zonas de conflicto para permitir a las jóvenes que estudien en condiciones de seguridad.
*Nombre cambiado por razones de protección
Por Marie-Hélène Verney
en Ibagué, Colombia
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