26 junio, 2009

Ecuador pide ayuda para atender 135.000 refugiados colombianos

Ginebra, 25 jun (EFE).- Ecuador hizo hoy un llamamiento a la comunidad internacional para que se reconozca el drama humano que supone la presencia de 135.000 refugiados colombianos allí, así como el esfuerzo económico que realiza Quito para atenderlos, al tiempo que negó cualquier tolerancia con la guerrilla colombiana.
El ministro ecuatoriano de Seguridad interna y exterior, Miguel Carvajal, presentó ante la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y ante la Alta Comisaría de la ONU para los Derechos Humanos la situación que vive Ecuador, convertido en el país latinoamericano con mayor presencia de refugiados como consecuencia del conflicto interno de Colombia.
"Se trata de la situación de refugiados más importante del Hemisferio occidental, pero es poco conocida en la escena internacional. Por ello, nuestro objetivo es que se identifique este problema a nivel internacional, porque atañe a los derechos humanos, y que se reconozca el esfuerzo enorme que hace Ecuador", declaró Carvajal, en entrevista con Efe.

El ministro recordó que la mitad de los 135.000 colombianos con estatuto de refugiados "viven en la frontera norte de Ecuador con Colombia, una región pobre, y no viven en campamentos de refugiados sino en las comunidades locales".

Por ello, Ecuador pidió el pasado año un apoyo financiero de 23 millones de dólares a ACNUR para apoyar los programas de ayuda a estas comunidades de acogida y a los refugiados hasta 2011, unos fondos que, sin embargo, no se han cubierto.

"La nuestra es una política de brazos abiertos, solidaria, pero que implica gastos en salud, educación, energía. Calculamos que, por año, sólo en lo que tiene que ver con refugiados, Ecuador invierte entre 39 y 50 millones de dólares", señaló Carvajal.

A ello se suma el enorme gasto en seguridad y reequipamiento militar que ha debido hacer para frenar la entrada de grupos irregulares desde Colombia.

"La frontera norte de Ecuador ha visto agravarse los problemas de seguridad, el tráfico de armas, el narcotráfico, porque hay cerca de 30.000 hectáreas de cultivos de coca frente al Ecuador, y su procesamiento requiere de laboratorios, muchos instalados en la misma frontera, a ambos lados", señaló el ministro.

Y en el lado colombiano -agregó- hay un control de las fuerzas irregulares, las FARC, el ELN y paramilitares que se disputan el territorio, y una débil presencia del Estado colombiano.
"Hablamos de cerca de 3.000 efectivos en el mejor de los casos, y de dos puestos de control estables y dos móviles, en una frontera de 700 kilómetros, donde el 80 por ciento es selva. Es una frontera muy permeable, donde los grupos irregulares cruzan al Ecuador, son repelidos, y hay intentos de control de corredores para la explotación de narcotráfico".

"Y en esas circunstancias recibimos a los colombianos que huyen del conflicto", señaló.

Carvajal señaló que Ecuador tiene desplegados en la frontera norte a unos 7.000 efectivos permanentes, que pueden llegar a 11.000 efectivos.

"Las fuerzas armadas cuentan con 40.000 efectivos, y la mitad son conscriptos, voluntarios que según la constitución no pueden ser destinados a lugares de riesgo militar, y la otra mitad profesionales, es decir que de 20.000 profesionales llegamos a tener hasta 11.000 en esa región", afirmó.

Y mantener esa presencia militar "significa al menos 100 millones de dólares al año, aparte de las inversiones que Ecuador ha debido hacer en reequipamiento militar después del bombardeo colombiano" a un campamento clandestino de las FARC en suelo ecuatoriano en marzo de 2008, agregó.
"En el Ecuador hay una presencia territorial de las fuerzas armadas, y muchas veces del otro lado de la frontera no tenemos control militar o policial colombiano, tenemos a la guerrilla", dijo.

Y acerca de las alegaciones colombianas sobre el supuesto apoyo de Ecuador a la guerrilla, Carvajal aseguró que "se trata de un argumento político para esconder el problema que tiene Colombia. Ese argumento muestra sus propias debilidades, porque en Ecuador hay un control territorial y en Colombia no".

"El gobierno ecuatoriano ha expresado con claridad que no tolerará la presencia de ningún grupo armado irregular, y si decimos que hay tolerancia significa desconocer el problema y el esfuerzo que realiza Ecuador los últimos dos años y medio".

Y subrayó que "si Colombia conoce la ubicación de miembros de las FARC que nos la indique, tenemos un mecanismo de comunicación militar y policial permanente desde mayo de 2008", que funciona a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas.

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ACNUR pide a Suecia reafirmar las políticas de asilo

Europa Press. 23 de junio, El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), António Guterres, pidió hoy a Suecia, principal destino de los refugiados iraquíes en la UE, que durante su presidencia de la Unión Europea, a partir del próximo mes, reafirme la importancia de aplicar las normas internacionales de protección de los Derechos Humanos en las políticas de asilo en el grupo.
La Unión Europea tiene previsto adoptar un programa de justicia y de asuntos internos que determinará sus políticas entre 2010 y 2014. ACNUR mencionó ejemplos negativos de algunos países de la Unión, como el reciente rechazo por parte de Italia de migrantes en embarcaciones, o como los éxitos electorales de partidos que pregonaban políticas anti-inmigrantes.

Entre otras recomendaciones, propugnó una mayor solidaridad entre las naciones europeas para que respalden a aquellas que están más presionadas por la llegada de migrantes irregulares y que pidan asilo. En ese sentido propuso una serie de alternativas, entre ellas la reubicación en otro país de la Unión de individuos reconocidos como refugiados.

Además, instó a mejorar la calidad y consistencia con las que se toman decisiones de asilo en la Unión Europea, ya que en la actualidad, las solicitudes de asilo de personas de la misma nacionalidad y con antecedentes similares, reciben respuestas diferentes según la nación en que encuentren.

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24 junio, 2009

‘Don Berna’, " El General Montoya y Gallego se unieron con nosotros.

VERDAD ABIERTA. El confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, ratificó por primera vez bajo juramento las acusaciones contra oficiales de la Policía y el Ejército que según él colaboraron con las Auc en Antioquia.

Desde su extradición a Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, fue su primera audiencia de versión libre ante un Fiscal de Justicia y Paz transmitida vía satélite desde la Metropolitan Correctional Center de la ciudad de Nueva York, y vista por decenas de sobrevivientes de las víctimas en una sala acondicionada en el edificio de la justicia en Medellín.

Con relación a la ‘Operación Orión’ que lanzó el estado entre 16 y 19 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín aseguró que “reitero la participación de miembros de la fuerza pública, en el caso particular de los generales Montoya y Gallego” y explicó que ese operativo oficial lo había coordinado con ambos oficiales, con varios meses de anticipación a través de uno de sus hombres, Elkin Loaiza, quien, según aseguró, actuaba bajo su orientación.

‘Don Berna’ contó que semanas antes de la ejecución de la ‘Operación Orión’, hombres del Bloque Cacique Nutibara (BCB) habían hecho inteligencia en distintos barrios de esa comuna, lo que les permitió tener la ubicación precisa de quienes ellos habían señalado como guerrilleros de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap) que actuaban allí. “Varios de mis hombres entraron con la fuerza pública encapuchados porque muchos de los que allí vivían los conocían”, dijo.

Para la época de la ‘Operación Orión’, el general Mario Montoya se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, y el general Leonardo Gallego era el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Esta confesión, pero sin juramentar, ya la había hecho este jefe paramilitar el 25 de febrero de este año ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, durante su juicio por delitos de narcotráfico, donde fue condenado a 31 años de prisión. Escribió entonces entonces al juez Richard M. Berman: “Las fuerzas de autodefensa del BCN (Bloque Cacique Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía”. (ver aparte de la declaración de 'Don Berna' en Estados Unidos)

En esa declaración agregó que al BCN le fue asignada una unidad antisecuestro del Gaula para que “asistiera a sus hombres en los esfuerzos conjuntos durante la ‘Operación Orión’”, y narró que la coordinación con los militares y los policías para desalojar de la zona a las milicias de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo estaba bajo la responsabilidad de un hombre conocido con el alias de ‘King Kong’.

Así mismo, ‘Don Berna’ acusó a miembros de las fuerzas armadas de estar involucrados en la masacre de ocho personas que realizaron paramilitares de ‘Bloque Héroes de Tolová’ (BHT) en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Dijo que hubo complicidad con tropas del Batallón Vélez, adscrito a la XVII Brigada del Ejército, con sede en el municipio de Carepa, Urabá antioqueño. Aseveró que el mayor José Fernando Castaño, quien, según él, ordenó la muerte de los niños.

Murillo Bejarano narró que el mayor Castaño le había dado la orden a los paramilitares de que mataran “a los niños porque según él cuando crecieran serían guerrilleros”. En esa masacre fueron asesinados los menores Santiago Tuberquia Muñoz de 2 años y su hermana Natalia Andrea de 6 años; Deiner Andrés Guerra Tuberquia de 11 años; y Beyanira Areiza Guzmán de 17 años. Junto a ellos perecieron Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alfonso Bolívar y Alejandro Pérez. Todos habían sido descuartizados.

El Fiscal de Justicia y Paz le preguntó si tenía evidencias que dieran soporte a sus graves acusaciones. ‘Don Berna’ no dio pruebas, y dijo que siempre hubo coordinación con miembros de las fuerzas armadas. “En las zonas de influencia nuestra siempre se coordinó cualquier operativo con ellas, siempre hubo un apoyo y una colaboración mutua, y en este caso no es ninguna excepción”.

Se suspende audiencia

‘Don Berna’ además dijo que dado el riesgo que corre su familia en Colombia no hablará de los casos de gran connotación política, militar y económica ante Justicia y Paz. Además, llamó la atención a este respecto, pues no sólo era una circunstancia que afrontaban su familia sino la de varios jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos en mayo del año pasado.

Al iniciar la tarde, la abogada defensora del jefe paramilitar pidió la palabra para anunciar que las dos sesiones de versión libre programadas para este miércoles y jueves deberían ser reprogramadas porque su cliente presentaba quebrantos de salud.

“Como es de público conocimiento y es de notoriedad, el señor Murillo Bejarano tiene algunos problemas físicos que causan un cansancio agravado en comparación a las demás personas; además, ha presentado problemas de tensión en los últimos días, lo que genera un agotamiento en la disponibilidad que tiene para actuar en estas diligencias de versión con toda la capacidad que requiere y la atención que requiere una diligencia de éstas”, declaró la defensora.

De inmediato, el Procurador presente en la sala de víctimas de la ciudad de Medellín reclamó pruebas del estado de salud de Murillo, toda vez que no es la primera ocasión que se excusa de las audiencias para no continuar en ellas.

“La Procuraduría considera que es necesario que haya algún crédito, alguna prueba que la defensa haya presentado acerca del estado de salud del versionado, para efectos de que se llegue a una solución de la petición que ha presentado”, sostuvo el funcionario.

El Procurador recordó que en la primera versión que se hizo en Medellín, en julio de 2007, se le habían fijado diligencias para cuatro días, pero al segundo día la defensa igualmente solicitó la suspensión por razones de salud, “la cual dio lugar a una suspensión por el término de tres meses y ello por supuesto constituye una defraudación de los intereses de las víctimas y un descrédito para todo el proceso de Justicia y Paz”, dijo.

‘Don Berna’ respondió que la Fiscalía tiene en sus archivos documentos sobre su condición física, la cual volvió a describir en esta ocasión: “tengo huellas indelebles de los atentados que he recibido, perdí la pierna derecha, tengo una prótesis, tengo todavía impactos de armas de fuego en mi espalda, tengo un proyectil a tres milímetros de la columna”.

Señaló que antes de su extradición a Estados Unidos estaba bajo tratamiento médico y luego dijo: “Sepa señor Procurador que el servicio médico aquí es muy regular, y no he tenido acceso a los servicios médicos adecuados”.

Por último resaltó el gran esfuerzo para asistir a esta primera audiencia de versión libre, pues allá no tiene ni los mecanismos, los elementos, ni acceso a la información con la cual podría contribuir a aminorar el dolor de los sobrevivientes de su accionar paramilitar.

“Hay muchas víctimas que están presentes en la salas en Colombia que saben de mi esfuerzo, que saben de mi consideración con ellas, que saben de mi contribución a aclarar muchos hechos, gracias a esto se ha logrado de una u otra forma aminorar ese dolor, no es negligencia, no es que me esté negando, pero usted sabe, señor Procurador, que con nuestra extradición se coartó la verdad”, reiteró.

Ante la propuesta del Fiscal de suspender la audiencia de este miércoles y realizar la programada para el jueves, ‘Berna’ insistió en que no podía por razones de salud. Las audiencias entonces fueron suspendidas y no se fijó fecha para una siguiente cesión.

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22 junio, 2009

¿ Falsos Positivos'... ? ! Asesinatos a sangre fría ¡

Semana. No hay nadie más cuidadoso con las palabras que los diplomáticos. Prefieren, en lo posible, términos blandos y gaseosos; por eso son tan tímidos y aburridos los comunicados oficiales. Tienden a repetir lo obvio y lo ya sabido. Y huyen de adjetivos que puedan ser motivo de polémica o interpretaciones erróneas.

El 95 por ciento del comunicado el jueves pasado de Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, sobre los 'falsos positivos' siguió esa consigna. Desde que se conocieron en octubre del año pasado los asesinatos de los jóvenes de Soacha, los medios han reportado ampliamente el fenómeno. El Ministerio de Defensa tomó medidas. La Fiscalía ha actuado: varios oficiales y suboficiales están siendo investigados por esos hechos y crímenes en otras partes del país. Lo que hizo Alston fue recoger esas denuncias e incidentes y plasmarlas en un informe preliminar de cinco páginas. Sin duda, es significativo que el relator de la ONU se pronuncie sobre esas atrocidades, más aún en Colombia, donde se le da tanta relevancia a la opinión de extranjeros sobre el país.

Sin embargo, Alston fue más lejos. Primero, criticó el uso de la expresión 'falsos positivos', ya que "brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio". Segundo, dijo que los familiares supervivientes sufrían un "hostigamiento sistemático de los militares", acoso, que según Alston, incluía amenazas de muerte. Y tercero, en una frase que es motivo de análisis tanto en el gobierno como por las ONG, refutó la tesis de que las matanzas eran obra de unas "manzanas podridas". Para el diplomático, los crímenes "fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército".

Para el relator de la ONU, tantos hechos en tantas regiones y con la participación de tantas unidades militares no es casualidad. En otras palabras, hay algo en el sistema del Ejército colombiano que hace posible que se lleven a c abo esas actividades.

Así, el uso de la palabra "sistemática" no es fortuito. Según la definición del diccionario de Oxford ya que el texto original de Alston está en inglés, para que una actividad sea sistemática, debe haber planeación y control. Y en el mundo de los derechos humanos, esa implicación es muy grave para un Estado. Aunque Alston dijo que no ha "encontrado pruebas" de que las ejecuciones sean una política oficial, al describir el comportamiento delictivo de algunos militares como "sistemático" dejó la puerta abierta a una interpretación más severa.

Desde que se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 61 años, ese adjetivo se ha utilizado generalmente para describir las acciones de Estados represivos (las dictaduras del Cono Sur), regímenes genocidas (el régimen del Jmer Rojo de Camboya) o de limpieza étnica (como Ruanda o la antigua Yugoslavia). Una de las motivaciones detrás de la creación de la Corte Penal de Justicia fue precisamente castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, que por su dimensión son el resultado de actividades "sistemáticas".

Consciente de la gravedad de lo dicho por Alston, el gobierno salió rápidamente a agradecerle el informe y resaltar los párrafos donde reconoce sus esfuerzos por afrontar el problema. Y es cierto: Alston subraya las 15 medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa para ponerles coto a las ejecuciones. Y más importante aún para el gobierno, el diplomático destaca la "reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos seis a nueve meses".

En Colombia ha sido claro hasta ahora que los 'falsos positivos' no son una política de Estado, ni son producto de decisiones que toma la cúpula militar. Es una tragedia que obedece a un esquema perverso de incentivos y a un concepto equivocado de seguridad que premia a los soldados más por el número de bajas que por la tranquilidad ciudadana que proporcione la Fuerza Pública. Lo que sí es necesario aclarar es por qué se dio en varias regiones y de manera tan recurrente.

Frente a este episodio, para la justicia penal internacional no es suficiente corregir los errores sino que los agentes estatales deben pagar por sus crímenes. En últimas esa fue la advertencia del relator de la ONU la semana pasada: si no castigan ejemplarmente a los responsables, otros lo harán por ustedes.


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20 junio, 2009

Gobiernos Europeos ponen en peligro las vidas de los Refugiados.

Europa Press. La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy de que los Gobiernos europeos están mostrando un "flagrante desprecio" de sus obligaciones internacionales con los refugiados, poniendo con ello "en peligro la vidas" de las personas que intentan obtener asilo en la UE. Al respecto, denunció que los acuerdos firmados por España con varios países africanos están sirviendo "para justificar la detención arbitraria, la detención y la deportación de solicitantes de asilo y emigrantes en esos países".

"Los refugiados arriesgan sus vidas en busca de seguridad únicamente para ser devueltos en el momento en que alcanzan Europa", declaró la directora lara Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth, con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra hoy. "Los Gobiernos deben dejar de poner en peligro sus vidas y cumplir sus obligaciones internacionales y proteger a estas personas vulnerables", añadió.

Según la organización, los países situados en los límites de Europa están "mostrando un flagrante desprecio de sus obligaciones internacionales hacia los refugiados". Entre ellos, Amnistía destaca el caso de España, cuyos acuerdos bilaterales firmados con varios países africanos están sirviendo "para justificar la detención arbitraria, la detención y la deportación de solicitantes de asilo y emigrantes en esos países".

Otro caso destacado es el de Italia, que "está interceptando a refugiados en aguas internacionales y transportándolos físicamente, sin darles la protección que necesitan, a Libia, donde los emigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados se arriesgan a malos tratos y a ser devueltos a la fuerza a países donde se enfrentan a graves abusos de Derechos Humanos".

Por su parte, las autoridades de Grecia expulsan a los inmigrantes en sus fronteras terrestres y marítimas con Turquía "sin atender antes sus solicitudes de asilo". "Para los que entran en el país, hay muchos obstáculos legales para que los refugiados obtengan protección", agregó. Aparte, Turquía "sigue sin reconocer a las personas de fuera de Europa como refugiados, lo que implica que miles de personas se vean privadas de la protección que necesitan".

Según Amnistía Internacional, estos Estados europeos están socavando la protección a los refugiados "no sólo en sus propios países, sino en todo el mundo, enviando con ello un peligroso mensaje sobre el tratamiento a los refugiados". "Todos los países deben cumplir sus obligaciones hacia los refugiados y solicitantes de asilo no sólo en sus propias fronteras, sino en cualquier lugar en el que ejerzan algún control efectivo", concluyó.


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Dia mundial del Refugiado - 20 de Junio

FUNAR. 20 de Junio del 2009, segundo año del proclamado día Mundial del refugiado por parte de la (ONU). para mi, mi esposa y mi pequeño hijo son ya 3 años de mucho sufrimiento y bastante tristezas. el haber dejado abandonado toda una vida de sueños, de esperanzas a nuestra amada he inolvidable familia, a mi madre mi querida viejita que sufre mi ausencia y y se apesadumbra por no conocer a su nietesito, nacido aquí en caracas. cuanto mi acompañante mi esposa quien ha estado siempre a mi lado quien ha sufrido mucho mas que yo , quisiera volver a ver a su querida hermana, abrasar a su madre.
deseos de seguir escribiendo no tengo, durante tres días quise hacerlo y ahora lo hago en el mismo día mencionado, es muy bravo y dura la lucha en medio de tantas vicisitudes, las cifras las estadísticas , los planes se los dejos a los que viven de nosotros, si somos 4 millones o 6 millones de refugiados colombianos.
ACNUR-Día mundial del refugiado
hemos conocidos muchos casos suprema mente tristes de refugiados que no han tenido la suficiente fortuna de adaptarse a la gran urbe que consume en su dinamismo al que no sepa manejar la. muchos han pasado hambre, desprecio, humillaciones, explotaciones y mucho frió y temor cuando les toca dormir bajo un puente ante las miradas incisivas de lo dueño de lo ajeno.
Maria la tragedia de una refugiada
en nuestro caso particular hemos sabido encontrarnos con la marcha acelerada y de oportunidades que ofrece Venezuela en medio de un proceso revolucionario que ha tenido el suficiente tacto de brindarles atención a sus propios ciudadanos y a las comunidades refugiadas.

Hoy celebramos o mejor conmover amos esta fecha que esta llena de muchas tristeza en medio de la esperanza de que algún día mas temprano que tarde podamos encontrar la tan anhelada paz , tranquilidad que no permita vivir no en medio de esporádicas alegrías sino de la felicidad eterna de no tener que sentir miedo nunca pero nunca mas.


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19 junio, 2009

96% de Refugiados en Ecuador son Colombianos

AP. Ecuador ha evidenciado "generosidad y responsabilidad" para acoger en su territorio a refugiados extranjeros, 96% de los cuales son colombianos, dijo el viernes el canciller Fander Falconí.
En un comunicado precisó que del total de 30.000 documentos de refugio extendidos desde el año 2002, un total de 28.800 ha sido emitido a favor de colombianos.

Tales cifras ubican a Ecuador como el país con mayor cantidad de refugiados en América Latina.

El pronunciamiento se registró en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, y Falconí dijo que el gobierno envía "un saludo solidario a todas las personas reconocidas como refugiados(as) por el estado ecuatoriano, así como a todas las personas que solicitan esta condición".



Añadió que la decisión de acoger a los refugiados es producto de una política de estado que además busca desarrollar una "iniciativa inédita en América Latina registrar, documentar y otorgar la condición de refugiados ... a (otras) 50.000 personas de nacionalidad colombiana, que han abandonado su país a causa de la violencia interna".

Añadió que de acuerdo con estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ecuador existen unos 135.000 colombianos que requieren protección, de los cuales la mitad se asienta en provincias de la frontera norte: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Orellana.

Ecuador y Colombia comparten una zona limítrofe de unos 640 kilómetros, que van desde el océano Pacífico, pasando por los Andes, hasta la amazonia, en buena parte de la cual, por el lado colombiano hay la presencia de grupos armados irregulares cuya acción afecta a la población civil.


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18 junio, 2009

Sepultado por uribista del Senado El proyecto de Ley de Víctimas

Semana.El proyecto de Ley de Víctimas que buscaba la reparación integral de quienes han padecido por el conflicto armado fue sepultado este jueves por la mayoría de la bancada uribista del Senado. Desde el Ministerio del Interior, el gobierno convocó a los parlamentarios para pedirles que en la votación del informe hundieran la iniciativa. Argumentó que era demasiado costoso y que costaba 75 billones de pesos. Además la Presidencia emitió un comunicado para pedirle al Congreso que no votara la iniciativa y explicó sus razones.
(Vea le comunicado)

Sin embargo, para muchos observadores, la verdadera razón de pedir que la hundieran fue que el gobierno no podía aceptar la Ley como la había aprobado este miércoles la comisión de conciliación que adoptó el texto del proyecto original del Senado. Éste incluía en el universo de víctimas a las que han sido vulneradas por policías y militares y otro agentes del Estado, como los jóvenes desaparecidos y posteriormente ejecutados de Soacha.



Vea el artículo Un Luz para la Ley de Víctimas


Desde el comienzo de las discusiones, el gobierno mostró su desacuerdo con la iniciativa e intentó pasar un proyecto que excluía a las víctimas de agentes de Estado y no reconocía la responsabilidad de este por no haber garantizado la protección de sus derechos. Decía que si reparaba a las víctimas era por solidaridad, no por haber incumplido su promesa de protegerlas como reza la Constitución.

Durante la discusión de la votación de este proyecto el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, dijo que el proyecto no era viable fiscalmente y pidió su votación negativa.
Según él la iniciativa costaría tres veces más de lo que estaba presupuestado en la Ley propuesta por el gobierno, pero que fue derrotada en la conciliación. Es decir, 50 billones de pesos más.

Horas antes de que se negara la iniciativa, el presidente Álvaro Uribe pronunció estas palabras, durante un seminario de pobreza en Bogotá: "Aquella (ley) que no podemos aprobar costaría 80 billones, y además les daría el mismo tratamiento a las víctimas derivadas de funcionarios del Estado y a las víctimas de grupos terroristas". En el mismo discurso defendió la necesidad de hacer sostenible la política de seguridad democrática a través de un nuevo impuesto. (Lea el discurso completo aquí)

No obstante, el argumento del costo de la Ley no convenció del todo a la bancada uribista. El senador Samuel Arrieta, de Convergencia Ciudadana, por ejemplo dijo que esta cifra nunca fue mencionada en los debates. El senador de La U, Armando Benedetti quien fue uno de los firmantes del informe de conciliación también se mostró descontento porque el gobierno no quiso apoyar la reparación de las víctimas, sin discriminación en razón de quien fue el agresor.

En el mismo sentido el senador Liberal, Juan Fernando Cristo, quien fue el impulsor del proyecto desde el principio, dijo que al gobierno le interesaban más los victimarios que las víctimas y lo calificó de discriminatorio.

El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, dijo que el gobierno se comprometería a incluir un nuevo proyecto en la próxima legislatura, pero que fuera viable fiscalmente. Agregó que "no se pueden poner en igualdad de condiciones a los criminales con los agentes del Estado".

La posición del gobierno ha sido contraria a lo que han expresado organismos internacionales. Esta mañana durante la rueda de prensa que ofreció Philip Alston, relator para las Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, había advertido que era “imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley de víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad”.

No obstante, no valieron los aportes de las organizaciones de víctimas, ni recomendaciones de la oficina de derechos humanos de la ONU, ni las declaraciones de Alston para aprobar el proyecto.

En el fondo quedó la sensación de que toda la discusión del proyecto se trató de una pelea por imponer una visión ideológica sobre el conflicto colombiano, que según el gobierno, no es un conflicto armado, sino una “una amenaza terrorista” o un problema de delincuencia.


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Dadivas para los victimarios y corona de espinas para las victimas

Movice. Jueves 18 de junio de 2009, El pasado martes 16 de junio, la Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate el proyecto de ley denominado “Estatuto de las víctimas”. Iniciativa legislativa que tal y como fue aprobada por el Congreso, entra a engrosar el conjunto de normas que desconocen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, de las víctimas de violaciones de DDHH e infracciones al DIH en Colombia.

El proyecto de ley fue aprobado por un congreso, que adolece de una profunda crisis de ilegitimidad, en un ambiente que negó las más mínimas garantías para el debate y la deliberación, desconociendo frontalmente el querer de las victimas y de sus organizaciones, así como los estándares internacionales en materia de DDHH. Algunos de los gravísimos problemas del texto aprobado son:

1.Desconoce la existencia de victimas de crímenes de Estado, con lo cual, no solo vulnera el principio de igualdad y no discriminación frente a ellas sino que las victimiza nuevamente porque además de padecer injustamente el accionar criminal del Estado deben enfrentarse a nuevas trabas e impedimentos para reclamar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Conforme al texto aprobado las victimas de agentes estatales tendrían que ser reconocidas en una sentencia judicial para acceder de las distintas medidas de asistencia, ayuda humanitaria y reparación establecidas en la ley.

2. Ignora la prevalencia de la restitución como medida de reparación ante el despojo de las tierras y el patrimonio de las víctimas. La ley excluye la posibilidad de que exista restitución de bienes inmuebles, y favorece la indemización y otras formas de reparación ante el despojo de las tierras, con lo que desconoce los derechos de los de 3 millones de desplazados y reafirma la consolidación de un modelo económico basado en el despojo violento de las tierras a campesinos, indígenas y afrocolombianos. El Congreso legisla, de esta manera, a favor de los propietarios de empresas nacionales y trasnacionales, beneficiarios económicos, del desplazamiento y el despojo violento promovido por los grupos paramilitares. Con ello, garantiza la consolidación de un modelo social, político y económicamente excluyente dominado por el paramilitarismo.

3. Apela al principio de solidaridad y no reconoce su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos. De esta manera el Estado no se hace responsable por el incumplimiento de sus obligaciones de respeto de garantía de los derechos humanos y pretende escudar su responsabilidad en la solidaridad, convirtiendo los derechos de las victimas en simples favores y negando su participación directa y decidida en la comisión de cientos de crímenes de lesa humanidad cometidos a través de sus agentes estatales o paraestatales.

El Estado pretende negar su responsabilidad en la creación y la consolidación de la estrategia paramilitar, argumento cada vez más insostenible si se escuchan las versiones libres de jefes paramilitares quienes reconocen en esta estrategia una política de Estado.

4. Desconoce las diferencias entre los servicios sociales del Estado, las medidas de reparación y las medidas de asistencia humanitaria. Las medidas de reparación son una consecuencia del reconocimiento de la responsabilidad estatal por el incumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, las medidas de asistencia humanitaria son simples ayudas, dadivas y servicios que debe ofrecer cualquier Estado frente a una calamidad o una emergencia no necesariamente, propiciada ni auspiciada por el mismo y los servicios sociales buscan superar exclusiones sociales y pobrezas de determinados sectores sociales en la búsqueda por alcanzar una igualdad material

Igualar estos tres conceptos constituye una ofensa para las victimas porque con ello se desconoce su condición de sujetos políticos y de derecho y además se niega la responsabilidad de Estado en materia de reparación. Además al contemplar las indemnizaciones en tablas que no pueden exceder los 40 salarios mínimos desconoce que la entidad de los daños y perjuicios causados por las violaciones a derechos humanos deben ser analizados con las particularidades de cada caso en concreto. La Ley aprobada también retoma lo establecido en el decreto 1290, (Reparación Administrativa) y establece que las indemnizaciones sean pagadas en sumas periódicas y durante 10 años. Ello desconoce la esencia de lo que debe ser una reparación, y sin duda será utilizado por el gobierno Nacional en su campaña por la segunda reelección.

Dadivas para los victimarios: la apuesta es por la impunidad

En esta misma dirección, el día anterior a la aprobación de éste proyecto de ley de víctimas, la Cámara de representantes aprobó la modificación del Código de Procedimiento Penal sobre principio de oportunidad.

Este principio, pensado para delitos de “bagatela”, puede ser ahora aplicado para garantizar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, pues en adelante, podrá ser utilizado para favorecer a los paramilitares a quienes no se les pudo aplicar el indulto y los beneficios equivalentes contemplados en el decreto 128 de 2003 y la ley 782 de 2002, luego de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, el 11 de julio de 2007, en la que reconoció que la participación en grupos paramilitares no podría ser considerado un delito político de sedición y luego de la cual, la Fiscalía debió asegurar la captura, investigación y sanción de estos paramilitares en lugar de promover y apoyar iniciativas legislativas para garantizar la impunidad a través del principio de oportunidad, legislando para los victimarios y a favor de los responsables de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

La solución no fue entonces la implementación de medidas que garanticen la aplicación de una justicia ejemplarizante y responsabilizante para los perpetradores y beneficiarios de los crímenes permitidos y agenciados por el Estado, no se optó por la garantía de los derechos de las victimas a la verdad y a la justicia; por el contrario, la apuesta fue por la impunidad.

Este nuevo mecanismo de impunidad hace parte de un marco jurídico, encabezado por ley 975 de 2005, que establece un procedimiento de aparente y simulada justicia para impedir que los crímenes sean juzgados por la Corte Penal Internacional o por otros tribunales internacionales.

Este marco jurídico y las nuevas leyes fueron aprobados por un Congreso viciado por la ilegitimidad, que se hace evidente con la existencia de más de 80 congresistas procesados judicialmente por nexos con grupos paramilitares. Ante estos hechos, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, manifiesta su profunda indignación y rechazo a las decisiones tomadas por el Congreso de la República. El MOVICE ha rechazado estas iniciativas desde sus inicios y presenta una vez más su constancia histórica frente a lo que considera otra burla a las víctimas y sus organizaciones, un desconocimiento de su querer y un silenciamiento de su voz.

Por último el MOVICE reafirma su decisión de seguir trabajando por la realización de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, como elementos esenciales en un verdadero Estado democrático y de derecho; y hace un llamado a la Corte constitucional, para reconozca que estas leyes son contrarias al orden constitucional colombiano, y en consecuencia declare su inexequibilidad.


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Ejecuciones en Colombia son una práctica sistemática : Relator de ONU

AP Las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de una barriada de Bogotá fueron una matanza "flagrante y obscena" que apenas revela la punta del iceberg de una "práctica sistemática", afirmó el jueves un demoledor informe preliminar del Relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias.

El australiano Philip Alston dijo que dentro de cuatro a cinco meses presentará su informe final, con las conclusiones y recomendaciones al gobierno del presidente Alvaro Uribe, tras realizar una visita a Colombia del 8 al 18 de junio por invitación de las autoridades de Bogotá.

"Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg", dijo Alston al presentar partes de sus observaciones preliminares sobre ejecuciones en Colombia.

Creo, agregó Alston en una conferencia de prensa en una sede local de Naciones Unidas, que el problema de las más recientes ejecuciones extrajudiciales denunciadas son el "resultado de una práctica sistemática dentro de los militares".

Las fuerzas armadas fueron estremecidas a fines del 2008, cuando denuncias de prensa y de grupos no gubernamentales revelaron que al menos 11 hombres, sin relación entre ellos, habían desaparecido en diferentes fechas de la barriada de Soacha, al sur de Bogotá, y después sus cadáveres fueron localizados en fosas comunes del noroeste del país como rebeldes muertos en combate con tropas del ejército.

El escándalo cobró la cabeza de una veintena de oficiales y suboficiales del ejército, entre ellos tres generales, destituidos por Uribe a fines de octubre del 2008. El entonces comandante del ejército, general Mario Montoya, renunció al cargo poco después de la mayor purga en las filas militares en años.

El gobierno de Uribe ha dicho que los casos de Soacha fueron productos de algunas "manzanas podridas" en las fuerzas militares y aseguró incluso que algunas de las víctimas eran ciertamente rebeldes. Alston, sin embargo, dijo en la jornada que aparte de "las afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido".

Por el caso de Soacha al menos dos coroneles, pasados a retiro en la purga de octubre, así como medio centenar de suboficiales y soldados profesionales, están detenidos y acusados por secuestro, desaparición forzada y homicidio agravado, según datos de la Fiscalía General que les investigó.

La Fiscalía lleva en total al menos 1.056 investigaciones, que involucran el asesinato de 1.708 personas, incluyendo las víctimas de Soacha, en ejecuciones extrajudiciales denunciadas en los últimos seis años.

El relator Alston no ofreció cifras y sólo dijo que por los datos que le había suministrado el Ministerio de Defensa se habría reportado una reducción en el número de ejecuciones en los últimos nueve meses.

Alston dijo además que aún esperaba una respuesta oficial a su pedido de saber exactamente si estaban o no en vigencia órdenes internas del Ministerio de Defensa en torno al pago de incentivos en dinero, recompensas o el otorgamiento de días libres para militares que dieran "resultados positivos" en operaciones contra la insurgencia.

"Sí considero que algunos (militares) fueron motivados" a actuar o cometer esos asesinatos debido a esos beneficios ofrecidos, dijo el relator al ser consultado sobre qué rol han jugado esos beneficios en los casos de ejecuciones.

Alston dijo que no tenía utilidad comparar la situación de Colombia con los de otros países sobre si la situación era más grave aquí o en otras regiones. "Lo que pasa en Colombia, pasa en otros países", indicó Alston al preguntársele sobre cómo comparaba la gravedad de los hechos de Soacha con otros que conociera.

El relator admitió que a muchos opositores de Uribe no les gustaría su posición en torno a que carecía hasta ahora de "pruebas que indiquen que estas ejecuciones (de Soacha) se llevaron a cabo como política oficial del gobierno o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del presidente o de los sucesivos ministros de Defensa".


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Ex rehén de las FARC dice que la paz está más cerca que nunca

El Tiempo. Hace dos años, el 18 de junio de 2007, la guerrilla masacró en las selvas del suroccidente colombiano a 11 de los 12 diputados del Valle del Cauca, a quienes secuestraron cinco años atrás.
Para el ex diputado Sigifredo López, único sobreviviente de la masacre, la acción de las Farc contra la Asamblea del departamento, el 11 de abril de 2002, fue el comienzo de un difícil cautiverio que tuvo su punto más álgido durante los meses siguientes a la muerte de sus compañeros y que finalizó el pasado 5 de febrero cuando fue liberado, durante un proceso que lideró la organización Colombianas y Colombianos por la Paz, encabezada por la senadora Piedad Córdoba, y que contó con el apoyo logístico de Brasil y la Cruz Roja Internacional.

Aproximadamente tres meses después de la masacre, las Farc revelaron a una comisión humanitaria la ubicación de los cuerpos de Juan Carlos Narváez, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Edison Pérez, Héctor Fabio Arizmendi, Javier Giraldo, Ramiro Echeverri, Rufino Varela, Carlos Charry, Carlos Barragán y Nacianceno Orozco. Una comisión de la OEA determinó que "murieron a tiros propinados a corta distancia".
"Ellos (los diputados) fueron mis hermanos, pero tenemos que seguir adelante y lograr que ese asesinato tan perverso, tan vil, nos sirva para expresar todo nuestro repudio a la violencia", afirma López.

Ahora, la academia y la política son los proyectos a corto plazo que tiene este político de 45 años, oriundo de Zarzal (Valle del Cauca), y quien ahora intenta seguir adelante con el apoyo y el amor de su familia. Eltiempo.com habló con él.



ELTIEMPO.COM: Se conmemoran dos años del asesinato de sus compañeros. ¿Qué tipo de actos se van a realizar

Sigifredo López: Va a haber un acto muy sencillo. Es la entrega de un parque que se llamará 'Parque de los diputados'. Estará acompañada por una misa que celebrará el padre José González, de la Arquidiócesis de Cali. En Bogotá, el viernes, se va a realizar algo parecido con la Alcaldía de Bogotá. Se va a entregar un parque al frente del Planetario.

Ya son casi cuatro meses en libertad. ¿Cómo ha sido este proceso?

Ha sido un proceso bastante bonito, pero difícil. La idea es lograr esa restauración afectiva tan necesaria para seguir adelante. Insisto en que ha sido difícil, pero con amor todo es más fácil.

¿Lo veremos pronto en la política?

Tengo que volver a lo que siempre he hecho, para lo que me he preparado toda la vida, que es la docencia universitaria y la política. Vuelvo a ambas. En julio arranco en la universidad. He sido profesor desde el año 1992, con excepción de los siete años que estuve secuestrado, y regreso también a la política, muy probablemente al Senado, pero esa es una campaña que arrancará en septiembre, antes no. Por ahora estoy escuchando a la gente, conociendo y estudiando algunas propuestas que escribí en cautiverio, pero que quiero reescribir para presentárselas a la ciudadanía.

¿Qué opina del proceso de liberación del suboficial Pablo Emilio Moncayo, la cual se encuentra estancada?

Es muy lamentable que esto esté ocurriendo. Yo comprendo el dolor de las familias, lo que está sintiendo la familia Moncayo en este momento, yo lo viví. No es posible que después de dos meses de anunciada la liberación (de Pablo Emilio Moncayo) aún se le esté propinando este sufrimiento a su familia. Pablo Emilio Moncayo merece regresar a la vida, no se le puede condenar a que continúe en la selva.

Todas las familias de Colombia están esperando a que el señor Presidente (Álvaro Uribe Vélez) se conduela y autorice que la senadora Piedad córdoba vaya por Pablo Emilio. El problema no es de quién vaya por él, el problema es que llegue. Eso es lo que nos interesa a todos los colombianos y pienso que el Presidente se está equivocando en eso. Esperamos que por favor rectifique, es un acto de humanidad.

¿Las familias de sus compañeros participarán de los actos conmemorativos?

Esta fecha para ellos es terrible. Es reconfirmar que podrían estar hoy en libertad con sus seres queridos y hoy no los tienen. De modo que es comprensible que ellos en este día quieran estar recogidos, conmemorar en la intimidad con una misa en familia. Ellos no quieren participar de nada. Detrás de cada uno de ellos hay una historia de gran dolor. Estoy con ellos. Sus hijos, esposos y padres fueron mis hermanos, pero tenemos que seguir adelante todos y lograr que ese asesinato tan perverso, tan vil, nos sirva para expresar todo nuestro repudio a la violencia y evitar que esos actos sigan repitiéndose.

El pasado 29 de mayo, las Farc intentaron realizar una acción similar a la efectuada contra la Asamblea del Valle en 2002, esta vez, en el municipio de Garzón (Huila). En este hecho fue secuestrado el concejal Armando Acuña.

Sí, es un hecho lamentable. Las Farc no han entendido que tienen que reconciliarse con la sociedad colombiana y que con esas prácticas están generando el rechazo absoluto. Los colombianos no soportamos una acción más de violencia. Aprovecho para expresar mi solidaridad a la familia del concejal secuestrado, sé perfectamente lo que ellos están viviendo. Las Farc tienen que buscar caminos de paz y reconciliación y no insistir más en estos hechos de violencia.

El secuestro

¿Cuándo y por qué fue separado del grupo?

Fui separado el jueves 14 de junio (de 2007). Nos habían prohibido hablar y a mí se me olvidó. Hablé normal y esto provocó la reacción de un guerrillero, yo exigí respeto. Una hora más tarde, fui encadenado y separado del grupo.

El 18 de junio (de 2007), hacia las once de la mañana se escucharon las ráfagas. Yo no supe realmente qué había pasado. Nunca me imaginé que en ese momento hubieran matado a mis compañeros. Finalmente, el 28 de junio (de 2007) me enteré de su muerte por la radio, a las cuatro de la mañana, cuando Fabiola Perdomo, la viuda de mi compañero Juan Carlos Narváez, daba la noticia al mundo.

¿Por qué las Farc decidieron asesinar a sus compañeros?

Todo fue una confusión. Ellos (los guerrilleros) pensaron que el Ejército había ingresado al campamento y quienes habían ingresado eran guerrilleros del frente 26 de las Farc. Esa decisión fue la que llevó al comandante del frente 60, quien era el responsable de nosotros, a ordenar el asesinato. Ellos estaban paranoicos y cobardes.

En ese sentido, ¿el rescate no es una posibilidad para quienes están cautivos?

Hablar de rescate es equivocado, hablar de rescate significa la muerte de los secuestrados. Más aún, cuando la intención de rescate se anuncia y se acaba el elemento sorpresa. Cuando se habla de rescate se produce paranoia en los captores y esa paranoia lleva a que en cualquier momento asesinen a los secuestrados.

Tras la muerte de sus compañeros, ¿cómo fue el cautiverio?

Los cuatro meses siguientes a enterarme de la muerte de mis compañeros fueron los más difíciles de mi cautiverio. Entré en una profunda depresión. Pensé en el suicidio, pero hice algunas reflexiones y logré superar el tema.

Mauricio Aragón Hernández

Bogotá, 18 jun (EFE).- El único superviviente de la masacre de diputados cometida por las FARC hace dos años, Sigifredo López, dijo hoy que la paz está "más cerca que nunca" en Colombia porque esta guerrilla necesita "una salida digna" a sus 45 años de lucha armada.
Ex rehén de las FARC dice que la paz está más cerca que nunca Ampliar fotografía


López fue liberado el pasado mes de febrero, cuando ofreció su testimonio sobre lo ocurrido en aquella masacre, en la que murieron once diputados regionales cautivos y solo él se salvo, hechos de los que precisamente hoy se cumplen dos años.

"A pesar de posiciones radicales, la paz está más cerca que nunca. Le corresponde hacerla al próximo presidente de Colombia, sea quien sea, porque las condiciones están dadas, ahora más que nunca", insistió el ex diputado en una entrevista con Efe, al aludir a las elecciones que tendrán lugar el año próximo en este país.

"Esta insensatez en la que estamos atrapados desde hace más de medio siglo no puede continuar", subrayó.

López y otros once diputados fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 11 de abril de 2002 en la misma sede del Legislativo regional de Cali, capital del departamento suroccidental del Valle del Cauca.

Cinco años después, aquel fatídico 18 de junio de 2007, López se salvó de morir en la masacre, porque había sido castigado y encadenado en un lugar apartado días antes por elevar la voz en una discusión con otro cautivo.

Cuando fue liberado, el pasado 5 de febrero, contó que sus once compañeros fueron asesinados por las FARC y que no murieron en un supuesto operativo militar de rescate, tal y como dijeron los guerrilleros al informar de la masacre el 28 de junio de 2007.

Las investigaciones de la matanza, en las que participó un equipo forense independiente conformado por la Organización de Estados Americanos (OEA) a petición del Gobierno colombiano, concluyeron que los ex legisladores regionales perdieron la vida por disparos de fusil a corta distancia.

La de hoy "es una fecha muy dolorosa", pero "debe conmemorarse para que no se olvide", insistió López a Efe.

En los mismos términos se expresó hoy Ángela María Giraldo, hermana de Francisco Javier Giraldo, uno de los once ex diputados asesinados, para quien es importante "que no se pierda" el recuerdo de lo ocurrido hace dos años en la selva.

También exigió que las FARC "se responsabilicen del crimen y pidan perdón".

Por eso, entre hoy y mañana se celebrarán en Cali y Bogotá concentraciones y marchas, y se inaugurará un parque en cada una de estas ciudades en homenaje a las víctimas.

En una rueda de prensa, Giraldo adelantó que mañana se instalará en Bogotá el "reloj de la infamia", que contará el tiempo transcurrido desde la toma por las FARC del cerro de Patascoy (21 de diciembre de 1997) y permanecerá activo hasta que el último de los secuestrados recupere la libertad.

Ese 21 de diciembre fueron capturados el cabo Pablo Emilio Moncayo y el suboficial José Libio Martínez, los dos rehenes más antiguos en poder de esa guerrilla.

Sigifredo López se dedica ahora a recorrer Colombia "clamando" por la liberación de Moncayo, anunciada hace dos meses por las FARC, pero que todavía no se ha concretado por las condiciones impuestas tanto por los rebeldes como por el Gobierno.

"La paz es posible", reiteró López al defender el polémico intercambio humanitario de secuestrados considerados "canjeables" por guerrilleros presos, una vía que -a su juicio- serviría "para ganar la confianza necesaria e iniciar un diálogo" y que ha sido planteada por las FARC.

Con la liberación unilateral de una docena de rehenes en el último año y medio, "por primera vez en tres décadas las FARC han empezado a demostrar que necesitan buscar una salida digna a 45 años de lucha", argumentó López.

Sobre su regreso a la libertad después de casi siete años de cautiverio, el ex diputado admitió que se ha ido "adaptando muy bien gracias al amor de la familia".

López, que ahora planea volver a la docencia universitaria y a la política, arrastra aún secuelas: "A veces siento mucha presión y quisiera estar más tranquilo y tener más pausa para pensar", concluyó.

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16 junio, 2009

Refugiados colombianos en el Ecuador se reúnen para revisar sus derechos

Quito, 16 jun (EFE).- Líderes de más de 20 organizaciones de refugiados colombianos en Ecuador se reunirán entre mañana y el jueves en Quito para analizar la situación de ese colectivo y revisar sus derechos, informaron hoy los organizadores.
El "Encuentro de Líderes y Liderezas Refugiadas en Ecuador" es organizado por varias organizaciones no gubernamentales, que apoyan al colectivo y que cuentan con el auspicio de varias entidades estatales ecuatorianas y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Carlos Ortega, de Asylum Access, que organiza la reunión, indicó a Efe que la cita, a la que han sido convocados más de 35 líderes de grupos de refugiados colombianos, también tiene el objetivo de conmemorar el Día Mundial del Refugiado (20 de junio).

Agregó que el encuentro se organizó "con el objetivo de reflexionar sobre la situación que viven miles de colombianos, que han buscado refugio en Ecuador", tras huir de la violencia en su país.

Ortega señaló que se analizará la situación de los derechos de los refugiados y el acceso que tiene ese colectivo a servicios básicos como la salud, el trabajo y la educación.

Añadió que la cita también busca crear una "red de organizaciones de refugiados en Ecuador", para crear una entidad más amplia que "cohesione y represente sus intereses".

El activista dijo que en el encuentro participarán especialistas de varias instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, la Dirección General de Refugiados de la Cancillería ecuatoriana y la ACNUR.

También participarán expertos de organizaciones no gubernamentales como la Fundación Equidad, el Centro sobre Derecho y Sociedad y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), precisó Ortega.

Se calcula que 135.000 colombianos que están en territorio ecuatoriano necesitan protección del Estado, pero sólo 21.000 de ellos han recibido el estatus de refugio.

Quito prevé extender ese beneficio a otros 60.000 colombianos, a través de un "registro ampliado" de refugio, que lleva adelante en todo el país.

Ecuador es el país con mayor número de refugiados en América Latina, donde el 95 por ciento de solicitudes corresponde a colombianos.

El año pasado, la nación andina recibió 12.853 solicitudes de refugio, lo que supuso 1.071 peticiones por mes.


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