Inmigrantes de Nueva York pidieron hoy a los senadores y candidatos a la presidencia de EE.UU., Barack Obama y McCain, abordar su caso

Nueva York, 14 oct (EFE).- Líderes de las comunidades de inmigrantes de Nueva York pidieron hoy a los senadores y candidatos a la presidencia de EE.UU., el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain, que aborden la situación de la inmigración.
"Ya se han celebrado dos debates de los candidatos a la presidencia y otro a la vicepresidencia, y en ninguno de ellos se ha dicho una palabra sobre la reforma migratoria", denunció hoy, durante una conferencia de prensa, la directora ejecutiva de la Coalición para la Inmigración de Nueva York, Chung-Wha Hong.
Agregó que ante esa situación "las comunidades de inmigrantes de este país" le están preguntando (a los candidatos) "¿cuáles son sus planes sobre inmigración?".

Obama y McCain celebran mañana en la universidad de Hofstra, en la localidad neoyorquina de Hempstead, el tercer y último debate presidencial antes de las elecciones del próximo 4 de noviembre.

Las asociaciones defensoras de los inmigrantes insistieron en que ninguno de los candidatos ha abordado hasta ahora ese asunto y les pidieron que "pongan fin a su silencio" y "revelen sus planes sobre cómo arreglar el sistema migratorio de este país" durante el debate de mañana.

"A los votantes migrantes, como es lógico, les interesan las mismas cosas que a los estadounidenses: la economía, el sistema sanitario, la educación o la guerra de Irak, pero para muchos de ellos la inmigración es un asunto esencial porque es personal", agregó Chung-Wha Hong.

Por su parte, Patrick Young, abogado del Centro Estadounidense para los Refugiados, criticó que "ninguno de los candidatos podrá presentar un verdadero plan sobre la inmigración si no consiguen apoyos durante la campaña" electoral.

"Sabemos que los estadounidenses quieren una reforma migratoria que sea buena para las familias, para la seguridad y para la economía. Los dos candidatos tienen que discutir sus planes al respecto", pidió Young.

La Coalición para la Inmigración de Nueva York destacó también sus actividades para lograr que los estadounidenses que han sido inmigrantes se registren para votar.

El número de esos votantes "está creciendo y también su poder. Este año ellos pueden hacer la diferencia en los lugares en que el margen para la victoria (de uno u otro candidato) sea pequeña", dijo la codirectora de la asociación comunal "Make the Road New York", Ana Maria Archila.

En ese sentido se pronunció Silvia Gonzales, una estudiante de origen peruano de 20 años y que llegó a EE.UU. hace una década.

"Esta será la primera vez en que vote en una elección presidencial. Como votante migrante, esta elección es muy importante para mí", dijo la joven, que consideró "importante poder decir algo", sobre todo porque conoce "a gente que quisiera votar y no puede".

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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió hoy de que se han producido desplazamientos masivos en Colombia

Bogotá, 14 oct (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió hoy de que se han producido desplazamientos masivos en Colombia durante el último mes debido al conflicto armado y los principales afectados son indígenas y afrodescendientes.
La Cruz Roja Internacional advierte de desplazamientos masivos en Colombia Ampliar fotografía
Desde el pasado 18 de septiembre, la CICR ha ofrecido ayuda a 1.600 desplazados en los departamentos de Antioquia y Cauca, en el noroeste y suroeste de Colombia, respectivamente, informó esta institución en un comunicado.

En Antioquia, 285 personas (70 familias) se vieron obligadas a abandonar sus hogares y de ellos "el 27% de los desplazados son de origen indígena y el resto afrodescendientes".

El éxodo se debe, según la CICR, al "miedo de los pobladores a los enfrentamientos armados que impide que los residentes puedan desarrollar sus actividades de pesca, caza y agricultura".

En el departamento del Cauca, "más de 1.300 indígenas huyeron de las zonas rurales", también a causa de los enfrentamientos armados, agregó la Cruz Roja, y dentro de esa población "se encuentran 285 mujeres y 808 niños".

La CICR difundió hoy este comunicado tras hacer un balance de la situación que se ha encontrado en una visita a esos departamentos en las últimas dos semanas, cuando han entregado a las familias desplazadas cerca de 28 toneladas de alimentos, además de artículos de aseo, cocina, toldos y mantas.

Además de esta asistencia, la Cruz Roja Internacional brindó en los últimos tres meses ayuda a casi 4.000 desplazados y a más de 3.100 residentes en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Arauca, también víctimas del conflicto.

El Gobierno colombiano ha admitido que en el primer semestre de este año unas 111.000 personas han tenido que abandonar sus tierras por los enfrentamientos entre el Ejercito y la guerrilla.

Pero la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), organización no gubernamental que supervisa el fallo de la Corte Constitucional que en 2005 obligó al Estado a restituir sus derechos a los desplazados, cifró en 270.675 el número de colombianos que se vieron obligados a dejar sus hogares entre enero y junio pasados.

Según CODHES, ésta es una cifra récord desde 1985, cuando se alcanzó el pico máximo de desplazados a causa de la guerra interna que se libra en Colombia.

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Arrestado Alcalde en el sur de Colombia por vínculos con paramilitares

Bogotá, 12 oct (EFE).- La policía colombiana detuvo al alcalde de una localidad del nordeste del país por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares, informaron hoy fuentes judiciales de Bogotá.
El alcalde de Aguazul, José Mauricio Jiménez Pérez, fue arrestado anoche en la ciudad de Villavicencio (centro), a la que se había desplazado para asistir a unas fiestas populares.

La detención fue realizada por policías de la Dirección de Investigación Judicial (Dijín), que de inmediato lo trasladaron a Bogotá, donde quedó a disposición de la Fiscalía General.

El arresto de Jiménez fue ordenado por la Fiscalía dentro de una investigación por desaparición forzada y concierto para delinquir en el Casanare, departamento al que pertenece Aguazul.

Jiménez está acusado de presuntos vínculos con las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), grupo paramilitar casi extinguido y liderado por Martín Llanos, que se apartó del proceso de paz del Gobierno con la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las AUC se disolvieron a mediados de 2006 tras el desarme de más de 31.000 paramilitares.

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Organismos sudafricanos solicitan a la ACNUR, se investigue a su personal en dicho país

LONDRES, 13 (EUROPA PRESS) - Organizaciones civiles sudafricanas han solicitado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que lleve a cabo una investigación acerca de la actuación de su personal durante los hechos de violencia xenófoba que sacudieron el país el pasado mayo.
Estas agrupaciones acusan a ACNUR de fallar en su responsabilidad de defender a los más vulnerables, informa la BBC. Un total de 62 personas murieron en los brutales ataques contra extranjeros y aproximadamente 100.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares y muchas tuvieron que alojarse en campamentos de refugiados.

Pero las organizaciones civiles denunciaron que el personal de la ONU presente en estos campos, levantados por el Gobierno con la ayuda de ACNUR y ONG locales, trataron a los desplazados con "enorme desprecio y falta de respeto".

Varias de las ONG que trabajaron en los campamentos son las que criticaron hoy el trabajo de ACNUR, en un documento que ha sido firmado por 14 organizaciones sudafricanas entre las que se incluyen Black Sash, Campaña de Acción de Tratamiento (TAC, por sus siglas en inglés), la federación sudafricana de comercio, Cosatu y el Consejo Africano de Iglesias.

Según estas organizaciones, el personal de ACNUR trató a los desplazados internos de forma que "podría contribuir a la xenofobia" y a veces se mostraban "groseros". Además, acusan a la agencia de los refugiados de la ONU de no intervenir para detener al Gobierno sudafricano en su intención de enviar de vuelta a los refugiados zimbabuenses.

Fatima Hasan, la abogada que ha supervisado la redacción de la queja, explicó a la BBC que mucha gente que huyó de Zimbabue no ha tenido posibilidad de registrarse como refugiada. "La postura de ACNUR ha sido siempre la de reconocerles como emigrantes económicos en su defensa ante nuestro Gobierno", subrayó.

Según la abogada, ACNUR nunca se ha referido a los inmigrantes zimbabuenses como refugiados y nunca ha cumplido su mandato con respecto a los refugiados y desplazados bajo el Derecho internacional.

Una investigación interna realizada por otra agencia de Naciones Unidas, a la que ha tenido acceso la BBC, hace unas observaciones muy similares y pide que la conformación de una "comisión de investigación sobre los fallos de ACNUR" que se lleve a cabo en un "foro público".

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Detenidos militares Colombianos por otro caso de falso positivo

El Tiempo.
Información del Ejército dice que en enfrentamientos entre tropas de la Fuerza Tarea Conjunta Darién "dos integrantes del grupo al servicio del narcotráfico 'Los Machos' fueron dados de baja".

Según esa misma información, las acciones tuvieron lugar el 24 de julio del 2006 en las regiones de Guala Baja y La Hondura, en el municipio de El Dovio, en el norte del Valle del Cauca.

Uno de los integrantes de 'Los Machos' fue identificado como Gustavo de Jesús Zuleta Cano, de 26 años, en tanto que otro permanecía para su identificación en la morgue municipal".

La Procuraduría General de la Nación determinó -después de investigaciones a partir de las denuncias de los familiares de Zuleta Cano- que este se encontraba "en estado de indefensión, ajeno al conflicto armado y como tal debería ser considerado como persona protegida".

Por esa razón, el Ministerio Público elevó pliego de cargos contra un oficial, dos suboficiales y dos soldados que hacían parte del primer pelotón de la compañía Dragón del Batallón de contraguerrilla 94, perteneciente a la Brigada Móvil 14 del ejército Nacional, que en esa fecha realizó las operaciones en la vereda Hondura, del municipio de El Dovio, al norte del Valle del Cauca.

Según el organismo, Zuleta Cano era un campesino al que después de darle muerte fue presentado como el resultado de un combate contra "Los Machos", organización ilegal armada al servicio de la seguridad de Diego León Montoya Sánchez, alias 'Don Diego'.

"Gustavo de Jesús Zuleta Cano no era ningún bandolero, como lo quisieron mostrar, sino un campesino con actividades agropecuarias reconocidas en el corregimiento de Puerto Nuevo, del municipio de Versalles, situación que lo obligaba a trasladarse todos los días en un transporte de servicio público, de la vereda la Pradera a su lugar de trabajo, vehículo del cual fue bajado en un retén por algunos miembros del Ejército".

Al elevar el pliego de cargos contra el Capitán Carlos Onofre Báenz Suárez, el Subteniente Iván Giovanni Pachón Jiménez, el Cabo Tercero Werley Vidal Díaz y los soldados profesionales Guillermo Sandoval Rojas y Luís Andrés Rendón la Procuraduría General de la República reprochó a los servidores investigados "que bajo el argumento de encontrarse en un estado de legítima defensa repeliendo un ataque, procedieron a disparar sus armas de dotación oficial contra un ciudadano que se encontraba en estado de indefensión, causando su muerte, incurriendo en una infracción al Derecho Internacional Humanitario".

Así mismo, estimó la Procuraduría que estos integrantes del Ejército "Desbordaron la función pública asignada, pues desviaron la actividad legítima del Estado y ejecutaron una conducta que trascendió al misión constitucional de la fuerza pública, como es la protección a la vida e integridad de las personas, cometiendo un acto ajeno al servicio constitutivo de una violación gravísima de los derechos humanos".

Finalmente, consideró la Procuraduría General de la Nación que los militares pudieron haber incurrido en una violación a los derechos humanos por el homicidio del señor Zuleta Cano, incurriendo en una falta disciplinaria considerada como gravísima de acuerdo con el código disciplinario.

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