Regreso a Mapiripán

Verdad Abierta. Doce años después de la masacre de Mapiripán, Verdad Abierta acompañó una caravana de sobrevivientes que hicieron un retorno símbolico a su antiguo hogar. Del 16 al 20 de julio de 1997 paramilitares que viajaron desde el Urabá antioqueño hasta el otro extremo del país en Mapiripán, Meta, aterrorizaron al pueblo, torturaron y violaron y dejaron 49 personas muertas. Doce años después, entre el 18 y el 20 de julio, más de 200 personas acompañaron a algunos de los sobrevivientes de la masacre que habían tenido que huir de sus hogares cuando la masacre. Fue una caravana de solidaridad y de memoria; una manera de ayudarle a las víctimas a enfrentar lo que pasó y también de que haya justicia para que no vuelva a pasar. A pesar de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por la omisión o acción de militares en la masacre, todavía hay mucho miedo, y Mapiripán no ha podido dejar su historia atrás. Por Camila González, enviada especial a Mapiripán

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"Francisco santos sugirió creación del bloque Capital en Bogotá".Mancuso

BOGOTA (Reuters) - La Fiscalía General de Colombia reabrió el lunes una investigación preliminar contra el vicepresidente Francisco Santos, acusado por antiguos jefes paramilitares de sugerir la conformación de un escuadrón armado para atacar a la guerrilla en Bogotá y en sus alrededores. La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Santos después de que en mayo del 2007 el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró en una diligencia judicial que el funcionario propuso la creación de un grupo para combatir a los rebeldes izquierdistas en el centro del país. "Se le había dictado en primera instancia un inhibitorio, ese inhibitorio fue apelado y la vicefiscalía como segunda instancia tomó la decisión de revocarlo y de continuar la investigación preliminar", dijo el fiscal encargado Guillermo Mendoza en declaraciones a Caracol radio. El funcionario judicial explicó que con la reapertura del proceso se buscan resolver algunas dudas y admitió la posibilidad de entrevistar a antiguos jefes paramilitares actualmente confinados en cárceles de Estados Unidos después de que el presidente Alvaro Uribe los extraditó. Mendoza reveló que el proceso se cerró inicialmente sin practicar las pruebas necesarias y suficientes. El propio Santos, quien como periodista entrevistó a jefes paramilitares de ultraderecha a finales de la década de 1990, solicitó a la Fiscalía General investigar las denuncias en su contra e inicialmente los funcionarios encargados de hacerlo la cerraron al no encontrar pruebas que lo vincularan. "Respeto la decisión del Vicefiscal y manifiesto mi disposición a cooperar en todas las investigaciones; hubiera preferido que se me notificara dicha decisión y no que se usara su filtración para sembrar dudas sobre mi persona, mi reputación y la del Gobierno que ha combatido con decisión al paramilitarismo", dijo el vicepresidente en un comunicado. COMPROMISO CON LA VERDAD "Mi vida como periodista y como Vicepresidente ha sido pública; durante ella no he sido defensor ni amigo de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros o corruptos. Mi compromiso ha sido con la verdad, las instituciones, la paz, la reconciliación y los afectados por quienes usan la violencia o la corrupción", agregó Santos. Los escuadrones paramilitares surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y empresarios para defenderse de los ataques de la guerrilla izquierdista. Esos escuadrones, acusados de asesinar a miles de personas en medio de su guerra contra la guerrilla, expandieron su poder político y militar por varias regiones del país en medio de una sangrienta campaña de terror en la que también provocaron el desplazamiento de comunidades y pueblos. El Gobierno y los paramilitares iniciaron en el 2003 una cuestionada negociación de paz que permitió que más de 30.000 combatientes de esos grupos ilegales depusieran las armas, mientras que sus comandantes fueron confinados en cárceles. Como parte del acuerdo, los jefes paramilitares admitieron confesar sus crímenes que incluyen narcotráfico, asesinatos, masacres y secuestros, entre otros, además del compromiso de no volver a cometer delitos. En sus confesiones, comandantes de esos escuadrones de ultraderecha revelaron el supuesto apoyo militar que recibieron de efectivos de las Fuerzas Armadas y las contribuciones económicas de empresas para combatir a la guerrilla. También confesaron supuestos pactos que hicieron con políticos para que fueran elegidos congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Mendoza dijo que la Fiscalía tiene un plazo de seis meses para decidir si archivan la indagación o si por el contrario llaman a Santos a declarar para que responda por las acusaciones en su contra.

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27.000 personas desaparecieron en Colombia entre 1988 y 2002,

Bogotá, 19 de octubre (Télam).- Alrededor de 27.000 personas desaparecieron en Colombia entre 1988 y 2002, de acuerdo con un informe de la Fiscalía Nacional que atribuyó la responsabilidad al accionar de los grupos paramilitares y guerrilleros.

La investigación de la Fiscalía, divulgada por la radio local Caracol y citada por la agencia noticiosa italiana ANSA, determinó que la mayoría de esas personas desaparecidas de manera forzada pertenecían a familias muy humildes.
"De acuerdo a la información, cerca de 20.000 personas, es decir, 75 por ciento de las denuncias, fueron desaparecidas forzosamente por grupos paramilitares y unas 7.000 personas fueron desaparecidas por parte de grupos guerrilleros", señaló el informe oficial.

Los departamentos (provincias) con mayor número de denuncias de desapariciones son Antioquia, con 7.178 casos; Cesar, con 2.203; Magdalena, con 2.076; Meta, con 1.633, y Santander con 1.539. (Télam).- ajl-cdb19/10/2009 21:01

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Conflicto en El Dovio: a la espera de una alerta tardía

Semana. La valentía que mostraron varios funcionarios del municipio de El Dovio, en el norte del Valle, al revelar a las autoridades departamentales y nacionales la creciente presencia de grupos armados valió de poco. Pese a las evidencias de la presencia de bandas, las autoridades militares consideran que la situación no amerita medidas extraordinarias.

En una reunión privada el pasado primero de octubre, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) los funcionarios del municipio fueron directos al decir qué está pasando allí. La presencia de ejércitos ilegales como Los Rastrojos, Los Machos y las Farc está poniendo en grave riesgo a la población en su disputa por el control de ese territorio, “que es estratégico para el transporte y tráfico de insumos químicos, de cocaína y armas”, según lo describe la Defensoría del Pueblo.

En esa lucha, han empezado a aparecer en el casco urbano de El Dovio cada vez más y más hombres que dicen pertenecer a Los Rastrojos. Varios de ellos son adolescentes del mismo pueblo, que de repente llegan armados advirtiéndole a cualquiera que está en peligro de muerte. Otros, según informaron las autoridades del municipio, han participado en algunos de los 12 homicidios que se han presentado desde diciembre del año pasado hasta septiembre de este año. Algunos han llegado a las fincas a robar ganado a nombre de Los Rastrojos y otros están haciendo inteligencia para ese grupo.

El interés de la banda Los Rastrojos en la zona urbana de este pueblo es sacar a otra banda, Los Machos, que han estado presentes allí. Mientras tanto, las Farc se mueven en la zona rural por caminos que comunican el norte del Valle con Chocó. En esa zona, vive gente que podría convertirse en presa de acusaciones y estigmatizaciones de ser colaboradores de la guerrilla, según advierte la Defensoría.

En esa pugna de bandas con intereses en el narcotráfico, han resultado amenazados no sólo civiles, sino el mismo Alcalde, los concejales y varios funcionarios.

La presencia de estas bandas ya ha generado el desplazamiento de 47 familias, aunque las estimaciones de las autoridades locales es que podrían ser muchas más, que por temor o descuido no reportan su situación.

Eso creen las autoirdades locales pues 646 personas han solicitado que los retiren de la base de datos del Sisbén en ese municipio. Este trámite se hace cuando alguien, por amenazas o por cualquier situación, se va a vivir a otra parte. Entonces tiene que pedir el retiro del Sisbén del municipio de donde sale para que lo incluyan en el del municipio a donde llega. “Puede que no todas esas personas hayan salido desplazadas forzosamente. Puede que muchas se hayan trasladado por razones económicas o cualquier otra. Pero tememos que por la situación que vivimos, muchos se fueron obligados por la violencia”, le dijo a Semana.com Wilson Castillo, secretario de gobierno de El Dovio.

Otro grave síntoma del temor en la región es la creciente tasa de deserción escolar. El reclutmaniento de niños, ha hecho que muchos padres teman enviar a sus hijos a las escuelas. “En varios corregimientos, las escuelas no cuentan con estudiantes”, de acuerdo con un informe reciente de la Defensoría.
“Nosotros sabemos que la fuerza pública ha hecho muchos esfuerzos. Los aplaudimos, pero el problema sigue”, le dijo a Semana.com una fuente que, por estar amenazada, pidió no hacer público su nombre.

Pese a que allí hace presencia el Ejército, continuó la fuente, sucede que los militares combaten, ahuyentan a un grupo ilegal, pero pronto es reemplazado por otro.

Ante esta grave situación la Alcaldía y la Personería de ese municipio pidieron que se emitiera una alerta temprana, la cual se emite después de una deliberación en el CIAT, donde participan funcionarios de el Ministerio del Interior y de Justicia, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.

Una vez emitida, los ojos de las autoridades nacionales e incluso de organismos internacionales, se fijan en el sitio al que hace referencia. La idea es que la fuerza pública y el gobierno, hagan todo lo posible para evitar que, como consecuencia de la guerra, se desplace, asesine o viole cualquier derecho de las personas.

Pero los funcionarios de El Dovio parecen ser los únicos que ven de frente el problema. Ni el gobierno departamental ni la fuerza pública aprobaron la iniciativa.

Según dijo a Semana.com Víctor Manuel Salcedo, secretario de Gobierno del Valle del Cauca, “históricamente, este ha sido un pueblo rodeado de narcotráfico y hoy acosado por una pelea entre Los Machos y Los Rastrojos”. Sin embargo, pese a la gravedad del problema, Salcedo no cree que la solución sea declarar una alerta temprana porque puede estigmatizar aún más el municipio.

“Nuestra propuesta para acabar con este problema es continuar con los operativos en el Cañón de las Garrapatas, insistir en el aumento del pie de fuerza dentro del municipio, adelantar la operación candado y hacer un plan desarme con la población”, explicó Salcedo.

Además, argumenta que, de emitirse una alerta temprana, debería ser en otros lugares que tienen situaciones más difíciles. “Por ejemplo, municipios como La Victoria, Roldanillo, El Zarzal e incluso en el mismo Cali aumentaron mucho más el número de homicidios. Éstos ameritarían mucho más una alerta temprana y no se hace porque creemos que esa no es la estrategia adecuada para combatir el crimen”.

El problema con las alertas tempranas es que no suelen ser de gusto para algunos gobiernos o gobernantes. Algunas veces, por razones políticas, prefieren esconder el problema bajo la alfombra, otras, para ahorrarse la dificultad operativa para cumplir los requerimientos de una zona sobre la que aumenta la atención de medios, entidades del Estado y defensores de Derechos Humanos. Y también, porque hay regiones que se consideran sanadas de la guerra, contrario a lo que dicen sus habitantes.

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Investigan a la Drummond por asesinatos de sindicalistas

Verdad Abierta. En su fallo de condena a un paramilitar, un juez especializado de Bogotá pidió investigar si cinco directivos de la multinacional carbonera y un contratista tuvieron responsabilidad en el asesinato de dos sindicalistas.

Valmore Locarno Rodríguez fue asesinado por paras cuando se desempeñaba como presidente de Sintramienergética y era trabajador de la Drummond.
Víctor Hugo Orcasita fue secuestrado y apareció asesinado con signos de tortura.


Cómo fue el crimen

Comida mala

El caso en los Estados Unidos

En la sentencia contra el paramilitar Jairo de Jesús Charris Castro conocido con el alias de 'El Viejo Miguel' o 'Miguel', condenado por el asesinato del presidente y vicepresidente de Sintramiernegética Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, un juez especializado de Bogotá pidió a la Fiscalía que investige a los directivos de la empresa Drummond, Gary Drummond(presidente de la multinacional), Jean Jakim, Augusto Jiménez (presidente en Colombia), Alfredo Araújo (gerente de relaciones con la comunidad) y el coronel Luis Carlos Rodríguez (jefe de seguridad) por su presunta participación en el crimen.

Locarno y Orcasita fueron asesinados por paramilitares al mando de 'Tolemaida' el 12 de marzo de 2001 cuando se desplazaban en un bus de la Drummond de la mina La Loma a Valledupar donde residían.

También ordenó que se investigara a Jaime Blanco Maya, propietario de la firma Industrial de Servicios y Alimentación, ISA, contratista de la multinacional, por haber sido uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de los dos sindicalistas.

El juez establece en su sentencia algunos hechos que podrían complicarle la situación jurídica a varios directivos de la Drummond. El más comprometedor quizás fue que, según lo atestiguó en el juicio alias "El Viejo Miguel", el 6 de marzo de 2001 Oscar José Ospino Pacheco alias 'Tolemaida', asistió a una reunión en la sede de la empresa en La Loma en la que participó Blanco Maya y en la que se planeó el crimen.

Los familiares de las víctimas han intentado que la justicia estadounidense tome el caso, pero en dos ocasiones, una en la Corte Federal de Alabama y otra en Atlanta, jueces de ese país se han negado a iniciar un proceso en contra de la Drummond y sus directivas, por considerar que no tuvieron responsabilidad en el crimen. Sin embargo, esta sentencia del juez colombiano revela detalles inéditos de cómo supuestamente se planeó y se llevó a cabo el asesinato de estos dos sindicalistas.

La Drummond en un comunicado público aseguró que alias 'El Viejo Miguel' "ha dado testimonios que buscan implicar a Drummond Ltd., y a algunos de sus empleados en este crimen. Estas declaraciones son totalmente falsas. Hace algo más de un año, el señor Charris envió comunicaciones escritas de carácter extorsivo a las directivas de Drummond Ltd., amenazándolas con hacer estas declaraciones si no recibía dinero de la compañía. Inmediatamente se entregaron estas comunicaciones a la justicia colombiana y no accedimos a dichas exigencias extorsivas. Entendemos que esta información fue un elemento probatorio importante en la investigación que llevó al arresto y condena de Charris."

Agrega además que "como resultado de las declaraciones del señor Charris, las autoridades colombianas han solicitado información adicional a Drummond Ltd., como parte de la investigación. La compañía ha cooperado y continuará cooperando plenamente con las autoridades, con la esperanza de que se hará justicia respecto a estos crímenes atroces. Drummond Ltd espera que todos y cada uno de los responsables por el asesinato de estos líderes sindicales sean judicializados."


Comida mala


En el expediente, hay otros testimonios de paramilitares que señalaron a Blanco Maya como la persona que planeó el crimen con las autodefensas porque el sindicato estaba protestando por el servicio de alimentación que él proveía a la multinacional carbonera.

La empresa Industrial de Servicios y Alimentos ISA tuvo el contrato de suministro de alimentos al casino de los empleados de mina de carbón de la Drummond hasta 2001. El sindicato había exigido al gerente de la mina, Walt Reed, que mejoraran la alimentación para los empleados o que cambiaran de proveedor y amenaaron con hacer paro si no tomaban medidas.

Sin embargo, Drummond no cambió al contratista. Después, según los testimonios conocidos en este juiicio, hubo una reunión entre sindicalistas, directivos de la Drummond y Blanco Maya, en la que los trabajadores denunciaron que en los carros de la empresa de Blanco se estaban repartiendo panfletos que los que los señalaban como guerrilleros. En ese encuentro, Blanco negó esta denuncia.

Días después, los líderes sindicales Locarno Rodríguez y Orcasita Amaya, hicieron denuncias oficiales ante el Ministerio del Interior que habían sido víctimas de amenazas.

El asunto ´no paró allí. Según dijo "El Viejo Miguel", luego, Blanco Maya se reunió con el jefe de las Auc, alias 'Tolemaida', y acordó el asesinato de los dos sindicalistas porque veía que su contrato con la Drummond para alimentar a los empleados de la mina, que valía 600 mil dólares al año, estaba en riesgo. Dijo además que 'Tolemaida' acompañó a Blanco Maya a una reunión en la sede de la multinacional en La Loma y que allí se cuadraron los detalles del crimen.

"El Viejo Miguel", condenado en este fallo, trabajaba la empresa de Blanco prestandole seguridad al casino, afirmó también que lo que pretendía la Drummond era acabar con el sindicato. Incluso fue testigo de una reunión entre Blanco y el funcionario de la Drummond, Jean Jakin, en la que hablaron del tema de los alimentos, la voladura de trenes y la presión sindical.

Para el juez esto constituye una prueba importante que conduce a relacionar la causa del asesinato de Locarno y Oscarsita con su condición de sindicalistas y sus demandas. “Conocer de dónde provenían, o quiénes directa o indirectamente propiciaban o desarrollaban los actos de amenaza, persecución o muerte, que tenían como objetivo a los dirigentes sindicales”.

Javier Ernesto Ochoa Quiñónez, un desmovilizado de las Auc, coincidió con lo dicho por 'El Viejo Miguel' en que Blanco Maya le solicitó a 'Tolemaida', comandante paramilitar de la zona que solucionara de raíz el problema del presidente y vicepresidente del sindicato, quienes le habían hecho la vida imposible para quitarle el contrato de alimentación.

Antes de entrar a trabajar con Blanco, 'El Viejo Miguel' había sido coordinador de seguridad de la empresa Viginorte, que le prestaba servicios a la Drummond. Dijo que por eso acompañó en varias ocasiones a reuniones a Blanco Maya en las que fue testigo de las discusiones con la multinacional.

Otro paramilitar Mattos Tabares, escolta de 'Tolemaida', reconoció que Blanco Maya se reunía frecuentemente con su jefe en la base paramilitar de San Ángel, en el Magdalena.


Cómo fue el crimen


Según lo establecido en el expediente del juicio, el asesinato fue comandado por alias 'Adinael' jefe urbano del Frente Juan Andrés Álvarez, y también participaron los paramilitares 'Cebolla', 'Piter', 'Sixto Arturo Fuentes', 'Gordo Peye', 'Brandon' y 'El Viejo Miguel'.

Algunos de los testigos, que pertenecieron a las Auc, revelaron además que para cometer el crimen contaron con la colaboración del jefe de seguridad de la Drummond, el coronel Luis Carlos Rodríguez, quien el día del asesinato llamó a 'El Viejo Miguel' para informarle que los buses en los que se desplazaban los dos sindicalistas ya habían salido, con la intención de que éste le avisara a los paramilitares. 'Miguel' le respondió al coronel que tratara el tema con Blanco, y luego le contó a 'Tolemaida' de la llamada de Rodríguez. De estos hechos, el juez concluyó que "si hubo comunicación desde el interior de la empresa para avisar a los homicidas el momento en que salían los buses”.

Los paramilitares al mando de 'Adinael' interceptaron en dos vehículos al bus que iba a Valledupar en el sitio conocido como Casa de Zinc, y bajaron a todos sus pasajeros, incluídos los dos sindicalistas. Allí ordenaron que Valmore Locarno Rodríguez les entregara el arma con la que se protegía y le dispararon asesinándolo en el acto. Después le pidieron la cédula a todos los trabajadores. A uno de ellos " lo llevaron hasta la camioneta, en la cual se transportaban, y desde el interior de ésta hay una persona que no baja el vidrio del vehículo e indica que no es al que están buscando, por lo que lo dejaron ir”, según dice el fallo del juez.

Los 'paras' entonces escogieron a Orcasita, quién también iba en el bus, y se lo llevaron. Después de la media noche lo asesinaron en el corregimiento de Loma Colorada, en el Cesar, en donde fue encontrado torturado.

Para el juez la causa de la muerte violenta del presidente y vicepresidente del sindicato de la Drummond, se encuentra “inescindiblemente ligado a la lucha sindical” y por eso abre un nuevo capítulo que se creía cerrado en el proceso por los vínculos entre la multinacional y los paramilitares en el Cesar.

Según informó El Espectador en desarrollo de esta investigación agentes del CTI capturaron en los últimos días en Bosa, suroccidente de la capital, a José Aristides Peinado, alias 'Peinado', a quien el fiscal instructor afectó con medida de aseguramiento intramural, como presunto responsable del delito de homicidio agravado. Este procesado fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).

Por este crimen también fue condenado a nueve años de cárcel al ex paramilitar Alcides Manuel Mattos Tabares, alias 'Samario'.

La condena fue proferida por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que avaló la diligencia de sentencia anticipada cumplida por Mattos Tabares ante un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos.


El caso en los Estados Unidos


Hasta ahora los directivos de la Drummond habían salido exonerados de cualquier responsabilidad con el asesinato de los sindicalistas de su empresa en Colombia. En 2002 los familiares de Valmore Locarno, Victor Orcasita y Gustavo Soler, líderes del sindicato de la Drummond asesinados en 2001, demandaron a la Drummond en una Corte Federal en Estados Unidos. Los demandantes argumentaron que la Drummond contrató paramilitares para que asesinaran y torturaran a los tres sindicalistas.

En noviembre de 2007 una Corte de Alabama, Estados Unidos, falló en primera instancia que la Drummond y su presidente en Colombia, Augusto Jiménez, no eran culpables por el asesinato de los tres sindicalistas.

El 11 de diciembre de 2007 los demandantes apelaron la decisión de la Corte. En diciembre de 2008 la Corte de Apelación No 11 de Atlanta mantuvo el veredicto.

En marzo de 2009 los familiares de los sindicalistas volvieron demandar la Drummond. Esta vez un testigo clave que estuvo en prisión durante el juicio fue liberado y testificará en el juicio.

En mayo de 2009 los abogados Conrad & Scherer LLP y Ivey Law Firm emprendieron un pleito federal contra la Drummond por la responsabilidad de la compañía en el homicidio de 67 colombianos. Según los abogados la Drummond habría “dejado a las Auc tener una base militar en los terrenos de la empresa y suministrado combustible, electricidad y comida a los paramilitares”. La demanda también cita una reunión entre dirigentes de la Drummond y líderes de la Auc en noviembre de 2001 donde se habrían planeado los asesinatos de los sindicalistas.

Las acusaciones son contra Drummond Company, Inc., Augusto Jiménez, presidente de Drummond Colombia, Alfredo Araujo, director de relaciones comunitarias de la empresa y James Atkins, director de seguridad de Drummond Colombia.

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La guerra que no hemos visto

Verdad Abierta. Próximamente se presentará en el Mambo una exhibición estremecedora: obras de arte de ex combatientes que expresan su visión de la guerra. Quizás nunca antes podrá usted ver el conflicto colombiano desde este ángulo tan agudo y conmovedor. Son las tremendas experiencias de 35 ex guerrrilleros, ex paramilitares y también de soldados heridos en recuperación, recreadas a través de la expresión artística. Sus 90 obras de arte, escenas pintadas en acrílico en pequeñas tabletas de madera que van construyendo una paisaje mayor, estarán exhibidas a partir del próximo miércoles 14 de octubre, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá con el apropiado nombre de “La guerra que no hemos visto”. Convocados por la Fundación Puntos de Encuentro, impulsada por el reconocido fotógrafo y artista Juan Manuel Echavarría, decenas de ex combatientes participaron en talleres de expresión artística durante dos años. La muestra que se verá en el Mambo, recoge las mejores obras de varios de ellos y ellas (porque también hay mujeres entre los expositores). "La idea de los talleres no era enseñarles a pintar, ni tampoco era un ejercicio terapéutico. Era simplemente proveerles los materiales, el espacio, y la confianza, para que ellos pudieran expresar lo que vivieron y lo que sintieron mientras estuvieron combatiendo", explicó Echavarría a Verdad Abierta. Es en este sentido, el más auténtico tratamiento artístico del tema del conflicto armado colombiano. La exposición sorprende por muchas razones, la calidad o la fuerza de algunas obras, la intensidad narrativa de otras y sobre todo, la capacidad de plasmar los sentimientos frente a sus víctimas, y frente a su propio papel en el conflicto. Con seguridad, el visitante detallista y sensible, realmente descubrirá en esta exhibición la guerra que no ha visto. Nada, ni el realismo de la TV, ni la crudeza de las noticias, ni las largas confesiones de Justicia y Paz, puede resultar tan revelador para comprender el conflicto que hemos vivido, y seguimos sufriendo, en Colombia. Por decisión de la curadora de la exposición, la uruguaya Ana Tiscornia, “La guerra que no hemos visto” será una muestra silenciosa: no se sabrá el nombre del autor, a qué grupo armado perteneció o qué hecho cuenta. De esta manera será el público el que complete el sentido de la obras con su propia mirada desprevenida, sin los prejucios o, incluso los odios, con que suelen anteceder las opiniones de hoy, en un Colombia de crecientes pasiones ideológicas extremas. En este sentido, la exposición será así mismo, remanso de paz y de reflexión. El documentalista Gabriel Ossa presentará allí videos mudos que viajan por las obras. Con el mismo espíritu de la exhibición, Verdad Abierta presenta una selección de pinturas, sin explicación alguna. E invitamos a todos a contribuir con un comentario para cada obra, según sus diversas interpretaciones. Hemos numerado las obras para que los lectores puedan ponerle así el pie de foto a las obras de su escogencia. Durante los próximos días, hasta la fecha de la inauguración de la exposición, publicaremos un conjunto diferente de fotografías de las obras. Queremos sumarnos así, a esta iniciativa valiosa que hasta ahora comienza a explorar lo que promete ser un largo, fructífero e innovador recorrido por las emociones y los sentidos de los colombianos frente al conflicto.

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ACNUR denuncia la falta de armonización de los sistemas de asilo en la Unión Europea

Ginebra, 2 oct (EFE).- El alto comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció hoy la falta de armonización de los sistemas de asilo en la Unión Europea (UE).

"Existe un espacio de libre circulación en la Unión, pero 27 sistemas de asilo diferentes. La ausencia de armonización crea serios disfuncionamientos", señaló Guterres en rueda de prensa, tras finalizar la reunión anual del comité ejecutivo del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR).

Guterres explicó que algunos países tienen tasas de reconocimiento de demandas de asilo cercanas a cero y otros que alcanzan el ochenta por ciento.

Asimismo, denunció que en función del país de origen, los solicitantes de asilo tienen más oportunidades que otros, algo que rechazó rotundamente.

"Es absolutamente necesario que las legislaciones se armonicen, que se compartan responsabilidades", agregó, dado que a su entender los traficantes de personas se aprovechan de esta situación.

Por otra parte, y hablando "como un ciudadano del mundo y no como alto comisionado", aclaró. Guterres solicitó "más oportunidad para la migración legal, y más cooperación policial y judicial para acabar con lo traficantes".

Guterres dice que cooperará con España en la iniciativa sobre menores no acompañados

Ginebra, 2 oct (EFE).- El alto comisionado para los Refugiados, Antonio Guterres, afirmó hoy que el ACNUR "cooperará activamente" con España en la creación de un espacio europeo para menores no acompañados.

"El gobierno español tiene una gran preocupación con el problema de la presencia creciente de menores no acompañados y la presidencia española de la Unión Europea presentará una iniciativa muy importante sobre la definición de una política de menores no acompañados. Nosotros pensamos que esta es una iniciativa de la mayor importancia", señaló Guterres en rueda de prensa.

"El ACNUR cooperará muy activamente con el gobierno español en la preparación de la iniciativa", añadió.

El alto comisionado recordó que la agencia de las Naciones Unidas que dirige cuenta con unas líneas directrices muy claras sobre los derechos de los menores no acompañados, y la experiencia de muchos años de trabajo que pondrá a disposición del gobierno español.

"Debemos recordar que los menores no sólo tienen derechos por ser solicitantes de asilo sino también como menores de edad por si mismos", puntualizó.

"Debemos crear ese espacio de protección efectiva en Europa, pero también crear las condiciones para evitar los abusos y todas las formas no aceptables de violación de derechos humanos que los traficantes y los contrabandistas hacen en el mundo de hoy", concluyó.

España asumirá la presidencia rotativa de la Unión Europea en el primer semestre del 2010.

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"Acoso y seguimiento", a periodistas de guerra Holman Morris y Gervasio Sánchez

Bogotá, 2 oct (EFE).- El español Gervasio Sánchez y el colombiano Holman Morris, ambos veteranos periodistas de guerra, denunciaron hoy "seguimiento y acoso" a los profesionales de la información en Colombia y dijeron que este país vive una de las crisis humanitarias más graves y que las autoridades se niegan a reconocerlo. Seguir leyendo el arículo
Foto y Vídeo relacionado
Periodistas denuncian en la Cumbre de Paz "acoso y seguimiento" en Colombia

"Este correo puede ser interferido por organismos de seguridad del Estado", es el aviso que da Morris a quienes le escriben a su dirección electrónica, dijo este periodista al iniciar su intervención ante la Cumbre Mundial de Paz que acoge Bogotá.

Sánchez y Morris participaron en un coloquio sobre prensa y conflictos armados, en el que expusieron que el verdadero periodismo es el que cuenta historias de personas, no de los grupos de poder.

Gervasio Sánchez, también un reconocido fotógrafo que tiene en su haber premios como el Rey de España y el Ortega y Gasset, hizo un llamamiento a Reporteros Sin Fronteras y a las asociaciones de prensa colombianas para que estén atentas a casos de amenazas que se den contra periodistas, que en lo que va de año van cinco muertos.

"Nuestra obligación es estar ahí para que la gente sepa la verdad", dijo Sánchez sobre el papel fundamental de un periodista en zona de conflicto, al agregar: "Estar en el lugar y contarlo es una contribución a la paz".

Sobre Colombia señaló que, de acuerdo a datos de la Fiscalía, "hay 26.000 desaparecidos confirmados" como consecuencia de las atrocidades cometidas por todos los actores de la guerra, pero la cifra se podría elevar hasta 40.000.

Esto significaría que "Colombia es el segundo país con mayor número de desaparecidos por detrás de Irak", remarcó.

Sánchez tuvo también palabras muy duras para el Gobierno español, al asegurar que desde que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se alzó con el poder se ha incrementado significativamente la venta de armas a países con conflictos internos.

"Hoy España es la sexta potencia en venta de armas. Me siento avergonzado por eso", matizó, al explicar que su país está violando el derecho internacional por vender armas a Colombia, con un conflicto interno, y a Venezuela, por sus tensiones con Colombia.

A su turno, Morris agregó que al drama de los desaparecidos en su país se suma el de los desplazados, con cinco millones, de los que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe reconoce solo tres.

Dijo también que "el problema de la desaparición es en Colombia más grave que el secuestro", porque socialmente este drama no quiere verse y la razón es que "el secuestrado es ingeniero y el desaparecido es sospechoso y de izquierdas".

"No se puede protestar contra el secuestro y al tiempo votar a las víctimas del paramilitarismo", insistió.

Denunció que "no hay peor afrenta para las víctimas que se les niegue el conflicto, que a los desplazados se les llame migrantes económicos", y, a su juicio, eso pasa en Colombia.

"El reto es derrumbar la idea que en Colombia no hay conflicto armado y la primera forma de combatir la barbarie es mostrarla", aseveró.

Morris, quien ha denunciado sistemáticamente ser objeto de amenazas, es uno de los periodistas más controvertidos de Colombia y el propio Gobierno le ha tildado de "amigo del terrorismo", entre otros motivos porque ha entrevistado a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El último incidente ocurrió en febrero pasado cuando Morris se adentró en la selva colombiana para cubrir la entrega de varios rehenes de las FARC y el Ejército le retuvo y le requisó su material periodístico.

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Por buscar la verdad, víctimas de Valledupar sufren nuevos riesgos

Justicia y Paz. que fue desaparecida por hombres de Jorge 40, ahora están siendo victimizadas otra vez con seguimientos y advertencias.
Varias víctimas reportaron amenazas en la úlitma versión libre de 'El Tigre'.

Desde hace dos años familiares de desaparecidos, ejecutados y desplazados por los paramilitares en Cesar vienen denunciando que los están intimidando por sus acciones en busca de la verdad y la justicia . María Ramírez*, esposa de un desaparecido dijo preocupada que “aunque los ‘paras’ se desmovilizaron, el peligro sigue ahí. En Valledupar se vive una tensa calma”.

El último episodio de intimidaciones se remonta a principios de septiembre de 2009 cuando Jhon Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre'; Alcides Manuel Mattos, alias ‘Samario’; Jader Luis Morales, alias ‘JJ’ y Javier Ernesto Ochoa, alias ‘Mecánico’, miembros del Bloque Norte de las AUC, rendían versión libre conjunta por la desaparición de siete miembros del CTI el 9 de marzo de 2000 en el Cesar.

Según el representante de las víctimas, en la audiencia, un altercado puso a ‘JJ’ y a ‘Mecánico’ contra Iván Otero, abogado de ‘El Tigre’ y ‘Samario’. Al principio de la diligencia ‘JJ’ y ‘Mecánico’ dijeron que Iván Otero los presionó para que sus confesiones sobre la desaparición de los siete funcionarios del CTI concordaran con las de ‘El Tigre’ y ‘Samario’. Varias personas que asistían a la diligencia de Justicia y Paz de Valledupar contaron que Iván Otero increpó a ‘Mecánico’ por cambiar de parecer y ceder a la presión de las víctimas.

Funcionarios de la Fiscalía afirmaron que en la audiencia no pasó nada raro pero confirmaron que tras la diligencia judicial, Iván Otero renunció a la defensas de ‘El Tigre’ y ‘Samario’, pues dice estar amenazado por su actividad.

Intimidaciones en Valledupar
A raíz del incidente, varios familiares de los desaparecidos del CTI fueron intimidados. Denunciaron que después de la versión libre Iván Otero, el abogado de los desmovilizados, tomó fotos con su teléfono celular a los presentes en la sala de víctimas.

Además la esposa de uno de los investigadores del CTI relató que un hombre la estuvo siguiendo mientras se dirigía a la versión de ‘El Tigre’. Contó que, a pesar de cambiarse de ropa, de volver a su casa y de coger un bus, el individuo no se despegó de ella.

Uno de los parientes expresó que tras la versión libre, dos individuos se sentaron dos días seguidos frente a su oficina, haciéndole señas, intimidándolo y amenazándolo.

Otra de las víctimas dijo que la ola de intimidaciones comenzó hace casi dos años. En la marcha contra el secuestro del 4 de febrero de 2008 dos hombres en una moto negra se acercaron a un grupo de familiares de desaparecidos del CTI y los amenazaron advirtiéndoles que si seguían yendo a las audiencias les pasaría lo mismo que a sus parientes. La víctima relató que en varias ocasiones una camioneta de vidrios polarizados se ha quedado parqueada frente a su casa.

Aunque esta vícima tiene protección especial del Ministerio del Interior, dice que no se siente tranquila pues “la desmovilización en el Cesar fue una mentira”. Declaró que su familia ya no tiene vida social, que salen sólo cuando es necesario, para ir al trabajo o a hacer compras.

"Nueve años después no sabemos nada"
El caso de los desaparecidos del CTI ya fue evocada en varias versiones libres, pero por ahora no se sabe nada sobre lo que les pasó a los siete funcionarios. Los desmovilizados que actuaban en la región para el momento de los hechos han dado versiones contradictorias.

‘El Tigre’ dijo que los cuerpos fueron enterrados en una fosa común, pero también afirmó hace poco, que los paramilitares arrojaron los siete cadáveres a orillas del río Cesar, donde una creciente puede haberse llevado los restos.

Así la Fiscalía y las víctimas han estado en cerca de 18 inhumaciones sin ningún resultado. Las víctimas ya no tienen mucha fe en las versiones libres de 'El Tigre', pero afirman que no se dejarán acobardar y seguirán pendientes hasta que aparezcan los cuerpos.

Los abogados de las víctimas argumentan que las contradicciones de ‘El Tigre’ deberían conducir a la exclusión del ex paramilitar del Bloque Norte de Justicia y Paz pues no está comprometido con la verdad.

Sin embargo ‘El Tigre’ ha confesado también su participación en casos diferentes al del CTI y que suman 1.250 víctimas y colaboró para esclarecer la masacre de El Salado donde tuvo una activa participación. “Su contribución no ha sido nula, por eso no va a salir de Justicia y Paz”, dijo un funcionario de la Fiscalía.

Los representantes de las víctimas también afirmaron que Iván Otero puede ser inculpado por falso testimonio y fraude procesal pero hasta ahora no se ha radicado ninguna denuncia contra él.

*Nombre ficticio por razones de seguridad.

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Estados Unidos y la masacre de El Salado

Semana. Por Michael Evans, investigador del National Security Archives*¿Conspiración de silencio? Estados Unidos y la masacre de El Salado La Comisión de Memoria Histórica, encargada de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana, la de El Salado. La Comisión de Memoria Histórica, encargada de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana, la de El Salado.

Documentos estadounidenses desclasificados revelan que la Embajada en Bogotá no hizo mucho cuando supo que la Fuerza Pública colombiana no evitó la masacre y sólo capturó a 11 de los 450 paramilitares responsables. El Plan Colombia estaba en juego


La cuestión del papel exacto que desempeñaron miembros de la Fuerza Pública en la masacre de El Salado de febrero de 2000 ocupa una parte pequeña, pero crucial, de la investigación presentada este martes en Bogotá y que fue realizada por la Comisión de Memoria Histórica.

Este grupo independiente encargado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana. Su trabajo es también una urticante acusación a la cultura de impunidad que ha evitado que sean investigados y debidamente juzgados los miembros de las fuerzas de seguridad colombiana apostados entonces en esa región y que pudieron estar involucrados.

Las muertes se desarrollaron en cinco días fatales, durante los cuales cientos de paramilitares, principalmente del Bloque Norte de las Auc, descendieron sobre El Salado y otros pueblos de la región, dejando tras de sí una estela de tortura, destrucción y asesinatos.

Pero mientras los paramilitares que cometieron la masacre fueron identificados hace tiempo, el papel preciso que desempeñaron en esta los militares nunca ha sido determinado de manera definitiva. Sin embargo, y a pesar de que tuvieron un acceso muy limitado a los archivos militares, el informe de la Comisión establece enérgicamente la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre:

“La masacre de El Salado cuestiona no sólo la omisión sino la acción del Estado. Omisión con el desarrollo de los hechos porque no se puede entender cómo la fuerza pública no pudo prevenir ni neutralizar la acción paramilitar. Una masacre que duró cinco días y que contó con la presencia de 450 paramilitares, de los cuales solo fueron capturados 15 una semana después de que acabó la masacre”.

Para Estados Unidos, la posible participación de miembros de la Fuerza Pública colombiana en los crímenes de los paramilitares era el meollo de la cuestión. El Plan Colombia, que proponía un aumento masivo de la ayuda estadounidense a los militares colombianos, apenas arrancaba y éste venía condicionado a que el gobierno colombiano demostrara que la Fuerza Pública había roto los viejos lazos que pudiera tener con las fuerzas paramilitares.

Documentos estadounidenses desclasificados sobre la época revelan, sin embargo, que las exigencias a los militares colombianos eran mínimas. Así por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá vio como un factor positivo el hecho de que las fuerzas de seguridad hubiesen capturado apenas a 11 de los 450 hombres del paramilitarismo involucrados en lo que caracterizó como “una orgía indiscriminada de violencia ebria”. En su primer informe sobre El Salado, que envió a Washington unos días después de la matanza, la Embajada bajo Curtis Kamman, dijo que era “la primera vez que esa entidad recordaba que los militares, en este caso la Armada, persiguieran a los paramilitares con algún vigor después de las atrocidades”. Los capturados del caso de El Salado, al parecer, era una historia de éxito militar, y la Embajada tuvo muy poco más qué decir por los siguientes cinco meses. Lea el documento 1.



Estados Unidos no ha debido sorprenderse demasiado con las denuncias de que miembros de la Fuerza Pública estuvieran involucrados en El Salado. En el año anterior, funcionarios estadounidenses con frecuencia habían expresado dudas sobre la voluntad de los militares de combatir las fuerzas paramilitares.

• En una reunión de enero de 1999 organizada por las Fuerzas Armadas colombianas con representantes de ONG y a la que fue personal de la Embajada, el subcomandante del Ejército, general Néstor Ramírez, dijo que “no era asunto del Ejército perseguir paramilitares” pues eran “criminales comunes apolíticos” que “no amenazaban el orden constitucional mediante acciones subversivas”. Lea el documento 2.



• Otro reporte de 1999 de fuentes militares de Estados Unidos encontró que las Fuerzas Armadas colombianas “no perseguían activamente a los grupos paramilitares porque los veían como aliados de la lucha contra las guerrillas, su enemigo común”. Lea el documento 3.



• Estados Unidos también estaba muy consciente del “síndrome del conteo de bajas” (body count) que incentivaba las violaciones a los derechos humanos entre las fuerzas de seguridad colombianas. Informes de inteligencia de los noventa describían acciones de “escuadrones de la muerte” por parte de las Fuerzas Armadas. Un coronel del Ejército colombiano dijo a Estados Unidos que el énfasis en conseguir muertes del enemigo “tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos porque hace que soldados bien intencionados busquen cumplir con su cuota de muertos del enemigo para impresionar a sus superiores”. Y también dijo que este síndrome lleva a una aproximación “caballeresca, o por lo menos pasiva, cuando se trata de permitirle a los paramilitares servir de adláteres… (al Ejército colombiano) que contribuyen a causarle bajas a la guerrilla”. Lea artículo de Semana.com sobre la vieja práctica de presentar falsos positivos.

• Evidencias de participación de militares en las masacres de La Gabarra dejó escaso margen de duda de que había oficiales militares que veían a las fuerzas paramilitares como aliadas de la lucha contra las guerrillas. El coronel del Ejército Víctor Hugo Matamoros, responsable de la región alrededor de La Gabarra dijo a personal de la Embajada que él no perseguía a paramilitares en su área de operaciones. En otra ocasión, la oficina de la Vicepresidencia colombiana dijo a la Embajada que tropas del Ejército colombiano “se habían puesto brazaletes de las AUC” y habían participado en una de las masacres. Lea el documento 4.



Patrones similares emergieron unas semanas después de la masacre de El Salado. En marzo de 2000, fuentes militares estadounidenses informaron sobre los movimientos de la Fuerza Pública colombiana en los días de las matanzas. Enterrado en los detalles, en un Reporte de Información de inteligencia, basado en una fuente no identificada, hay un párrafo corto que indica que “muchos de los paramilitares capturados vestían uniformes de los militares colombianos”. Esto, dijo la fuente, sugería que “muchos de los paramilitares son ex militares, o que obtenían sus uniformes de militares o ex militares”. Lea el documento 5.



Pero aparentemente no fue sino hasta julio, cuando el diario The New York Times publicó una detallada investigación de la presunta complicidad de militares en la masacre, que la Embajada empezó a tomarse en serio las denuncias. Entre otras cosas, el artículo del Times encontró que fuerzas de la Policía y la Armada colombianas había dejado el pueblo antes de las matanzas y empezaron a montar bloqueos de los caminos para evitar que la ayuda humanitaria llegara. Y de todas maneras no hicieron nada para detener la carnicería paramilitar. Aún así, un memorando del Departamento de Estado elaborado para responder preguntas de la prensa sobre el caso, de nuevo destacaba la captura de los 11 paramilitares como evidencia de que las fuerzas de seguridad habían perseguido a los perpetradores. Lea el documento 6.



“(Una fuente) cree que es probable que el Ejército supo por informes de inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre. Entonces los paramilitares entraron en camiones desde Magdalena, fueron a Ovejas y después siguieron a El Salado…”

La fuente también consideró que los militares “capturaron a los 11 paramilitares por suerte”, y añadió que “los militares fueron atacados en la finca La Esmeralda y luego procedieron a detener a los once paramilitares, después de ganarles”. La nueva información, aparentemente, cambió la visión de las cosas. Ahora para la Embajada la cuestión no era de si los militares habían estado involucrados o no, sino hasta qué grado lo estuvieron.

Las sospechas de la Embajada de Estados Unidos sobre el papel de los militares en El Salado son también evidentes en un cable de agosto de 2000 sobre un informe que había dado a la Embajada el coronel Carlos Sánchez García de la Primera Brigada de Infantería de la Armada. Sánchez defendió las acciones de su unidad, diciendo, entre otras cosas, que los recursos militares eran escasos y que “no tuvieron conocimiento alguno sobre un ataque en El Salado o en sus alrededores”.

Una versión del cable desclasificada en 2001 presenta la explicación del coronel Sánchez por sí sola, sin más análisis. Sin embargo, una versión más completa de este mismo documento desclasificado en 2008, incluye porciones que no habían sido reveladas y que cuestionan la credibilidad del coronel Sánchez:

“Comentario: El coronel Sánchez dijo que su propósito era presentarle a la Embajada con la versión de la Brigada sobre los hechos alrededor de El Salado y disputar las acusaciones hechas en el artículo de julio 14 de The New York Times. Porque el coronel Sánchez fue enviado con este propósito, su informe debe ser tomado con distancia”.

La Embajada también dudó de la afirmación de Sánchez de que su unidad no tenía conocimiento de la incursión paramilitar:

“Es difícil de creer que el pueblo de El Salado no había sido sujeto de amenazas de un ataque antes de la masacre, considerando que el pueblo está situado en un área de gran conflicto”.

A la postre, la cuestión de la posible culpabilidad de los militares en El Salado vino a girar en torno al comandante de Sánchez, el general Rodrigo Quiñonez Cárdenas, un oficial perseguido a lo largo de su carrera por denuncias de presuntos nexos con abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas y complicidad con los paramilitares.

En 1994, Quiñones, fue investigado por los asesinatos de más de 50 sindicalistas, periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y otras personas en Barrancabermeja, por entonces considerada un bastión de la guerrilla. Fue exonerado por un tribunal militar.

Quiñones no era precisamente un extraño para Estados Unidos. Como director de inteligencia de la Armada a comienzos de los noventa, Quiñones estuvo en frecuente contacto con oficiales estadounidenses, incluyendo una reunión con el Director de Inteligencia de la Armada de Estados Unidos en 1993. Lea el documento 7.



Un esquema biográfico de Quiñones realizado por militares estadounidenses en 1992 describía numerosos detalles sobre sus hábitos personales: “Le gusta leer”, “Dientes-Sí/Naturales”, y anotaba que participaba en “entrenamiento desconocido” en la base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Quantico, Virgina. Lea el documento 8.



Con relación a El Salado, Quiñones ha sostenido siempre que él estaba en Bogotá durante las matanzas y que por tanto no fue responsable de las acciones de la Brigada en ese momento. Por su firme coartada, Quiñones fue solo sancionado por El Salado, lo que lleva a los investigadores de la Comisión de Memoria Histórica a lamentar que no se hayan investigado otras pistas. Se preguntan: ¿Por qué no se miró la información que tuvo a disposición la Brigada en los momentos antes del ataque?

"Si bien es cierto que se encontraba en Bogotá cuando empezó la incursión paramilitar, hacia el día 15 de febrero, y en ese sentido la responsabilidad de las decisiones operacionales en terreno estaban en el Coronel Sánchez García, también es cierto que como Comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina, el Contraalmirante Quiñones Cárdenas debía conocer de la información que, según la Procuraduría, arribó, en los meses anteriores, a la Primera Brigada sobre las Autodefensas y sobre el riesgo de la población establecida en los Montes de María. Información que, de acuerdo con la evaluación de la Procuraduría, debió haber servido para prevenir la incursión paramilitar, y no solo para contrarrestarla cuando ya se estaba produciendo".

¿Por qué tampoco la investigación judicial indagó sobre la actuación de Quiñones cuando regresó de Bogotá en febrero 18?

El entonces Coronel Quiñones Cárdenas regresó, de Bogotá a su base, el 18 de febrero y era razonable indagar, por tanto, no sólo por su actuación antes y durante la incursión paramilitar, sino también por su actuación después de la incursión.

En todo caso, Quiñones fue ascendido a almirante después de El Salado, y no fue sino hasta 2001, después de las acusaciones de que podía estar involucrado en otro ataque paramilitar, que la Embajada finalmente aumentó su presión sobre este oficial. Son pocos y muy censurados los documentos de la Embajada sobre la masacre de Chengue en agosto de 2001, pero los registros conocidos dejan escasas dudas de que para 2002, la Embajada solicitó que se le revocara la visa al almirante Quiñones y estaba lista para cortar lazos con él.

En abril de 2002 la Embajada pidió que se le quitara la visa pero no por su posible responsabilidad en asesinatos o masacres paramilitares. Más bien fue que el Departamento de Estado usó la única evidencia que estaba dispuesta a presentar: “información indicando que él había recibido pagos de narcotraficantes”, añadiendo así otra más a la larga lista de denuncias contra Quiñones. Lea el documento 9.



La cancelación de su visa terminó la carrera del almirante, un hecho confirmado por la ministra de Defensa de entonces Marta Lucía Ramírez cuando éste anunció su renuncia “voluntaria”. Y aunque realmente nunca la justicia civil lo ha investigado exhaustivamente por las muertes de Barrancabermeja, o por su supuesto rol en las masacres de El Salado o de Chengue, parece claro que el solo número de denuncias en su contra a lo largo de su carrera finalmente forzaron su salida.

Cuando informó sobre su renuncia a Washington, la Embajada anotó que aunque “era problemático establecer la culpa de Quiñones en un caso particular, pero un patrón inequívoco de denuncias similares lo ha seguido casi a todos los lugares donde ha sido comandante de campo”. Lea el documento 10.

El debate real sobre El Salado no es sobre sus autores o su magnitud, sino sobre la cultura de la impunidad que ha evitado una investigación honesta sobre los miembros de la Fuerza Pública que tuvieron nexos con esta masacre. Y a pesar de la importancia de la nueva investigación de la Comisión para la preservación de la memoria histórica, la historia estará incompleta mientras que los militares le nieguen al grupo investigador acceso a sus registros sobre el caso. También Estado Unidos ha sido reacio a desclasificar muchos de sus registros clave sobre la masacre de El Salado. Reiteradas peticiones sobre reportes citados en los documentos presentados aquí han sido bloqueadas por el Pentágono y otras agencias.

Sin acceso a estos archivos, puede que nunca sepamos exactamente qué sabía Estados Unidos sobre la complicidad de militares en la masacre de El Salado o si la masacre tuvo algún impacto en el desarrollo del paquete de ayuda que entonces se estaba dando a las fuerzas de seguridad colombianas. Tampoco sabremos si la tibia respuesta del gobierno de Estados Unidos al caso fue debido a una simple negligencia, a análisis pobres o a un esfuerzo activo para ayudar a encubrir el papel que desempeñaron los militares en la masacres de El Salado.

*El National Security Archive es un instituto de investigaciones y biblioteca independiente y no gubernamental localizado en la Universidad George Washington en la capital de Estados Unidos. El Archivo collecciona and publica documentos desclasificados del gobierno y el Estado sobre la seguridad nacional de Estados Unidos y su papel en los conflictos del mundo, para que esta información sea conocida por el público. Para lograrlo, hacen derechos de petición constantes sobre diversos temas y lo que van logrando que sea desclasificado lo publican en su página virtual.

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