31 mayo, 2009

400 miembros del Ejército y Policía acusados de falsos positivos


Europa Press. El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, reveló hoy que un total de 400 oficiales y suboficiales de la Policía y el Ejército han sido acusados formalmente en los últimos 18 meses en los tribunales en casos de falsos positivos, civiles que son asesinados y presentados después como guerrilleros para mejorar las estadísticas de la lucha contrainsurgente.
Iguarán afirmó que la Fiscalía ha adoptado las medidas adecuadas para esclarecer el asesinato de once jóvenes de Soacha a manos de militares en los últimos meses, según recoge la emisora Caracol Radio.

"Creo que hemos tomado medidas y que ya esos oficiales y suboficiales que hemos encausado y hemos imputado y señalado como autores de delitos de lesa humanidad, se suman a los más de 400 entre oficiales y suboficiales que en menos de un año y medio hemos judicializado por supuestas ejecuciones extrajudiciales", explicó Iguarán.

En los últimos diez meses prácticamente se ha duplicado el número de investigaciones de la Fiscalía por homicidios presuntamente cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, entre los que están casos de aparentes "falsos positivos".

Según el último balance de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que data del 15 de abril de 2009, se informa que en junio de 2008 había 555 investigaciones por esos hechos, y en abril del 2009 había 1009 investigaciones abiertas por asesinatos presuntamente cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Actualmente hay 1.137 miembros de la Fuerza Pública investigados en la justicia ordinaria por homicidios, mientras que en junio del 2008 había 753 personas vinculadas a las mismas investigaciones.

Según el informe de la Fiscalía, en las 1.009 investigaciones que se adelantan por homicidios cometidos presuntamente por integrantes de la Fuerza Pública, hay 1.666 víctimas, 1.507 hombres, 108 mujeres y 51 menores de edad.

Antioquia es el departamento que registra la mayor cantidad de investigaciones por homicidios cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, con 315 casos, seguido del Meta con 120, Norte de Santander con 69 casos, Cesar con 47 investigaciones y Caquetá con 42 casos.

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28 mayo, 2009

Los Indígenas y Afrodecendientes, los que mas sufren la guerra en Colombia

AFP. Londres. El informe de la ONG, divulgado este jueves en Londres, también atribuye a paramilitares, guerrilleros y fuerzas de seguridad violaciones sistemáticas de los derechos humanos en 2008.
El reporte, presentado en Londres, subraya que "la crisis no sólo es económica, sino de derechos humanos".
La investigación recogió datos sobre secuestro, desaparición forzada, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, entre otros flagelos, en 157 países del mundo.

Según Aministía Internacional, muchas regiones de Colombia donde habitan indígenas y afrodescendientes cuentan con grandes riquezas naturales en minería y petróleo, y son zonas de alta explotación agroindustrial.
En algunas de estas partes hay corredores del narcotráfico que son utilizados por paramilitares y guerrilla, y los indígenas y afrodescendientes quedan en medio de los intentos de estos grupos armados por controlar el territorio.

Esta situación se da para aprovechar los recursos naturales y para el tráfico ilícito de la cocaína.

Otra de las conclusiones del estudio fue el aumento de la cifra de muerte de civiles en medio del conflicto armado colombiano. La ONG aseguró que entre junio del 2007 y junio del 2008 más de 1.492 civiles murieron en el país, mientras que entre 2006 y 2007 esa cifra fue de 1.348 personas.

Amnistía llamó la atención sobre los 'falsos postivos' y, en particular, sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Soacha.

Aseguró que aunque este caso fue el más protuberante a nivel internacional, no fue el único que se presentó en el país por cuenta de este tipo de crímenes. Y pidió que las investigaciones contra uniformados por estos casos sean asumidas por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar.

La ONG resaltó que "todos los actores involucrados con el conflicto, sean los grupos paramilitares, la Fuerza Pública, o la guerrilla, continúan violando los derechos humanos y abusando del Derecho Internacional Humanitario".

JUAN FRANCISCO VALBUENA
REDACCIÓN POLÍTICA

Avances y retrocesos en América Latina durante 2008

La ONG de derechos humanos destacó la condena al ex presidente peruano Alberto Fujimori, pero también alertó retrocesos en inseguridad y exclusión, en su informe anual.
La pena de 25 años de cárcel impuesta en abril a Fujimori por crímenes de lesa humanidad durante su gobierno "fue un hito crucial en la lucha contra la impunidad en Perú", indicó el informe de Amnistía, organización de defensa de los derechos humanos con sede en Londres.

Asimismo, el reporte observó avances en la batalla contra la impunidad en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay.
Pero Amnistía lamentó que el Frente Farabundo Martí, que ganó las elecciones salvadoreñas en marzo, no prometiera levantar la Ley de Amnistía que dio impunidad a personas que violaron derechos humanos durante la guerra civil, de 1980 a 1992.

El informe señaló que el conflicto en Colombia siguió provocando gran cantidad de desplazados, que aumentaron a 380.000 en 2008, mientras que los indígenas fueron los más afectados, dijo Amnistía, que citó informes de asesinato de hasta 27 de ellos por parte de la guerrilla.

El grupo guerrillero Farc reconoció en abril haber asesinado a ocho indígenas Awá.

También en Colombia se registró el asesinato de dos defensores de los derechos humanos.

En México se observó un aumento de las denuncias de abusos por partes de miembros del Ejército desde 2006 a 2008, indicó el informe.

El respeto de los derechos indígenas mejoró en Bolivia y en Brasil, donde el gobierno entregó tierras, pero en contraste, en Paraguay murieron seis miembros de la comunidad Sawhoyamaxa por enfermedades evitables, señaló Amnistía.

La exclusión de poblaciones menos favorecidas también se constató en Río de Janeiro, donde se comenzó a construir un muro alrededor de favelas, lo que fue denunciado como discriminatorio.

Por último, Amnistía Internacional destacó que en Chile se comenzó a discutir un proyecto de ley que podría reconocer el crimen del "feminicidio", lo que podría incidir en disminuir la violencia contra las mujeres.


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27 mayo, 2009

ONG lanzan campaña en contra de la desaparición forzada

AP. Un grupo de 16 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos lanzó el miércoles una campaña para hacer "visible" el crimen de la desaparición forzada en el país y recabar firmas que impulsen la ratificación por parte de Colombia de una convención internacional sobre el tema.
Las ONG indicaron que a partir de ahora y hasta diciembre aspiran recabar al menos 10.000 firmas en todo el país para presentarlas al gobierno del presidente Alvaro Uribe, como una acción ciudadana que lo lleve a ratificar la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Esa convención fue suscrita por 81 países, entre ellos Colombia, en Nueva York en diciembre del 2006, pero hasta ahora sólo 10 naciones, principalmente europeas, la han ratificado en sus congresos, dijo la abogada Luz Stella Aponte, miembro de la no gubernamental Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Reiniciar, uno de los grupos que promueve la campaña de firmas.

Al ratificar esa convención, comités de investigaciones internacionales pueden asumir casos en Colombia, explicó Aponte en una conferencia de prensa, junto a otros activistas, en el centro de la ciudad.

La activista dijo que si bien no existen datos confiables y un solo registro nacional de desapariciones forzadas, datos de algunos grupos no gubernamentales y medios locales de prensa hablan de mínimo 15.000 y hasta 50.000 desapariciones en más de cuatro década de conflicto armado interno.

Dijo que por los datos de las ONG el primer caso de desaparición forzada en Colombia está documentado y denunciado ante las autoridades en 1977, el de una joven detenida en un aeropuerto de la costa norte del país.
"En general la desaparición forzada se ha invisibilizado, sólo (se toma en) cuenta el muerto, hoy queremos recalcar que la desaparición forzada es un crimen...y mostrarle a la sociedad colombiana que existe", dijo Aponte.

En Colombia, el delito de desaparición forzada fue incluido en la legislación en el año 2000, no prescribe o caduca, mientras está castigado con hasta 40 años de prisión.


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La Violencia continua en aumento en el Bajo Cauca.

Semana. En esta especie de triángulo de las Bermudas la violencia está disparada, los médicos forenses no aguantan, el párroco regaña al Ejército y aparece una grabación que compromete a militares.

Lo paradójico es que los resultados de Ejército y Policía hacen creer que la situación está controlada. Foto: Semana
En plena misa dominical y delante de cientos de feligreses en la parroquia de Tarazá, el padre Elkin increpó a la Policía y al Ejército. Era el último domingo de abril y una balacera entre dos bandas criminales -a media cuadra de la plaza central- había interrumpido la tranquilidad de los campesinos que vieron cómo policías y soldados se escondían en la estación en vez de tratar de controlar a los bandidos.
"No sean vendidos y regalados", les gritó el sacerdote, cansado, tal vez, de una situación que se viene dando desde hace meses, pero de la que nadie se atreve a hablar: la posible connivencia entre miembros del Ejército con las bandas criminales. Y como él, en los municipios del Bagre, Caucasia, Zaragoza, Cáceres y Nechí, que conforman el Bajo Cauca antioqueño, también están agotados por el miedo.

Las bandas de Urabá y de los 'Paisas' se están disputando a muerte esta zona desde cuando el bloque Mineros de las AUC se desmovilizó el 20 de enero de 2006. Según la Policía, el año pasado hubo 200 homicidios -fue la región más violenta de Antioquia- y sólo en los primeros cuatro meses de este año se han dado 102 asesinatos. Una tasa desproporcionada para cerca de 300.000 habitantes.

La situación es tan crítica, que hasta las autoridades médicas han lanzado un SOS al gobierno local y departamental. La morgue de Caucasia -que es la única que hay para todo el Bajo Cauca- ha tenido seis médicos forenses en los últimos seis años: o renuncian o piden traslado por el exceso de trabajo. Incluso, durante buena parte de 2007 y 2008, esta región se quedó sin un especialista forense. Sólo a partir de este año se logró contratar a Janeth Pacheco, quien trabaja en un pequeño cuarto del hospital municipal con una sola mesa para necropsias y dos cavas.

En medio de la crisis, Semana tuvo acceso a una grabación que podría explicar en buena parte por qué ha sido tan difícil controlar la violencia en esta región. En el diálogo, 'Rodrigo', cabecilla de La 'banda de Urabá', habla de una balacera con la banda enemiga, la de los 'Paisas', el pasado 23 de marzo en una zona de Tarazá conocida como Santa Clara. Uno de sus hombres le deja entrever a 'Rodrigo' que miembros del Ejército al mando de un teniente estaban apoyando al cabecilla de los 'Paisas', conocido como alias 'Víctor Caparrapo', y que en el enfrentamiento quedaron heridos el teniente Solarte y un soldado.

El caso está en investigación. Los militares, curiosamente, pusieron la denuncia sobre el ataque no en el sitio en el que ocurrieron los hechos, ni tampoco en Caucasia, donde los llevaron al hospital, sino en Yarumal, un municipio que no es de la región. Están investigando si el teniente John Solarte, adscrito al Batallón Rifles, le daba información privilegiada a la banda de los 'Paisas'. El coronel Mauricio Mantilla, quien lleva 15 días como comandante del Batallón, le dijo a Semana: "Yo no puedo tapar el sol con una mano sobre lo que sucede con algunos hombres del Ejército, pero aún no puedo pronunciarme sobre los resultados de esa investigación".

Pero esta terrible situación no es fortuita. El combustible que alimenta la disputa entre bandas criminales sigue siendo el narcotráfico. Después de la captura, hace un mes, de Daniel Rendón, alias 'Don Mario', a quien las autoridades le achacaban casi todos los muertos de la zona, las cosas no han cambiado. El Bajo Cauca no sólo es la zona más violenta de Antioquia, sino la tercera en producción de coca del país. Además, por esta ruta se sale directo al golfo de Morrosquillo, donde el narcotráfico tiene varios puertos naturales. El Bajo Cauca limita con Córdoba. Es un corredor estratégico de la guerrilla y los paramilitares por su cercanía con el Nudo del Paramillo y por su conexión directa con el Urabá antioqueño.

Hace poco fue expropiada una empresa de vigilancia privada de Caucasia llamada Serviescol Ltda., administrada por Jorge Ocampo, un capitán retirado del Ejército a quien conocían con el alias el 'Capi', y quien también perteneció al Batallón Rifles. Esta empresa manejaba vínculos con los hombres de alias 'Macaco', líder paramilitar extraditado hace un año a Estados Unidos, y con la banda de los 'Paisas'.

Semana también conoció denuncias contra la Red de Cooperantes del Bajo Cauca (Recobac), un grupo de hombres desmovilizados del bloque Mineros que crearon una especie de 'Convivir' y controlan la vigilancia de la región. Además de contar con armas amparadas, Recobac heredó los equipos de comunicación de alta tecnología del ex jefe paramilitar Ramiro 'Cuco' Vanoy, con los que pueden interceptar llamadas de celular. Incluso, se sabe que varios de los escoltas de Víctor Manuel Mejía, alias el 'Mellizo', muerto hace un año por la Policía en una finca de Tarazá, tenían equipos de comunicación de la Red. Ellos son quienes deciden quién entra y quién sale del pueblo, tienen información sobre diligencias judiciales y cada vez que una persona nueva visita la zona, tiene que informarles el motivo de la visita y cuánto planea quedarse, como si se tratara de agentes de inmigración.

Varios líderes campesinos consultados por Semana creen que la única vía de escape para la caótica situación del Bajo Cauca no sólo sería acabar con la red de cooperantes, sino renovar a todos los hombres del Ejército y de la Policía: "Cómo es posible que haya una masacre de seis personas a las 7 de la mañana sin que las autoridades hagan algo", dijo uno de ellos, al referirse al hecho ocurrido en abril en el corregimiento El Doce. Como tantas veces, ellas brillaron por su ausencia.

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26 mayo, 2009

Ropa de cadáveres de fosas comunes se muestran en Internet

El Tiempo. Lo hará porque la ropa es el primer paso para establecer la identidad de las personas enterradas por grupos armados ilegales. El segundo paso del proceso de identificación se hace con el ADN.

Cada uno de los elementos hallados en las fosas será registrado en una galería de fotos en la página de Internet de la Fiscalía.

Además, los objetos (relojes, billeteras, documentos de vehículos, entre otros) y prendas de vestir serán clasificados y luego presentados en jornadas de reconocimiento en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

La Unidad de Justicia y Paz del ente investigador ya ha realizado 26 jornadas con familiares de desaparecidos. En ellas, también les toman muestras de sangre a los familiares para realizarles dictámenes de ADN, los entrevistan en busca de información y les brindan asesorías sicológica y jurídica.

De acuerdo con cifras oficiales, de los 2.164 restos hallados en 1.761 fosas comunes en los últimos tres años, solo se ha logrado la identificación plena de 572 cuerpos.

Algunos casos

En el 2000, los paramilitares amarraron a un árbol a Hermes Norbey Daza Hoyos y lo dejaron al sol y al agua durante varios días. Luego, lo asesinaron y lanzaron su cadáver a una fosa común.

Seis años después, las botas que siempre usó fueron clave para lograr su identificación. "Esas son. A pesar del barro que tienen las reconocería en cualquier parte", dijo doña María, la mamá de Hermes Norbey, cuando les echó un vistazo minutos después de que una comisión de la Fiscalía las hallara en una fosa común cerca de La Dorada (Putumayo). Un examen de ADN terminó por confirmar que los restos eran los de su hijo.

El último caso que lograron identificar fue el de doña Blanca Valero, quien fue asesinada por las Auc hace ocho años en Ubalá (Cundinamarca). Luego de que la familia reconociera sus prendas de vestir, la Fiscalía la identificó y la semana pasada le entregó los restos (ver recuadro).

Por los tenis identificaron a una mujer

Doña Blanca Valero, de 50 años, desapareció el 6 de junio del 2002 cuando viajaba de Pacho a Ubalá (Cundinamarca). Al poco tiempo su familia se enteró de que 'paras' la habían asesinado.

A principios de este año, en zona rural de Ubalá, el CTI exhumó los restos de una N.N. en una fosa común. El párroco de la población le contó a la Fiscalía que hacía siete años una familia había estado preguntando por una mujer en ese municipio y que él tenía el número del teléfono de una de las hijas.

El fiscal del caso llamó y contestó la hija de doña Blanca, quien contó que su mamá llevaba puestos unos tenis North Star. También dijo que siempre cargaba un peine en forma de tenedor de color azul y que usaba una prótesis dental en la parte superior. La descripción fue el punto de partida para la identificación.
Desapareció del puesto de salud

A Libardo Guerrero lo asesinaron por no pagar una deuda de 10 millones de pesos.

El hombre que le había prestado el dinero lo acusó con los paramilitares que mantenían el control en La Dorada (Putumayo). Días después, en una calle de la población le hicieron un atentado, del que Libardo Guerrero logró sobrevivir, pero cuando recibía atención en el puesto de salud un grupo de paramilitares se lo llevó.

La Fiscalía halló sus restos en una fosa común a medio kilómetro del casco urbano siete años después. Al lado de sus prendas fue hallado el catéter del suero que le habían puesto.


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24 mayo, 2009

Así se planearon los falsos positivos de Soacha

El Tiempo. En dos tiendas de la población, 'Los Costeños' y la 'Fonda Paisa', se empezó a tejer la red criminal que se llevó para Ocaña a una docena de muchachos que después aparecieron como muertos en combate.

La primera estaba en el barrio Ducales y era el negocio de Alexander Carretero, uno de los reclutadores. Allí, según la Fiscalía, convencieron a jóvenes como Diego Tamayo, Víctor Gómez y Haider Andrés Palacio de ir a probar suerte al otro lado del país.

En la 'Fonda Paisa', que queda en un sitio conocido como 'La Y', a la entrada de Soacha, los reclutadores fueron Pedro Antonio Gámez y Ender Obeso. Su estrategia era la misma: ofrecer trago y a veces droga para atraer inicialmente a los muchachos y luego ofrecerles 'vueltas', no siempre legales, de hasta 10 millones de pesos.

No eran, para nada, nuevos en ese sector. Carretero, que venía de Aguachica (Cesar) vivió varios años en Soacha y allí era reconocido entre los 'vuelteros'. Ese término, en el bajo mundo, describe a alguien que se dedica a robos o delitos más graves por plata.

Su contacto con Ocaña era el sargento Dairo José Palomino Ballesteros. Trabajaba en el Batallón Santander y, según la investigación, fue clave en la estructura criminal que 'vendió' varias de las víctimas a esa unidad militar y a la Brigada Móvil 15.

Palomino es familiar de la esposa de Carretero y también de Obeso. La investigación señala que fue una de las personas que se movieron entre Soacha y Ocaña llevando a los muchachos que murieron apenas horas después de su llegada a Norte de Santander.

Las tres audiencias que se han realizado en el Palacio de Justicia de Soacha y que dejan medio centenar de militares presos se refieren a hechos del 2008. Pero el sargento Jhon Jairo Muñoz Rodríguez, que se convirtió en testigo, dice que desde el 2007 "se rumoraba y se preguntaba cada vez que había una muerte en combate si era legal".

De hecho, dos asesinatos fuera de combate que ocurrieron en diciembre de ese año son los que tienen con orden de captura a varios mandos del Batallón Santander, entre ellos el coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos.

Armas, más caras que la vida

La falta de 'positivos' de Muñoz en la Brigada Móvil 15, la misma que el Gobierno decidió eliminar tras el escándalo, fue determinante en la tragedia que conmueve a Soacha y que se convirtió en el mayor escándalo del Ejército en los últimos años.

Muñoz confesó que después de varios regaños por los pocos "resultados en el nivel estratégico" (muertes en combate y otros) decidió pedirle ayuda al sargento Sandro Pérez González, que era de Inteligencia del Batallón Santander.

La respuesta fue escalofriante: "Curso, si quiere le traigo gente, se la entrega a la tropa y se presentan como muertos en combate". Muñoz dice que el coronel Gabriel Rincón Amado, jefe de operaciones de la Móvil 15, le dio el visto bueno a la oferta. Él salió del Ejército en la histórica purga de noviembre, pero hasta ahora no se conoce decisión de la Fiscalía en su contra. "Pérez dijo que por persona había que pagar un millón de pesos más el pasaje -se lee en la confesión-. (...) Rincón me dijo: "Bueno, consigamos dos personas".

Así se decidió la suerte de Jhonnatan Orlando Soto, de 17 años, y Julio César Meza, de 24. Ellos desaparecieron de Soacha el 25 de enero, tras aceptar un trabajo que, según varios testimonios, no era legal. Murieron a los dos días.

Por ellos se pagaron, en un sobre de manila, 2 millones 200 mil pesos. Carretero y los sargentos los recogieron en la casa en la que pasaron sus últimas horas y los llevaron a un falso retén. A las pocas horas fueron reportados como 'positivos'. "Yo le pregunté a Álex que de dónde traían a esos muchachos y me contestó que eran manes 'vuelteros' de Bogotá", dijo Muñoz. En la zona rosa de Ocaña, con una botella de ron, los reclutadores celebraron su primera 'venta'. En febrero, según Muñoz, "el coronel Rincón pidió tres personas más". Amanecidos y hasta drogados, dijo después a la justicia Carretero, fueron entregados al Ejército.

¿Cómo legalizaban las muertes?

Carretero dio la respuesta: "El sargento Pérez tenía copias de las cédulas para hacer que pagaba recompensa por los muertos, que era un millón de pesos (...) plata que se la daba el coronel Tamayo. Les decían a los campesinos que les ayudaban con un mercado pero que les dieran fotocopia de la cédula y con ella hacían pasa los positivos".

Los testigos dicen que incluso los militares ponían de su plata para pagar los revólveres y fusiles que aparecieron junto a los cuerpos de los jóvenes, para simular que sí eran actores armados ilegales.
"Ese era el deber de cada compañía para poder dar positivos. Sacaban plata de sus bolsillos", dijo Carretero.

Como Muñoz y Pérez eran de inteligencia, preparaban los reportes que les daban piso a las operaciones falsas. Muñoz contó también que por una pistola se pagaba en el mercado negro 1,3 millones. Es decir, $ 300 mil más que por cada muchacho que murió por oír la mortal oferta de los reclutadores de Soacha.


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23 mayo, 2009

(ACNUR) denunció amenazas de muerte contra defensores de los derechos humanos en Colombia.

Ginebra, 22 may (EFE).- El Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) denunció hoy las amenazas de muerte realizadas en las últimas semanas contra defensores de los derechos humanos en Colombia.

"ACNUR está muy preocupado por la reciente ola de amenazas de muerte contra defensores de los derechos humanos, activistas y líderes de grupos de desplazados que trabajan para defender los derechos de sus comunidades", dice el comunicado distribuido por la entidad.

El texto indica que miles de panfletos fueron distribuidos en todo el país con dichas amenazas firmadas por un "nuevo grupo ilegal" que el ACNUR no quiso identificar "por razones de seguridad", señaló su portavoz, Andrew Purvis.

"En algunos casos, las víctimas de las amenazas han sido forzadas a abandonar sus comunidades para poder salvar sus vidas. En otros casos, las amenazas de muerte han acabado en asesinato. A menudo los sobrevivientes, incluyendo familias y colegas, dejan de denunciar por miedo a represalias", continúa el comunicado.

ACNUR también lamenta que estas acciones incremente aún más el número de desplazados en el país, que en total asciende a 3 millones de personas. EFE

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22 mayo, 2009

Sentenciados 17 militares por asesinatos de Soacha

Semana. El juez segundo penal de control de garantías encontró méritos suficientes para pedir la medida de aseguramiento contra17 militares acusados de asesinar a tres civiles inocentes de Soacha, que posteriormente fueron presentados como muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. En los hechos investigados murieron en total 11 personas residentes de Soacha, Cundinamarca.
la Fiscalía acusó al sargento segundo Jáner Duque Marín, del Ejército, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.

Según las investigaciones que adelanta el ente acusador, el suboficial coordinó una operación ejecutada el pasado 25 de agosto en una vereda de Ocaña. Ese día, tropas contraguerrilla de la compañía ‘Espada', adscritas a la Brigada Móvil No. 5 del Batallón Santander, reportaron tres ilegales muertos en combate.

Los investigadores presentaron pudieron determinar que en realidad se trataba de tres jóvenes habitantes de Soacha: Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante y Diego Alberto Tamayo Garcera, fueron contactados en una tienda del municipio de Cundinamarca conocido como ‘Los Costeños' del barrio Ducales de este municpio de Cundinamarca, entre el 22 y 23 de agosto.

“Los jóvenes viajaron en una flota, se hospedaron en la casa de Alexánder Carretero Díaz, quien hacías las veces de ‘reclutador', y el 24 del mismo mes, hacia las seis de la tarde, fueron entregados a un militar”, aseguró la fiscal de Derechos Humanos María Cecilia Jaimes, durante la audiencia ante el ante Juez Segundo Penal Municipal, con funciones de Control de Garantías.

Agregó la fiscal que “los investigadores establecieron la existencia de una red de civiles (en Soacha) y militares (en Ocaña) que convencían a jóvenes de bajos recursos para llevarlos a la casa de Alexánder Carretero, en algunas ocasiones, y quienes posteriormente eran entregados a miembros del Ejército Nacional que reportaba las maniobras operacionales positivas”.

Dice Jaimes que a los integrantes de la patrulla que participó en el operativo les llegó una felicitación en la orden del día del 21 de agosto, por hechos que ocurrieron el 25 de agosto, cosa que produjo sospechas a los investigadores.

Enseguida, la fiscal reveló el testimonio de Carretero Díaz: “ellos mismos (los militares) conseguían sus armas para los ‘positivos', ese era el deber de cada compañía”. Dijo además que se enteró de este ‘modus operandi’ “porque en el batallón hablaban de eso, ya que por resultados satisfactorios en esas operaciones les concedían días de permiso”.

La Fiscalía también imputó cargos, por su presunta coautoría de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado, al cabo segundo Richard Armando Jojoa Bastidas; y a los soldados profesionales Nilson Antonio Cubides Cuesta, Mauricio Cuniche Delgadillo, José Orlando Gonzáles Ceballos y José Adolfo Fernández Ramírez.

En cuanto a los suboficiales Manuel Ángel Zorrilla Agámez y Ricardo Coronado Martínez; y los soldados profesionales: Ricardo González Gómez, Ferney Grijalba Floro, Heider Andrés Guerrero Andrade, Heiner Fuertes Guillermo, Pedro Johan Hernández Malagón, Alberto Jiménez Escalante, Luis Alirio López, Juan Ramón Marín Ramírez y Jhon Anderson Díaz Ortega, deberán responder por su presunta participación en los mismos delitos, pero en calidad de cómplices.

La medida de aseguramiento de aseguramiento que pidió la Fiscalía fue aceptada por el juez.



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20 mayo, 2009

El Paraco Alemán’ que invadió Boyacá

Verdad Abierta. Lunes, 18 de Mayo de 2009 Dos cartas encontradas en una memoria portátil Usb de Carlos Castaño respaldan las declaraciones de Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, quien asegura que se alió con esmeralderos de Boyacá, entre ellos Victor Carranza, para montar un bloque de autodefensas.
Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', asegura que presuntamente formó un grupo de autodefensas en Boyacá, financiado por esmeralderos, entre ellos, Víctor Carranza.


Un gran problema que ha tenido la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía es el esclarecimiento de los crímenes que se perpetraron en la región esmeraldera de Otanche y Muzo entre los años 2001 y 2002, cuya autoría hasta ahora no había podido ser esclarecida.
El caso Carranza

Víctor Carranza y sus presuntos nexos con el paramilitarismo


El Bloque que supuestamente pudo haber tenido injerencia en esa zona es el de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá que comandaba Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’ que por más de 15 años se movieron por el tramo boyacense del Magdalena Medio. Sin embargo, en las investigaciones preliminares que ha hecho la justicia, los hombres de ‘Botalón’ no han estado dispuestos a reconocer su responsabilidad en estos crímenes.

La semana pasada en entrevista de la revista Semana, Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’, un ex jefe paramilitar de Urabá y Chocó, comenzó a dar las primeras luces sobre lo que realmente sucedió en esos años de terror, y quiénes fueron los responsables. Dijo que algunos esmeralderos, entre ellos, Víctor Carranza, Yesid Nieto y Horacio Triana, hicieron un pacto con él y con Carlos Castaño, entonces jefe mayor de las Auc, para que enviaran hombres suyos a esa verde y rica región boyacense. Explicó que estos empresarios de las esmeraldas se comprometieron a financiar esta incursión, entregando el 5 por ciento de la producción de esmeralda a cambio de que los protegieran de la guerrilla.

“Él (Víctor Carranza) dio la bendición y además aprobó el porcentaje, pero con la condición de que no nos metiéramos en Muzo, en donde él tenía un grupo de seguridad para sus minas”, aseguró.

‘El Alemán’ también dijo que asistió a una segunda reunión con Carranza, llamado el zar de las esmeraldas, en la que el renombrado empresario presuntamente asistió con un ejército de 80 hombres armados para quejarse sobre el comportamiento de los paramilitares.

“Don Victor manifestó algunas molestias porque Yesid Nieto le iba a joder el poder de la zona esmeraldera. Yo le respondí que no porque el grupo de autodefensas nuestro, si bien estaba financiado por Nieto y los empresarios de la esmeralda, era un grupo netamente antisubversivo y no iba a terciar problemas con ellos”, dijo.

Yesid Nieto, era un empresario de esmeraldas que para ese entonces disputaba la supremacía del negocio con Victor Carranza. El 17 de octubre del 2008 fue asesinado en un barrio de ciudad de Guatemala, víctima de un disparo en la cabeza, y su cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo BMW. El esmeraldero había salido del país luego de haber sobrevivido a un atentado cometido en Bogotá, el 22 de enero del 2007, que lo dejó parapléjico.

Apenas un año después de ingresar a Boyacá, ‘El Alemán’ decidió abandonar el departamento porque según sus propias declaraciones se dio cuenta de que el grupo iba a ser utilizado para terciar en líos de esmeraldas y minas. “Empezaron las rivalidades entre Horacio Triana y Carranza...me fui de allá porque no quería terminar metido en una guerra de intereses personales”, aseguró en la entrevista.

Para ese entonces en Boyacá confluían varios bloques paramilitares que dominaban el departamento desde hace más de 15 años: las Autodefensas de Cundinamarca, bajo las órdenes de Luis Eduardo Zuluaga, alias ‘El Águila’, a quien ‘El Alemán’ aseguró haberle entregado sus hombres después de abandonar el departamento; y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, que seguían las órdenes de Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’.

Otra evidencia encontrada por Verdad Abierta parece confirmar las declaraciones de ‘El Alemán’ acerca de la responsabilidad que tendrían sus hombres en los crímenes cometidos en la zona esmeraldera. Estos documentos revelan aún otro detalle de lo que sucedió: que Carlos Castaño y ‘El Alemán’ enviaron a sus hombres, sin el conocimiento de las Autodefensas de Puerto Boyacá, los paramilitares autóctonos de esa región.
Víctor Carranza es uno de los empresarios más importantes del país, en el 2003 la justicia los exoneró por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares en Meta y Cesar. Foto: Semana

En dos documentos que encontró Verdad Abierta en la memoria Usb de Carlos Castaño, los jefes de las Autodefensas de Puerto Boyacá expresan su desconcierto con la llegada de ‘El Alemán’ a los municipios de Otanche y Borbur en el 2002 y solicitan al máximo jefe de las Auc que interceda para solucionar el problema.

“No nos explicamos el motivo que tienen sus tropas para incursionar en nuestro territorio el cual está libre de guerrilla, quisiéramos saber qué persiguen con esta invasión”, dice la carta. “Le solicitamos muy respetuosamente señor comandante Castaño que como en tiempos anteriores sirva de mediador para que podamos aclarar en el menor tiempo posible esta situación que también está incomodando a la población civil de la zona”, concluye.

En otro documento, los jefes de las autodefensas de Puerto Boyacá, escriben directamente a ‘El Alemán’ para pedirle que se detenga y que no invada sus territorios. “Señor comandante no nos explicamos los motivos y las intenciones que tienen usted y sus tropas para invadir una zona que está libre de la presencia guerrillera y que está siendo manejada política y socialmente por un grupo de autodefensas como los somos nosotros”, asegura el documento. (ver documento)

“Imaginamos que usted está siendo utilizado por personas inescrupulosas que aprovechan su buena voluntad y su deseo de lucha antisubversiva para así utilizar las tropas de las autodefensas para el cobro de venganzas personales que nada tienen que ver con el movimiento y la ideología de los grupos de autodefensa”, dice la carta.

El caso Carranza


En 2003 Víctor Carranza fue exonerado después de un largo proceso legal que inició en 1998 por los delitos de concierto para delinquir y secuestro. En esa ocasión el zar de las esmeraldas respondió por la conformación de un grupo de autodefensas que delinquió en los departamentos de Meta y César y el secuestro de un escolta del narcotraficante Leonidas Vargas.

La historia de las Autodefensas de Meta y Vichada (ACMV) se remonta a la primera mitad de los años ochenta, surgieron financiadas por un grupo de Boyacenses y Cundinamarqueses de origen esmeraldero que compraron tierras en el departamento del Meta y en el norte del Vichada.

Inicialmente este grupo se presentó como una organización local, independiente, campesina, y desligada del narcotráfico. Desde sus inicios, se apartaron de las AUC y del Bloque Central Bolívar, conformando un tercer bloque que se llamó Bloque Oriental, conformado por las Autodefensas de Meta y Vichada, y las Autodefensas del Sur del Casanare.

En un comienzo el grupo fue denominado por los mismos habitantes de los departamentos de Meta y Vichada como los ‘Carranzeros’ por su presunta relación con el esmeraldero Víctor Carranza y se les acusa de ser uno de los grupos paramilitares responsables por la masacre de Mapiripán. En el 2005 el bloque se desmovilizó bajo las órdenes de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’.

Lo paradójico del caso, es que según las declaraciones de ‘El Alemán’, mientras Carranza era exonerado por estos crímenes en un tribunal en Bogotá en el 2001, Castaño le ordenaba ingresar a Boyacá para proteger los intereses del empresario y un grupo de esmeralderos en ese departamento.

La justicia tendrá que comprobar si lo que dice ‘El Aleman’ y lo que parece deducirse de las cartas encontradas en la Usb de Castaño quiere decir que Carranza pudo haber estado involucrado en la financiación de la llegada de las Auc a Boyacá. Sería éste un delito nuevo porque el que sería juzgado. Del primero ya se le encontró inocente.

En versión libre el 23 de diciembre del 2008, ‘Guillermo Torres’, ex jefe del ACMV, respondió a la pregunta de una de las víctimas quien le preguntó por qué su grupo era conocido en el Meta con el sobrenombre de Carranceros. Después de evadir la pregunta, el fiscal de la Unidad e Justicia y Paz lo obligó a responder, entonces ‘Guillermo Torres’ negó haber recibido colaboración del empresario y manifestó que su bloque paramilitar jamás recibió soporte económico de zar de la esmeraldas: “Si hubiera tenido una patrón no habría tenido que financiarme con vacunas”, dijo.


Víctor Carranza y sus presuntos nexos con el paramilitarismo



La nueva denuncia hecha por el ‘Alemán’ abre una nueva página en la historia que presuntamente involucra al zar de las esmeraldas, Víctor Manuel Carranza Niño, con los grupos paramilitares. Su nombre apareció desde los primeros informes que elaboró el DAS en los años 80 (ver extractos) y también aparece referenciado en informes desclasificados de la CIA (ver informe).

El más reciente episodio de esta historia se inició el 10 de marzo de 1998 cuando un Fiscal de la Unidad Especial de Terrorismo profirió medida de aseguramiento contra Carranza Niño por el delito de organizar y conformar grupos paramilitares en el departamento del Cesar (Aguachica y San Alberto) y en el Meta (San Martín). El 4 de noviembre de ese mismo año la Fiscalía presentó la resolución de acusación como autor responsable de estos delitos.

A este proceso se le sumó la acusación de secuestro extorsivo agravado contra Roberto Prieto y Edgar Hernández quienes trabajaban para el desaparecido narcotraficante Leonidas Vargas.

En ambos casos la Juez quinta especializada del circuito, Patricia Ladino Gaitán, determinó absolver a Carranza en sentencia del 17 de febrero de 2003 . (ver extractos de la sentencia)

La justicia colombiana deberá determinar si estas nuevas acusaciones por conformación de grupos paramilitares en Boyacá servirán para iniciar un nuevo proceso judicial en contra de Carranza o si se trata de un montaje de los ‘paras’ para enlodar su nombre.



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19 mayo, 2009

Ex gobernador de Cauca Juan José Chaux, preso por 'parapolítica'

El Tiempo. Los señalamientos del jefe paramilitar Éver Veloza, 'HH', son la base fundamental de la orden de captura que un fiscal delegado ante la Corte Suprema dictó ayer en contra de Chaux Mosquera, ex gobernador del Cauca y ex embajador en República Dominicana.

Chaux fue uno de los políticos más mencionados por 'HH' en sus confesiones ante los fiscales de Justicia y Paz. Veloza aseguró que el controvertido político caucano habló con él --que tenía mando sobre los 'paras' del suroccidente del país-- y luego tuvo
una reunión en Urabá a la que asistieron 'pesos pesados' de las Auc como 'el Alemán', 'don Berna' y Salvatore Mancuso.

Chaux no niega esta última cita en Urabá, pero dice que fue a buscar a los 'paras' en una gestión humanitaria que tenía como fin la liberación de un familiar secuestrado. En las últimas semanas, sin embargo, la versión de 'HH' encontró respaldo en lo que empezó a contar 'El Alemán', que incluso mencionó a Chaux como 'representante político' del Bloque Calima de las autodefensas.

Chaux fue uno de los asistentes a la famosa cita del ex 'para' Job al Palacio de Nariño, el año pasado, y su presencia allí supuestamente buscaba crear un canal con 'HH' para que dejara de incriminarlo.

Los otros ex gobernadores enredados

Hernando Molina, del Cesar, espera el resultado de su juicio en un Tribunal Especializado de Bogotá. Trino Luna, de Magdalena, aceptó cargos por parapolítica y fue condenado a cuatro años de prisión, pero quedó libre apenas después de dos años. Y Jorge Anaya, de Sucre, está preso porque su elección habría sido pactada con los paramilitares del temido Rodrigo Mercado Peluffo, alias 'Cadena'.

Y Miguel Ángel Pérez, de Casanare, fue condenado por la Corte Suprema a siete años de prisión por arreglos con
los 'paras' de los Llanos. Lo propio pasó con Edilberto Castro, de Meta, que fue condenado a 40 años de cárcel por un homicidio de los 'paras'.

Libardo Simancas, de Bolívar, ha sido señalado por ex 'paras' como uno de los políticos que fueron favorecidos por las autodefensas. Y Libardo López, de Córdoba, habría hecho parte de un pacto burocrático con Salvatore Mancuso para entregarle dos secretarías a cambio de su apoyo en el 2003.



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17 mayo, 2009

Santa Marta, tercera ciudad con más desplazados

Hoy. La oficina de Población Vulnerable dentro del Plan Único Integral contempla la atención a esta población a través de Familias en Acción, Red Juntos, Unidad de Atención y Orientación al desplazado, UAO, y Atención Funeraria.

Durante el último año, Santa Marta llegó a constituirse en la tercera ciudad receptora del país de desplazados, después de Bogotá y Medellín, presentando igual situación que las otras ciudades, donde la mayor parte de la población se concentró en el sector urbano, en esta capital, la población se ubicó en barrios como 11 de Noviembre, Chimila, Divino Niño, Ondas del Caribe, Taironita, Fundadores, Luis Carlos Galán, Luis R. Calvo, Bonda, Los Cardonales, Altos de Bahía Concha, San Fernando, Nacho Vives, sectores alrededor de la vía férrea, entre otros.


Las víctimas de este fenómeno social son en su mayoría desplazados por la violencia, que se da por ataque directo para obtener propiedades y terrenos o por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, en busca de dominio de una zona o territorio.

De Bogotá, Antioquia y Santander, provienen los menores de edad y mujeres en su mayoría; de Bolívar, los afrodescendiente; y de la Sierra Nevada de Santa Marta, los indígenas. Todas estas personas se han visto obligadas a abandonar sus viviendas, tierras, cultivos, animales y cultura para salvar sus vidas y han establecido su lugar de residencia en las grandes ciudades, donde construyen sus casas en sitios de alto riesgo como los cerros y rondas hidráulicas, lo que les acarrea inconvenientes sobre todo en época invernal.
La oficina de Población Vulnerable de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, dentro del Plan Único Integral contempla la atención a esta población a través de los programas Familias en Acción, Red Juntos, Unidad de Atención y Orientación al desplazado, UAO, y Atención Funeraria.

Mediante el programa Familias en Acción, entrega subsidios a madres cabeza de familia para la nutrición o la educación de los niños menores de edad que pertenezcan al núcleo, pertenecientes al nivel 1 del Sisbén, en condición de desplazamiento o indígenas. El programa otorga un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de la familia. En educación, al garantizar la asistencia escolar de los menores y en salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a las citas de control de crecimiento y desarrollo programadas.

Adicionalmente, las familias tienen la oportunidad de mejorar condiciones básicas como la identificación, adoptando un sistema a través de entidades financieras para el pago de los subsidios a los beneficiarios. El valor total del subsidio en este Programa de Transferencias Condicionadas depende del grado de cumplimiento de los compromisos de corresponsabilidad, además incluye un proceso formativo.

La Red Juntos, que busca superar la extrema pobreza, es una estrategia de intervención integral y coordinada de los diferentes organismos y niveles del Estado, que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias en situación del Sisbén nivel 1 y de los desplazados, y pretende lograr que estas familias puedan generar sus propios ingresos de manera sostenible.

El objetivo del programa que se ejecutará en el Distrito, por medio de la corporación Minuto de Dios, incluye el acompañamiento familiar y comunitario, contribuirá en el acceso preferente a los programas sociales y servicios del Estado y fortalecerá el sistema de protección social local.

La Unidad de Atención y Orientación a la población desplazada, UAO, tiene como propósito atender de manera oportuna y efectiva a los afectados por el fenómeno, a través de este centro de servicio constituido en conjunto con la Red de Solidaridad Social, administraciones departamentales, municipales y distritales, Ministerio Público, Secretaría de Educación y Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, Cajamag, Ejército Nacional y las Organizaciones No Gubernamentales, ONG.


“Esta población viene a la oficina dentro del marco de un convenio entre la Alcaldía Distrital y una institución que se encarga de los procedimientos para atender ese tipo de situación. Existe un programa para la atención de ellos, que implica unas condiciones” aseguró Carlos Ortiz Ruiz, coordinador de Población Vulnerable.



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Amenazados defensores de los derechos humanos y la ACNUR en Colombia

AP. viernes, 15 de mayo, La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió el viernes sobre graves amenazas contra la vida de población desplazada, activistas de derechos humanos y funcionarios oficiales que trabajan con esa población.

Según Acnur, las amenazas, formuladas principalmente en panfletos, son de grupos armados irregulares, como ex paramilitares desmovilizados y que han formado nuevas bandas y se han producido principalmente en los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar, al norte del país.

Acnur "quiere advertir sobre la gravedad de las amenazas difundidas en los últimos días contra defensores de derechos humanos, funcionarios del estado y activistas sociales, incluyendo a líderes desplazados que defienden los derechos de sus comunidades", dijo la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

Las amenazas están dirigidas a líderes de población desplazada, a delegados del llamado Sistema de Alerta Temprana (SAT), de la Defensoría del Pueblo, así como contra funcionarios de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), aseguró Acnur en su nota divulgada en un correo electrónico. El SAT trabaja en los municipios recabando datos e informando sobre posibles ataques y amenazas de ilegales contra la población civil.

"Estas amenazas son sólo la última de una serie de esfuerzos de intimidación que se han producido en los últimos meses, que tienen como responsables a nuevos grupos armados ilegales y a otros grupos armados", añadió la agencia de la ONU.

Acnur, agregó el comunicado, "condena enérgicamente estos actos y expresa su profunda preocupación por el hecho de que los nuevos grupos ilegales que empezaron a operar en Colombia en los últimos años se están convirtiendo cada vez más en poderosos factores de desplazamiento forzado, en un país que ya tiene una gran población desplazada por la violencia".

Funcionarios de Acnur han dicho que hasta ahora no se han reportado asesinatos de funcionarios del SAT, de la Defensoría; o de Acción Social, pero sí que maneja datos de al menos 20 desplazados asesinados en 2008 a manos de grupos armados irregulares en distintas partes del país.

De acuerdo con la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), desde 1985 y hasta el año pasado aproximadamente 4,6 millones de colombianos --en un país de unos 46 millones de habitantes-- se han visto forzados a dejar sus regiones debido al conflicto interno. El gobierno mantiene un registro de al menos tres millones de desplazados.


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16 mayo, 2009

Víctimas de 'falsos positivos' murieron fusiladas.

EL Tiempo. 'Lo que ustedes plasmaron en el operativo contiene irregularidades que se manifiestan de manera evidente y grosera. Se puede determinar que hubo un montaje', dijo el fiscal del caso.
Jonathan Soto y Orlando Mesa fueron los dos jóvenes de Soacha que según el ente acusador fueron fusilados. El fiscal agregó que los uniformados habrían pagado dos millones 200 mil pesos por las dos víctimas.


La audiencia de ayer fue el segundo capítulo contra militares vinculados a la investigación por los falsos positivos de Soacha. El fiscal explicó que en esencia el modus operandi de las circunstancias que rodearon la desaparición de Soto y Mesa en Soacha, y luego su muerte en Norte de Santander, es igual al utilizado con las otras víctimas.

Según la Fiscalía, los reclutaron con falsas promesas, los trasladaron hacia la región de Ocaña, luego los detuvieron en un falso retén y después de muertos los presentaron como delincuentes dados de baja en un combate. Los nombres de los reclutadores, los enlaces y los militares que recibían a los jóvenes son los mismos: Alexander Carretero --testigo estrella y uno de los reclutadores-- Pedro Ágamez Díaz, Ender Obeso, Uriel Ballesteros y el soldado Dairo José Palomino.

La Fiscalía acusó por desaparición, homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad en documento y fraude procesal al mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa -quien era capitán para la época de los hechos-, al cabo Manuel Zorrilla Ágamez y a los soldados profesionales José Orlando González, Juan Gabriel Espinoza, Luis Alirio López y Kevins Alberto Jiménez Escalante, miembros de la Brigada Móvil 15.

Por su parte, la juez cuarta penal de garantías de Soacha (Cundinamarca), Alba Janeth Caro Forero, dictó medida de aseguramiento en contra de los seis uniformados.

Soto y Mesa desaparecieron el 26 de enero del 2008 y dos días después sus cadáveres fueron llevados a la sede de Medicina Legal en Ocaña.

Según el expediente por la muerte de los dos jóvenes, manejado por el fiscal 53 de Derechos Humanos, el sargento John Jairo Muñoz Rodríguez, reconocido como 'Pechi' por Alexander Carretero Díaz, declaró en la Procuraduría cómo habían sido ubicados los dos jóvenes.

Muñoz, expuso el fiscal, le pidió al sargento (Sandro) Pérez que le ayudara porque no había tenido buenos resultados operativos. 'Curso, si quiere le traigo gente que se le entrega a la tropa y se presentan como muertos en combates', reveló en su declaración Muñoz a la Procuraduría, sobre lo que le habría dicho en enero del 2008 el sargento Pérez.

El fiscal del caso expuso que Muñoz en su declaración dijo que habló del tema con el coronel Manuel Rincón, que al final le expresó que consiguiera dos personas y que le dejó en un sobre de manila dos millones 200 mil pesos. Un millón por cada una de las víctimas más lo de los viáticos.

Como en el caso de Fair Leonado Porras, que parece ser la constante en todos los episodios de los desaparecidos de Soacha, los militares adulteraron la escena del 'enfrentamiento' y consignaron falsos datos en sus informes sobre la operación de 'esas bajas'. Según la Fiscalía, acomodaron los cuerpos y les pusieron armas para que pareciera un enfrentamiento. 'Los impactos de bala de las víctimas son absolutamente incompatibles con lo que pudiera ser un combate', dijo el fiscal del caso que aseguró que de los que se trató fue de un fusilamiento.

En los reportes evaluados por la Fiscalía y por la propia inspección del Ejército se consignó el uso de 250 cartuchos. Sin embargo, uno de los soldados que participó en la supuesta operación donde murieron Jonathan Soto y Orlando Mesa explicó en su momento que había sido un combate que se prolongó durante '10 ó 15 segundos'.

A ello, se sumaron las versiones contradictorias suministradas por los uniformados, a cargo del mayor Blanco, en las indagaciones previas y las entregadas en el lugar de los hechos. Y las versiones que tienen similitud entregadas por cada uno de los uniformados, dice la Fiscalía, fueron manifestaciones 'mecánicas y robóticas', hecho que es un 'indicio de acomodamiento en la versión'. Los militares explicaron que uno de ellos había recibido un disparo en el chaleco en el mismo punto, entre otras versiones.

Estos militares enfrentan jurídicamente el caso más difícil dentro de los llamados falsos positivos. Y es que una de las víctimas, Jonathan Soto, era menor de edad, por lo que el fiscal del caso hizo hincapié que podrían no recibir beneficios a pesar tratar de llegar a un acuerdo posterior con la Fiscalía.


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15 mayo, 2009

Olof Palme

FUNAR.El 28 de febrero de 1986 Olof Palme despidió a su custodia temprano en la noche, y después concurrió junto a su esposa, aun cine céntrico en el transporte público del subterráneo. Después de la función, pasada las 23.15 horas, el matrimonio Olof y Lisbet Palme se despedía de su hijo y su novia en la puerta del cine "Grand", en el centro de la capital sueca, y se encaminó a la estación del metro cercana. Casi en la entrada al subterráneo, en la esquina de Tunnelgatan y Sveavägen, un desconocido se acercó por detrás y le disparó al primer ministro, a un metro de distancia, el primer disparo fue efectuado a las 23.21 horas, según registró la policía, que sólo llegó al lugar de los hechos varios minutos después.

La Fundación Ayuda al Refugiado, a querido brindarle un homenaje sincero y con mucho aprecio a un hombre como hay y ha habido pocos en los países que se conocen como del primer mundo. Olof Palme, un vikingo que recogió en su magnánima expresión el sentir de los pobres del mundo, de los desposeídos y discriminados

El Magnicidio de Olof Palme



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