El gobierno desaprovechó la primera oportunidad que se presentó para dar a conocer los detalles de las operaciones paramilitares durante los procesos de matriculación con la que las autoridades registraron a los desmovilizados—el único momento en que se entrevistó a todos los combatientes desmovilizados. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los fiscales que se ocuparon de este registro no tuvieron capacitación especial previa y utilizaron un cuestionario que no estaba bien preparado para sacar detalles sobre los delitos cometidos.11 El gobierno colombiano reconoció luego que el trámite “no tenía como objetivo lograr que los desmovilizados delataran a miembros de la organización, y menos que reconocieran los delitos cometidos”.12 De acuerdo con la CIDH, alrededor del 90 por ciento de las 28.000 personas procesadas no aportó “…datos relevantes sobre acciones ilegales desplegadas o crímenes cometidos por los bloques paramilitares a los que pertenecían”.13 La gran mayoría de los paramilitares simplemente se iba sin dejar ninguna confesión sobre abusos ni ninguna información sobre las estructuras de sus agrupaciones, actividades de narcotráfico, lavado de dinero y otras actividades delictivas.
La segunda oportunidad de conocer la verdad es con las declaraciones hechas por los paramilitares que, después de haber cometido delitos graves, pretenden acogerse
a los beneficios de la ley para tener una pena menor. Los paramilitares que pretendan ampararse en la Ley de Justicia y Paz deben hacer una declaración—confesión—sobre su participación en delitos. Las víctimas tienen derecho a participar en estas audiencias de confesión, pero su participación se ve limitada por la falta de información y el temor. Al menos quince de las víctimas que participaron en este proceso fueron asesinadas (ver recuadro en página
7). Según el abogado Alirio Uribe, “algunas víctimas recibían amenazas telefónicas
antes o después de una audiencia o se les acercaba gente sospechosa diciéndoles que no fueran a los llamados juicios de Justicia y Paz, o que si iban a las audiencias les iba a pasar lo mismo que le pasó a su familia”.14 El muy publicitado asesinato de Yolanda Izquierdo después de testificar en la audiencia del jefe paramilitar Salvatore Mancuso aterrorizó a muchas víctimas. Muchas veces, las víctimas no reciben una notificación a tiempo de estos procesos,que se realizan sólo en unos pocos lugares. Si bien se publican en Internet y en el diario nacional El Tiempo, las notificaciones no tienen mucha difusión por radio, que es el medio de comunicación más común en el campo, que es donde tuvo lugar gran parte de la violencia. La estrategia de difusión no tiene en cuenta que muchas víctimas fueron desplazadas de los lugares donde se produjeron los hechos de violencia.15 Además, muchas de ellas no saben el nombre del autor de los crímenes que padecieron, por lo que mal podrían saber a qué audiencia asistir.
E incluso las víctimas que sí participan tienen un acceso muy limitado al proceso; según un abogado de derechos humanos,la metodología es “terrible”.16 Las víctimas, que están sentadas en una sala distinta a la del fiscal y paramilitar, no pueden interrogar al acusado directamente. Tienen que entregar sus preguntas al fiscal de antemano. El fiscal puede optar por hacer o ignorar las preguntas, y a la víctima no se le permite cruzar palabra con el fiscal después de escuchar las respuestas para poder mejorar la contrainterrogación.
Aunque las víctimas supuestamente pueden recurrir a un defensor público, en la práctica la Defensoría del Pueblo no ha brindado representación suficiente. Un senador del partido pro-Uribe “La U”, Armando Benedetti, reveló en abril de 2008 que sólo 8.634 víctimas de las más de 125.000 que se habían registrado habían realmente participado en las audiencias de Justicia y Paz, y que sólo 10.716 habían tenido representación legal de la Defensoría del Pueblo. Con un plantel de 68 defensores públicos a disposición de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz, cada defensor público atendió a 815 víctimas. Además, de las 125.368 víctimas que se presentaron, solamente un poco más de la mitad, unas 69.027, fueron aceptadas por el gobierno.
17 Y lo que es más descorazonador, algunas audiencias se convirtieron en un triste espectáculo en el cual, el autor del crimen estaba rodeado de su propio público que lo aplaudía mientras las víctimas quedaban relegadas a los costados (ver recuadro en página 10). Según la misión observadora de la Organización de Estados Americanos, “En las audiencias, las declaraciones de los ex comandantes han tenido un sesgo claramente político. La misión observadora, que asistió a más de la mitad de las audiencias de declaraciones voluntarias, pone de relieve que muy pocas de las personas que declaran asumen su responsabilidad por hechos concretos, mientras que otras prefieren no divulgar los nombres o las instituciones involucradas, y otras dicen que se olvidaron”.
18 Y aún así, a medida que continuaban las audiencias, comenzaban a salir a la luz algunos pedazos de la horrenda verdad. Salvatore Mancuso confesó descaradamente haber participado en la matanza de 336 personas y dijo que tanto la policía como efectivos del ejército estaban aliados con fuerzas paramilitares. Pero, varios de los oficiales de alto nivel que nombró estaban muertos.Pero la limitación más grave para la búsqueda de la verdad es la falta de una comisión de la verdad. En la Ley de Justicia y Paz, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se le asignó la tarea de elaborar un informe público “sobre las razones de porqué nacieron y se fueron desarrollando los grupos armados ilegales”,
una escueta frase que hace de objetivo único del informe. Bajo la dirección del distinguido profesor Gonzalo Sánchez, este informe podría aportar un análisis esclarecedor de la violencia que asola a Colombia. Pero estará muy lejos de ser una comisión de la verdad, representativa e independiente, como se reconoce en el sitio web de la propia CNRR.
31 En el momento en que se mandaba a imprimir este informe, Estados Unidos extraditó a su territorio, en una sorpresiva decisión, a 14 cabecillas paramilitares, entre ellos Mancuso, Jorge 40 y Don Berna. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia adujeron, como razón de la extradición, la inobservancia de estos cabecillas de las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz. Esta extradición podría significarles condenas de prisión más largas que las que contempla la ley de Justicia y Paz. Pero, las organizaciones de derechos humanos, asociaciones de víctimas y varios fiscales involucrados en estos procesos están preocupados por la posibilidad de que esta controvertida decisión termine frenando los avances que se habían venido registrando en las audiencias de Justicia y Paz y, en particular, en las investigaciones de la Corte Suprema sobre la parapolítica.
El gobierno de Colombia tenía la opción de enviar a los cabecillas paramilitares que no hubieran colaborado al sistema ordinario de justicia donde pudieran pagar más caro sus crímenes de lesa humanidad—pero optó en cambio por exportarlos a Estados Unidos. “Justo cuando los fiscales locales estaban empezando a desenmarañar a red de vínculos paramilitares con prominentes políticos, el gobierno decidió sacar del país a los hombres que tienen casi toda la información”, comentó Human Rights Watch.
32 Esta decisión turba el proceso de Justicia y Paz. A los jueces y fiscales los tomó desprevenidos esta decisión de máximo nivel. Las acusaciones de EE.UU. tienen
que ver exclusivamente con el narcotráfico, por lo que el proceso judicial en EE.UU. no incluirá crímenes de derechos humanos. Aunque los gobiernos declamaban que los fiscales colombianos tendrían algo de acceso a los cabecillas paramilitares, que ahora están dispersados en cinco ciudades de Estados Unidos, en realidad no se elaboró de antemano ningún pacto específico para que los fiscales colombianos tengan realmente ese acceso, ni qué decir del acceso que podrían tener las víctimas y sus representantes. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió, “las extradiciones podrían debilitar las posibilidades de avanzar, en tiempo y forma, con la lucha contra la impunidad de los que cometieron graves violaciones a los derechos humanos”.
0 comentarios :
Publicar un comentario