LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 6

El Derecho al “Nunca Más”
Las asociaciones de víctimas y derechos humanos de Colombia no sólo hablan del derecho a la verdad, justicia y reparación, sino también del derecho a la “no repetición”. Esto significa el derecho de las víctimas a gozar de una garantía de que las violaciones no vuelvan a ocurrir nunca más. Vista desde este ángulo, la desmovilización paramilitar también fracasa.

El poder paramilitar está lejos de estar quebrado. La misión observadora de la OEA documentó la aparición de algo así

práctica paramilitar de amenazar a líderes sindicales, comunitarias y estudiantiles.
En algunas zonas, siguen recibiendo apoyo de integrantes de las fuerzas armadas colombianas. Hasta los pocos cabecillas paramilitares cómodamente instalados en
la cárcel de Itagüí, según una investigación de Semana, siguieron usando sus teléfonos celulares para “ordenar asesinatos, continuar traficando drogas y rearmar a sus hombres”.

Desde el comienzo del pacto de cese del fuego entre el gobierno colombiano y las fuerzas paramilitares en diciembre de 2002 hasta el 30 de junio de 2007, la Comisión Colombiana de Juristas lleva documentados al menos 3.530 asesinatos y desapariciones a manos de paramilitares (fuera de combate). Estos asesinatos y desapariciones, si bien están disminuyendo, dejan ver que muchos paramilitares no se han desmovilizado completamente (1.225 asesinatos y desapariciones entre julio de 2003 y junio de 2004, y 233 entre julio de 2006 y junio de 2007). Las guerrillas (FARC y ELN) que no se “desmovilizaron” y que no firmaron un pacto de cese del fuego con el gobierno, fueron responsables de 1.805 asesinatos y desapariciones de civiles durante casi el mismo período (julio de 2002 a junio de 2007). Los paramilitares, en un período de cese de fuego y desmovilización, mataron y hicieron desaparecer a casi el doble de civiles que las guerrillas, que aún estaban en combate activo.

El gobierno colombiano prefiere hablar de los nuevos paramilitares no en esta zona ya no había más grupos paramilitares, por lo que debemos haber estado inventándolo”.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) fue creada mediante la Ley de Justicia y Paz para resolver las necesidades tanto de las víctimas como de los combatientes desmovilizados. Cuenta “La reparación no se da con la mera entrega de un cheque o con la erección de un monumento, sino con el discurso publico oficial y la construcción simbólica que implican las expresiones materiales de la reparación.”

desmovilizados o rearmados como un problema de “grupos delincuentes”, pero esta definición minimiza la dimensión con que los grupos paramilitares siguen ejerciendo poder y cometiendo abusos. Según el International Crisis Group, “Si bien el sacar del conflicto a alrededor de 32.000 integrantes de las AUC ciertamente ha modificado el paisaje de violencia, existen cada vez más pruebas de que hay nuevos grupos armados que son más que las simples‘grupos delincuentes’ de las que habla
el gobierno. Algunos de ellos se parecen cada vez más a la próxima generación de paramilitares y requieren una respuesta más inmediata y más integral de parte del gobierno”.45 La insistencia del gobierno colombiano de que los paramilitares ya están en su mayor parte desmovilizados, en algunos casos hace aún más difícil conseguir protección o asistencia para las víctimas. Dijo un dirigente comunitario cuando intentaba conseguir ayuda para gente que había sido desplazada hacía poco tiempo por la violencia paramilitar, “El gobierno se negó, porque dijo que con 13 comisionados, cinco miembros elegidos por el presidente, de esferas ajenas al gobierno, dos representantes de asociaciones de víctimas y seis delegados del gobierno. La CNRR está a cargo de controlar y otorgar programas de desmovilización y reintegración a ex combatientes pero lleva invertida mucha más energía en cumplir con su mandato de asistir a ex combatientes que de prestar servicios directos a las víctimas.

La CNRR tiene varias responsabilidades para las víctimas y para proteger sus derechos a la verdad, justicia y reparación: informarles de sus derechos en el proceso de Justicia y Paz, registrarlas como víctimas, devolver tierras por intermedio de las comisiones regionales de tierras, informar a las víctimas dónde pueden recibir asistencia legal y psicológica, realizar actos simbólicos de reparación, propiciar proyectos de reconciliación y orientar a los organismos del Estado sobre cuáles son sus obligaciones de prestar servicios a las víctimas. La CNRR manifiesta que, en los dos años desde su creación, se ha ocupado de alrededor de 35.000 víctimas. Sin embargo, esta cifra incluye reuniones donde se les explica a las víctimas las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz o donde se les informa dónde pueden obtener servicios del gobierno—no tanto servicios directos. La ausencia de avances en el tema de las reparaciones y tierras deja a las oficinas regionales de la CNRR con muy poco por hacer.
Sin nada de qué ocuparse, según un eclesiástico de la zona de Sucre/ César, “las oficinas están pero no tienen ninguna función”. La lista de tareas que tiene asignada la CNRR es imposible de cumplir, en especial sin el apoyo de todos los correspondientes organismos de gobierno. Pero estas dificultades de logística se ven agravadas por el sabor amargo que dejó la falta de consulta con las víctimas y la sociedad civil acerca de la Ley de Justicia y Paz y la creación de la CNRR. La CNRR cuenta con la participación de algunas personalidades de la sociedad civil con sobresalientes actuaciones en el campo de los derechos humanos y la paz, como por ejemplo Ana Teresa Bernal, Regulo Madero y Patricia Buritica. Según un líder comunitario que trabaja en proyectos de reconciliación, “Son gente maravillosa—maravillosa. Pero el sólo hecho de que hayan sido elegidos por el Presidente erosiona la confianza que la gente les tenía”. El director de la CNRR, Eduardo Pizarro, aparece muchas veces como tratando de bajar las expectativas de conseguir verdad, justicia y reparación, en lugar de sentir su función como un deber de estimular a la sociedad colombiana a conseguir más. Y los actos de relaciones públicas de la CNRR en nombre del gobierno podrían debilitar su función de defensora de las víctimas. Por ejemplo, sin haber conseguido casi ninguna reparación o devolución de tierras, en abril de 2008 la CNRR se jactaba en su sitio en Internet que “…Colombia ‘rompería el record mundial de reparación a sus víctimas’ pues casos internacionales demuestran que el promedio de tiempo para empezar los procesos de reparación es, en promedio, entre 10 y 15 años”.50 Esta postura, y la manera en que el CNRR fue creado sin consulta amplia con las víctimas, llevó a algunas asociaciones de víctimas, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a decir: “El CNRR no nos representa”. Cuanto menos, la falta de independencia de la CNRR limita los valiosos servicios que podría ofrecer a las víctimas.