JusticiaLos funcionarios del gobierno colombiano alegan que el proceso de Justicia y Paz brinda más posibilidades de llevar a la justicia a los criminales que muchos otros procesos de paz anteriores. Y es verdad. Pero las organizaciones de derechos humanos argumentan que el castigo es mínimo aún en el caso de delitos de lesa humanidad y la forma en que viene planteándose hasta ahora tiene errores funestos. Aún no sabe la magnitud de justicia que aportará el proceso—pero no será suficiente.
El proceso posibilitó que la gran mayoría de paramilitares se desmovilizaran y reciban beneficios sin ningún castigo. Durante un año y medio mientras se estaban ultimando los detalles de la Ley de Justicia y Paz, los paramilitares al igual que las guerrillas se desmovilizaron en el marco
de la ley anterior sobre desmovilizaciones individuales y colectivas. Una vez en vigor, la Ley de Justicia y Paz permitió a todos los paramilitares que no tuvieran causas legales en su contra, siempre que no hubieran reincidido en sus crímenes, quedar libres de culpa y cargo y adherir a los programas de reintegración. Sólo aquéllos que tuvieran causas en trámite o que pensaran que sus crímenes serían descubiertos, buscaron las reducciones de sentencias dispuestas en la ley—un total de 3.127 paramilitares.
Para procesar a este pequeño subgrupo se presentan obstáculos enormes. En la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía hay solamente 23 fiscales encargados, cada uno de ellos con 3 a 4 investigadores y 2 a 3 asistentes legales. Desde sus sedes de Bogotá, Barranquilla y Medellín, tienen la función de cubrir todo el territorio nacional, incluso muchas zonas que siguen en conflicto. Se enfrentaron con el obstáculo de que existe una cantidad limitada de investigaciones contra paramilitares antes de la desmovilización. De los 3.127 paramilitares que pretendieron acogerse a los beneficios de la reducción de penas, la gran mayoría tiene todavía que terminar
sus versiones libres, y muchos de estos parecen haber desistido del proceso.
Según la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para el 19 de diciembre de 2007, la Fiscalía ya había recibido 1.057 declaraciones voluntarias, 941 de las cuales fueron cerradas pues los paramilitares desmovilizados no ratificaron su voluntad de acogerse a los beneficios de la ley, y no hubo ningún llamamiento a juicio. En esencia, hasta los paramilitares que en un principio pensaron que sus crímenes justificaban acogerse a los beneficios de la ley, ahora en cambio confían en las ineficiencias del sistema de justicia colombiano, apostando que terminarán no siendo procesados.
Y la extradición en masa de jefes paramilitares por los Estados Unidos plantea ahora nuevos obstáculos para tener justicia. Si bien sus consecuencias podrían ser mayores penas de prisión para los 14 jefes paramilitares, es posible que ponga en riesgo la posibilidad de hacer justicia
con sus crímenes de lesa humanidad y que complique el procesamiento de otros jefes paramilitares y de los políticos y oficiales militares que colaboraron con ellos. Una de las señales más visibles de los avances en el frente judicial son las exhumaciones de fosas comunes. Según la Fiscalía, al mes de abril de 2008, se llevan descubiertas 1.207 fosas con 1.452 cuerpos. Aún así, expertos forenses dicen que muchas exhumaciones se hicieron con métodos que no permiten obtener todas las pruebas posibles. Por ejemplo, el gobierno no trabajó cuidadosamente con los parientes de los desaparecidos para poder crear un buen registro de personas desaparecidas, y por consiguiente se perdió la oportunidad de identificar los cuerpos y poner algún tipo de broche de cierre para sus familias. Hasta la fecha, se han podido identificar sin lugar a dudas 169 cuerpos solamente.
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