LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES. parte 2

“Saltaron como liebres del sombrero del mago nombres
de empresarios, militares y otros cómplices de la barbarie paramilitar...”

María Teresa Ronderos

los límites y arrancar, aunque no sea reparación y justicia, al menos algo más de verdad de todo este proceso.
Los límites a la verdad que imponía el marco oficial comenzaron a trasponerse ya que muchos y diferentes protagonistas colombianos comenzaron a tirar de la tensa cuerda que la sujetaba. Alrededor de 125.000 personas intentaron registrarse como víctimas en distintos organismos del gobierno. Grupos de víctimas, muchos de ellos denunciando a viva voz el proceso oficial, comenzaron a realizar sus propias audiencias por la verdad, a simular juicios y crear catastros alternativos de tierras robadas. Las organizaciones de derechos humanos se abalanzaron sobre los obstáculos que impiden obtener justicia mediante la ley de desmovilización, y redoblaron sus esfuerzos para documentar nuevos abusos perpetrados por los militares y el re-armamento de grupos paramilitares. Los periodistas publicaron casos de investigación y reflexivas columnas de
esclarecedora… como para que este año pase a la historia como aquél en el que se empezó a descubrir la verdad”.

3 El proceso oficial
En 2003, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con los jefes de la agrupación paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En ese acuerdo, el gobierno prometió no procesar a integrantes paramilitares exclusivamente por el hecho de pertenecer a un grupo armado ilegal y a fijar penas menores para aquellos paramilitares que habían cometido delitos graves. En julio de 2005, el Congreso colombiano sancionó la Ley 975, también conocida como la ley de “Justicia y Paz”.

Esta ley permitía a los combatientes desmovilizados que hubieran cometido delitos, peticionar los beneficios de la ley, entre los que se incluían penas menores. La pena máxima, aún en el caso de los crímenes más brutales de lesa humanidad, era de ocho años. La ley permitía que a las penas también se les descontara el tiempo que se pasaba en zonas pre-establecidas donde se reunían los paramilitares durante el largo período de negociación. Los paramilitares que pretendan acogerse a los beneficios de la ley tienen que pertenecer a un grupo que se haya desmovilizado, aportar información sobre activos obtenidos en forma ilegal, entregar soldados
menores de edad, liberar secuestrados, dejar de interferir con el libre ejercicio de los derechos políticos y abandonar otras actividades delictivas.

La ley creó una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) con el supuesto objetivo de garantizar los derechos de las víctimas y propiciar la reconciliación, pero lejos estaba de ser una comisión oficial de la verdad.

La Ley de Justicia y Paz fue duramente criticada por organizaciones colombianas
e internacionales de derechos humanos por legislar impunidad. La Comisión Colombiana de Juristas declaró que la ley no significaría “ni justicia ni paz”.
El director de Human Rights Watch Americas, José Miguel Vivanco, dijo que “era una burla a los principios básicos de derechos humanos”. Detrás de estas críticas estaba la enorme duda de que
la desmovilización paramilitar sea una farsa, y que los paramilitares continuarían asesinando, amenazando, narcotraficando y desplazando a la gente de sus tierras. El reclamo de una justicia más rigurosa se debía no sólo a una noción abstracta o ideal de justicia sino del temor de que sin justicia, la violencia terminaría inexorablemente instalándose.

Las organizaciones colombianas de derechos humanos cuestionaron la constitucionalidad de la ley. El 13 de julio de 2006, la Corte Constitucional declaró
que la ley era constitucional pero estableció importantes pautas para su aplicación. La corte aclaró que las sentencias alternativas eran aceptables pero que no se les podía descontar también el tiempo insumido por las negociaciones. Amplió los plazos que tenían los fiscales para investigar
delitos cometidos por ex-combatientes que pretendían acogerse a los beneficios de la ley. Y como aspecto de gran significación, estableció mayores incentivos para que los paramilitares dijeran la verdad, negándoles los beneficios de la ley toda vez que luego se descubra que alguno de ellos había mentido. Dispuso que los paramilitares tendrían que pagar las reparaciones a las víctimas, nosólo con los activos que hubieran obtenido ilegalmente, sino con todos sus bienes. Finalmente, dispuso un mayor acceso a las actuaciones para las víctimas.4 Si bien la sentencia de la Corte Constitucional fue bien recibida por las organizaciones de derechos humanos tanto dentro como fuera de Colombia por las posibilidades que abre para mejorar la aplicación de la ley, el poder ejecutivo parece no estar de acuerdo con instrumentar la decisión de la Corte en su total magnitud.

5¿Cuál ha sido hasta ahora el aporte hecho por el proceso de Justicia y Paz en defensa, como lo prometió, de “los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”?


Verdad
Si bien el marco oficial ofrece más oportunidades de justicia que muchos procesos de paz, también brinda menos garantías para la verdad. Lo que es más notable es que no hay ninguna previsión de crear una comisión de la verdad con gente independiente (como las comisiones de la verdad auspiciadas por la ONU). Esto tiene serias consecuencias, especialmente por la posibilidad de revelar las conexiones que existían entre los paramilitares y las autoridades del gobierno, legisladores, fuerzas de seguridad, y miembros de la elite empresarial. La verdad que está asomando viene más por otros caminos—la Corte Suprema, los medios de prensa, las víctimas—que por el esquema de Justicia y Paz.