ReparacionesEn tanto el proceso de Justicia y Paz ha generado algunas oportunidades de tener verdad y justicia, las reparaciones son nulas hasta la fecha. Como condición para su desmovilización, los paramilitares deben informar los activos obtenidos ilegalmente. Estos activos supuestamente deben canalizarse hacia un Fondo Nacional de Reparaciones administrado por la CNRR. Pero hasta los paramilitares considerados inmensamente ricos se declararon pobres.
El temido jefe Don Berna, quien según se dice dirigió las actividades ilícitas de Medellín con puño de hierro, declaró: “Soy dueño de una casa en Medellín, de una finquita y de algunas cabezas de ganado”.
Los fiscales de Colombia no han intentado hasta ahora presionar a los paramilitares para que cumplan con este requisito básico de la ley—hasta el día de hoy, apenas un poco más de doce personas han devuelto alguna propiedad.
Aunque se cree que los paramilitares consiguieron, mediante la violencia, extorsión y narcotráfico, enormes riquezas, entre las que estaría gran parte de las 5 a 6
millones de hectáreas de tierras robadas a las casi 4 millones de personas desplazadas del país, esto es lo que se ha devuelto al Fondo Nacional de Reparaciones:
predios rurales con una superficie de 5.439 hectáreas, 7 lotes urbanos, prendas de
vestir, 4.666 vacas y caballos, 8 vehículos, 2 helicópteros, 739 millones en efectivo, 70 pares de zapatos y un televisor en mal estado de funcionamiento.
Pero a las víctimas se les ha devuelto aún menos en realidad. Para obtener reparaciones económicas, ha sido la víctima quien ha tenido la carga de la prueba. La víctima tendría que saber quién fue el autor del crimen y aportar
pruebas de lo que le hubiera sido robado, incluso entregar el título de dominio de sus tierras, lo que de por sí excluiría a muchos agricultores pobres que trabajan desde hace décadas en sus tierras sin tener ningún título válido.
La Ley de Justicia y Paz no define con claridad las reparaciones, sólo dice “El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización,rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas”.
La ley contempla reparaciones económicas y simbólicas, individuales y colectivas. Deja abierta la posibilidad de que los programas sociales del gobierno puedan ser considerados reparaciones, un concepto criticado por el Procurador General y la CIDH como una licencia dada al gobierno de rotular de reparaciones a las prestaciones mínimas que ya tenía la obligación de brindar a sus ciudadanos.
El gobierno colombiano anunció que los desmovilizados podían participar en proyectos productivos en beneficio de ellos mismos, de los desplazados y de otros pequeños agricultores—y que esto constituiría una reparación. Esta posibilidad horrorizó a las asociaciones de víctimas, quienes la criticaron diciendo que era un plan de reconciliación forzosa que obligaría a los desplazados a convivir con sus victimarios y a depender de ellos.
Reconociendo que el plan de reparaciones financiado por los paramilitares estaba en
un punto muerto, el gobierno colombiano emitió un decreto para que las reparaciones sean concedidas “administrativamente”.
Esto quiere decir que el gobierno dará reparaciones en forma directa en lugar de recurrir para ello a los tribunales, y que los recursos vendrán principalmente del presupuesto del gobierno y de donaciones internacionales, y no de las ganancias mal habidas de los paramilitares.
Las organizaciones de derechos humanos y víctimas criticaron este plan, planteando una serie de objeciones. En primer lugar, el decreto beneficiaría a las víctimas
de la violencia paramilitar y guerrillera, pero excluye específicamente a los que fueron perjudicados directamente por el Estado, como los familiares de los civiles asesinados por el ejército. En segundo lugar, no está vinculado de manera integral a un proceso de verdad y justicia. “La experiencia nos enseña que la reparación no se da con la mera entrega de un cheque o con la erección de un monumento, sino con el discurso publico oficial y la construcción simbólica que implican las expresiones materiales de la reparación”, comenta Catalina Díaz del Centro Internacional para la Justicia de Transición. Si bien muchas víctimas de escasos recursos sin duda aceptarán una reparación económica, aunque sea insuficiente, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresó su preocupación por el hecho de que,
si las reparaciones no se vinculan con esfuerzos sistemáticos de llegar a la verdad
y justicia, “un programa de reparaciones administrativas puede terminar siendo una herramienta utilizada para intentar comprar el silencio de las víctimas”.
El problema más palmario que presenta esta solución administrativa es que admite tácitamente que los paramilitares no devolverán los millones de hectáreas de tierra que consiguieron por medio de la violencia. Desde el comienzo, la Administración Uribe se mostró reticente a la idea de que las reparaciones incluyan la devolución o una compensación por las tierras robadas. Asociaciones de víctimas y desplazados reclamaron con firmeza que los casi 4 millones de desplazados colombianos están entre las principales víctimas del conflicto, y que la restitución debe incluir las tierras. A ellos se les unió la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, quienes instaron a los organismos de gobierno a reconocer la responsabilidad que le cabe al Estado por la devolución de las tierras así como de asistir a los desplazados. Aunque después de muchas presiones el gobierno aceptó incluir a los desplazados como víctimas con derecho a reparación, recibirán sumas menores a las de otras víctimas, que para nada se acercan al valor de las tierras que perdieron.
El gobierno colombiano hizo muy pocos intentos para siquiera identificar, mucho menos
devolver, las enormes cantidades de tierras que fueron apoderadas por medio de la violencia. Según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), durante
la Administración Uribe, se devolvieron a 4.653 familias 54.565 hectáreas de tierra (de las alrededor de 5 millones de hectáreas que se le robaron a los más de 4
millones de desplazados).
En febrero de 2008, el Congreso sancionó un proyecto de ley presentado por el poder ejecutivo, que simplificaba el trámite de legalización de tierras que hubieran estado en poder de personas por más de cinco años. En cualquier otro contexto más pacífico, una propuesta similar de legalización de tierras a favor de pequeños agricultores sería progresista—en América Latina, muchos minifundistas todavía explotan sus tierras sin ser dueños de ellas. Pero en la conflictiva Colombia, esos cinco años coinciden con el período de expansión paramilitar y expulsión violenta de pequeños agricultores y poblaciones afro-colombianas e indígenas de sus tierras. Dada la ventaja de poder con la que cuentan los paramilitares desmovilizados
sobre los agricultores pobres, representada por amenazas, mayor acceso a recursos y asesoramiento legal, incluso con salvaguardas en la ley para excluir tierras tomadas por la fuerza, es probable que esta ley termine ayudando a los paramilitares a legalizar las tierras que robaron.
La extradición en masa de los jefes paramilitares también dejó flotando la pregunta de qué pasará con las tierras robadas por los paramilitares. ¿Restaría aún más los ya pocos incentivos que como 22 grupos armados ilegales, como producto del “reciclado” y reagrupación de los paramilitares en unidades nuevas y más pequeñas, pero todavía mortales. Estos grupos, con una composición estimada de entre 3.000 y 9.000 miembros, están apoderándose de las rutas del comercio de drogas, operaciones de lavado de dinero y actividades de extorsión. Si bien muchos de estos grupos nuevos o reciclados se dedican a actividades criminales, algunos de ellos, como los que llevan el nombre de “Águilas Negras”, continúan con la El temido jefe Don Berna declaró: “Soy dueño de una casa en Medellín, de una fiquita y de algunas cabezas de ganado.”
tienen estos paramilitares para declarar las propiedades que robaron? ¿Será que el proceso en EE.UU. permitirá que se realicen investigaciones sobre estas propiedades y la devolución de estas tierras a los desplazados?
Lo que sí está claro es que: Cerca de tres años después de la sanción de la Ley de Justicia y Paz, las reparaciones han sido prácticamente nulas y las devoluciones de tierras, casi inexistentes.
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