Maria la tragica Historia de una Mujer Refugiada. Parte 3

FUNAR. 28 de Noviembre del 2008
TERCERA PARTE
LOS VICTIMARIOS SE DEJAN CONOCER

Maria y Jesús se habían relajado un poco en la quietud de la casa de la familia Guarepe, Después de comentarles los últimos detalles de lo acontecido. Estábamos agotados y nos disponíamos dormir, pero Jesús recordó que por haber salido estrepitosamente había dejado la cartera con todos sus papeles y todo el dinero que cargaba con el en la casa de la Sra. Yelitza, tenia que ir a buscarlo temía que forzaran la cerradura y sustrajeran lo de valor. Fue cuando disidió ir de regreso a buscar sus pertenecías. Se lo comunico a Maria y a Guarepe, los 2 Maria y Guarepe Le dirían que tuvieran mucho cuidado y saliera inmediatamente. Jesús bajo la escaleras rápidamente, cambiando el acostumbrado trayecto se adentro por una ruta distinta que lo llevaba al mismo lugar.

El reloj marcaba las 8:30 de la noche. Cuando fuertemente como si la golpearan con la mano abierta fue Tocada repetidamente la puerta que permite la entrada al conjunto de tres 3 apartamentos en donde vivía el señor Guarepe

El señor Guarepe como es costumbre salio afuera del balcón y asomo el rostro volteo hacia donde estaba Maria y antes de bajar las escaleras que conducen al portón le dijo en tono de advertencia pero con una serenidad escalofriante “Maria no vallas a salir, pilas escóndete abajo están los 2 guardias, boy a ver que quieren”.


Guarepe bajo las escaleras, mientras el corazón de Maria brincaba por salirse del pecho.
La familia Guarepe se encontraba toda reunida sus 2 hijos, su esposa. Sin abrir las reja que anteponía en la entrada, Guarece les encaro “Digan”, “Venimos por la señora Maria y el señor Jesús, sabemos que ellos se encuentran aquí…hágalos bajar”.
Guarepe les dijo que ellos habían llegado por la mañana y se fueron al poco tiempo, les reclamo que se Iván a meter en un problema y dejaran a esa familia tranquila, ellos no les han hecho nada. Dejaron ver sus armas y reclamaron airadamente, dejando en el mayor asombro y estupefacto a Guarepe, cuando escucho lo mas absurdo de su vida de boca del distinguido Flores y su acompañante “Maria se había robado el niño de la maternidad palacio y Jesús era un peligroso guerrillero que debían entregar a alguna gente que lo pedía”...

Su agresividad Iván en aumento, amenazando sutilmente al señor Guarepe con salir perjudicado, si no colaboraba con ellos si no confesaba donde estaban. Pero Guarepe se mantuvo firme y siempre negó que tuvieran ahí, y tampoco sabían donde estaban.

Jesús no imaginaba siquiera lo que sucedía en la casa del señor Guarepe, ni mucho menos que estando ahí su vida estaba corriendo peligro, como no estaba seguro quienes eran sus amenazantes, subestimo totalmente la situación. Pero en ningún, momento le quitaba los ojos de encima a la Sra. .Yelitza, quien caminaba de la puerta hasta la sala con el celular en la mano , algo pasaba y fue cuando recibió una llamada de Guarepe que desaforado salido de su acostumbrado calma le exclamaba “ Jesús sal rápido de ahí, lo guardias estuvieron aquí, rápido acaban de irse y de seguro van para allá, apúrate están armados” atónito Jesús le respondió “ pero como así, no entiendo por que no vienen por mi aquí”, “ no hables mas y sal rápido aquí te explico”, fue cuando Jesús comprendió que esa era la aptitud sospechosa de la Sra. Yelitza cuando caminaba con el celular en la mano hasta la entrada de la casa, como esperando a alguien. A grandes zancadas cargo lo que había venido a buscar y salio lo mas rápido que pudo , ni siquiera alcanzo a escuchar lo que le decía la Sra. Yelitza, solo sabia que tenia que encontrarse con su mujer y su pequeño hijo y mantenerse vivo por el gran amor que sentía hacia ellos.

Después de ese día las cosas cambiarían para Jesús y Maria, ellos sabían que sus vidas corrían peligro que tenían que buscarle una solución inmediata que garantizara su seguridad. Ellos sabían que el peligro aumentaba al ser estas personas miembros activos de la Guardia Nacional, que demostraban por sus palabras claros indicios de estar relacionados con elementos paramilitares en Venezuela.

Jesús se presento ante la Comisión Nacional del Refugiado en la ciudad de Caracas, en donde narro lo acontecido y pidió su protección. La Comisión tomo nota atenta de todo lo relatado por Jesús, pero les dijo que ellos no podían garantizarle sus vidas, y se dirigiera ante el órgano competente, El Ministerio Publico.

La Denuncia no fue Colocada ese día ante el la gran cantidad de denunciantes que colmaban los cupos, fue al día siguiente ante el Fiscal 83 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas Abg. Elvis José Rodrigues Molina. Causa N. FS-ANC-VAV-8827-06

Quien en forma decidida invoco una medida de protección lo mas pronto posible ante la gravedad de los hechos.

Ante de una semana la familia Jesús, Maria y su bebe se encontraban ubicado en una casa en la Parroquia sucre, en el barrio Manicomio, era una humilde habitación que por el momento le garantizara un poco de tranquilidad.

El Guardia creyendo que estaban todavía en ese lugar Jesús y su familia, continúo con sus acosos y asecho frente a la casa de la familia Guarepe.


LA PERSECUCION SE INTENSIFICO


Pasarían unos meses y el Guardia continuaba con su persecución, en el hotel 19 millas se presentarían junto a 4 supuestos policías Colombianos, quienes abordaron a la dueña del hotel como parte de la autoridad, pidiéndoles a ella que cuando nos viera se comunicara con ella al mismo teléfono que usaba para amenazarnos.
La dueña del hotel llego a sentir afecto hacia nosotros, fue en su hotel en donde Maria sintió los dolores que traería al mundo a sus hijo. Ella muy dolida dijo que si la necesitaban declaraba en contra de estos sujetos.

Ese día cuando nos enteramos de los últimos pasos del guardia en busca de nosotros, Maria, cayo en un ataques de nervios que empeoro su estado de salud. Se presento ante las autoridades competentes solicitando hacer efectiva la medida de protección que un mes antes había sido aprobada y una detención a las intenciones criminales del Guardia Nacional y sus cómplices. Esto denuncias se realizaron a partir del día 11 de Julio del año 2006, ante la Dirección de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario de la Guardia Nacional quien dirige el Coronel Iván Duran, quienes a pesar de su colaboración nunca en las tres ocasiones en que se presento Maria y Jesús nunca tuvieron acondicionado el programa y mucho menos una habitación o libro donde estuvieran todos los rostros de los Distinguidos implicados.
La denuncia de la misma forma fue nuevamente presentada ante el Fiscal 83 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas Abg. Elvis José Rodrigues Molina. Causa N. FS-ANC-VAV-8827-06;
Fue presentada Ante la Dra. Janeth Jerez de la Defensoria de asuntos Internacionales quien elaboro un informe detallado con todos los pormenores del caso, ante la Dra. Yixci Bezada de la Defensoria delegada del área metropolitana, quien en una ocasión acompaño ante las dependencias de recursos humanos de la Guardia Nacional a Maria y constato como después que los Coroneles Iván Duran y Walter……llamaron al numero de Celular de donde provenían las llamadas amenazantes le respondió al otro lado de la línea un oficial de la misma Guardia Nacional quien dijo encontrarse en el área de Armamentos de esa dependencia.

“Los nuevos acontecimientos nos sumió en una especie de sopor ante la poca acción de algunos órganos de control encargado de nuestra adaptación y integración, pero a la vez nos lleno de mayores requisitos y compromisos con la salud, el crecimiento y la vida de nuestro bebe y las nuestras”, nos decía Maria

Se redujo drástica mente el desplazamiento por la ciudad limitándolos solo a asistir ante las autoridades en materia de refugio y a la consecución de los pocos alimentos que estaban consumiendo.
Si no hubiera sido por la ayuda económica de algunas instituciones y de José el hermano de Jesús, esta historia hubiera tenido un final dramáticamente trágico
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Maria la tragica Historia de una Mujer Refugiada

FUNAR. 24 DE NOV. 2008. En Colombia existen miles de casos de personas que tuvieron que abandonar sus familias, patrimonios, toda una vida de trabajo ante las agresiones del estado los paramilitares o la guerrilla. Nosotros después de evaluar exhaustivamente decidimos publicar al mundo la historia de una familia desplazada compuesta por la madre, el padre y el hijo nacido en la República Bolivariana de Venezuela, quienes huyeron de su país de origen Colombia, después de ser victima de un atentado criminal por parte de un grupo paramilitar de la costa norte y en donde casi le cuesta la vida al padre.

Si algo nos preocupa a nosotros es la necesidad de que exista una política mundial de los entes de control que están ligados directamente con el problema del desplazamiento y el refugio en países como Venezuela, es que se evalué y corrija los errores que se pueden cometer con un refugiado, que de alguna u otra forma se ha visto tristemente condenado a sufrir interminablemente las razones que lo obligaron a buscar refugio en el país que lo acogió y a no recibir una solución definitiva a situaciones de alto riesgo para su seguridad.

Sus nombres por el momento, han sido cambiados por seguridad de las victimas.



PRIMERA PARTE

EL INICIO COLOMBIA

"El sol había salido resplandeciente, y la brisa que es común en esta época del año blandían los árboles con el fragor y la delicadeza de lo que te acaricia y no lo ves. Era un día cualquiera del mes de diciembre del año 2.005, Jesús Martines (Padre) había llegado temprano a su casa, después de una jornada de trabajo social en la elaboración de proyectos y denuncias, al accionar criminal de grupos paramilitares en la ciudad. Jesús se había desmovilizado ya hacia 13 años de un movimiento alzados en armas en el año de 1.993 de nombre Corriente de Renovación Socialista, (CRS). En donde fue unos de los encargados del manejo político y estudiantil del movimiento insurreccional en la ciudad de Santa Marta. Cuando le preguntamos.

¿Porque se desmovilizó? "la lucha armada después de la caída de la Unión Soviética Habia hecho un daño al animo y a la extrategia por el poder de grupos de Origen urbano como la C.R.S. los que militábamos mas que todo en lo político, fue la desicion mas dificil de tomar de toda mi vida ya que mi orientacion Politica seguia siendo el mismo Revolucionario de Siempre,  y adicional a eso sabiamos que entrariamos a la fauces del enemigo  aun con los avances logrados en el campo politico con la  con la constitución del /91, El Esatdo y los Grupos Paramilitares continuaban con la violencia y la guerra sucia".

Jesús junto a su esposa Maria Jiménez habían presentados varios proyectos social productivos lo cuales resultaron exitosos, se encontraban trabando en la cría de TILAPIA en cautiverio y en la extracción de la barita para fines comerciales, antes de las razones que lo obligaron a pedir refugio en otro país.

Jesús pertenecía a una asociación de nombre ASOPROPAZ, en la cual estaban aglutinados gran parte de los desmovilizados de las guerrillas de los /90 en Colombia, y en la cual se ejecutaban proyectos, se denunciaban las violaciones a los derechos humanos por parte de los actores en conflicto y se luchaba para que se respetaran y cumplieran los acuerdos y compromisos firmados de ambas partes.

La Familia Martines Jiménez empezaron a recibir amenazas de los “Chamizos” y de la Urbana, grupos paramilitares concentrados en el mercado público y el barrio 11 de noviembre, que estaban al servicio de Adán rojas y Hernán Giraldo en la ciudad de Santa Marta para el cobro de Vacunas, Extorsiones, Amenazas y Asesinatos.

Por su trabajo social de denuncias y alternativo se le empezó a amenazar con darle “Chumbimba”, como muchas veces le decían. Las amenazas se hicieron cada vez más latentes, violentas hasta presionarlos a un desplazamiento interno que cubrió 3 ciudades de la costa norte de país durante cerca de 3 meses.

Como sucede siempre las condiciones de desadaptación y económicas, como el de creer que estos grupos ya habrían desistido de sus intenciones al encontrarse en diálogos con el gobierno para una desmovilización, decidieron volver a la ciudad en donde tenían todo su trabajo su familia y patrimonio. El 13 de diciembre después de una reunión con unos compañeros de Asopropaz para la evaluación de unos proyectos Jesús fue victima de un atentado criminal en donde el evito por reacción a que una bala disparada por un sicario impactara su cabeza alojándose en una pierna, herida que lo obligo a permanecer en atención medica en la clínica del prado de la ciudad y también lo obligo a pedir refugio el 14 de diciembre, en Venezuela. Jesús partió solo dejando a Maria al cuidado de su familia debido a su estado de ingravidez que requería cuidados y atención especial por ser un embarazo riesgoso.



EL DESPLAZAMIENTO HASTA VENEZUELA

Jesús recuerda que en el largo viaje que lo llevo destino a la capital de Venezuela y por consiguiente al exilio, tubo que vivir momentos de mucha angustia en el trayecto entre Santa Marta y Maicao, sitio que lo separaba de muy pocas millas del lugar en donde un día antes en Curumani, Cesar el Jefe Paramilitar y criminal de Guerra, Jorge 40, había perpetrado el horrendo crimen de masacrar a 40 Indefensos labriegos, cuando se iniciaban los diálogos de Ralito.

Acompañado de un sobrino al que llamaremos Luís Camilo, el que se vio fuertemente afectado a raíz de los hechos ocurridos. Iniciaron la dura travesía de pasar la frontera por el norte de Colombia en el departamento de la guajira más exactamente la población de Maicao. durantes horas esperaron los "carritos", que ha diario introducen ciudadanos colombianos indocumentados hasta Maracaibo y otras lugares de Venezuela, este negocio se ha convertido en un cartel muy parecido al de la gasolina "todo se hace con la complicidad de algunos efectivos de las autoridades del lugar y cabe la pregunta si ya llego el momento de tumbar las paredes que dividen a nuestros pueblos, nuestra cultura nuestras familias y facilitarnos la salida y entrada de los nacionales de ambos países, en camino a una mayor integración.

Bs.F. 200 costo el pasaje hasta la ciudad de Maracaibo teniendo que vivir en la travesía la terrible experiencia de una deportación que por muy poco se da hasta que hizo la aparición el señor dinero, el conductor del vehiculo que los trasportaba, que de soborno en soborno los llevo a puerto seguro en la ciudad de Maracaibo.

LA LLEGADA A MARACAIBO

En la ciudad de Maracaibo lo esperaban dos asistentes de la Cruz Roja Venezolana, Marisol Correa y otro joven que se encargo de hacerles las curaciones de la herida que traía Jesús, y que se les escapo su nombre del la memoria escrita y mental. Estas personas ya estaban enterados de los pormenores del caso por medio de "Pedro",("Nombre cambiados por seguridad") hermano mayor de "Jesús", por medio de contacto telefónico, y quien se encuentra exiliado en la ciudad de "Umea", ciudad al norte de Suecia, desde hace ya casi 4 años, acogido por la figura de un "Reasentamiento" junto con sus esposa y sus 3 hijos.

La Oficina técnica de los refugiados en cabeza del Dr. Humberto Ortiz y la Dra. Iliana Paez, junto con la Cruz Roja y en especial Justicia y Paz del Episcopado. Dirigida por la Dra. Neibis Rodrigues, schelesia y Luzmila, Realizaron una excelente labor de atención en todo lo que ellos podían y necesitara, dejando una grata impresión en Jesús. Aun así el sabia que estando tan cerca de la frontera su vida seguía corriendo mucho peligro evidenciándose días posteriores en seguimientos y movimientos sospechoso por parte de un individuo desconocido. Esto evento tan rápido apresuro su nuevo desplazamiento hacia el interior del país, hacia Caracas.



EL ENCUENTRO CON LA GRAN URBE - CARACAS

La gran Urbe sedujo con su majestuosidad e implacable dinamismo, a Jesús. Las grandes Avenidas con sus enormes edificios eran envueltos entre la gran cantidad de gente que se movían en su entorno. Eran miles, millones de personas caminaban o corrían de un sitio a otro, en sincronía con sus labores cotidianos. Jesús jamás había visto en su vida tanta gente junta y creyó que en ese lugar seria más difícil hallarlo.
Era el 10 de Febrero del año siguiente a su llegada a Venezuela, habían pasado casi 2 meses lejos de su país y su familia se presento ante la Comisión Nacional del Refugiado, a censarse y solicitar el estatus como refugiado. Jesús sintió que había un gran sentido de solidaridad, entre el y los funcionarios quienes se encargaron de su caso, quienes expresaron en todo momento su deseó vehemente de solucionar cuando antes su situación jurídica y legal en el país debido a la gravedad de su caso, invocando la ley orgánica del refugiado LORRA. LEY…
Artículo 1°. Con sujeción al presente Reglamento, será reconocida como refugiado en la República Boliviana de Venezuela, toda persona a quien la Comisión Nacional para los Refugiados reconozca tal condición, en virtud de haber ingresado en el territorio nacional debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política y, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad, no pueda o no quiera regresar al país donde antes tuviera su residencia habitual.
Durante un tiempo largo Jesús se presento periódicamente ante la ACNUR, la Comisión Nacional de los Refugiados y otros entes que protegen los derechos humanos. En la ACNUR su caso fue evaluado primero por el DR. Vincet ciudadano de origen francés, y posteriormente la DRA. Maria Gabriela asumió el curso de la investigación. En el caso de la Comisión Nacional del refugiado la Dra. Liliana Gómez, se apersono del caso apoyando el uso de prorrogativas especiales que permitieran garantizarle a Jesús una pronta y satisfactoria respuesta. Entre mucho de los documentos o pruebas que a Jesús se le solicito y que el aporto estaba el que una organización al cual el perteneciera otorgara un aval que cristalizara en transparencia su procedencia ideológica, esto se justificaba ante la penetración de grupos paramilitares que era objeto Venezuela. En todo caso ASOPROPAZ, cumplió ante el organismo rector enviando por fax 2 de Marzo del 2.006, un documento y un comunicado ante la opinión publica señalando que Jesús Martines había salido hacia el exilio de Colombia, después de un atentado en contra de su vida por parte de grupos Paramilitares, y exhortaba a todas las instituciones de carácter humanitario auxiliar y proteger a Jesús en todo lo que pudieran.

Jesús pudo conseguir un sitio donde vivir momentáneamente, era un hotel viejo que se encontraba al principio de la avenida san martín, sabia que con la llegada pronto de Maria llegarían algunos recursos de la ventas de parte de su patrimonio, el cual fue mal vendido y el resto perdido, sin embargo era un poco costoso y se decidió por una habitación en el barrio Manícomió, La cual había sido recomendada por Pedro que antes del Exilio a Suecia habían pasado por ese lugar. Tenia que apresurarse ante la inminente llegada de Maria, quien ante nuevos acontecimientos en donde resulto lesionado por golpes su hermano a quien se le exigió revelar el sitio en donde se encontraba “Jesús y Maria”.


LA SALIDA DE MARIA DE COLOMBIA

Maria venia con 7 meses de embarazo y en un delicado estado de salud producido por una mayor retención de líquidos que le podía ocasionar una pleclansia. Era un viaje absurdo pero a la vez necesario y sabían los riesgos que corrían ante cualquier percance en el trayecto hacia Venezuela. El viaje fue cruel “el carro que nos iba ha pasar era viejo, sus sillas duras como la piedra, íbamos 7 personas todo parece indicar que todos a acepción de mi cruzaban la frontera en busca de mejores oportunidades de empleo, no llevaban sus familias hablaban sin descansar que después que tuvieran bien la harían traer, cruzamos un desierto en donde la única vida aparte de nosotros eran los cactus y algunos animales rastreros que viven en medio de la arena. No se cuantas horas fueron pero cuando llegue a Maracaibo estaba, en peores condiciones los pies me dolían y estaban supremamente hinchados.”


EL ENCUENTRO ENTRE MARIA Y JESUS

Era el 12 de Marzo Maria llego a caracas procedente de Maracaibo y se encontraba en CARITAS de Caracas esperando la llegada o el rencuentro con Jesús, jamás se habían separado tanto tiempo 3 meses era mucho tiempo sin verse, ellas se encontraba como nunca el la había visto con una barriga inmensa que estaba a punto de reventar, el estaba bastante delgado, había perdido casi 10 kilos, comía un pequeño almuerzo al día y un refrigerio por la noche. Cuando ellos se vieron Maria no sabia quien llegaba hacia ella traía un sombrero que nunca le había conocido y ropas diferentes, en cambio Jesús si la reconoció y con benevolencia dice,”me impacto estaba gordísima producto del embarazo en su rostro había esa luz que solo tienen las mujeres que llevan en su vientre a un hijo”…no hubo un abrazo inmediato sino al poco rato cuando ya se encontraban mas solo en la pequeña sala de estar de la fundación.

Hablaron bastante se miraron lloraron y comprendieron después de tanto tiempo separados estaban incompleto, que este Karma convertido en cruzada solo se vencería estando junto los dos. Después de un rato hizo su presencia nuevamente la funcionaria de CARITA, encargada de brindar asistencia y apoyo a los refugiados. Ella con palabras de compresión que a veces dejaba filtrar algún aire de frialdad, le hizo firmar un documento a Maria entregándole un cheque por la suma de 170 Bs. F por espacio de tres (3) Meses y la entrega de un papel en donde se autorizaba a un almacén de comestibles, ubicado en el mismo sector de Montalbán, la entrega de víveres por el monto de 70 Bs. F, con igual tiempo al cobro del cheque. Esa ayuda aunque no era mucho los ayudo a establecerse con un poco de mayor confianza ante la nuevas situaciones por venir
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"Yo vi vivos a los empleados de la cafetería después de la retoma del palacio de Justicia"

ADN. Se trata de una estudiante de Derecho, víctima de los abusos de organismos de seguridad hace 23 años. Relato exclusivo de ADN Colombia.
A Yolanda la conocí en 1997 y solo hasta hace una semana me contó en detalle el hecho que le cambió la vida para siempre: la toma del Palacio de Justicia, el miércoles 6 de noviembre de 1985, por parte de un comando del M-19.

Yolanda Santodomingo Albericci había llegado ese día bien temprano a la Universidad Externado de Colombia, a ocho cuadras de la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Tenía 20 años, hacía cuarto año de Derecho y era de las alumnas más brillantes en un centro docente del que eran profesores un buen número de magistrados y juristas de las altas cortes.


'En la Casa del Florero vi a algunos de la cafetería'

'Simplemente me dañaron la vida'

La denuncia

Las otras víctimas

Militares ante el banquillo

Estaba en temporada de exámenes y circunstancias especiales obligaron a que ella y sus compañeros de curso tuvieran que ir, hacia el mediodía, al Palacio de Justicia para presentar una prueba de práctica penal con Rafael Urrego, conjuez de la Sala Penal, que prefirió hacerla en su oficina ante las dificultades de tiempo.

Por la ocasión, Yolanda iba de sastre azul, más elegante que de costumbre.

Hubo algo que la obligó a irse más temprano hacia el Palacio: debía pasar primero por el Tribunal Contencioso de Cundinamarca, también en el centro, ante la expectativa de vincularse laboralmente.

Con Eduardo Matzon, un compañero de la facultad, fue hasta el Tribunal y de allí salieron para el Palacio, en donde aprovecharon para que él hiciera una tarea.

Poco antes de las 11:40 de la mañana, Yolanda decidió buscar de afán un baño y le indican que por los lados de la cafetería hay uno. Cuando llegó allí empezó la historia que se relata a continuación en la propia voz de su protagonista.

¿En dónde los cogió la toma?

Yo sufría de cistitis y me daban muchas ganas de orinar. Eduardo ya había hecho su tarea.

Entonces le pedí que me acompañara a buscar un baño. Además quería tomar algo porque el calor era muy fuerte.

Bajamos al primer piso y buscamos la cafetería. Yo alcancé a entrar. Eduardo, no, porque iba detrás mío. Cuando de pronto se sintió un estruendo. Y en el fondo apareció una mujer apuntando y vociferando algo. Eduardo arrancó a correr y yo detrás de él. La gente de la cafetería se quedó petrificada. Eduardo era sobrino del Gobernador de Bolívar y su papá era magistrado.

'Mi papá no me lo va a creer'

Salimos corriendo de la cafetería y subimos por la escalera hacia el segundo piso. Un guerrillero gritó que era del M-19, que se iban a tomar el Palacio y que nos quedáramos quietos porque no se iban a demorar.

Más adelante encontramos a otro en el piso y herido. Olía a sangre. En menos de dos minutos había un cruce de fuego horrible y nunca paró. Era de afuera hacia adentro. Hoy, tantos años después, entiendo que los militares estaban esperando la toma.

'Papá no me lo va a creer', eso era lo que pensaba. Yo le decía a Eduardo que rezáramos. Y rezamos. Para entonces ya me había orinado. Tenía la falda untada de sangre del guerrillero y de orín.

No sé cuánto tiempo había pasado, pero seguía siendo de día. En un momento un civil nos gritó: "Pasen que yo les cubro". Eduardo me dijo: "Quédate tranquila que ya nos van a rescatar".

Nos llevaron a una oficina del segundo piso. Estaban unas 20 personas bien vestidas.

Allí había un vacío que comunicaba con el primer piso y deciden bajarnos.



'En la Casa del Florero vi a algunos de la cafetería'

A todos los de la oficina nos bajaron al primer piso. Y entonces entró un tipo que dijo: "Estos tres son especiales". Se refería a Eduardo, a mí y a un señor que dijo ser abogado de Legis. Fue cuando nos sacaron por la puerta principal. Por donde entré, salí. Pero lo que ocurrió adentro fue un paseo comparado con lo que nos tocó vivir afuera.

Me sacaron agarrada del pelo, con la pistola en la nuca. Ahí empezaron los 'cariñitos': "Corre perra hijueputa que hay un francotirador que te va a disparar. Corre, que si no te dispara él, te disparo yo".

El capitán que está en la foto me acompañó siempre. Él nos entregó en la entrada de la Casa del Florero.

Había mucha gente allí que yo acababa de ver en la cafetería y en la oficina. No había visto mucha gente más en el Palacio. Después, en una declaración, me preguntaron que cómo los reconocí. Y les dije: "Sencillo, por las ropas".

Me subieron al segundo piso y me dejaron en una esquina contra la pared y sentada. En las mismas condiciones estaba Eduardo. Todos llegaban y se sentían con derecho a patearme. Me decían "perra hijueputa, guerrillera".

Todas las botas negras pegaban durísimo y se ensañaron con mi riñón derecho. Me preguntaban que en dónde me cambié y aseguraban que yo había estado en la toma de la Embajada Dominicana, cuando en 1980 yo apenas hacía quinto de bachillerato con las monjas.

Estando ahí me vendaron y me llevaron para donde alguien para que me reconociera. Luego me dijeron que habían encontrado la cabeza de Rafael Urrego, mi profesor, y que él era de la guerrilla. Después dijeron que lo habían encontrado y que había dicho que no me conocía.

Nos preguntaban con quiénes estudiábamos desde el primer semestre. Les decíamos que le preguntaran a Maza Márquez, porque estudiábamos con uno de sus hijos. Que le preguntaran al ministro Parejo, amigo de mi papá.

Me sacaron de la Casa del Florero y me montaron en una camioneta. Al lado iban unos muchachos con uniforme de colegio militar y con fusiles.

Y subieron a Eduardo. Adelante iba el capitán que me había entregado en la Casa del Florero.

Nos llevaron para una dependencia de la Policía en la Caracas con segunda sur. Había unos ocho policías. Era de noche y teníamos que andar con la cabeza abajo. Nos pegaron culatazos y nos putearon. Allí nos hicieron la prueba del guantelete (para detectar pólvora) y al capitán le dijeron que había salido negativa. Pero él les respondió: "No importa".

De nuevo nos subieron a la camioneta y fuimos por carretera destapada más hacia el sur. A Eduardo lo acostaron en la silla y a mí me tiraron al piso. Llegamos a lo que después supe que era el Charry Solano (batallón de inteligencia).

Nos vendaron los ojos y nos bajaron de la camioneta. Hasta ahí todo el tiempo me decían que me iban a matar. Donde estábamos se oían gritos. "Lo que estás escuchando son personas que no han querido colaborar", me dijeron.

Me llevaron a lo que creí que era un cuarto, en donde oía cinco voces, una de esas de un hombre 'buena gente' que tenía voz de persona mayor, mientras las otras eran de jóvenes. Me acostaron en una cama, me esposaron los brazos a la cabecera, les dije que tenía frío y me arroparon.

De un momento a otro entró alguien y dijo que Eduardo ya había confesado. Y escuché la voz de un militar negro que había visto en la Casa del Florero.

Después el que parecía buena gente me dijo: "Yolanda, no ha pasado nada. Recuerde que estaban retenidos, no detenidos. Mañana pase por sus documentos".

Terminaron más de 12 horas en ese infierno.

Mi cédula que dejé en el casillero a la entrada del Palacio y que los militares me mostraron en la Casa del Florero volvió a mí. El general Miguel Vega Uribe se la entregó al senador Miguel Pinedo Vidal, amigo de mi papá.


'Simplemente me dañaron la vida'

Saliendo del umbral del cuarto me quitaron la venda. Afuera estaba el Nissan en el que nos habían transportado. Iban una mujer y dos tipos adelante. Y el buena gente atrás.

¿Por qué sé que era buena gente? Porque me ayudó a montar y me dio la mano. Y esa mano y esa voz fue la que sentí en un consultorio de Cajanal varios años después. Yo les había dicho que cuando nos volviéramos a encontrar no debían hablarme de frente porque no los iba a reconocer, que solo podría si los escuchaba de espaldas. Y me pasó otro día al salir de una oficina en Bogotá. Pasé por el lado de un hombre y me dijo: "Adiós Yolandita". Era la voz de uno de los torturadores.

Entonces, nos sacaron del Charry Solano y nos dejaron en la carrera décima en un sector donde hay un paredón con ladrillo rojo. Nos bajaron y nos dijeron que ya nos podemos ir.

De inmediato apareció un taxi viejo. Era raro que a esa hora, antes del amanecer, en un sitio tan solo apareciera un taxi.

Lo que pasó después con mi vida es el resultado de esta historia. Me siento con una pena en el alma. Simplemente me dañaron la vida. Me han amenazado y temo por mi vida. Y me dejó un temor reverencial a pronunciar posición alguna sobre política.


La denuncia
El caso está en manos de la Comisión Interamericana de DD.HH. Según el Colectivo de Abogados José Alvear, falta que el Estado responda.

Cuando lo haga la Comisión hará recomendaciones. Si no las cumple, pasará a la Corte Interamericana.



Las otras víctimas


En la toma y retoma del Palacio de Justicia, que terminó el 7 de noviembre de 1985, murieron 43 civiles, 11 miembros de organismos de seguridad y guerrilleros. Fueron dados por desaparecidos 11 trabajadores de la cafetería y una guerrillera del M-19.

Militares ante el banquillo

Por los hechos del Palacio de Justicia está detenido el coronel Alfonso Plazas Vega, quien ya está en etapa de juicio y hacia febrero próximo se conocerá la sentencia. Fue el oficial que comandó la retoma. Contra él pesa la acusación por la desaparición forzada de 11 personas, todos trabajadores de la cafetería.

El coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe del B-2 de inteligencia militar de la Décimo Tercera Brigada, fue llamado a juicio, pero está libre por vencimiento de términos.

Están detenidos y en etapa de investigación los generales Iván Ramírez, entonces comandante de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, y Jesús Armando Arias Cabrales, ex comandante de la Décimo Tercera Brigada.

Y se adelanta investigación contra el general retirado Rafael Samudio Molina, quien era para la época el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares.

Fernando Millán
Diario ADN Colombia

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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció el carácter endémico de la violencia contra las mujeres

AFP. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció el lunes el carácter endémico de la violencia contra las mujeres en las zonas donde hay conflictos armados, así como la pasividad de los Estados para procesar y castigar a los culpables.
"La violencia contra las mujeres sigue siendo un grave problema en todo el mundo", protestó Pillay en un comunicado, con ocasión de la Jornada Internacional por la Eliminación de la violencia contra las mujeres, este martes. "En muchas situaciones de conflicto, esta violencia es endémica, y todavía es totalmente desdeñada por todos los protagonistas", agregó.
"Es en el este de la República Democrática del Congo, más que en cualquier otro lugar del mundo, donde la situación es más grave: cientos de miles de mujeres fueron allí violadas, golpeadas, esclavizadas o asesinadas durante los diez últimos años sin que nadie haya sido castigado", declaró.

Las mujeres no son víctimas de violencias únicamente en las zonas donde hay conflictos, sino también en su vida cotidiana en ciertos países donde son tratadas como ciudadanos de segunda categoría, agregó la jurista sudafricana.

Los daños ocasionados por los malos tratos infligidos a las mujeres por compañeros violentos tienen consecuencias a largo plazo, de acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado este año. La violencia física y sexual provoca generalmente abortos o problemas durante el embarazo, trastornos ginecológicos o gastrointestinales y diversos dolores crónicos. Por otra parte, el peligro de que realicen al menos un intento de suicidio en su vida es cuatro veces mayor en las mujeres que han sido maltratadas.

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Al menos 120 denuncias sobre maltrato a las mujeres por parte de su pareja se presentan cada día en Colombia ante las autoridades de medicina forense,

Bogotá, 24 nov (EFE).- Al menos 120 denuncias sobre maltrato a las mujeres por parte de su pareja se presentan cada día en Colombia ante las autoridades de medicina forense, denunciaron hoy organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La cifra, que es inferior a la real por el miedo de las víctimas a denunciar, se presentó en Bogotá con motivo del lanzamiento de un el programa contra la violencia de género con motivo del Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, que se celebra mañana.

Entretanto, en el país se presentan cada dos horas tres casos de violencia sexual y el 60 por ciento de las víctimas son niñas o adolescentes de alrededor de 14 años de edad, añadieron.

Este programa contra la violencia de género presentado hoy apunta a cumplir uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue presentado por Oficina Técnica de Cooperación (AECID) de la Embajada de España en Colombia, la Consejería Presidencial de este país para la Mujer, de Colombia; y las dependencias del sistema de la ONU.

El coordinador de este sistema en Bogotá, Bruno Moro, dijo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha invertido siete millones de dólares en programas de esta naturaleza en Colombia.

Por su lado, el delegado de AECID en Colombia, Fernando Rey, explicó que "este programa responde al compromiso que tiene la Cooperación Española de luchar contra toda violencia de género a nivel mundial y hace parte del Fondo para cumplir los ODM".

Agregó que el plan está dirigido a lograr uno de los ocho ODM, un conjunto de metas a cumplir en 2015 en materia de reducción de la pobreza, educación, salud materna, salud sexual y reproductiva, reducción de la mortalidad infantil; combate al VIH/sida, malaria y dengue; y sostenibilidad del ambiente y equidad de género.

Rey reconoció los "esfuerzos" de las autoridades y organizaciones sociales colombianas para prevenir y combatir la violencia de género, que "tiene altos costos sociales y económicos".

El plan busca contribuir a la prevención, atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres colombianas, promover su desarrollo y dar atención a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, afrocolombianas e indígenas.

El programa presentado hoy desarrollará en un comienzo proyectos piloto en las ciudades colombianas de Pasto, Buenaventura y Cartagena, y en los resguardos indígenas de Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda).

La consejera presidencial de Colombia para la Equidad de la Mujer, Martha Lucía Vásquez, manifestó que el problema de violencia hacia la mujer se debe a "diversos patrones históricos enraizados en nuestra sociedad" y advirtió de que "el problema es complejo y de difícil solución".

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En Medellin buscan 150 cadaveres desechados como Basura

Semana. La macabra peregrinación hacia La Escombrera comenzaba en las horas del amanecer cuando muchos se despertaban para ir a sus trabajos. Desde las ventanas de barrios como El Salado, Antonio Nariño o el 20 de Julio, distantes unos 20 minutos del centro de Medellín, la gente veía cómo los 'paras' sacaban a las personas, les amarraban las muñecas y los hacían caminar hacia ese terreno en el cual los camiones acostumbran a depositar escombros.

"A muchos les tapaban la cabeza con trapos", cuenta una mujer que perdió a uno de sus hijos en la famosa guerra de la Comuna 13 de Medellín. Una vez llegaban a la parte alta de la montaña los asesinaban, abrían un hueco y allí los arrojaban. Entre tanta basura, tierra y arena era difícil que alguien se diera cuenta del lugar exacto donde eran enterrados. Además, salvo por los paramilitares, nadie se atrevía a subir hasta La Escombrera.
Aun hoy la gente ha hecho de la zona un lugar vetado por el miedo. "A veces nos atrevíamos a preguntarles a esos hombres que qué habían hecho con tal persona, y ellos nos decían que no buscáramos ni preguntáramos más porque ya estaba bien picadito en el basurero", recuerda una vecina a quien los paramilitares le desaparecieron un hijo en 2004.
Ese sitio se convertirá en los próximos días en protagonista de la mayor excavación hecha hasta ahora por la Fiscalía desde que comenzó a desenterrar los muertos de la violencia de los últimos 20 años en Colombia. También tendrá un significado especial por tratarse de la primera exhumación masiva en una de las grandes ciudades del país.
El propio Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna', jefe máximo del Bloque Cacique Nutibara que operaba en la zona en la época de las desapariciones, declaró que en la Comuna 13, incluida La Escombrera, habría más de 100 fosas comunes. Y la Oficina de Derechos Humanos de la Personería de Medellín habla de 150 cuerpos bajo los escombros.

Desde 1999 la guerrilla dominaba sectores de esa comuna, que hace parte del corredor estratégico de la costa Caribe hacia el centro del país. Los paramilitares llegaron tiempo después a pelear ese territorio. La guerra llegó a tal punto que ni siquiera Medicina Legal podía entrar a retirar los muertos. Por eso, dos meses después de que Álvaro Uribe asumió la Presidencia en octubre de 2002, se llevó a cabo una operación militar de dimensiones nunca vistas en una ciudad.
"La guerra comenzó en la madrugada de un miércoles mientras todos dormíamos -recuerda una habitante del barrio Las Independencias II, refiriéndose a la Operación Orión-. Mi hijo se levantó asustado y me dijo que tres hombres estaban armados en el techo de la casa, y como los 'paras' se mantenían por ahí todos los días no le hice caso y me volví a dormir". Diez minutos después, su familia y el resto de los 100.000 habitantes de la Comuna tuvieron que resguardarse como pudieron. Una vecina, Clara Peña, cuenta que durante los tres días que duró la intervención militar no pudo salir de su casa. Su microempresa de arepas, que funcionaba en su hogar, agotó las existencias porque fue lo único que pudieron comer su familia y los vecinos. Salir significaba la muerte.
Fueron tres noches de terror en las laderas del occidente de Medellín. Los helicópteros negros, las tanquetas y los miles de hombres con artillería sofisticada, que antes la gente sólo había visto en televisión, se hicieron realidad.

Al tercer día las balaceras cedieron y los helicópteros dejaron de patrullar. Los habitantes de los 23 barrios de la Comuna se atrevieron a salir y encontraron en las calles empinadas centenares de policías y militares patrullando. Varias familias acudieron hasta los comandos para preguntar por sus hijos que habían sido capturados en esos días. En total 450 personas fueron conducidas a instalaciones policiales y militares. De esa cifra sólo a 82 se les impuso medida de aseguramiento y, transcurridos seis años de la Operación, aún no se ha dictado un fallo.
Al frente de la Operación estuvo el general Mario Montoya, en ese entonces comandante de la IV Brigada y quien en las semanas siguientes se dedicó a aclarar ante los medios que el objetivo de Orión era darle punto final a la violencia que desde hacía tres años tenía en jaque a los habitantes de la 13.

Varios paramilitares desmovilizados han contado a la Fiscalía que después de la Operación Orión las AUC se tomaron esos barrios. Uno de ellos narró la supuesta connivencia con la Fuerza Pública durante la Operación: "La entrada a la Comuna 13 se hizo aprovechando la Operación Orión. Recibimos ayuda de todas las autoridades. La orden que dieron fue acabar con las milicias y quedarnos en la zona. Para ser sinceros, toda la Policía nos ayudó. No sé si por miedo, pero trabajamos en conjunto". Así pues, según testimonios recopilados por SEMANA, en La Escombrera y en La Arenera (un sitio aledaño) estarían enterrados buena parte de los desaparecidos que dejó la incursión paramilitar en los días posteriores a Orión.

El libro Dinámicas de guerra y construcción de paz: el caso de la comuna trece de Medellín, elaborado por el Grupo Interdisciplinario sobre Conflicto y Violencia de la Universidad de Antioquia, también da cuenta por medio de testimonios de la gente no sólo de esta connivencia macabra sino de la difícil situación en la que quedaron los barrios después de la Operación.

Y hace 10 días, en medio de una vigilia humanitaria para recordar a las víctimas, varias personas de la Comuna a quienes les desaparecieron familiares durante y después de la Operación, exigieron su derecho a exhumar a sus seres queridos que siguen enterrados en La Escombrera.

En los últimos seis años se tienen registrados 70 casos de desapariciones forzadas y 30 asesinatos de líderes reconocidos de la Comuna. Esto sin contar con la cantidad de muertos que hubo los días posteriores a la intervención militar.

Otra mujer le relató a SEMANA parte del horror que se vivió en La 13, incluso años después de Orión: "En mi casa teníamos que dormir con el machete bajo la almohada. Yo les prometí a mis hijos que no iba a dejar que se los llevaran y los mataran". En marzo de 2006 un hombre que se identificó como de las autodefensas entró hasta la sala y le arrebató a un hijo de 12 años. Ella logró soltarlo y empujar al hombre hasta sacarlo. "Duramos una semana encerrados todos en la casa -cuenta- y esos hombres gritándome desde la azotea: 'Tonces qué gonorrea, ¿ya ahorró pa'l cajón'".

Hoy ella vive en otro barrio y su casa en La 13 fue saqueada por las autodefensas. En el barrio cuentan que allí vive un pastor evangélico que alega ser el dueño. Los familiares de las víctimas y algunas ONG de la ciudad han propuesto hacer de este lugar un símbolo nacional de los desaparecidos: "Sé que es posible que a mi hijo no lo encuentren... eso es muy grande y le están echando escombros desde hace muchos años. Pero lo importante es ver que esa plata de la Alcaldía sí está sirviendo para algo... por lo menos que empiecen a reconocer nuestro derecho a exhumar a nuestros muertos", dijo Bertha Yepes, quien tiene a su hijo desaparecido desde 2004.

Gustavo Duque, director del equipo de exhumaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, dijo a SEMANA que gracias a un acuerdo firmado la semana pasada entre ellos y la Alcaldía no sólo harán que se suspenda el transprte de desechos a La Escombrera sino que se contratarán equipos de tecnología avanzada de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional para excavar toneladas de basura en el depósito ilegal.
El mismo Duque ha advertido que el proceso de excavación y exhumación puede durar muchos meses, "será como buscar agujas".

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(UNWRA), arremetió hoy contra la comunidad internacional por su pasividad ante la "trágica situación humanitaria" en la Franja de Gaza

Abu Dhabi, 24 nov (EFE).- Peter Ford, representante del Comisario General de la Agencia de la ONU de Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNWRA), arremetió hoy contra la comunidad internacional por su pasividad ante la "trágica situación humanitaria" en la Franja de Gaza.
La comunidad internacional y potencias como EEUU y los países de la Unión Europea "no están haciendo lo suficiente", aseguró Ford en declaraciones a Efe en una conferencia de la ONU en esta capital para analizar la ayuda humanitaria internacional.

Ford hizo un llamamiento a EEUU, la UE, Egipto y otros miembros de la comunidad internacional para que ejerzan presión sobre Israel con el fin de que "levante el bloqueo sobre la Franja de Gaza, abra los accesos a este territorio y deje de infringir las leyes internacionales".

"Los almacenes de la UNWRA en Gaza están vacíos debido al bloqueo y los ciudadanos de este territorio se ven obligados a usar harinas de uso animal para hacer pan", explicó Ford.

Según el representante, la agencia de la ONU ha establecido contactos con todas las partes implicadas, aunque el "directo responsable" de que las condiciones de vida mejoren en la franja es el Gobierno israelí.

Asimismo, Ford considera que la desastrosa situación humanitaria en Gaza puede llevar a los milicianos a lanzar más ataques contra Israel en un intento de presionar a este país.

Israel mantiene cerrada la Franja de Gaza desde que el movimiento islamista Hamás se hiciera con el control de este territorio palestino, en junio de 2007, y no permite la entrada y salida ni de personas ni de bienes.

Actualmente, los productos de primera necesidad están escaseando en la Franja debido al cierre total de los pasos fronterizos desde principios de noviembre, después de que milicianos palestinos lanzaran cohetes contra Israel en represalia por una incursión del Ejército hebreo en Gaza.

Hoy, por primera vez en 20 días, Israel ha permitido la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, donde viven un millón y medio de personas.

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Víctor Abramovich, aseguró que el proyecto de reparación a las víctimas del conflicto es una "mala ley que no resuelve el problema".

Bogotá, 23 nov (EFE).- El relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Víctor Abramovich, aseguró que el proyecto de reparación a las víctimas del conflicto es una "mala ley que no resuelve el problema".


Abramovich aseguró en entrevista que hoy publica el diario El Tiempo que si se aprueba tal como está esa ley de víctimas tendría "serios problemas", porque es discriminatoria respecto a las víctimas de agentes del Estado.

"Es un retroceso frente a la vía judicial, que ahora permite la reparación integral y no impone tope, y no se ajusta a los estándares internacionales. Podría ser impugnada ante instancias internacionales", dijo.

Abramovich, de visita en Bogotá al frente de una misión de la CIDH para comprobar que el Gobierno cumpla con la protección a algunas comunidades del noroeste de Colombia, indicó que el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, se comprometió en apoyar una revisión de ese proyecto.

Las palabras de Abramovich coincidieron con las del coordinador residente de las Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro, que advirtió al Gobierno de Colombia que los "derechos humanos no se negocian" y lo instó a modificar el proyecto de ley de reparación a las víctimas del conflicto.

En una entrevista con ese mismo matutino, indicó que "lamentablemente" hay situaciones en las que los agentes del Estado han sido victimarios en forma amplia y por eso se debe también buscar la reparación de esas víctimas.

Esa iniciativa, que inició el opositor Partido Liberal pero la bancada oficialista modificó en su agenda legislativa, se encuentra en el último debate en el Congreso y es rechazada por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos que la tachan de "discriminatoria" por exigir mayores requisitos a los familiares de víctimas de agentes del Estado.

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La Acnur nombró hoy a la capital ecuatoriana, Quito, como "ciudad solidaria",

Quito, 20 nov (EFE).- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) nombró hoy a la capital ecuatoriana, Quito, como "ciudad solidaria", un reconocimiento que hasta ahora solo dos urbes en el continente habían recibido, indicó esa oficina de la ONU.
La Acnur justificó la designación al destacar la "actitud fraterna y hospitalaria de esta ciudad con las personas refugiadas", señaló en un comunicado.

La designación como "ciudad solidaria" es un homenaje que hasta el momento habían recibido Buenos Aires, en Argentina, y Porto Alegre, en Brasil, "por sus actitudes ejemplares hacia los refugiados".

Este tipo de reconocimiento tiene relación con las políticas adoptadas por 20 países de América en 2004, relacionadas con las fronteras solidarias, ciudades solidarias y reasentamiento solidario.

Estos tres ejes son los que conforman el "Plan de Acción de México", que actualmente rige el accionar de los países latinoamericanos en lo que concierne a la protección de refugiados, explicó la Acnur en su comunicado.

Durante la entrega de esta distinción, Marta Juárez, representante de ACNUR en Ecuador, mencionó que "se designa a Quito como la primera ciudad solidaria del Ecuador, debido a que esta ciudad, entre otras cosas que la hacen especial, tiene un Plan Distrital de Migraciones".

Además, tiene la mesa metropolitana de movilidad humana, y este año ha emitido una ordenanza y la Declaración de Quito, "que son instrumentos de suma importancia, no solamente para los refugiados, sino para todas las personas que se encuentran en movilidad", aunque no detalló en qué consistían.

Al recibir la placa con la distinción, el alcalde, Paco Moncayo, señaló que en su administración se ha pretendido llevar a la práctica "la visión de una ciudad incluyente, donde no se admite ningún tipo de exclusión a las personas por su forma de pensar, de sentir, de creer, de amar".

"Luchamos constantemente contra toda forma de racismo y xenofobia y para que Quito sea una ciudad donde todos tenemos cabida; donde todos somos indispensables; una ciudad donde nadie tiene que sentirse marginado", dijo.

Moncayo añadió que el reconocimiento que recibe Quito "es de los más hermosos, significativos, y hondos que ha podido recibir la ciudad".

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La Acnur y el gobierno Ecuatoriano, alertaron sobre eventuales estafas en el ámbito del refugio

Quito, 19 nov (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de Ecuador y la representación en este país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) alertaron hoy sobre eventuales estafas en el ámbito del refugio.

La cancillería alerta en un comunicado a "los ciudadanos colombianos establecidos en Ecuador y, en particular a las personas refugiadas o solicitantes de refugio, así como a los ciudadanos ecuatorianos en general", de la existencia de personas que estarían ofreciendo servicios no autorizados.

Dichos servicios se podrían estar ofertando "para ciudadanos colombianos, alegando que las oficinas de Acnur en Nueva Loja (en la provincia de Sucumbíos, frontera con Colombia) y en otras ciudades ecuatorianas "estarían por cerrar y finalizar sus actividades".

Según la cancillería, hay quienes se estarían presentando "falsamente como supuestos representantes de organismos internacionales de asistencia a refugiados, y/o en algunos casos, estarían tomando fraudulentamente el nombre del Gobierno del Ecuador".

Ello, dice, "con la finalidad de requerir o cobrar dinero para registrar a los ciudadanos colombianos que desean permanecer en Ecuador en condición de refugiados, y/o que tienen el propósito de presentar sus solicitudes de refugio en Ecuador".
"En algunos casos, estas personas inescrupulosas estarían pretendiendo identificarse como supuestos funcionarios o asociados del Acnur, o por personas que realizan trámites ante esta organización, con lo que buscan dar credibilidad a sus ofertas", anota.

El Acnur ha puesto en conocimiento de las autoridades ecuatorianas estos casos, que configurarían delitos de estafa y ha reiterado que su labor en Ecuador es brindar protección internacional a los refugiados, apoyando a la cancillería local.

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"los Derechos Humanos no se negocian" Bruno Moro

EFE. El coordinador residente del sistema de la ONU en Colombia, el italiano Bruno Moro, afirmó que "los Derechos Humanos no se negocian" y confió en que en las próximas semanas sea posible avanzar en la aprobación del estatuto de las víctimas que estudia el Congreso.
En una entrevista publicada hoy por el diario colombiano 'El Tiempo', Moro recordó que los derechos de las víctimas de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad están recogidos en el Derecho Internacional, por lo que no se pueden modificar.


Moro consideró que hay "vacíos" en la propuesta que estudia el Congreso, por lo que se podría recurrir ante la Corte Suprema en Colombia o en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. "Esperamos que de aquí a lo que falta para ese debate se avance en un acuerdo", dijo.
"Lamentablemente hay situaciones en las que los agentes del Estado han sido victimarios en forma amplia. Pero esto le ha pasado a muchos estados. Y casi todos ellos han adoptado leyes para proteger a los ciudadanos del abuso del poder de la fuerza de los propios estados. Gracias a esta legislación es que se logra dar satisfacción a las víctimas", explicó.

En ese sentido, indicó que si las víctimas no son resarcidas adecuadamente en el sistema judicial colombiano, el agravio "se reproduce a lo largo de generaciones". "Que esto pase es un elemento de inestabilidad, desestabilización y debilidad para un Estado que se está fortaleciendo. Esto tiene implicaciones que quizás a corto plazo no se ven, pero que son muy importantes. La historia nos ha enseñado eso", dijo.

"El Estado debe ser responsable y garante de los derechos humanos de todos sus pobladores. El Estado debe proteger a sus ciudadanos de los actores ilegales y también de agentes del Estado. Colombia ha adherido a las declaraciones sobre los derechos de las víctimas. Hay que ver cómo esto se adopta en el país", agregó.

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El gobierno del Presidente Uribe, grupos paramilitares y organismos del Estado continuan Criminalisando las Organizaciones de Derechos Humanos

MOVICE
viernes, 21 de noviembre de 2008

COMUNICADO PÚBLICO A LA OPINIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL:
El gobierno del Presidente Uribe, grupos paramilitares y organismos del Estado coinciden en una alarmante oleada de persecuciones, detenciones y acciones criminales contra organizaciones de derechos humanos e integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE). La política oficial refleja un deterioro acelerado y preocupante del estado de derecho en el país que busca judicializar la opinión divergente y la movilización social para distraer a la opinión publica de los escándalos que sacuden al gobierno por la parapolítica, el fracaso de la desmovilización paramilitar y los “falsos positivos” de la fuerza pública que han dejado centenares de personas inocentes asesinadas. El MOVICE denuncia la injusta judicialización al Secretario Técnico del MOVICE en el departamento de Sucre, CARMELO AGAMEZ, y de MARTIN SANDOVAL ROSSO, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en Arauca. Al tiempo, expresamos nuestra preocupación ante el aumento de la criminalización y estigmatizaciones a través de judicializaciones a estudiantes, profesores y sectores sociales que reivindican sus derechos ante el Estado colombiano. Estos hechos, indican que se esta tejiendo todo un montaje judicial que busca nuevamente deslegitimar el trabajo que se desarrolla en Colombia por la defensa de derechos humanos.
Los miembros y organizaciones pertenecientes al MOVICE que están siendo judicializadas, están desarrollado una labor permanente de denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública, que en varias regiones han llevado a la destitución de militares y el retiro del apoyo del gobierno de los Estados Unidos a algunos batallones del Ejército Colombiano.


Entre los hechos de represión mas reciente contra el MOVICE reseñamos:

- CARMELO AGÁMEZ integrante del MOVICE en Sucre, el 15 de noviembre fue capturado y posteriormente encarcelado por orden de la Fiscalía. Carmelo goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2006 junto a 17 líderes sociales del departamento de Sucre pertenecientes MOVICE luego que se conociera una lista de exterminio que al parecer fue elaborada por políticos comprometidos con la estrategia paramilitar en la región.

- MARTÍN SANDOVAL ROSSO, integrante del MOVICE y director del CPDH en Arauca, el 04 de noviembre en un operativo compuesto por la Fiscalía, DAS, CTI y Policía Nacional fue capturado junto a 16 dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos en Arauquita. El departamento de Arauca desde el año 2002 viene sufriendo detenciones masivas y selectivas de dirigentes sociales y pobladores en general, quienes con base en montajes y declaraciones de supuestos reinsertados de la guerrilla, son capturados y encarcelados por tiempo prolongado y con violación de sus garantías legales y constitucionales.1
- La Fiscalía 12 de la Unidad Antiterrorista de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Jorge Iván Piedrahita Montoya ordenó inspeccionar las bases de datos de universidades públicas y privadas en busca de presuntos guerrilleros y adelanta procesos judiciales contra maestros, estudiantes, organizaciones de derechos humanos y miembros del Polo Democrático Alternativo, entre otros. A raíz de estos procesos se libraron órdenes de captura contra varios estudiantes y profesores a quienes se les sindica de pertenecer a las FARC así como amenazas de grupos paramilitares en la Universidad Nacional de Bogotá. Abogados amigos asumieron la defensa de varios de los detenidos pudieron percatarse que dentro del proceso, identificado como 65.635, hay más 63 órdenes de capturas y arbitrariamente se ha ordenado la interceptación de comunicaciones de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de opinión. Particularmente se ordena interceptar los correos electrónicos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) con sede en Paris. Así mismo, la intercepción de comunicaciones del medio de comunicación Le Monde Diplomatique (Paris) y de la organización Justicia por Colombia (Londres); y se señalo que habría orden de interceptar comunicaciones de funcionarios de la Oficina de Naciones Unidas con sede en Bogotá. En lo nacional, fue emitida la orden de interceptar las comunicaciones del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", la Corporación Reiniciar, Humanidad Vigente, Corporación Yira Castro, Fensuagro, Sintraminergetica, Fescol, Fundación Manuel Cepeda, Red de Acción contra Libre Comercio (Recalca), Sintrabancol, Sinpeagricun y otras.


Peticiones:

- Ante las últimas judicializaciones realizadas en el transcurso del mes de noviembre, hacemos un llamado a que se garantice el Debido Proceso de quienes han sido privados de su libertad de manera injusta. Así mismo, hacemos un llamado a que en sana crítica y valoración objetiva de las pruebas, la Fiscalía resuelva en prontitud la libertad de cada una de las personas detenidas, en particular de CARMELO AGAMEZ y de MARTIN SANDOVAL ROSSO.

- Exigimos al Estado colombiano detener la represión que actualmente se está llevando a cabo en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales a través de montajes judiciales.

- Solicitamos a los organismos de control del Estado que se active el sistema de alertas tempranas ya que estos hechos constituyen un inminente riesgo para la integridad y seguridad de los líderes del movimiento social.

- Llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU, al Cuerpo Diplomático, y en general a la Comunidad Internacional a hacer un seguimiento a estos hechos y exigir al gobierno colombiano el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de las libertades publicas de los ciudadanos, cesar la represión y respetar la Constitución.

- Solicitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, organizaciones sociales y populares, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales y estudiantiles, difundir esta información y brindar su solidaridad a través de su pronunciamiento sobre los graves hechos mencionados.
COMITÉ DE IMPULSO DEL MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO Bogotá D.C. 21 de Noviembre 2008



1 Acción Urgente “El secuestro estatal de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos continua en el departamento de Arauca” Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra 04/11/2008

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"Hacíamos el trabajo sucio para el Estado", Salvatore Mancuso

Bogotá, 18 nov (EFE).- El ex jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso, extraditado a EE.UU., aseguró hoy que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tuvieron apoyo del Estado en dos masacres ocurridas en 1996 y 1997 en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), donde fueron asesinadas 19 personas.
Las dos matanzas, conocidas como la de El Aro y La Granja, ocurrieron el 11 de junio de 1996 y el 12 de noviembre de 1997, respectivamente, en el municipio de Ituango (Antioquia), donde las AUC también quemaron casas y robaron alrededor de 1.200 cabezas de ganado.
Mancuso indicó en una audiencia judicial en Washington, de la que se divulgaron apartes en vídeo en uno de los salones de la Fiscalía colombiana, que las listas de las personas que más tarde eran asesinadas fueron conocidas previamente por entidades como el Ejército, la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

"Hacíamos el trabajo sucio para el Estado", dijo Mancuso, ganadero de la costa caribeña colombiana y de ascendencia italiana, quien fue extraditado a EE.UU. en mayo pasado junto con otros 13 ex jefes paramilitares bajo cargos de narcotráfico.

No obstante, contradijo la versión del ex paramilitar Francisco Villalba, que asegura que el entonces gobernador de Antioquia y ahora presidente de Colombia, Álvaro Uribe, había planeado y ordenado la masacre de El Aro.

Dijo que en la versión de Villalba se "mezclan verdades con mentiras", pues si bien es cierto se tuvo el apoyo del Ejército colombiano, no es cierto que Uribe la hubiera planeado.

Señaló que esa masacre, al igual que la de La Granja fue planeada por el entonces máximo jefe de las AUC, el extinto Carlos Castaño, en compañía de otros líderes paramilitares.

Las AUC, que reunían comandos creados contra las guerrillas izquierdistas, participaron en un proceso de paz con el Gobierno colombiano entre 2003 y 2006 y desmovilizaron a más de 31.000 combatientes.

De acuerdo con Salvatore Mancuso, los crímenes se cometieron para "neutralizar" a la guerrilla y el "traslado del ganado" tenía como objeto desabastecer a los rebeldes que tenían campamentos en esas zonas del país.

"Éramos los instrumentos del Estado", manifestó Mancuso, quien reconoció su participación en estas "acciones de guerra" por las que pidió perdón.

Mancuso precisó que él y otros jefes se reunieron varias veces con el ex secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, para la creación de las cooperativas campesinas de seguridad "Convivir" en esta parte del país.

Moreno murió en un accidente aéreo en febrero de 2006, cuyas causas se investigan, cuando hacía campaña para ser senador.

Mancuso explicó que participó en El Aro para llevar municiones a los hombres que estaban a punto de caer ante los guerrilleros y llegó al lugar en un helicóptero de las AUC en el que evacuaron muertos y heridos.

Agregó que también hubo un helicóptero de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el que salió uno de los jefes del grupo, Luciano Marín, alias "Iván Márquez".

"Los dos helicópteros aterrizaron. Otro estuvo sobrevolando la zona, pero no aterrizó", detalló Mancuso, quien agregó que al parecer esa aeronave era de la Gobernación de Antioquia "por los colores".

Reveló también que las AUC obtenían armas en Centroamérica y Bulgaria, mientras que las municiones las compraban a miembros del Ejército y la Policía.

Explicó que los infiltrados en el Ejército y la Policía reportaban mayor gasto de municiones para poder venderles a las AUC.

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Deben cesar las acusaciones falsas contra grupos de derechos humanos El gobierno debe responder a los abusos denunciados

Washington.- El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, debe cesar sus acusaciones falsas y peligrosas contra grupos de derechos humanos que critican a su gobierno, señalaron hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch en un comunicado conjunto. En lgar de hacer tales acusaciones, Colombia debería dar respuesta a las preocupaciones en materia de derechos humanos que plantean dichos grupos.
Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional emitieron en octubre de 2008 informes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Luego de la publicación de los informes, el Presidente Uribe acusó a Amnistía Internacional de "ceguera", "fanatismo" y "dogmatismo". También acusó públicamente a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, de ser "defensor" y "cómplice" de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Nos interesaría tener la posibilidad de debatir los problemas de fondo con el presidente", manifestó Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. "Sin embargo, estas declaraciones menoscaban su cargo y dan luz verde a quienes desean perjudicar a los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia".

Amnistía Internacional y Human Rights Watch aún esperan que el gobierno colombiano proporcione respuestas mesuradas y detalladas a las graves inquietudes en materia de derechos humanos planteadas en ambos informes.

A principios de este año, después de que un asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, insinuara públicamente que organizadores de una manifestación contra los escuadrones de la muerte paramilitares mantenían vínculos con la guerrilla, se produjo una ola de amenazas y hechos de violencia contra los participantes y los organizadores de la marcha, que culminaron en varias muertes.

Las organizaciones señalaron que el Presidente Uribe y otros altos funcionarios han efectuado acusaciones similares en varias oportunidades contra quienes critican o se oponen a sus políticas, incluidos no sólo grupos de derechos humanos internacionales y colombianos, sino también la Corte Suprema de Justicia de Colombia, sindicalistas y destacados periodistas.

"Estas ridículas acusaciones son el reflejo de un gobierno que nunca ha asumido la responsabilidad por sus actos", manifestó José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. "En lugar de abordar los problemas de derechos humanos del país con la seriedad que merecen, el gobierno de Uribe ha intentado desviar las críticas simplemente estigmatizando a aquellos que las formulan –no importa quiénes sean– de tener vínculos con la guerrilla".

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La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia deplora un proyecto de "ley de víctimas"

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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que el proyecto actual de ley de víctimas introduce factores de discriminación entre las víctimas, que son inaceptables desde el punto de vista de la universalidad del derecho a la igualdad.
La Oficina expresa su profunda preocupación porque el texto aprobado en el debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el 12 de noviembre del año en curso, afectaría seriamente la legitimidad de la política estatal de reparación. El texto excluye específicamente criterios establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas para definir la calidad de víctima, los cuales fueron aceptados por el Gobierno de Colombia.
De aprobarse la propuesta de la Comisión Primera de la Cámara los familiares de víctimas de ejecuciones cometidas por agentes del Estado, por ejemplo, no tendrían acceso inmediato a la reparación administrativa.

El texto impone a las víctimas de acciones cometidas por dichos agentes requisitos adicionales, extraordinarios y más graves que los exigidos a otras víctimas para acceder a la reparación administrativa, y establece que los únicos agentes del Estado que podrían producir daños susceptibles de reparación son los miembros de la fuerza pública.

Además, el proyecto excluye a las personas que en el futuro puedan resultar víctimas, al establecer que solo quienes hayan sido víctimas con anterioridad a la aprobación de la ley pueden solicitar ser registradas como tales.

Excluye también como familiares de las víctimas directas a las parejas del mismo sexo.

La Oficina también considera que el proyecto excluye a las víctimas de infracciones graves del derecho internacional humanitario

El proyecto desconoce varios principios internacionales, entre los que se destacan, la obligación esencial de los Estados de garantizar el respeto de los derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación y el principio de favorabilidad para las víctimas.

En su reciente visita al país, la señora Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reclamó que “para hacer efectiva la reparación a las víctimas, los programas deben beneficiar por igual a víctimas de grupos armados ilegales y de agentes del Estado”.

La Oficina alberga la esperanza de que el llamado de la Alta Comisionada encuentre eco en el debate pendiente ante la Plenaria de la Cámara de Representantes y que se logre corregir el texto para adecuarlo a los principios y estándares internacionales.
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Destituyen a otros 13 militares acusados de la desaparición y asesinato de siete personas que presentaron como guerrilleros

Bogotá, 16 nov (EFE).- Las autoridades de Colombia destituyeron a otros 13 militares acusados de la desaparición y asesinato de siete personas que presentaron como guerrilleros para aparentar buenos resultados en la lucha antiterrorista.
El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos anunció anoche estas destituciones y denunció una alianza entre policías y narcotraficantes en la matanza de cinco ex paramilitares.

Santos hizo estas declaraciones tras una reunión de seguridad celebrada el sábado por la noche en Lorica (departamento de Córdoba, noroeste) y han sido difundidas hoy por varias emisoras.

El ministro de Defensa indicó que hubo una asociación entre policías y mafiosos detrás del asesinato de cinco ex paramilitares desmovilizados que fueron acribillados el pasado 9 de noviembre en un bar de San José de Uré (departamento de Córdoba).

El funcionario señaló que los 13 militares destituidos de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre involucrados en la desaparición y muerte de siete jóvenes vecinos de Sahagún (Córdoba), desaparecidos a finales del año pasado.

Hace dos semanas el Gobierno colombiano destituyó a 27 militares, entre ellos tres generales, por el escándalo de los llamados "falsos positivos" en el que fueron asesinadas al menos 20 personas que eran presentadas como rebeldes muertos en combates.

Esta vez los destituidos son cuatro oficiales, seis suboficiales y tres soldados.

Sobre la matanza de los cinco desmovilizados, Santos explicó que se investiga a 15 policías que ya fueron separados de sus funciones acusados de omisión frente a los autores del crimen y que "estaban confabulados con las bandas criminales y narcotraficantes".

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ACNUR trasladará a 60.000 desplazados a un nuevo campo más seguro

Ginebra, 14 nov (EFE).- ACNUR trasladará la próxima semana a 60.000 desplazados de Kibati, cerca de Goma, en el peligroso este del Congo, a otro campamento nuevo en una parte considerada más segura, informó hoy un portavoz de eta agencia de la ONU .
"Dada la continúa amenaza para la seguridad en los dos campos de Kibati, al norte de Goma, por la proximidad de los combates, ACNUR y sus socios, junto con las autoridades provinciales, han decidido trasladar a más de 60.000 personas de los dos campos de Kibati a uno nuevo en Mugunga, al oeste de Goma", dijo el portavoz Ron Redmond.

"Se espera que el traslado comience la próxima semana y esperamos que se concluya en unos días", agregó.

El portavoz de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reconoció que el traslado será "difícil" porque se carece de suficientes vehículos, por lo que la mayoría de la gente tendrá que hacer a pie los 15 kilómetros de distancia.

"Aquellos que no pueden andar, como niños, ancianos y enfermos, serán transportados en camiones al nuevo campo", agregó.

Personal de ACNUR visitó ayer el nuevo emplazamiento, donde ya hay cuatro campos de desplazados, para establecer las necesidades de letrinas, módulos para albergarlos, accesos de carreteras y otros aspectos.

El nuevo campo en Mugunga se encuentra en una zona controlada por las tropas gubernamentales congolesas, por lo que ACNUR considera que "la responsabilidad última por la protección de los desplazados es del Gobierno del presidente (Laurent) Kabila".
La situación al norte de Goma, la capital de la provincia de Kibu Norte, continúa siendo muy peligrosa por los combates entre fuerzas rebeldes y gubernamentales, así como por los numerosos casos de pillaje, y abuso contra mujeres y niños.

Según Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), dos localidades, Kirumba y Kanyabayonga, fueron saqueadas en la noche del 12 al 13 de noviembre.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) volvió a denunciar hoy el reclutamiento de menores por las milicias armadas para servir de soldados.
"Antes de la actual ola de violencia, ya había en Kivu Norte entre 2.000 y 3.000 niños soldados. Con el conflicto actual, ese número ha aumentado mucho aunque no tenemos cifras globales", señaló la portavoz Veronique Taveau.

Agregó que todos los grupos armados, excepto el ejército congolés, practican este reclutamiento, mientras UNICEF continua con sus mensajes de radio en los que informa de que se trata de un crimen de guerra.

Desde el inicio de la nueva oleada de combates en Kivu Norte hace unas semanas, unas 250.000 personas han sido desplazadas y se suman a las 800.000 que ya habían dejado sus casas en anteriores estallidos de enfrentamientos.

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Las Victimas del Conflicto armado en Colombia, son las que pierden ante el proyecto de Reparación

Semana. El proyecto de Ley de Víctimas concertado por varios congresistas, víctimas, representantes de la sociedad civil fue derrotado este miércoles en el Congreso por la aplanadora uribista. En su lugar, pasó la propuesta gubernamental, que según la bancada de oposición y las mismas víctimas es un proyecto contrario a quienes han sufrido a causa del conflicto armado.
La jornada de debate fue bastante tensa pues varios puntos de la iniciativa, que al comienzo fue propuesta por el Partido Liberal y después fue nutrida por la discusión de varios sectores, no eran del agrado del gobierno. Uno a uno fueron derrotados los artículos propuestos por la ponencia Liberal, que a juicio de varios analistas, ha sido en este período legislativo la de mayor participación y concertación entre diversos sectores.
En medio de la discusión surgieron argumentos subidos de tono. Por ejemplo el representante del Partido Cambio Radical, Tarquino Pacheco, dijo que los liberales se habían asesorado de la izquierda más radical.

Guillermo Rivera, representante Liberal dijo después a Semana.com que la acusación era inocua pues su ponencia fue construida con la orientación de organismos internacionales. “Eso sí, no me voy a asesorar con Rito Alejo del Río, en un tema como este”, dijo Rivera irónicamente.

En el recinto se encontraba un grupo de víctimas con pancartas que pedían la aprobación de la Ley. El representante conservador, Humberto Mantilla dijo que la presencia de víctimas en el salón ejercía “presión sobre los legisladores”. También comparó la propuesta a un “pliego de peticiones de un sindicato”. Minutos antes, el representante Heriberto Sanabria, del mismo partido, había calificado las diez audiencias públicas en las que participaron las víctimas y varios congresistas en aras de construir la propuesta, como "un acto de populismo".

La escena recordó el agravio a las víctimas protagonizado por la mayoría de senadores, quienes se ausentaron del Capitolio mientras varias de ellas relataban su drama, una tarde de julio del año pasado.

En la jornada de este miércoles, el representante del Polo Franklin Legro le exigió respeto a su colega Sanabria y respondió que las víctimas no ejercían ninguna presión indebida.

La bancada de oposición, al advertir que no sería escuchada, según indicó el representante Germán Navas Talero, del Polo, decidió retirarse del debate. “Esta iniciativa es más gravosa para las víctimas. Va contra mi consciencia jurídica. Yo creo que se debe legislar para ellas y no contra ellas”, dijo Talero a Semana.com al término del debate.

Las razones de Talero no son infundadas. Las víctimas de agentes de Estado fueron excluidas de la reparación integral, propósito medular de la iniciativa. A pesar de que se mencionan en la Ley, quienes han sufrido por acciones de agentes estatales deberán contar con una sentencia ejecutoriada de un organismo judicial, para poder acceder a la reparación.

Este trato es discriminatorio, han argumentado varios analistas. Las víctimas de los grupos ilegales pueden acceder a la reparación solo con una prueba sumaria de su condición. Es decir podrán ser reparadas y asistidas si comprueban a través de algún documento (no necesariamente judicial) que fueron agraviadas.

Por el contrario las víctimas de agentes de Estado deberán demandarlo y que un juez falle a su favor, proceso que puede tardar varios años, para poder recibir una indemnización. Previo a la votación el Ministro del Interior, Fabio Valencia, había dicho que la norma legal que apruebe el Congreso, debe, necesariamente, “establecer que hay una clara diferenciación entre las víctimas de grupos ilegales y las de agentes del Estado”. Dijo que este era un principio aceptado internacionalmente.

El temor de fondo del uribismo detrás de su negativa a aceptar que las víctimas de agentes de Estado sean reparadas sin orden judicial, es que de aprobar esta norma, muchas personas que resulten afectadas por acciones legítimas del Ejército, consigan que el Estado las repare.

No obstante, la resolución de la ONU 60/147, suscrita por este gobierno en 2006, no discrimina la víctima en razón de su victimario. En esta se define como víctima a todas las personas que hayan sufrido daños, físicos, mentales, emocionales o pérdidas económicas debidas a “acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario”.

Y añade: “Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado…”

Pero este no es el único reparo al proyecto. Según la norma aprobada se fija un monto de reparación que está contemplado en el decreto del gobierno 1390, lo que desconoce la diferencia entre la reparación a la que debe acceder una víctima de otra. Es decir, los jueces deberán fallar las reparaciones de las víctimas basados en las escalas de reparación que fijó el gobierno.

Para la analista política Laura Gil, quien ha acompañado el proceso de construcción del estatuto, “sería mejor no tener ninguna Ley. Fijar montos de reparación es arbitrario”. La analista explicó a Semana.com que las víctimas de agentes de Estado tendrían más beneficios si no se aprueba la Ley, pues el monto de la reparación por la vía judicial actualmente, no está sujeto a ningún tope, sino a lo que considere el juez con base en el daño.

“La norma deberá ser revisada por la Corte Constitucional. Y yo no creo que la vaya a aprobar, pues, como está, va contra los derechos de las víctimas”, agregó Gil.

Otro punto que fue sacado de la propuesta que había sido aprobada por el Senado en la legislatura pasada, fue el principio del deber de garantías del Estado. En el periodo legislativo anterior, mientras fue ministro del Interior, Carlos Holguín, éste no logró convencer a los senadores de que el Estado no tenía responsabilidad con las víctimas por no garantizar la protección a sus derechos.

Pero en la propuesta aprobada, los representantes eximieron al Estado de la responsabilidad, para expresar que éste repara por “solidaridad”. Según Catalina Díaz,coordinadora del Área de Reparaciones del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), en el marco de la justicia transicional -la que se aplica cuando un país pasa de una dictadura a una democracia, o cuando unos combatientes deciden dejar las armas-, “al Estado le corresponde una cuota de responsabilidad por no garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos, si por cualquier razón permitió que ocurrieran masacres, desplazamientos, asesinatos, etc.”

En esta coyuntura, luego del escándalo de los falsos positivos, donde ha quedado en evidencia que agentes del Estado han ejecutado civiles y los han presentado como dados de baja en combate (en la Procuraduría hay 935 denuncias de casos como estos ocurridos en este gobierno), suena irónico decir que el Estado sólo debe reparar por un pricipio de solidaridad y no por su falta de eficacia o por los desmanes de miembros de la Fuerza Pública.

Otro de los puntos que fueron retirados de la iniciativa, que incluso ya había sido concertada entre la bancada uribista y la oposición, fue el principio de interpretación en favor de la víctima contemplado en el artículo 14. Este consistía en que si uno de los artículos aprobados tenía una doble interpretación, se adoptaría la que fuere favorable a la víctima. Este principio también está contemplado en la legislación internacional.

Otro de los temas que generaron controversia fue el de la restitución de tierras. La ponencia Liberal planteó no sólo la restitución de inmuebles, sino de bienes. Sin embargo, los daños que sufran estos últimos no serán reparados, según el proyecto aprobado.

Por estas razones la bancada de oposición, una vez fueron votados en contra los “principios orientadores de la propuesta”, tras varias horas de debate y meses de trabajo, se retiraron de la discusión.

“Así quedó desnaturalizada completamente la iniciativa. Se desconoció toda la jurisprudencia internacional”, dijo el representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, una vez concluyó la sesión.

Con desilusión las víctimas se retiraron del recinto viendo como se hundía la posibilidad de que en tantos años de conflicto se reconocieran sus derechos a la reparación por haber quedado en peor lugar de un conflicto armado: entre el fuego cruzado. Ahora el proyecto deberá cursar su cuarto debate en la plenaria de la Cámara. Para este debate el grupo de trabajo de la propuesta civil se reunirá con el fin de decidir si retira el proyecto o lo puede enmendar en el camino.

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