"la institución del asilo se convertirá en una figura decorativa" en España, CEAR

Europa Press. El Gobierno tiene previsto estudiar durante la reunión del Consejo de Ministros de hoy, viernes, un informe del titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el anteproyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección internacional subsidiaria.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) criticó el pasado miércoles que con las medidas contempladas en el borrador de la nueva ley "la institución del asilo se convertirá en una figura decorativa" en España, entre otras cosas porque en el nuevo texto "desaparece el papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el procedimiento de asilo en frontera, se debilita el papel de las organizaciones sociales y se diluye la asistencia letrada".

Criticó asimismo que el borrador "consolida las trabas" administrativas al derecho de asilo, porque introduce el concepto de terceros países seguros, aquellos en los que no se justificaría pedir protección internacional, y "refuerza" el procedimiento de inadmisión a trámite, entre otras modificaciones.

"Como elemento de especial preocupación, desaparece la posibilidad de solicitar asilo en España por vía diplomática lo que, en el actual contexto de crecientes dificultades para siquiera tener acceso al procedimiento, constituye una medida injustificada y de especial gravedad", señaló la organización.

Conoce el texto completo en CEAR

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Codhes (ONG) de Colombia pidió hoy la revisión de las cifras oficiales de personas muertas en combate en el país

Bogotá, 30 oct (EFE).- Una organización no gubernamental (ONG) de Colombia pidió hoy la revisión de las cifras oficiales de personas muertas en combate en el país, que, según el Ministerio de Defensa, suman 1.283 únicamente en los ocho primeros meses de este año.
Las cifras "dejan un inmenso margen de duda" ante la magnitud de los "falsos positivos" (civiles que son presentados como muertos en enfrentamientos), advirtió en Bogotá la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

En un comunicado con motivo de la masiva remoción de militares ordenada ayer por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, la ONG dijo que los registros oficiales muestran que en Colombia se presenta una media de 5,3 muertos en combate al día.



Mientras se siga premiando con ascensos y días libres, al Militar que presente mas bajas, episodios como estos seguirán sucediendo

Según el Ministerio de Defensa, de enero a agosto de este año murieron en combate 795 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 155 del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como 333 miembros de "bandas criminales" (incluidos nuevos grupos paramilitares).

Sin embargo, un número no establecido de esas muertes se corresponde con los llamados "falsos positivos", denunciados por familiares de víctimas y ONG de defensa de derechos humanos, que aseguran que en el país se presenta una ejecución extrajudicial al día.

Entre los casos denunciados y comprobados de manera preliminar está el de una veintena de jóvenes de Soacha, populosa población vecina a Bogotá, que desaparecieron a comienzos de este año.

Los restos de los jóvenes fueron descubiertos en fosas comunes de cementerios del nordeste del país, donde habían sido registrados por unidades militares como "muertos en combate".

Por este caso, 27 oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos tres generales, fueron llamados a retiro o destituidos ayer por el Gobierno de Uribe, que los acusó de negligencia, falta de control o connivencia con "delincuentes" para asesinar a inocentes.

La Codhes también exigió que la responsabilidad política alcance o sea asumida por las "instancias gubernamentales que incentivaron la acción de las tropas sin tener en cuenta los informes de derechos humanos, que negaron las graves denuncias y trataron de exculpar a los responsables, y que insisten en salidas militares frente a las cuales cualquier crítica es sospechosa de apoyar el terrorismo".



Mientras se siga premiando con ascensos y días libres, al Militar que presente mas bajas, episodios como estos seguirán sucediendo


Bogotá, Prensa CODHES, 29/10/08. Reclamos como una exhaustiva revisión de la política se seguridad democrática, que no se estimule a los militares por las bajas que realicen y que se establezca la responsabilidad penal de cada militar implicado en este nuevo escándalo de falsos positivos, han hecho durante el día importentes analistas del país.

Desde primeras horas de la mañana, cuando el presidente de la República, el ministro de Defensa y los altos mandos militares anunciaron la destitución de 27 integrantes del Ejército entre oficiales y suboficiales, implicados en el escándalo suscitado por la desaparición y muerte de 19 jóvenes del municipio de Soacha, Cundinamarca, que fueron presentados por el Ejército como muertos en combate en Norte de Santander, las reacciones de los analistas de diversas tendencias políticas del país no se hicieron esperar.

Y aunque todos han reconocido la valentía del gobierno y las Fuerzas Militares al haber realizado una juiciosa y ágil investigación al interior de las unidades militares implicadas, que desembocó en la destitución más grande de oficiales en la historia de esa fuerza, para los analistas también es claro que lo que se ha descubierto hasta ahora es la punta de un gigantesco iceberg que está sacudiendo hasta las raíces la a política de Seguridad Democrática.

El polémico senador del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, aseguró a los medios de comunicación que estos crímenes son el resultado de un sistema de reconocimientos que se volvió tradicional entre las Fuerzas Militares y es premiar las muertes. “Mientras se siga premiando con ascensos y días libres al militar que presente más bajas, episodios de esta índole seguirán sucediendo ” aseguró el parlamentario, quien aprobó el valor del gobierno al dar el primer paso para el esclarecimiento de los macabros hechos.

La politóloga e investigadora, Claudia López, afirmó que los 19 casos de Norte de Santander son solo unos pocos de los falsos positivos que se han denunciado en todo el país y que este fenómeno tiene dimensiones mucho mayores.

Otro analista importante, el ex ministro de Defensa y ex candidato presidencial Rafael Pardo Rueda, aseguró que la destitución de los 27 militares es solo la primera de una seria de respuestas que esperan con urgencia las familias de las víctimas y en general todos los colombianos. "Sabemos que los destituyeron, pero queremos saber, que tuvo que ver cada uno de ellos con los crímenes, cuando ocurrieron, por qué los ordenaron” puntualizó Pardo.

Para el director de CODHES, Jorge Rojas, quien en días pasados aseguró en el editorial, mensajes equivocos, que el Gobierno antes de condenar la participación de militares en estos episodios estaba tratando de justificarla, aseguró esta mañana que “la investigación de estos casos no puede circunscribirse a establecer la responsabilidad política de oficiales y suboficiales, del Ejército, debe llegar hasta los altos niveles del gobierno en los que se promueven, auspician y facilitan este tipo de operaciones encubiertas”.

Jorge Rojas llamó la atención también sobre la necesidad que plantea la ocurrencia de episodios como estos de “revisar la política de seguridad democrática, que empieza a mostrar graves falencias en derechos humanos, tal y como lo han advertido por estos días Human Rights Watch y Amnistía Internacional”·

Finalmente el director de CODHES instó al las entidades que llevarán las investigaciones, a “establecer responsabilidades penales individuales en cada uno de los casos y a revisar con lupa los informes del ministerio de Defensa sobre bajas y capturas de miembros de los supuestos grupos armados ilegales, pues el descubrimiento de un número tan alto de ‘falsos positivos’ dejan un inmenso margen de duda ante el país y la comunidad internacional.

Bajas enero-agosto 2008 según Ministerio de Defensa


Total bajas 6.712
Promedio diario
28
Farc: 4.275(795 muertos, 1502 capturados, 1978 desmovilizados)
Eln:
618 (155 muertos, 224 capturados, 239 desmovilizados)
Bandas criminales:
1.819 (333 muertos, 1.486 capturados)
Total muertos:
1.283
Promedio de muertos diario: 5.3
Total capturados:
3.212
Promedio diario:
13.3
Total desmovilizados:
2.217
Promedio diario desmovilización:
9.2

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"una crisis humanitaria de proporciones catastróficas. en el Congo". La ACNUR se prepara ante la llegada de 30 Mil. nuevos Desplazados

Naciones Unidas, 29 oct (EFE).- El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió hoy de que la intensificación del conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha creado "una crisis humanitaria de proporciones catastróficas".
La portavoz de la ONU, Marie Okabe, aseguró que el secretario general está "alarmado por la escalada de la violencia en (la región de) Kivu Norte en las últimas 24 horas".
"La intensificación y ampliación de este conflicto está creando una crisis humanitaria de proporciones catastróficas y amenaza con con causar circunstancias nefastas para la región", dijo Okabe.


Ban instó a la declaración de alto el fuego completo, el respeto al derecho humanitario y deploró el uso de civiles como escudos humanos y los ataques deliberados a la población civil.

Okabe señaló que el secretario general apela a todos lo que tienen influencia en las diversas fuerzas sobre el terreno a hacer todo lo posible para restaurar un alto el fuego efectivo y evitar el sufrimiento de la población civil.

En particular, la portavoz señaló que Ban insta a poner fin a la amenaza que se cierne sobre la ciudad de Goma y sus alrededores, en los que combaten los rebeldes tutsis del Congreso Nacional de la Defensa del Pueblo (CNDP) contra el Ejército y las fuerzas de la misión de la ONU en la RDC (MONUC).

Así mismo, exigió que se ponga fin a los ataques en contra del personal de Naciones Unidas y de organizaciones humanitarias, así como que se permita el transporte de ayuda a los civiles damnificados por los combates.

Okabe dijo que Ban está también preocupado por el aparente intercambio de artillería en la frontera entre la RDC y Ruanda, a la que algunos acusan de armar a los rebeldes tutsis.

La ofensiva lanzada en las últimas semanas por el líder del CNDP, el general renegado Laurent Nkunda, fue condenada el martes por el Consejo de Seguridad de la ONU, que hoy volverá a analizar la situación en el país.

El CNDP declaró un alto el fuego para "evitar el pánico" de los habitantes de Goma y en los campos de desplazados cercanos a esa ciudad, donde decenas de miles de personas han llegado en los últimos días empujados por el recrudecimiento de los combates.

Al mismo tiempo, los rebeldes amenazaron con reanudar las hostilidades si las fuerzas gubernamentales tratan de tomar posiciones de ventaja en el terreno o reforzar sus unidades aprovechando el alto el fuego.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha cifrado en 45.000 el número de desplazados que han abandonado dos campamentos en Kibati, a 10 kilómetros de Goma.

Además, más de 1.000 congoleses han huido a la vecina Uganda en las últimas 24 horas y cientos más esperan poder cruzar la frontera para escapar del conflicto, indicó el organismo.




Responsables de ACNUR en el Congo se preparan ante llegada 30.000 desplazados
Ginebra, 29 oct (EFE).- Los responsables del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el nordeste de la República Democrática del Congo (RDC) están ultimando los preparativos ante la posible llegada a la ciudad de Goma de más de 30.000 desplazados internos.
Estas personas se han visto forzadas a huir ante el recrudecimiento de los enfrentamientos entre las fuerzas rebeldes y los militares en la región norteña del país, conocida como Kivu Norte.

Las decenas de miles de personas que pueden estar huyendo hacia el sur incluyen a unas 20.000 personas que ya habían sido desplazadas con anterioridad del campo de Kibumba, a 10 kilómetros al norte de Goma, y a unos 10.000 de los pueblos vecinos.

Según la oficina de la agencia de la ONU en Goma, la situación en la ciudad es cada vez más tensa, y ya se han contabilizado cinco muertos.

Desde que las luchas en el Kivu Norte se intensificaron en enero de 2008, 800.000 personas ha huido de sus hogares y viven como desplazados internos.

ACNUR tiene establecidos en la zona 16 campos en los que residen unas 100.000 personas, y el resto lo hace en 40 campamentos improvisados dispersos por toda la provincia.

Las agencias humanitarias estiman que el total de personas desplazadas en la provincia alcanza el millón. EFE

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"Una persona es ejecutada extrajudicialmente en Colombia a diario", Nombre de Militares Implicados en los Asesinatos

Bogotá, 29 oct (EFE).- Un total de 535 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en Colombia desde el 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2008, lo que supone en promedio una víctima diaria, y de ellas el 58 por ciento eran menores de 30 años.
Estos datos se desprenden de un informe presentado hoy en el foro "Ejecuciones extrajudiciales: una realidad inocultable", organizado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, un colectivo integrado por distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG).


La divulgación de estos datos coincidió con el anuncio del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de retirar del servicio a 27 oficiales, entre ellos tres generales, por la desaparición de 20 jóvenes que habían sido dados por muertos en combate, cuando en realidad fueron reclutados y ejecutados por las fuerzas del orden.

El coordinador del Observatorio Sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Colombia, Alberto Yepes, argumentó que esas 535 personas "perdieron la vida a causas de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública".

De ese total, el 21,9 por ciento, es decir 117 casos, tienen algún tipo de seguimiento judicial, "pero no hay certeza de que el restante 78,1 por ciento sean o hayan sido objeto de algún proceso o investigación".

Julio de 2007 fue el mes que registró el mayor número de ejecuciones, en total 58 personas, en contraste con junio de 2008, el que representa el menor índice con una sola víctima, según el informe.

El estudio agrega que el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, es en el que se registró el mayor número de casos (67), seguido de Antioquia (65).

"Resulta preocupante constatar que estas regiones, prácticamente, coinciden con las regiones en donde se han localizado las principales acciones del Plan Colombia", reseña el documento.

Por instituciones, el informe indica que el Ejército colombiano es el mayor responsable de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, pues se le atribuye el 93,7 por ciento de los casos, que representa 443 víctimas.

A la Policía se le atribuyen el 5,1 por ciento de las muertes y la Armada Nacional sería responsable de solo seis.

En un 97 por ciento de los casos las víctimas fueron hombres y el restante tres por ciento mujeres.

El 58 por ciento eran menores de 30 años y -de acuerdo al informe- las nuevas modalidades de ejecuciones ahora involucran a jóvenes de sectores marginados que desaparecen y después son ejecutados en lugares lejanos a sus hogares.

Ese fue el caso de los 20 jóvenes de la localidad de Soacha, por cuyo caso fueron hoy cesados 27 militares.

El informe sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia fue elaborado por 13 juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.


Listado completo de oficiales y suboficiales llamados a calificar servicios po violaciones a los Derechos Humanos

* Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos
* Estos son los 3 generales llamados a calificar servicios

Generales

Mayor general Roberto Pico Hernández - Comandante de la Séptima Brigada del Ejército

Brigadier General José Joaquín Cortés - Comandante de la Segunda División del Ejército

Brigadier general Paulino Coronado - Comandante de la Brigada 30 del Ejército

Coroneles

Coronel Santiago Herrera Fajardo, ex comandante de la Brigada Móvil 15.

Coronel Juan Carlos Barrera Jurado , comandante de la Décima Cuarta Brigada

Coronel Rubén Darío Castro Gámez, comandante de la Brigada Móvil 15.

Coronel Carlos Bohórquez Botero, jefe de Estado Mayor de la Brigada 14.

Teniente Coronel Álvaro O.Tamayo Hoyos, comandante del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander

Teniente Coronel Néstor Camelo Piñeros, ex comandante del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío.

Teniente Coronel Wilson Ramírez Cedeño, ex comandante del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío.

Teniente Coronel Wilson Castro Pinto , ex comandante del Batallón de Infantería General Rafael Reyes.

Teniente Coronel Wilton, Barón Rubio ex comandante del Batallón de Infantería Batalla de Bomboná.

Teniente Coronel Gabriel Rincón Amado , oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15

Teniente Coronel Ángel Alberto Acosta Vargas comandante del Batallón de Servicios No. 14

Mayores

Mayor Carlos Gilberto Rodríguez Mora , oficial de inteligencia de la Brigada Móvil15

Mayor José Simón Baquero Ramos, comandante del Batallón Contraguerrilla No. 96 de la Brigada Móvil 15

Mayor Oscar Mauricio Peralta Ramírez, oficial de operación del Batallón de Infantería General Rafael Reyes

Mayor López Díaz, oficial de inteligencia de la Brigada Móvil 14

Capitanes

Capitán Alarcón Ávila Javier, oficial de inteligencia del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío.

Tenientes

Teniente Villani Realpe Eduard oficial de inteligencia del Batallón de Infantería Rafael Reyes

Suboficiales

Sargento viceprimero Sortero Jhon Freddy, suboficial de atención de inteligencia del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío

Sargento viceprimero Yampira Benavides Jesús, suboficial de atención de inteligencia del Batallón Rafael Reyes

Sargento viceprimero Perdomo Bonilla Freddy, almacenista del Batallón de Infantería Sargento segundo Castro Ojeda Cristian, almacenista de armamento del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío

Sargento segundo Pérez Contreras Sandro, suboficial de inteligencia del Batallón de Infantería General Francisco de Paula Santander.

Sargento segundo Cano Gómez Bernardo, reemplazante de pelotón del Batallón de Infantería Batalla de Bomboná

Cabo tercer o Perdomo Polanía Felipe, comandante de escuadra del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío.

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“En un país serio el Ministro de la Defensa debería renunciar”: Carlos Gaviria

Polo Democratico
Los desaparecidos de Soacha y Ciudad Bolívar

- El presidente del Polo aseguró que la responsabilidad política recae en los superiores.

- “Aún cuando no obedezca a una conducta o una omisión notable suya (la del superior) debe, por lo menos, “retirarse del cargo”.

- Gaviria sostuvo que la noticia de la “purga” en el Ejército más que producir regocijo debe causar es “consternación” y que espera que así como el ministro de la Defensa Juan Manuel Santos, ha salido “muy alegremente y con mucha rapidez” a celebrar y compartir los triunfos de las Fuerzas Militares, en este momento “debería asumir una actitud parecida frente a un acto tan vergonzoso como el que se está descubriendo”.

Ante el anuncio que hizo el gobierno en el día de hoy de destituir a 25 oficiales del Ejército por haber participado presuntamente en la desaparición y posterior asesinato de once muchachos en el sur de Bogotá, el presidente del Polo Democrático Alternativo Carlos Gaviria, recordó que la responsabilidad política recae en el superior que es quien se hace cargo “de las conductas del inferior”.

Agregó que aún cuando no obedezca a una conducta o una omisión notable suya (la del superior) debe, por lo menos, “retirarse del cargo”.

Gaviria sostuvo que la noticia de la “purga” en el Ejército más que producir regocijo debe causar es “consternación” y que espera que así como el ministro de la Defensa Juan Manuel Santos, ha salido “muy alegremente y con mucha rapidez” a celebrar y compartir los triunfos de las Fuerzas Militares, en este momento “debería asumir una actitud parecida frente a un acto tan vergonzoso como el que se está descubriendo”.

Frente al anuncio del Presidente de la República de someter a la justicia ordinaria los hechos de Soacha, Gaviria Díaz sostuvo que esa determinación no la puede tomar el Presidente sino que es la propia justicia quien determine si se trata de un delito cometido en razón del servicio o si se trata de un delito común.

En el primer caso, explicó, sería la justicia penal militar quien lo juzgue y en el segundo, la justicia ordinaria.

“Eso no puede obedecer a una orden presidencial. Hay reglas claras de carácter procesal y sustantivo que indican cuál es la autoridad competente para juzgar a los militares en una circunstancia o en otra”, concluyó.

Las desapariciones de los jóvenes en Ciudad Bolívar y posteriormente los de Soacha, fueron denunciados por la Secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, y por el senador del Polo Gustavo Petro, quien además señaló en su momento que en varias guarniciones militares, se estaban dando premios y remuneraciones por este tipo de "positivos".

Los cadáveres de los jóvenes fueron encontrados en fosas comunes en una zona del noroeste del país. Varios de ellos fueron presentados como bajas de guerrilleros en combate.

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lista de generales

Listado completo de oficiales y suboficiales llamados a calificar servicios

* Tres generales, entre los 27 miembros del Ejército retirados por casos de derechos humanos
* Estos son los 3 generales llamados a calificar servicios

Generales

Mayor general Roberto Pico Hernández - Comandante de la Séptima Brigada del Ejército

Brigadier General José Joaquín Cortés - Comandante de la Segunda División del Ejército

Brigadier general Paulino Coronado - Comandante de la Brigada 30 del Ejército

Coroneles

Coronel Santiago Herrera Fajardo, ex comandante de la Brigada Móvil 15.

Coronel Juan Carlos Barrera Jurado , comandante de la Décima Cuarta Brigada

Coronel Rubén Darío Castro Gámez, comandante de la Brigada Móvil 15.

Coronel Carlos Bohórquez Botero, jefe de Estado Mayor de la Brigada 14.

Teniente Coronel Álvaro O.Tamayo Hoyos, comandante del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander

Teniente Coronel Néstor Camelo Piñeros, ex comandante del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío.

Teniente Coronel Wilson Ramírez Cedeño, ex comandante del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío.

Teniente Coronel Wilson Castro Pinto , ex comandante del Batallón de Infantería General Rafael Reyes.

Teniente Coronel Wilton, Barón Rubio ex comandante del Batallón de Infantería Batalla de Bomboná.

Teniente Coronel Gabriel Rincón Amado , oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15

Teniente Coronel Ángel Alberto Acosta Vargas comandante del Batallón de Servicios No. 14

Mayores

Mayor Carlos Gilberto Rodríguez Mora , oficial de inteligencia de la Brigada Móvil15

Mayor José Simón Baquero Ramos, comandante del Batallón Contraguerrilla No. 96 de la Brigada Móvil 15

Mayor Oscar Mauricio Peralta Ramírez, oficial de operación del Batallón de Infantería General Rafael Reyes

Mayor López Díaz, oficial de inteligencia de la Brigada Móvil 14

Capitanes

Capitán Alarcón Ávila Javier, oficial de inteligencia del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío.

Tenientes

Teniente Villani Realpe Eduard oficial de inteligencia del Batallón de Infantería Rafael Reyes

Suboficiales

Sargento viceprimero Sortero Jhon Freddy, suboficial de atención de inteligencia del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío

Sargento viceprimero Yampira Benavides Jesús, suboficial de atención de inteligencia del Batallón Rafael Reyes

Sargento viceprimero Perdomo Bonilla Freddy, almacenista del Batallón de Infantería Sargento segundo Castro Ojeda Cristian, almacenista de armamento del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío

Sargento segundo Pérez Contreras Sandro, suboficial de inteligencia del Batallón de Infantería General Francisco de Paula Santander.

Sargento segundo Cano Gómez Bernardo, reemplazante de pelotón del Batallón de Infantería Batalla de Bomboná

Cabo tercer o Perdomo Polanía Felipe, comandante de escuadra del Batallón de Ingenieros Batalla de Calibío.



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Ciudadano Bogotano aparece muerto como guerrillero en Ocaña

Semana
Jaime Castillo Peña tenía 42 años y desde que su madre murió, hace 20 años, era adicto a las drogas. La vida en la calle lo volvió flaco y más moreno, pero nunca lo convirtió en un hombre agresivo, según cuentan algunos vecinos que lo conocían bien en su barrio, Los Álamos, al occidente de Bogotá.


Era el sexto de siete hermanos que vivían en los barrios Álamos y el 20 de julio, donde a veces se quedaba a dormir. Algunas noches se le hacía tarde en la calle y se quedaba en un parque. Y aunque no tenía celular, siempre se reportaba con Mauricio y Gloria, dos de sus hermanos más cercanos. No tenía empleo, esposa, novia, hijos, ni amigos. Se mantenía limpio, bien peluqueado y con buena ropa, aunque se la pasara lavando vidrios a los carros. Pero nunca tuvo problemas de violencia, cuenta su hermana Jakeline. Sólo una vez salió de Bogotá, cuando por 10 meses estuvo en la Fundación La Luz de Medellín, en un proceso de rehabilitación en 1998.

El 10 de agosto su familia lo vio por última vez. Los hermanos Castillo Peña han hecho un esfuerzo por recordar cómo fueron esos últimos días de Jaime. El viernes 8 de agosto, a eso de las 3 de la tarde, uno de los hijos de Jakeline recibió una llamada a su casa.

- "Te llamaron de la Policía, que por favor te comuniques con ellos", le dijo su hijo.

El identificador de llamadas del teléfono de su casa guardó el número del que se comunicaron. Ella marcó. Pero le contestó un niño. Cuando ella le dijo al pequeño que de ese teléfono la habían llamado diciendo que comunicara con la Policía, el niño llamó a su papá.

- “¿Aló?, busque a su hermano en el CAI de Álamos”, oyó Jakeline decir a un hombre adulto que colgó de inmediato.

Por error, dice Jakelín, su hijo desconectó el teléfono y se perdió el registro de las llamadas. Pero ella enseguida llamó al CAI de Álamos y allá le respondieron que en efecto ahí estaba detenido Jaime Castillo Peña porque le había robado un celular a un niño. A las dos horas, su hermano Mauricio llegó a ese CAI, pero Jaime ya no estaba. Ni siquiera había un registro de su paso por el lugar. Lo atendió un patrullero y le dijo: “Dígale a su hermano que se pierda, si no lo matan”.

Al día siguiente, Jaime apareció en la casa de uno de sus hermanos. Se bañó y se puso una camiseta negra, un pantalón azul y tenis blancos, tal y como vestía cuando fue muerto. La familia lo buscó por varios días. Fueron a Medicina Legal y allí lo reconocieron en una foto. Había sido encontrado muerto el 14 de agosto en una vereda a tres horas de Ocaña. Estaba boca abajo, con cuatro tiros de fusil lanzados por detrás (uno en cada pierna y dos en la espalda), la cara golpeada y un revólver a su lado sin disparar. Según el dictamen legal había muerto el 12 de agosto, apenas dos días después de su detención en el CAI.

- Semana.com: ¿Qué le dijeron a su hermano Mauricio cuando fue al CAI y no encontró a Jaime?

- Jakeline Castillo: Nada. Igual estábamos tranquilos porque al día siguiente él fue a donde mi hermano Mauricio y se cambió de ropa. Mi familia lo vio normal, como si siempre. Lo raro fue cuando pasó una semana y no volvimos a tener noticias suyas. El 22 de agosto fuimos a Medicina Legal y ellos nos mostraron las fotos de los NN de Cundinamarca, pero ninguno de ellos era Jaime. La persona que me atendió, no sé por qué, me dijo que mirara las fotos de Ocaña. Y ahí fue cuando yo lo vi, en una imagen de frente, con la cara vuelta nada y con la misma ropa que salió de Bogotá. El 7 de octubre viajé hasta Ocaña y viendo todas las fotos ratifiqué que sí era mi hermano.

El dictamen de Medicina Legal es que el cuerpo fue encontrado el 14 de agosto y que murió el 12. Es decir, dos días después de que sus familiares lo vieron con vida en Bogotá por última vez.

Las huellas

Mientras lo buscaban, Jakeline y su familia recogieron algunas pistas de lo que pudo haber pasado con su hermano. Días antes de su muerte, Jaime le comentó a un cuñado suyo que alguien le había ofrecido 50 millones de pesos “para hacer una vuelta en una finca”. Pero nadie le prestó atención.

Además, personas que conocían a Jaime aseguraron haberlo visto la semana que desapareció con un hombre joven a quien llamaban Matías que vestía camisa a cuadros, jeans y tenis negros. Él también desapareció. Casualmente, junto al cadáver de Jaime, se encontró a un hombre de entre 23 y 25 años de edad con características similares a las de Matías. Sin embargo, ningún familiar lo ha reclamado y por eso no ha podido ser identificado.

También se rumora en Álamos que a Jaime lo vieron un día con dos hombres dentro de un carro, algo bastante raro según su familia, pues él era más bien solitario y no acostumbraba montarse en carros.

Jaime Castillo Peña fue enterrado el pasado 18 de octubre en el Cementerio Jardines del Paraíso, en el occidente de Bogotá. Su caso ya está en manos de la Fiscalía y muy seguramente su muerte está relacionada con la de los once jóvenes que fueron encontrados muertos en combate en Ocaña, y que luego se estableció que habían desaparecido en Soacha y Ciudad Bolívar este año. Todas son personas vulnerables, adictas o pequeños vendedores de drogas. Y ahora, con este caso, el escándalo es aún más escabroso, porque muestra que la acción de los crueles reclutadores no se limitó a barrios colindantes, sino también acecharon a personas en otros barrios bogotanos, como éste de clase media.

Por el macabro caso de los desaparecidos, han sido retirados temporalmente del servicio tres coroneles del Ejército:
Santiago Herrera Fajardo (de la Quinta División en Bogotá), Rubén Darío Castro Gómez y Gabriel Rincón Amado (de la Brigada Móvil 15, en Santander),mientras se hacen las investigaciones respectivas.

En el caso de Jaime hay muchas preguntas por resolver. ¿Por qué la Policía no tiene un registro de la detención de Jaime en el CAI? ¿Por qué pasaron tan pocos días entre la fecha de su desaparición en Bogotá y su muerte a cientos de kilómetros al nororiente del país? ¿Por qué el arma que encontraron a su lado estaba sin disparar? ¿Por qué su caso coincide con la desaparición de otras 11 personas de Soacha y Ciudad Bolívar, también adictos a las drogas, que fueron encontradas muertas en combate en Ocaña? ¿Jaime hace parte de otro falso positivo de los militares?

Los Castillo Peña no descansarán hasta encontrar respuestas a estas preguntas, igual que otras decenas de familias que no sólo en Bogotá, sino en todo el país, están tras la pista de los autores de lo que hasta ahora parece una macabra estrategia.

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Destituido 25 Militares del Ejército, incluidos tres generales, implicados en los Asesinatos de 19 jovenes

BOGOTA (Reuters) - Colombia destituyó el miércoles a 25 efectivos del Ejército, incluidos tres generales, presuntamente implicados en casos de violaciones a los derechos humanos vinculados con la desaparición de al menos 19 jóvenes que posteriormente fueron reportados como muertos en combate.
Se trata de la mayor purga en la historia reciente al interior de las Fuerzas Militares de Colombia, en momentos en que grupos de derechos humanos las acusan de cometer actos ilegales en medio de su lucha contra la guerrilla izquierdista, grupos armados fuera de la ley y el narcotráfico.

El caso que originó las destituciones se relaciona con la desaparición de al menos 19 jóvenes de un barrio obrero al sur de Bogotá, que posteriormente aparecieron muertos en el departamento de Norte de Santander, cerca a la frontera con Venezuela.

Inicialmente las autoridades militares aseguraron que las víctimas habían muerto en combates con patrullas del Ejército y que hacían parte de grupos armados ilegales conformados por antiguos paramilitares de ultraderecha.

"Nosotros no podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia asesinando víctimas inocentes", dijo el presidente Alvaro Uribe al anunciar la destitución de los militares.
NEGLIGENCIA
"Estos hallazgos muestran que en algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursos en crímenes; crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército", agregó.

La decisión de Uribe se produjo un día después de que Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional suspender la ayuda militar al país andino debido a las violaciones a los derechos humanos.

Entre los destituidos figuran dos comandantes de división, 3 comandantes de brigada y dos comandantes de batallón.

"La investigación administrativa y operacional de la comisión encontró serios indicios de negligencia al mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia, planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares", dijo el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Colombia afronta un conflicto interno armado de cuatro décadas en el que combaten guerrillas izquierdistas contra paramilitares de ultraderecha y fuerzas de seguridad del Estado que ha dejado según el grupo de derechos humanos al menos 70.000 muertos solo en los últimos 20 años, la mayoría civiles.

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Exigen que EE.UU. garantice los derechos de los detenidos en Guantánamo y piden su cierre

Washington, 28 oct (EFE).- El Centro por los Derechos Constitucionales (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidieron hoy a EE.UU. que cumpla sus obligaciones y garantice los derechos de los detenidos de Guantánamo al debido y justo proceso, y exigieron el cierre de esa prisión.
La solicitud fue hecha por Pardiss Kebriaei, abogada de CCR, y Michael Camilleri, representante del CEJIL, en una audiencia celebrada en el marco del 133 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


La audiencia se celebró para verificar el cumplimiento por parte de EE.UU. de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Djamel Ameziane, un argelino berebere que lleva más de seis años detenido sin cargos en Guantánamo, y al resto de presos de esa prisión.

Estados Unidos solamente ha presentado cargos contra 16 presos, de los 255 que permanecen detenidos de forma indefinida en Guantánamo.

Washington ha trasladado a muchos detenidos a sus países de origen o a terceros que se han ofrecido a acogerlos para evitar que sean perseguidos o torturados.

Ameziane, al igual que otros 50 detenidos de Guantánamo, no puede volver a su país por miedo a ser torturado. Ha solicitado refugio en Canadá, donde tiene familia y ha vivido.

Según Pardiss, Estados Unidos, pese a haberse comprometido a no trasladar a los detenidos de Guantánamo a países donde puedan ser perseguidos o torturados, ha permitido que se transfiera a presos a naciones donde su vida corre peligro.

Ameziane, que fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera de Afganistán con Pakistán, lleva desde 2002 en Guantánamo, donde se ha visto expuesto a "brutales y espeluznantes" actos de violencia.

Michael Camilleri, del CEJIL, denunció que EE.UU. "no ha procesado a una sola persona responsable de las torturas sufridas por Ameziane o cualquier otro detenido de Guantánamo, sino que ofrece inmunidad a sus funcionarios, en clara violación del derecho internacional".

El caso de Ameziane ni el de los otros detenidos sin cargos en Guantánamo ha sido revisado por un juez, pese a que la Corte Suprema restauró el derecho de los presos a cuestionar su detención (hábeas corpus) y a acudir a un tribunal federal.

Las juntas militares de Guantánamo, creadas a partir de los atentados del 11-S para juzgar a los sospechosos de terrorismo, únicamente han juzgado a dos presos.

La audiencia contó con el testimonio del coronel retirado Morris Davis, antiguo fiscal jefe de las Comisiones Militares de Guantánamo, quien renunció a su cargo ante los casos de tortura y la imposibilidad de garantizar juicios transparentes y justos.

"Los juicios en Guantánamo no son ni justos ni militares, porque los jueces son más bien autoridades políticas. Los juicios más importantes del mundo no se pueden hacer en secreto", denunció.

Washington, a través del representante de la Asesoría Legal del Departamento de Estado, Mariano Baños, y el representante alterno de EE.UU. ante la OEA, Lewis Amselem, dejó claro que está dispuesto a escuchar las peticiones de las organizaciones, pero que no participará "formalmente" en la audiencia.

Baños dijo que Washington no ha violado ningún derecho internacional suscrito y Lewis recordó que EE.UU. se encuentra en guerra con "enemigos radicales, violentos y con ideologías totalitarias".

"Tratamos de resolver este nuevo tipo de enfrentamiento bélico y los casos de los detenidos. Queremos clausurar Guantánamo, no queremos ser el carcelero del mundo, y por eso vamos a seguir liberando a los que no son juzgados por EE.UU.", aseguró.

La postura de EE.UU. suscitó el enfado de la CIDH, cuyo relator para las Personas Privadas de Libertad, Florentín Meléndez, dijo que "todos los actos de la Comisión son formales".

La CIDH se refirió, asimismo. a la negativa de EE.UU. de concederle una visita a Guantánamo, al afirmar que "así no se responde al principal organismo del sistema interamericano".

"Pedimos que EE.UU. cierre sin demora Guantánamo y que responda a la gestión de la CIDH para visitar la prisión en las condiciones como corresponden para un organismo internacional", enfatizó.

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Amnistia Internacional denuncia un aumento de ejecuciones extrajudiciales en Colombia

AFP. El estado de los derechos humanos se agravó en Colombia, con más ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos y amenazas a defensores, y la comunidad internacional no es suficientemente "contundente" con el gobierno colombiano, alertó este martes Amnistía Internacional en Madrid.
En el informe 'Déjennos en paz', presentado por la sección española de AI, el grupo de defensa de los derechos humanos señala que, según el gobierno colombiano, en el país hay "un renacimiento irreversible de una paz relativa, un rápido descenso de los índices de violencia, la desmovilización con éxito de miles de combatientes paramilitares y una justicia efectiva para las víctimas de abusos".

ENVIA UN MENSAJE A TU NOMBRE, AL PRESIDENTE ALVARO URIBE


"Sin duda, es cierto que en los últimos años se ha reducido la incidencia de algunos abusos", prosigue la organización de derechos humanos. "Pero otros, sin embargo, han aumentado, particularmente las ejecuciones extrajudiciales perpetradas directamente por las fuerzas de seguridad y los desplazamientos forzados" de las poblaciones.

Además, "el aumento reciente de la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los sindicalistas también es motivo de preocupación", enfatizó.

"Los grupos paramilitares continúan activos y siguen cometiendo violaciones de derechos humanos, a pesar de que el gobierno afirma lo contrario", afirma el informe.

Este insiste en particular en la existencia en Colombia de un conflicto que implica al ejército, a los paramilitares de ultraderecha y a las guerrillas de izquierda y que no es sólo una "guerra contra el terrorismo", como afirma el gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe.

Este conflicto se cobró la vida de más de 70.000 personas en 20 años, la mayoría de ellas civiles, y en 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles, frente a unos 1.300 en 2006, según AI. Además, entre 15.000 y 30.000 personas desaparecieron desde el comienzo del conflicto, hace 40 años, y 190 personas en 2007 a manos de las fuerzas de seguridad, los paramilitares o la guerrilla.

Y Colombia, con hasta 4 millones de desplazados, es el segundo país del mundo con esta lacra, después de Sudán. En 2007 tuvieron que desplazarse 305.000 personas.

La cantidad de secuestros bajó -de 3.570 en 2000 a 520 en 2007-, pero "Colombia sigue siendo un país en el que millones de civiles, en particular quienes viven afuera de las grandes ciudades, siguen siendo castigados por el conflicto violento y prolongado", afirmó AI.

AI denunció además a las guerrillas de izquierda, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por el uso récord de minas antipersonales y el reclutamiento de niños.

La ONG denunció también la impunidad de la mayoría de los 31.000 paramilitares desmovilizados desde 2002 -el 90%, según ésta-.

Por otra parte, según datos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entre 3.500 y 5.000 hombres que pertenecen a grupos armados de este tipo todavía son activos en 22 departamentos.

"Los dos bandos implicados en el conflicto -el Estado y los grupos guerrilleros- deben respetar de una vez por todas la inmunidad de la población civil y protegerla de las consecuencias del conflicto", concluye el informe.

La organización denunció además a España, la Unión Europea (UE) y la comunidad internacional por no ser lo suficientemente "contundentes" con el gobierno colombiano en la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones que cada año hace la ONU desde hace una década a gobierno y guerrilla para conseguir la paz.

La posición de España "tiene una influencia enorme en la posición que mantiene la Unión Europea, que en este momento es muy débil", por lo que "el Gobierno español debe cambiar su posición", llamó el director de Amnistía España, Esteban Beltrán, en la rueda de prensa en Madrid. Además, España no facilita el examen" que hace de Colombia el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, criticó.

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Los familiares de 28 rehenes de la guerrilla de las FARC insistieron este lunes en un acuerdo humanitario para buscar su liberación

AFP. Los familiares de 28 rehenes de la guerrilla de las FARC insistieron este lunes en un acuerdo humanitario para buscar su liberación, tras la fuga, ayudado por su carcelero, del ex congresista Óscar Tulio Lizcano, el domingo.
"Seguimos igual, luchando por el acuerdo" (humanitario que permitiría el canje), dijo a AFP Claudia Rujeles, esposa del ex gobernador del departamento (provincia) de Meta (centro), Alan Jara, desde hace siete años en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC).


Aunque manifestó su "alegría" por la libertad de Lizcano, quien ahora está con su familia, dijo, insistió en que ese hecho "no afecta, ni para bien ni para mal, la situación de los restante 28 rehenes".

Tras calificar la fuga del ex congresista como un "hecho aislado", Rujeles insistió en destacar que "las cosas siguen igual y que hay que buscar el acuerdo humanitario", que, dijo, "es la forma más sana y segura de volverlos a tener con nosotros".

"Seguiremos luchando por el acuerdo humanitario para que se sienten a negociar", añadió, al tiempo que indicó que también buscan la "cooperación internacional".

De la misma idea es Patricia Nieto, esposa del político Sigifredo López, único superviviente de un grupo de 12 diputados de la asamblea del departamento de Valle de Cauca (suroeste), secuestrados por las FARC en abril de 2002.

Sus once compañeros fueron muertos en junio de 2007 por sus captores cuando al parecer creyeron que eran atacados por el Ejército, en lo que resultó un intercambio de disparos entre los mismos guerrilleros, según correos encontrados en el computador de Raúl Reyes, número dos de las FARC muerto el 1 de marzo.

Nieto dijo además que la fuga de Lizcano le devolvió la ilusión.

"Es sentir que la ilusión como que se toca de nuevo, porque lamentablemente frente a todas estas cosas, la impotencia y la incertidumbre en las que vivimos, esto que sucedió con Oscar Lizcano es abrir otra vez esa ventanita de ilusión", declaró al telenoticiero Caracol.

Por su parte, Marlene Orjuela, quien representa a los familiares de los militares y policías en poder de las FARC, dijo al mismo telenoticiero que el acuerdo humanitario es la mejor opción.

"Creemos que el diálogo es la mejor solución para todos los problemas y en este caso, el acuerdo humanitario para poderlos abrazar a todos vivos", indicó.

De los 28 secuestrados que las FARC proponen canjear por unos 500 de sus militantes presos en Colombia y tres en Estados Unidos, 26 son miembros de la fuerza pública, algunos con ya más de diez años de cautiverio en la selva.

El 28 de noviembre se cumplirá en el país una marcha en favor de los secuestrados, a la que la ex rehén Ingrid Betancourt -quien también tiene nacionalidad francesa- ha pedido a la comunidad internacional sumarse.

Betancourt, y tres estadounidenses rescatados por el Ejército el pasado 2 de junio, junto con once uniformados, hacían parte del grupo original de secuestrados declarados canjeables por las FARC.

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Ejercito de Colombia se encuentra sumido en su peor momento, en violaciones a los Derechos Humanos

PCC.
El caso Soacha: ¿en la antesala de la debacle?
Reproducimos íntegro, el informe especial del periódico El Nuevo Siglo del domingo 26 por sus graves denuncias. Tal como avanzan las investigaciones por las circunstancias en que murieron los jóvenes desaparecidos al sur de Bogotá que luego fueron reportados como abatidos en combate con el Ejército, la sospecha inicial de que algo raro había pasado se confirma día tras día y expone al gobierno y a la Fuerza Pública a perder el año en que más golpes se dio a las Farc


Sospecha creciente

¿En combate?

Grave campanazo

¿Qué viene?

Una de las madres de uno los jóvenes de Soacha en el el reconocimiento de su hijo en Ocaña que apareció como dado de baja en combate por el ejército

DESDE EL mismo momento en que la prensa empezó a hacer eco de las denuncias en torno a que hombres jóvenes que habían desaparecido meses atrás al sur de Bogotá y en el vecino municipio de Soacha fueron reportados apenas días después como abatidos en combates con el Ejército, un halo de sospecha empezó a crecer alrededor de la confusa y grave situación.

En principio la alarma la dieron las propias familias, pues las noticias que empezaron a publicarse el 25 de septiembre pasado indicaban que varios de los presuntos integrantes de nuevos grupos paramilitares que habían sido abatidos en enfrentamientos armados con el Ejército en zona rural de Cimitarra y Ocaña, en Norte de Santander, eran originarios de Soacha. Los casos datan de enero e incluso los dos últimos se registraron en agosto.

Luego, cuando se revelaron las fechas de los decesos, la sospecha fatal de las familias se fue confirmando. Los reportes de las muertes coincidían con la época en que no menos de una veintena de jóvenes se despidieron de sus allegados o simplemente desaparecieron, tras recibir “ofertas de trabajo” en el nororiente del país.

Aunque varios de los desaparecidos tenían antecedentes penales o eran reconocidos como tales en los barrios en que residían, el hecho de que apenas dos, tres, cuatro o cinco días después de partir de Soacha aparecieron muertos en combates con el Ejército, ya sembraba una duda muy grande: ¿Cómo era posible que personas presuntamente recién reclutadas por grupos armados terminaran en combates directos con el Ejército? ¿Acaso no se suponía que deberían recibir un entrenamiento previo?

A medida que el escándalo fue creciendo, la preocupación en el Gobierno como en el Ministerio de Defensa hizo lo propio. Y la situación se complicó más cuando se vieron las imágenes desgarradoras de madres y familiares tras reconocer los restos de sus allegados entre los cuerpos que fueron sepultados como No Identificados (NN) en el cementerio de Ocaña.

Mientras que el Ejército guardaba prudencia frente al confuso hecho y los familiares de las víctimas alegaban que eran muy extrañas las circunstancias de las muertes, una declaración de la secretaria distrital de Gobierno, Clara López, hizo público lo que muchos pensaban en privado. “… Nosotros hemos sostenido que tienen que investigarse todas la hipótesis, no solamente la del reclutamiento ilegal sino también la de desaparecimiento forzado con fines de homicidio”, dijo.


Sospecha creciente


Aunque la declaración no cayó nada bien entre la Fuerza Pública, tanto la cúpula de ésta como el propio Gobierno empezaron a revisar más detenidamente la situación, sobre todo porque las evidencias y los recientes escándalos de “falsos positivos” cada día más le quitaban credibilidad a la versión “oficial” de que las víctimas, que en principio sólo eran nueve pero luego fueron aumentando, fueron abatidas en un combate abierto y sin anomalías.

Vino entonces una cumbre de las autoridades alrededor del tema que tomó dimensión nacional, no sólo porque la prensa empezó a escudriñar en la versión de los combates y encontró algunas presuntas inconsistencias, sino porque desde varias ciudades comenzaron a surgir denuncias de que allí también se habían aparecido presuntos reclutadores de los paras y la guerrilla para enganchar a jóvenes y adultos, los cuales aparecieron días después como abatidos en combates con la Fuerza Pública.

La decisión de crear una unidad especial a cargo de la Fiscalía para encargarse de la investigación, daba a entender la gravedad del hecho. Igual las advertencias de los comandantes del Ejército y las Fuerzas Militares advirtiendo que si hubo anomalías en los operativos los responsables serían castigados de la forma más drástica.

Pero si hubo una declaración que confirmó que había indicios de que algo olía mal en todo este caso, fue la realizada por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien dijo que temía que “había reductos dentro de la Fuerza Pública que están exigiendo como resultados cuerpos”. Para no pocos analistas y observadores esas palabras eran la confirmación tácita de que el mando castrense podría estar frente a uno de los más graves escándalos de los últimos años, superior a otros casos de “falsos positivos” o incluso a las denuncias sobre infiltración de paras y mafiosos en algunas unidades militares.

Las afirmaciones del vicepresidente Francisco Santos, quien a finales de septiembre pidió investigar a fondo lo sucedido y manifestó su preocupación por la gravedad de las denuncias, tampoco fueron de menor calibre. “Es muy preocupante porque no es sólo este caso, son otros. Nosotros en el programa presidencial de Derechos Humanos le estamos haciendo seguimiento”, advirtió.



¿En combate?


Como era apenas obvio, la sucesión de hechos y la creciente sospecha de inmediato activó a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos así como a la ONU y la OEA, todas las cuales no dudaron en exigir una urgente aclaración de los hechos y que fuera la justicia ordinaria, y no la penal militar, la que se encargara de la investigación.

El arranque de las pesquisas no fue fácil. Incluso la Fiscalía llegó a denunciar que así como algunos jueces penales militares habían entregado los expedientes sin obstáculo alguno, en un caso ello no fue posible e incluso el ente acusador dijo que interpondría un recurso de conflicto de competencia para forzar la remisión de ese proceso.
Superado ese obstáculo, la primera declaración oficial del fiscal general Mario Iguarán sobre este caso, no hizo nada distinto que afincar la duda sobre la “versión oficial” de las muertes.

“¿Hubo reclutamiento? Sí hubo reclutamiento. ¿Hubo reclutamiento con fines delictuales? Sí. Dije y digo que no fueron a coger café. ¿Quién los reclutó? No sabemos. Estamos investigando cuál es la red macabra de enrolamiento. ¿Fueron muertos por el Ejército? Sí, el propio Ejército asegura que las tropas les dieron de baja. ¿Quién practicó los actos urgentes, la inspección de los cuerpos? El CTI de la Fiscalía.

¿Fueron muertos en combate? No sabemos. Estamos investigando. Por el momento la Fiscalía no puede afirmar, no puede anticipar que fueron muertos en combate, ¿Quién debe adelantar la investigación? Sólo la debe adelantar la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General. ¿Puede Medicina Legal concluir o afirmar que fueron muertos en combate? Medicina Legal no lo puede afirmar. Esto sólo lo concluyen los fiscales y en últimas los jueces”, advirtió el jefe del ente acusador el pasado 7 de octubre.

Aunque el presidente Uribe entendió esa declaración como una exculpación de responsabilidad de las unidades del Ejército, le tocó rectificar luego que Iguarán reiterara que las víctimas fueron muertas por la Fuerza Pública, pero no se sabía si en combate.



Grave campanazo


En medio del paro judicial así como de otros escándalos políticos y judiciales que coparon la agenda de las últimas dos semanas, el caso de los desaparecidos de Soacha empezó a quedar en segundo plano. Por ejemplo, quedó en el aire la grave denuncia hecha en un debate en el Congreso por el parlamentario Juan Manuel Hernández, en torno a que oficiales le habían revelado que en algunas unidades castrenses había incentivos especiales por cada baja de la guerrilla o los paramilitares que se causara.

Entretanto, cuatro los fiscales con el apoyo de un grupo élite de investigadores y equipo de criminalística del CTI, siguió con sus pesquisas en los santanderes, el sur de Bogotá y Soacha. Según trascendió, en esas investigaciones no sólo se recogieron testimonios que permitirían identificar a algunos ex soldados profesionales y ex militares como los presuntos reclutadores de las personas en Soacha, sino que, además, se habrían encontrado inconsistencias en la forma en que el Ejército reportó las circunstancias de las muertes y las pruebas visuales y testimoniales que entregó a la Fiscalía para “oficializar” los abatimientos de los presuntos guerrilleros y paramilitares.

Sin embargo, la gravedad de los hechos volvió a quedar al descubierto el viernes pasado. El comandante del Ejército, general Mario Montoya, informó que en desarrollo de la investigación interna adelantada por la Inspección General “se pudo establecer que existen serios indicios de presunta participación de miembros del Ejército en actos que comprometen seriamente el honor militar y la rectitud en el correcto proceder”.

En vista de ello y con el fin de facilitar las investigaciones que adelanta la Fiscalía, se ordenó la separación de sus cargos del coronel Santiago Herrera Fajardo, del coronel Rubén Darío Castro Gómez y del teniente coronel Gabriel Rincón Amado. Se trata del jefe de estado mayor de la V División (con sede en Bogotá), el comandante de la brigada Móvil XV y el jefe de operaciones de la misma unidad, que opera en Norte de Santander, respectivamente.

Sin embargo, los indicios que se tendrían serían tan graves que el general Montoya solicitó al Ministro de Defensa convocar la junta asesora con el fin de proponer el retiro de las filas de los oficiales mencionados. Como si todo lo anterior fuera poco, el Ejército entregará pruebas testimoniales a la Fiscalía que tienen relación con este caso.



¿Qué viene?

Así como se vienen desarrollando los hechos, cada día es más posible que el Ejército tenga que enfrentarse a uno de los escándalos más graves de los últimos años. Si llega a comprobarse que una unidad militar montó una trama para engañar a civiles y convencerlos de que iban a ser enganchados en grupos ilegales, para luego abatirlos en estado de indefensión y presentarlos como muertos en combate, ello constituiría un golpe casi mortal para una Fuerza Pública que en 2008 ha logrado asestar los golpes más fuertes a la guerrilla y el narcotráfico en la última década.

Es claro que el tamaño y dimensión del escándalo le quitará brillo y eco al operativo en que fue abatido en la margen fronteriza ecuatoriana Raúl Reyes e incluso a la histórica Operación Jaque. El golpe a la credibilidad y confianza en el Ejército será catastrófico.

Para el Gobierno la cuestión no será menos peor. En momentos en que está viva la polémica con Human Rigths Watch y en la antesala de la decisión de Colombia de presentarse, el 10 de diciembre, de manera voluntaria al examen en Derechos Humanos, mecanismo de las Naciones Unidas, un escándalo de la magnitud que amenaza tomar el caso de los desaparecidos de Soacha será muy difícil de afrontar.

Colombia, su gobierno y su Fuerza Pública se enfrentan, pues, a una dura prueba. Si bien es necesario esperar a que las investigaciones señalen hechos de forma más clara, el halo de sospecha que un mes atrás se cernía sobre las confusas muertes de las personas desaparecidas en Soacha, cada día crece más, a tal punto que hoy se puede decir con certeza de que algo muy grave pasó…

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2OO Familias se Desplazan de Buenaventura, ante amenazas

Bogotá, 24 oct (EFE).- Unas 200 familias abandonaron sus domicilios en una barriada de la ciudad colombiana de Buenaventura y se trasladaron a otra para ponerse a salvo de amenazas de facciones guerrilleras y paramilitares, denunciaron hoy fuentes humanitarias de Bogotá.


Es un caso de desplazamiento intraurbano que estuvo antecedido de intentos de ambos bandos de reclutar jóvenes de manera forzada, explicó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) en una nota de prensa.

La organización no gubernamental (ONG) precisó que los desarraigados vivían en el barrio Lleras de Buenaventura, primer puerto del país en las costas del océano Pacífico y distante unos 600 kilómetros al suroeste de la capital colombiana.

El desplazamiento lo desató "la intensidad que tomaron los enfrentamientos entre células urbanas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y un grupo de nuevos paramilitares que se disputa el control de los barrios marginales", agregó Codhes.

La misma fuente advirtió de que los vecinos dejaron sus casas por desespero ante "las amenazas de muerte de los dos grupos ilegales contra la comunidad, en especial contra los jóvenes que se negaban a ser reclutados".

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"Mi Hermano Fue un "Falso Positivo", Luis Esteban Montes, Soldado del Ejercito Colombiano

Semana. "Todo pasó el 30 de abril del año pasado. Yo estaba como soldado contraguerrilla en el Batallón de Infantería N.31 que opera en Córdoba. Mi compañía llevaba más de 15 días sin hacer mucho en un pueblito caluroso que se llama San Juan.
No había operaciones ni patrullajes. Los soldados estábamos simplemente ahí, sin hacer nada. Pero el Día de la madre estaba cerca y los altos mandos empezaron a preocuparse porque no teníamos resultado para mostrar, ni méritos para que nos dieran los días y poder salir a visitar a las familias. Entonces se empezó a hablar de "legalizar" a alguien. Es decir, de matar a una persona para hacerla pasar por guerrillero y así ganarse el permiso para salir. No me sorprendió del todo, pues las 'legalizaciones' son un asunto cotidiano.


La Persecucion

"Una noche, mientras yo hablaba con mi familia por teléfono, llegó mi cabo Jonathan Pineda y me dijo: "Guajiro, váyase para el cambuche que ya tenemos el 'man' al que le vamos a hacer la vuelta". Yo le pregunté que quién era, pero me mandó a callar y me advirtió que mi capitán Jairo Mauricio García había dado la orden de que no le habláramos para que no se diera cuenta de que lo iban a matar. Le pregunté: "¿De dónde es el 'man'?" y me dijo que de La Guajira. Siempre buscaban personas que fueran extrañas a la región para que ningún familiar los reclamara. De todas maneras yo tenía mucha curiosidad porque también soy de La Guajira. Entonces me salí del cambuche, prendí un cigarro y escuché que el hombre me pidió otro. No le alcancé a ver el rostro porque no había luz ni luna. Estaba lloviznando. Le regalé el cigarro y nos pusimos a charlar. Al poco tiempo me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo Montes.

"Mi hermano se había ido de Maicao hacía mucho tiempo, cuando yo apenas era un pelao de 9 años. Por eso no lo reconocí. Pero cuando me dijo el nombre de mi papá, lo comprobé. Era mi hermano y era también al que habían elegido al azar para matarlo. No lo podía creer. Entonces me destapé. Le dije que yo era el 'niño', Luis Esteban, su hermano. Nos abrazamos y en medio de la emoción le advertí que lo iban a matar para hacerlo pasar por guerrillero. Le dije que se fuera, pero él no me creyó. Él se había hecho muy amigo de dos soldados de mi compañía que lo invitaron hasta el cambuche. Leonardo estaba seguro de que no le iban a hacer nada. Estaba engañado.

"Después de 20 minutos conversando con él afuera, me mandaron a llamar. Entonces me fui directo donde mi cabo Pineda y le dije: "Ustedes no pueden matar a ese hombre porque él es mi hermano". El cabo no me creyó y me dijo que mejor hablara con el capitán García, quien tampoco me creyó. Lo único que hizo fue insultarme. Le insistí. Le dije que le preguntara por el nombre de mi papá, de mis hermanos, de la familia, de la calle en Maicao donde habíamos nacido.

"A partir de ese momento todo fue un enredo. El capitán y yo discutimos varias horas y mi hermano lo escuchó todo. Al final, les dije que ya no me importaba si me creían o no, que ese hombre que iban a matar era mi hermano y primero tenían que matarme a mí. "Por qué no trae a un hermano suyo, capitán, o a su papá y así puede irse contento el Día de la madre. Pero con mi hermano no se pueden meter", le dije. Todos estaban muy alterados. No podían creer que la única persona que lograron conseguir para asesinar resultara ser el hermano de un soldado de su propio pelotón. El plan que tenían de buscar a alguien que no fuera de la zona, a alguien que no tuviera dolientes en el pueblo y que su muerte pasara inadvertida, se les había ido a la basura.


La Persecucion

"Después de un rato, el Capitán me dijo: "A mí no me duele la mano pa matar a ese hijueputa". Tampoco era difícil encontrar quién lo hiciera porque cada compañía tiene sus dos o tres sicarios, que son siempre los que hacen esas vueltas y se ganan su millón de pesos.

"En un momento de descuido aproveché para decirle a mi hermano que se fuera corriendo, que saltara por unos alambres, que pasara la quebrada y se fuera para la casa porque lo iban a matar. Él decía que no se iba porque ahí sí era más fácil que lo asesinaran. Logramos salir un poco del cambuche, conseguimos una mototaxi y él se fue para el pueblo. Yo me quedé pero, obviamente, esa noche no pude dormir.

"Al otro día me di cuenta de que todo había cambiado para mí. Mis compañeros me odiaban. Entonces le pedí a un coronel que me trasladara porque yo no era capaz de patrullar con la misma gente. Además estaba muy débil, pues me había atacado con fuerza el paludismo. Ese mismo día me mandaron para una compañía diferente en Puerto Libertador, un pueblo cercano a San Juan. Allá me sentí más tranquilo. Al menos no tenía miedo de que me mataran. La idea de denunciar a mis compañeros se me pasó por la cabeza, pero finalmente no lo hice en ese momento. Ya había liberado a mi hermano, que era lo más importante, y quería evitarme problemas con mis superiores.

"Como al tercer día de estar en Puerto Libertador escuché que la compañía donde yo estaba antes había "dado una baja". Me entró la duda por mi hermano y le pregunté a un soldado si sabía quién era el muerto. Él me contestó que no, pero que un carro lo estaba recogiendo para llevarlo al cementerio.

"De inmediato me fui para donde una tía que vive en Puerto Libertador y le conté todo. Le pedí que me acompañara al cementerio. Cuando íbamos caminando hacia allá, pasó el carro con el muerto pero tenía la carpa abajo y no pudimos verle la cara. Cuando llegamos al lugar, el muerto ya estaba en el piso envuelto en un plástico blanco. Yo me tiré sobre él, rompí la bolsa y me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo. El hueco ya estaba listo y dos soldados lo agarraron de los pies y de las manos y lo tiraron así, sin ataúd ni nada. Supuestamente, le encontraron una granada y un arma en las manos. Pero ya hay un testigo en el pueblo que dice que él le vendió esa pistola al Ejército y yo me acuerdo cómo, días antes al 30 de abril, dos soldados de mi pelotón la estaban limpiando con orina para borrarle las huellas.

"Después de ver todo esto llamé a mi familia en Maicao. Les conté todo y ellos vinieron por él hasta Córdoba para darle cristiana sepultura. Fue entonces cuando decidí demandar al Estado. Pero el mundo se me vino encima. Estoy en permanente estado de alerta porque pienso que me puede pasar algo. Me da miedo comer lo que me dan en el Ejército y aunque ya completé tres años en la institución y hoy estoy en el Batallón Juan del Corral, en Rionegro, Antioquia, la única función que puedo cumplir es recoger la basura de todos. No puedo ir a zonas de combate porque tengo medidas especiales de protección. Además, muchos me tienen la mala porque saben de la demanda y de mi historia. Yo espero que todo esto pase muy rápido. El caso lo tiene una fiscal de derechos humanos, quien está investigando a los siete militares implicados en mi caso. El día que se haga justicia veré qué otro rumbo le doy a mi futuro. Lo que pasó con mi hermano me cambió completamente la vida y creo que ya merezco un poco de tranquilidad".

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La crisis financiera causará un aumento de la inmigración clandestina, según alertó hoy Sharan Burrow

Manila, 27 oct (EFE).- La crisis financiera causará un aumento de la inmigración clandestina, según alertó hoy Sharan Burrow, presidenta de la Confederación Internacional de Sindicatos, que agrupa organizaciones de 155 países.
"La reacción de los gobiernos ante el aumento del paro ha sido anunciar la expulsión de inmigrantes para poder ofertar esos puestos de trabajo a sus ciudadanos, como ocurrió durante la crisis de Asia, en 1997. Esto sólo contribuirá a aumentar la inmigración ilegal pues no existen alternativas para los inmigrantes en sus países de origen", advirtió esta activista.

Actualmente, existen 40 millones de indocumentados, 10 de ellos en Estados Unidos, según Borrow, encargada de inaugurar las jornadas de debate civil del segundo Foro Global sobre Migraciones y Desarrollo, que se celebra hasta el próximo 30 de octubre en Manila.

"La crisis provocará la destrucción de 20 millones de puestos de trabajo y los primeros en sufrirlo serán los inmigrantes. Especialmente, cuando uno de los sectores más dañados es la construcción, donde hay mucha mano de obra extranjera", explicó Burrow.

La ralentización económica también afectará a los países de origen de los inmigrantes, dependientes en un alto porcentaje de las remesas que estos envían a sus familias.

"Estamos hablando de miles de millones de dólares. Filipinas, por ejemplo, recibe 15.000 millones de dólares de remesas. Hay países como Moldavia, donde éstas representan el 20 por ciento del Producto Interior Bruto", enfatizó.

Pero éstos no son los únicos retos que afronta la inmigración debido a la actual situación económica.

Oscar Chacón, director de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas y uno de los delegados de 170 países presentes en las discusiones, alertó de que "los sueldos de los inmigrantes bajarán debido a la fuerte competencia y subirán la xenofobia y la discriminación".

"Además, la reagrupación familiar será más complicada debido a las restricciones anunciadas por los gobiernos", añadió.

Sin embargo, Chacón es optimista al entender que "una crisis es una oportunidad de cambio. Hay que introducir mayor transparencia en el sistema financiero pero también aprovechar para mejorar las políticas migratorias".

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, asistirá el miércoles a la inauguración de las conferencias gubernamentales del foro, que reunirá a 15 ministros y viceministros de Inmigración de países como Ghana, Suráfrica o Irak, los próximos 29 y 30 de octubre.

El foro, dividido en jornadas de la sociedad civil y gubernamentales, es de carácter consultivo y fue auspiciado por el anterior secretario general de la ONU, Kofi Annan, en septiembre de 2005, durante un debate en la Asamblea General de la institución en Nueva York.

El primer foro se celebró el año pasado en Bruselas.

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