2.500 paramilitares desmovilizados han regresado a las armas en Colombia

Bogotá, 27 abr (EFE).- En torno a 2.500 paramilitares, el ocho por ciento de los 31.000 desmovilizados durante el proceso de paz, se han "reciclado" en 22 bandas criminales dedicadas al narcotráfico en Colombia, informó hoy el jefe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Eduardo Pizarro.


En una entrevista con Efe, Pizarro explicó que ningún país en guerra está ajeno a este fenómeno y el caso colombiano se encuentra "por debajo del promedio mundial".

Además de esos 31.000 paramilitares, 17.000 guerrilleros se han desmovilizado en Colombia desde 2003, meses después de que llegara al poder Álvaro Uribe con un plan de estímulos para quienes depusieran las armas y se reintegrasen a la vida civil.

Pizarro recordó que la experiencia muestra que entre el 5 y 15 por ciento de los desmovilizados de todos los conflictos en el mundo se "reciclan en la vida criminal", al agregar que "éste es un fenómeno universal y Colombia no iba a escapar".

Por ello, consideró que el regreso de ex combatientes a las bandas criminales no puede considerarse un fracaso del proceso de paz.

Este será el principal tema de debate del I Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, que acogerá Cartagena de Indias del 4 al 6 de mayo, contando con que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha cifrado en más de 7.000 los ex paramilitares que siguen activos en Colombia.

Pizarro explicó hoy que para atajar esa lacra se está evaluando "un modelo diferenciado de incentivos más eficaz" al utilizado hasta ahora.

Y es que, a su juicio, el problema en Colombia vino de los "mandos medios" de esos grupos, ya que los estímulos económicos que les ofrecieron por entregarse eran inferiores a las ganancias que obtenían del narcotráfico.

Un ejemplo fue el recién capturado "Don Mario", alias de Daniel Rendón, un mando medio paramilitar que asumió el control que dejaron sus anteriores jefes y reconstruyó una gran red criminal, matizó Pizarro.

El ex paramilitar se convirtió en el narcotraficante más buscado de Colombia y fue detenido el pasado 16 de abril tras dejar un reguero de más de 3.000 muertos en la zona del Urabá (noroeste).

En cuanto al proceso de extradición de ex jefes paramilitares a Estados Unidos, Pizarro aclaró que ha sido fundamental para que entreguen sus bienes adquiridos con dinero ilícito y aclaren sus crímenes, que amenazaban con quedar en la impunidad.

"Gracias a esas 554 versiones libres (declaraciones judiciales) se han resuelto 6.000 homicidios que permanecían en la total impunidad y se han localizado más de 1.300 fosas comunes. Homicidios que permanecían en la total impunidad", añadió, al advertir que se trata de un caso "único en América Latina".

El presidente de la CNRR explicó que los paramilitares decidieron colaborar desde Estados Unidos y someterse a la Ley de Justicia y Paz, que da beneficios a ex combatientes, para evitar ser juzgados por "el delito de narcotráfico".

En ese caso mencionó al ex jefe paramilitar Diego Murillo, alias "Don Berna", condenado la semana pasada en Nueva York a 23 años de prisión, pero a quien se le podría reducir la pena si colabora con la justicia.

"Se están creando incentivos poderosos para que sigan colaborando", insistió, convencido de que en el caso colombiano la extradición cumplió un papel importante porque esos criminales no estaban colaborando en el país y amenazaban a eventuales testigos.

El académico informó además que Noruega está interesada en participar en la resolución del conflicto colombiano, motivo que le llevó la semana pasada hasta Oslo para discutirlo con el primer ministro de ese país, Jens Stoltenberg.

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"severidad" a la hora de imponer condenas a los autores materiales e intelectuales de asesinatos y ataques contra periodistas.

AP. El vicefiscal Guillermo Mendoza pidió el lunes a los jueces colombianos "severidad" a la hora de imponer condenas a los autores materiales e intelectuales de asesinatos y ataques contra periodistas.
Los jueces "aplican la (sentencia condenatoria) que es más obvia y la que es más fácil de manejar", dijo Mendoza en un foro en Bogotá sobre la impunidad en Colombia y los crímenes contra periodistas.


El funcionario puso como ejemplo el asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria de la ciudad de Manizales, a 165 kilómetros al norte de Bogotá, quien fue asesinado por sicarios en enero de 2002.

Mendoza se quejó de que uno de los confesos sicarios de Sierra hubiera sido condenado por homicidio a 19 años y medio de prisión, pero de los cuales sólo pagó poco más de cinco porque había confesado y por otros beneficios que contempla la ley aquí.

Para el vicefiscal, el juez debió considerar agravantes como que el sicario aceptó haber recibido una remuneración por matar a Sierra, que la víctima era un periodista y que lo mataron en estado de indefensión.

"El tema de los autores intelectuales del asesinato de Sierra no está en el aire y estamos trabajando en eso para identificarlos", comentó Mendoza.

El vicefiscal aseguró además que en la provincia colombiana algunos políticos tienen la percepción de que los periodistas "son un problema porque denuncian sus 'negociaos' (corruptelas). Entonces hemos encontrado que muchos asesinatos de periodistas son por las denuncias que hacen sobre la corrupción administrativa".
Según la no gubernamental Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en Colombia fueron asesinados 136 periodistas en los últimos 30 años.

El viernes fue asesinado a tiros en su casa un corresponsal radial de la provincia, José Everardo Aguilar, de 72 años, el primer caso de un periodista asesinado en el país en los últimos 20 meses, según la FLIP.

El gobierno ofreció 50 millones de pesos (unos 22.700 dólares) por datos que lleven a la captura del victimario de Aguilar en una zona del suroeste colombiano.

El Comité de Protección a Periodistas (CPJ), organización con sede en Nueva York, 16 de los 20 periodistas asesinados en la última década siguen sin esclarecerse.

Según la unidad de la Fiscalía que investiga los crímenes contra periodistas en la última década en total 15 personas han sido condenadas por asesinatos de periodistas.

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Amnistía Internacional pide al Gobierno español que no olvide que la situación de los DDHH en Colombia "sigue siendo grave"

Europa Press. Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy, con motivo de la próxima visita oficial del presidente colombiano Álvaro Uribe, que el Gobierno español "no puede continuar obviando" que la situación de Derechos Humanos y humanitaria de Colombia sigue siendo grave, que el país continúa en medio de un conflicto armado y que los grupos paramilitares siguen operando a pesar del proceso de desmovilización promovido por el Gobierno colombiano. Asimismo, pidió al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que "no apoye iniciativas que perpetúen las violaciones de Derechos Humanos en Colombia".
"Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad siguen siendo responsables de abusos contra los Derechos Humanos y de violaciones del Derecho Internacional Humanitario generalizados y sistemáticos", afirmó la organización en un comunicado.

"El índice aún elevado de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad continúa suscitando honda preocupación, al igual que los homicidios ininterrumpidos de defensores y defensoras de Derechos Humanos y de sindicalistas, que también siguen recibiendo amenazas", prosiguió.

"Los grupos paramilitares siguen actuando, a veces con el apoyo o la connivencia de las fuerzas de seguridad, pese a las declaraciones en sentido contrario del Gobierno", denunció AI. "Aunque han habido algunos avances en las investigaciones judiciales sobre casos clave de Derechos Humanos, la impunidad continúa siendo un problema grave", advirtió.

En el comunicado, Amnistía indicó que, pese a que algunos indicadores clave de la violencia relacionada con el conflicto, como los secuestros y la toma de rehenes, han mejorado en los últimos años, "otros, como los relativos a las personas desplazadas internamente, siguen deteriorándose". "El conflicto armado sigue afectando a cientos de miles de personas, especialmente a las pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, muchas de las cuales viven en tierras que tienen interés económico para las partes en conflicto", agregó.

"El Gobierno español no puede ignorar esta realidad en sus relaciones bilaterales con el Gobierno colombiano", aseveró AI. "Aunque el Acuerdo de Asociación Estratégica con Colombia firmado en enero de 2008 prevé un mecanismo de Derechos Humanos bilateral, un año y medio después, éste sigue sin estar establecido", lamentó.

Por ello, prosiguió, "Amnistía Internacional cree que ya sea a través del mecanismo como de cualquier otro instrumento, el Gobierno español debe plantear una agenda de Derechos Humanos basada en las recomendaciones que año tras año formula la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros órganos internacionales y los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU".

Amnistía Internacional también instó al Gobierno español a suspender la ayuda militar y toda transferencia de equipo militar a las Fuerzas Armadas colombianas hasta que se hayan aplicado plenamente las recomendaciones de estos organismos internacionales "de modo que no exista un peligro evidente de que la ayuda y el equipo vayan a utilizarse para facilitar graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia".

"Según las últimas estadísticas oficiales de comercio de exterior de armas españolas, en el primer semestre de 2008, el Gobierno español autorizó a Colombia la venta de 110 millones de euros de la categoría 'aeronaves'", recordó.

PARAMILITARES Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

En su comunicado, Amnistía denuncia que los grupos paramilitares, "actuando a veces en connivencia con las fuerzas de seguridad", han sido los autores de la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales en los últimos tiempos. "Así en 2007, se sabe que fueron responsables del homicidio de al menos 300 civiles", aseguró.

"Sin embargo, en las estadísticas más recientes destacan las ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por las fuerzas de seguridad que han aumentado considerablemente en los últimos años", prosiguió. "Asimismo, en 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los diferentes grupos armados de oposición", añadió.

Según la organización, el Gobierno de Colombia adoptó algunas medidas para abordar las ejecuciones extrajudiciales, como la destitución en octubre de 2008 de una veintena de oficiales del Ejército tras revelarse que habían sido responsables de la muerte de decenas de jóvenes de Soacha. "Sin embargo, es imprescindible que todas estas denuncias sean objeto de una investigación efectiva por parte del sistema de justicia civil, procesando a los responsables", manifestó AI.

Además, advirtió Amnistía, en los últimos 20 años, entre tres y cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Colombia. En 2007, fueron más de 300.000 personas las que quedaron desplazadas, y en la primera mitad de 2008, 270.000 sufrieron desplazamientos forzados. En la actualidad se calcula que hay cuatro millones de personas desplazadas, muchas de ellas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres y niños y niñas.

ABUSOS DE LA GUERRILLA

Según Amnistía, los grupos guerrilleros siguen cometiendo abusos contra los Derechos Humanos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario, como homicidios deliberados de civiles, secuestros y toma de rehenes.

"Amnistía Internacional sigue recibiendo numerosos testimonios sobre reclutamiento forzado de menores de edad tanto por grupos guerrilleros como por grupos paramilitares", aseguró la organización. Asimismo ve "con preocupación" los ataques indiscriminados con explosivos que han tenido lugar en varias zonas urbanas y que en algunos casos han sido atribuidas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En su comunicado, AI acoge "con satisfacción" las últimas liberaciones de rehenes y sigue pidiendo la "liberación urgente e incondicional" de todas las personas secuestradas. "Aún así, la organización se opone a que el Gobierno colombiano ofrezca libertad y recompensas económicas a los miembros de la guerrilla que entreguen a personas a las que mantienen privadas de libertad", advirtió AI.

"Dejar en libertad a miembros de la guerrilla que ya han sido investigados, juzgados y condenados es muy distinto de conceder inmunidad 'de facto' a presuntos autores de graves abusos contra los Derechos Humanos", manifestó. "Ante estos delitos, Amnistía Internacional se opone a las amnistías, indultos y medidas similares que impidan ejercer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas y sus familiares", concluyó.

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Amnistía Internacional pide al Gobierno español que no olvide que la situación de los DDHH en Colombia "sigue siendo grave"

Amnistía pide al Gobierno español que no olvide que la situación de los DDHH en Colombia "sigue siendo grave"

hace 10 horas 26 mins
Europa Press



Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy, con motivo de la próxima visita oficial del presidente colombiano Álvaro Uribe, que el Gobierno español "no puede continuar obviando" que la situación de Derechos Humanos y humanitaria de Colombia sigue siendo grave, que el país continúa en medio de un conflicto armado y que los grupos paramilitares siguen operando a pesar del proceso de desmovilización promovido por el Gobierno colombiano. Asimismo, pidió al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que "no apoye iniciativas que perpetúen las violaciones de Derechos Humanos en Colombia". Seguir leyendo el arículo

"Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad siguen siendo responsables de abusos contra los Derechos Humanos y de violaciones del Derecho Internacional Humanitario generalizados y sistemáticos", afirmó la organización en un comunicado.

"El índice aún elevado de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad continúa suscitando honda preocupación, al igual que los homicidios ininterrumpidos de defensores y defensoras de Derechos Humanos y de sindicalistas, que también siguen recibiendo amenazas", prosiguió.

"Los grupos paramilitares siguen actuando, a veces con el apoyo o la connivencia de las fuerzas de seguridad, pese a las declaraciones en sentido contrario del Gobierno", denunció AI. "Aunque han habido algunos avances en las investigaciones judiciales sobre casos clave de Derechos Humanos, la impunidad continúa siendo un problema grave", advirtió.

En el comunicado, Amnistía indicó que, pese a que algunos indicadores clave de la violencia relacionada con el conflicto, como los secuestros y la toma de rehenes, han mejorado en los últimos años, "otros, como los relativos a las personas desplazadas internamente, siguen deteriorándose". "El conflicto armado sigue afectando a cientos de miles de personas, especialmente a las pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, muchas de las cuales viven en tierras que tienen interés económico para las partes en conflicto", agregó.

"El Gobierno español no puede ignorar esta realidad en sus relaciones bilaterales con el Gobierno colombiano", aseveró AI. "Aunque el Acuerdo de Asociación Estratégica con Colombia firmado en enero de 2008 prevé un mecanismo de Derechos Humanos bilateral, un año y medio después, éste sigue sin estar establecido", lamentó.

Por ello, prosiguió, "Amnistía Internacional cree que ya sea a través del mecanismo como de cualquier otro instrumento, el Gobierno español debe plantear una agenda de Derechos Humanos basada en las recomendaciones que año tras año formula la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros órganos internacionales y los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU".

Amnistía Internacional también instó al Gobierno español a suspender la ayuda militar y toda transferencia de equipo militar a las Fuerzas Armadas colombianas hasta que se hayan aplicado plenamente las recomendaciones de estos organismos internacionales "de modo que no exista un peligro evidente de que la ayuda y el equipo vayan a utilizarse para facilitar graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia".

"Según las últimas estadísticas oficiales de comercio de exterior de armas españolas, en el primer semestre de 2008, el Gobierno español autorizó a Colombia la venta de 110 millones de euros de la categoría 'aeronaves'", recordó.

PARAMILITARES Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

En su comunicado, Amnistía denuncia que los grupos paramilitares, "actuando a veces en connivencia con las fuerzas de seguridad", han sido los autores de la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales en los últimos tiempos. "Así en 2007, se sabe que fueron responsables del homicidio de al menos 300 civiles", aseguró.

"Sin embargo, en las estadísticas más recientes destacan las ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por las fuerzas de seguridad que han aumentado considerablemente en los últimos años", prosiguió. "Asimismo, en 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los diferentes grupos armados de oposición", añadió.

Según la organización, el Gobierno de Colombia adoptó algunas medidas para abordar las ejecuciones extrajudiciales, como la destitución en octubre de 2008 de una veintena de oficiales del Ejército tras revelarse que habían sido responsables de la muerte de decenas de jóvenes de Soacha. "Sin embargo, es imprescindible que todas estas denuncias sean objeto de una investigación efectiva por parte del sistema de justicia civil, procesando a los responsables", manifestó AI.

Además, advirtió Amnistía, en los últimos 20 años, entre tres y cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Colombia. En 2007, fueron más de 300.000 personas las que quedaron desplazadas, y en la primera mitad de 2008, 270.000 sufrieron desplazamientos forzados. En la actualidad se calcula que hay cuatro millones de personas desplazadas, muchas de ellas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres y niños y niñas.

ABUSOS DE LA GUERRILLA

Según Amnistía, los grupos guerrilleros siguen cometiendo abusos contra los Derechos Humanos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario, como homicidios deliberados de civiles, secuestros y toma de rehenes.

"Amnistía Internacional sigue recibiendo numerosos testimonios sobre reclutamiento forzado de menores de edad tanto por grupos guerrilleros como por grupos paramilitares", aseguró la organización. Asimismo ve "con preocupación" los ataques indiscriminados con explosivos que han tenido lugar en varias zonas urbanas y que en algunos casos han sido atribuidas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En su comunicado, AI acoge "con satisfacción" las últimas liberaciones de rehenes y sigue pidiendo la "liberación urgente e incondicional" de todas las personas secuestradas. "Aún así, la organización se opone a que el Gobierno colombiano ofrezca libertad y recompensas económicas a los miembros de la guerrilla que entreguen a personas a las que mantienen privadas de libertad", advirtió AI.

"Dejar en libertad a miembros de la guerrilla que ya han sido investigados, juzgados y condenados es muy distinto de conceder inmunidad 'de facto' a presuntos autores de graves abusos contra los Derechos Humanos", manifestó. "Ante estos delitos, Amnistía Internacional se opone a las amnistías, indultos y medidas similares que impidan ejercer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas y sus familiares", concluyó.



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380.863 personas (76.172 núcleos familiares), fueron obligadas a desplazarse

Bogotá, Prensa CODHES, 22/04/2009. Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES, alrededor de 380.863 personas (76.172 núcleos familiares), fueron obligadas a abandonar sus lugares de vivienda o trabajo para sumarse al universo de víctimas de este delito de lesa humanidad.
Es decir, en 2008 se produjo un incremento del 24.47% con relación a 2007. La tasa de desplazamiento se incrementó de 713 personas desplazadas por cada cien mil habitantes en 2007 a 888 en 2008.

Desde 2006 el desplazamiento forzado registra una tendencia creciente que refleja la consolidación de hegemonías armadas ilegales tras cruentas luchas en las cuales la población campesina se convirtió en objetivo militar y sus tierras y bienes en botín de guerra. Es decir, en los últimos tres años, casi un millón de personas han sido desplazadas, si se tiene en cuenta que en 2006 el desplazamiento afectó a por lo menos 221.638 personas y en 2007 la cifra ascendió a 305.638.

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Se reunen el gobierno ecuatoriano y la ACNUR, para tratar sobre la ejecución del registro ampliado

Quito, 22 abr (EFE).- El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, se reunió hoy con la representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Marta Juárez, para tratar sobre la ejecución del registro ampliado de refugiados que comenzó el pasado 23 de marzo.

Falconí mantuvo este encuentro, en el que también participaron los ministros de Gobierno (Interior), Gustavo Jalkh, y de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, antes de viajar a España, donde mañana tiene previsto reunirse con su colega, Miguel Ángel Moratinos.

Según la Cancillería, el objetivo de la reunión "fue realizar el seguimiento y acordar acciones de coordinación correspondientes al tratamiento que el Gobierno está otorgando al tema del refugio en el Ecuador, en particular, a la ejecución del Registro Ampliado.

"La voluntad del Gobierno ecuatoriano es respetar el Derecho Internacional Humanitario y fomentar sus prácticas", resaltó Falconí, quien recordó que Ecuador ha otorgado hasta ahora el estatuto de refugiados a cerca de 23.000 colombianos.

Explicó que la concesión de ese estatuto "parte de la presunción de que quien llega, lo hace por razones de seguridad personal y supervivencia".

Según ACNUR, unos 50.000 refugiados colombianos asentados en Ecuador serán documentados como tales y el "complicado esfuerzo logístico" que supone esto es de dos millones de dólares, de los que la agencia de la ONU financia un 80 por ciento.

La importancia de esta iniciativa, según la ACNUR, reside en que el período de espera para que el Gobierno ecuatoriano conceda el asilo se acorta de varios meses a tan solo un día.

El Gobierno ecuatoriano y la agencia estiman que el total de personas que necesitan protección internacional puede estar cerca de las 135.000.

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Uruguay recibirá a partir del mes de mayo a tres familias de refugiados colombianos

Montevideo, 21 abr (EFE).- Uruguay recibirá a partir del mes de mayo a tres familias de refugiados colombianos que escaparon del conflicto hacia Ecuador, según confirmaron hoy responsables de un programa que les brindará protección.
Estos refugiados tendrán un lugar seguro donde residir e infraestructuras para que puedan vivir con dignidad en tierras uruguayas, lo que incluye una vivienda, una asignación mensual y educación para los niños y adolescentes.

Según explicó a Efe la directora del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (Sedhu), Ana Varela, la llegada de estos refugiados (15 personas en un primer momento) es posible gracias a un convenio firmado por el Gobierno uruguayo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

"Uruguay aceptó recibir e integrar a estas personas como una experiencia piloto. El próximo año podría ampliarse si hay financiación, que es el mayor problema en este momento", apuntó Varela.

Este convenio es parte del programa de Reasentamiento Solidario que busca dar protección en terceros países a personas que debieron huir de sus lugares de origen por motivos religiosos, de raza, sexo o política.

Argentina, Brasil y Chile son otros países que también forman parte del este programa, cuya financiación proviene fundamentalmente de países europeos como Noruega.

Varela apuntó que este tipo de programas, que requieren financiación de los países ricos, puede ser visto como "una inversión", dado que "sale más barato mantener a un refugiado en América Latina" que recibirlo en Europa, donde los costos son más elevados.

Los participantes en este programa son seleccionados por diversas organizaciones de ayuda, que buscan familias que no tengan problemas para integrarse en las sociedades que las reciben.

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El Gobierno venezolano planea ampliar el programa de microcréditos para refugiados colombianos

Ginebra, 17 abr (EFE).- El Gobierno venezolano planea ampliar el programa de microcréditos para refugiados colombianos y solicitantes de asilo en la frontera de Venezuela, del que ya se beneficiaron 121 familias en una primera etapa.

Tras "el alto nivel de rendimiento de la fase anterior, en la que la tasa de morosidad fue inferior al 3 por ciento", el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ron Redmond, anunció hoy una ampliación del programa para 2009.

El Banco del Pueblo Soberano -una de las mayores instituciones financieras estatales en Venezuela- ya colaboró en la primera etapa con la concesión de 250.000 dólares en microcréditos para la financiación de 65 proyectos de producción, negocios y servicios.

En esta ocasión, el banco "planea doblar la ayuda a otras comunidades de Zulia, Tachira y Apure, así como extender el programa a más estados fronterizos", según informó Redmond.

El portavoz del ACNUR explicó que "este plan promueve el autoempleo en las comunidades de acogida y es un gran paso en el esfuerzo realizado por proteger e integrar a más de 120.000 demandantes de asilo que esperan a que se les reconozca su estatus".

En Venezuela, los solicitantes de asilo pueden tardar más de tres años en ser reconocidos como refugiados y recibir la documentación necesaria para poder acceder al empleo, un plazo que Redmond no consideró excesivo en comparación con lo que ocurre en otros países.

Este programa es parte de la estrategia del ACNUR denominada "fronteras de solidaridad", que se aplica en los países donde la integración de los demandantes de asilo es considerada como la mejor solución.

Ese es el caso de Venezuela, que en la última década ha acogido a alrededor de 200.000 colombianos que huyeron de su país debido a la violencia.

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Capturado el senador Juan Carlos Martínez Sinisterra

El Tiempo. Este es uno de los tres congresistas de ese departamento investigados por la Corte Suprema por sus presuntas alianzas con grupos paramilitares.

Martínez fue capturado en la tarde del jueves en el occidente de Bogotá por orden de los magistrados del alto tribunal.

Martínez Sinisterra estaba almorzando en un centro comercial ubicado sobre la Avenida ElDorado en el momento en que agentes del CTI lo detuvieron.

El congresista fue llevado a los calabozos del búnker de la Fiscalía, ubicado a pocas cuadras.
En la mañana de este viernes será trasladado al Palacio de Justicia, en pleno centro de la capital del país, donde será interrogado por los magistrados en indagatoria.

En la segunda vez que Martínez estará en la Corte. Hace siete meses, el congresista respondió en versión libre los mismos señalamientos, luego que de ser vinculado a una investigación preliminar.

Entre las pruebas en poder de los magistrados es clave el testimonio del ex jefe paramilitar Ever Veloza, 'H.H.', extraditado hace seis semanas a Estados Unidos, quien aseguró que Martínez fue elegido senador en el 2006 con el supuesto apoyo del bloque
Calima de las Auc y los señalados narcotraficantes Olmer Durán, Wenceslao Caicedo Mosquera (alias 'W') y el clan de los hermanos González Rivas.

Según 'H.H.', las bandas de narcos lo contactaron para negociar que los 'paras' que seguían activos en en el suroccidente del país forzaran la votación en favor de Martínez. Específicamente habló de Buenaventura y otras regiones del Pacífico colombiano
en las que ejercían influencia.

El congresista obtuvo una votación superior a los 60 mil votos, lo que le permitió repetir curul en el Senado. Al Congreso llegó como
representante a la Cámara, en 1998.

Martínez realizó su campaña bajo las banderas del partido Convergencia Ciudadana, que orienta el ex senador Luis Alberto Gil, quien también está detenido por parapolítica.

'H.H.' dio su versión en julio del 2008 durante una audiencia de versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz en Medellín. Mauricio Aristizábal, alias 'el Fino', jefe de finanzas del bloque Calima y lugarteniente de Veloza, habló del mismo tema ante magistrados auxiliares de la Corte Suprema.

Martínez también fue denunciado por el ex zar anticorrupción y actual senador por Cambio Radical Rodrigo Lara, quien dijo que su caso y el del actual gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, eran una demostración de la infiltración del narcotráfico en la política.

Otros testigos han asegurado ante la Corte que los supuestos nexos de Martínez con narcotraficantes también se extendieron a la organización de los hermanos Rayo Montaño.

El clan también es del puerto de Buenaventura, de donde es oriundo el senador.

El congresista asegura que no tiene nada que ver ni con paras ni con narcos, aunque reconoce que creció al lado de Durán y de 'W' en el barrio La Playita del puerto.

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Colombia comenzará el proceso de reparación de las víctimas del conflicto Armado, en el mes de Mayo

Europa Press. El Gobierno colombiano comenzará el proceso de reparación de las víctimas del conflicto el mes que viene en el marco de los esfuerzos que se están realizando en el país iberoamericano para la reconciliación nacional y para el reconocimiento de las víctimas, tanto directas como los desplazados, que han dejado las guerrillas, los paramilitares y los grupos armados.


"A finales de mayo o principios de junio comenzará la reparación de 12.000 víctimas", explicó el presidente de la Comisión Nacional de Reintegración y Reconciliación, Eduardo Pizarro, quien aclaró que se trata de las que el Gobierno ve "más vulnerables". Así, en un encuentro con periodistas en Madrid, aclaró que los beneficiados de esta primera fase, dotada con 100 millones de dólares, serán "las víctimas de minas antipersona, los niños reclutados por los grupos armados, las mujeres víctimas de delito sexual y las víctimas de secuestro".

Según Pizarro, el Gobierno tiene constancia de "200.000 víctimas de crímenes atroces", a los que hay que añadir los tres millones de desplazados internos que hacen de Colombia el tercer país con mayor número de esta población del mundo por detrás de Afganistán y Sudán. En este sentido, resaltó el hecho de que ahora las víctimas son "poseedoras de derechos" y no sólo objeto de la "solidaridad", aunque admitió que "el mundo todavía está en pañales" respecto a la reparación de las víctimas.

Para poder llevar a cabo la reparación, explicó, en primer lugar se ha tenido que "definir qué es una víctima" en Colombia, puesto que "la forma de victimización en cada conflicto o dictadura cambia", así como elaborar "un perfil de las víctimas". El 90% de ellas, añadió, "pertenecen a los estratos más bajos de la sociedad" siendo la víctima media "una mujer cabeza de familia, que perdió sus bienes, vive en ciudades y no terminó sus estudios".

Este proceso, junto con la creación de un marco jurídico --el estatuto que se está debatiendo en el Congreso--, permite la elaboración de un "modelo de reparación" en el que, subrayó Pizarro, hay que determinar "cómo se repara la vida humana". Según el responsable colombiano, para muchas familias "no basta con un cheque" sino que reclaman otro tipo de reparaciones.

RECUPERAR SUS VIDAS

Por ello, agregó, "aunque la reparación económica es importante, lo que busca el Gobierno es que superen el dolor y recuperen su proyecto de vida". En este sentido, reconoció que en el caso de la recuperación de los bienes por parte de los desplazados, "se trata de una tarea extremadamente compleja porque están ocupados por grupos armados o por campesinos pobres".

Respecto a esta cuestión, Pizarro explicó que se estima que las 650.000 familias desplazadas por el conflicto "dejaron atrás cuatro millones de hectáreas" de terrenos. Para que estos les puedan ser restituidos, se han creado doce oficinas a las que deberán acudir los desplazados para reclamar sus bienes. Si más de una persona reclama un determinado bien o terreno entonces habrá un "litigio judicial" y será un juez el que dictamine, pero si no se produce este litigio, se resolverá "por la vía administrativa".

El presidente de la Comisión de Reintegración y Reconciliación admitió que este proceso se enfrenta a dos obstáculos clave: Colombia es el tercer país más minado del mundo y la guerrilla sigue colocando minas en su lucha contra las fuerzas del orden, y "el catastro rural está muy atrasado y sólo una tercera parte tienen títulos de poseedores de tierras", lo que, añadió, "hace difícil saber quién es el propietario".

EVITAR POSTCONFLICTO VIOLENTO

Así las cosas, Pizarro consideró "muy importante" el que se comience ya con la reparación puesto que, dijo, "si no se comienza vamos a tener enfrentamientos violentos como hubo por ejemplo en Mozambique" tras el acuerdo de paz. Por ello, defendió la actuación inmediata en esta materia "si no queremos tener un postconflicto violento".

Por otra parte, resaltó que el Gobierno de Alvaro Uribe tiene la intención de "reparar fundamentalmente con bienes de los victimarios", es decir, con los bienes entregados voluntariamente por los guerrilleros y paramilitares desmovilizados, o con los bienes incautados a estos por las autoridades. Los primeros, aclaró, ascienden ya a unos 13 millones de dólares, mientras que los segundos suponen unos 100 millones de dólares que pasarán al fondo de reparación de las víctimas.

Asimismo, el Gobierno contempla también la "reparación administrativa" con bienes procedentes del presupuesto del Estado, que este año serán de 100 millones y para el próximo ascenderán a 150 millones, pero buscando que "los impuestos de los ciudadanos" no sean la primera fuente de reparación.

En todo caso, Pizarro admitió que "la única forma de romper el ciclo de violencia es trabajar con los desmovilizados y las víctimas" fomentando la reintegración de los antiguos guerrilleros y paramilitares en las comunidades y la reconciliación con sus víctimas.

A este respecto, el nuevo Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración de Colombia, Frank Pearl, aseguró hoy que el Gobierno colombiano no contempla "atajos para la desmovilización" de los paramilitares, principalmente los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en virtud del acuerdo alcanzado en 2003.

En este sentido, subrayó que se han desmovilizado 31.700 miembros de las AUC y otros 3.000 paramilitares de forma individual y todos ellos "tienen que pasar por el filtro de la justicia". Según Pearl, dos de cada tres desmovilizados "nunca estuvieron armados" sino que realizaron otro tipo de funciones, principalmente logísticas.

Una vez desmovilizados y comprobada su identidad --se ha rechazado a 2.000 personas que intentaron aprovecharse de los "beneficios" del acuerdo con las AUC-- se les asigna un psicólogo para ayudarles en su reinserción y se trata de reunirles con sus familias, el 30% de las cuales rechazan la decisión del desmovilizado, según el Alto Comisionado.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Dado que el 39% de los desmovilizados son analfabetos, se está prestando especial atención a enseñarles a leer y a escribir y se les exige que "se comprometan a estudiar" con el fin de "generar capacidades" y que sea más fácil su reinserción, explicó. Para ello, el Gobierno procede a realizarles un perfil psicológico, para conocer su personalidad y comportamiento; un perfil laboral, con sus intereses en la materia; y un perfil cívico, para saber si están preparados para su reinserción en la sociedad.

"Algunos no lo van a lograr independientemente de lo que hagamos", reconoció Pearl, que citó al problema del consumo de drogas y las propias condiciones psicológicas de los desmovilizados como principales causas. Según el Alto Comisionado, "el narcotráfico es la principal amenaza para este proceso" puesto que "en algunos municipios nuestro trabajo es difícil por no decir imposible" por la presencia de los narcotraficantes.

Por último, Pearl lamentó la "indiferencia" que el proceso de desmovilización genera entre los empresarios, ya que, dijo, son pocos los que acceden a contratar directamente a desmovilizados. En este sentido, subrayó que existen otras formas en las que la empresa privada puede contribuir a este proceso, principalmente a través de fondos de inversión privada con los que financiar proyectos formulados por el Gobierno a nivel comunitario para "crear lazos de confianza" entre víctimas y desmovilizados.

Según Pearl, esta política diseñada por el Gobierno de Alvaro Uribe "tendrá continuidad independientemente de los cambios de Gobierno", en referencia a las elecciones que se celebrarán el próximo año en el país. Así, dijo que lo que se ha hecho es sentar las "bases" del proceso, que "puede ser mejorado".

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Confección de un cabo del Ejercito que ejecuto varios 'falsos positivos'

EL TIEMPO revela el expediente que llevó a primeras órdenes de captura por la desaparición de varios jóvenes, entre ellos los que se llevaron de Soacha.

A las 11 de la noche del 6 de diciembre del 2007, un camión NPR se estacionó a un lado de la vía entre Ocaña y Ábrego (Norte de Santander). De él descendió una patrulla militar que en pocos minutos tenía instalado un retén.

Rato después al lugar llegaron dos hombres en una moto. Al parrillero, Camilo Andrés Valencia, de 25 años, le quedaban seis horas y media de vida.



Esa historia la contó uno de los responsables del asesinato del muchacho: el cabo primero Norberto Conrado, un suboficial del Batallón Santander que, ante las evidencias en su contra, se decidió a colaborar con la Fiscalía en la investigación por el escándalo de los falsos positivos.

Por la muerte de Camilo Andrés -uno de los muchachos reclutados en Soacha y asesinados a las pocas horas de su llegada a Norte de Santander- y de otro joven que venía de Venezuela, la Fiscalía ordenó esta semana la captura del subteniente Luis Francisco Ríos García.

Pero la investigación apunta a que todos los miembros del pelotón Boyacá 22, incluyendo al testigo, participaron en el asesinato de los dos jóvenes, que fueron presentados como bajas en combate con el Eln y los 'paras'.

Las dos víctimas, Camilo Andrés y Daniel Suárez Martínez, fueron enganchados por Víctor Manuel López Manosalva, quien el 21 de noviembre del año pasado confesó en la Fiscalía que los entregó a un grupo de militares encabezados por Ríos. "Por esos manes me dieron una chichigua, como cien mil pesos. Eso fue en diciembre del 2007", confesó el reclutador.

Cuando la Fiscalía le preguntó a López Manosalva qué ocurría con los muchachos que él conseguía y entregaba a militares, respondió: "Obvio que iban a estar muertos, porque a mí no me iban a pagar por llevarlos nada más".

El cabo Conrado dijo que normalmente los militares recibían a las víctimas en la noche y al amanecer del día siguiente, cuando el pelotón se había desplegado como si estuviera en un operativo real, las mataban. "Descansaron y al día siguiente el teniente, por radio, dio la orden de proceder (...) En ese instante los soldados dispararon", se lee en el expediente sobre la muerte de Suárez Martínez, quien había pasado varias horas con sus victimarios.

Engañaron a familiares

Los fiscales de Derechos Humanos documentaron paso a paso la macabra estrategia que usaban los militares involucrados en estos crímenes. Aunque la Fiscalía solo se ha pronunciado de fondo sobre los dos muchachos, tiene claro que las víctimas pasan de la docena.

En noviembre, en medio de la histórica purga por el escándalo de los falsos positivos, el Gobierno ordenó la salida del coronel que comandaba el Batallón Santander y de un oficial encargado del almacén militar. Lo que señala la investigación es que los comandantes, por lo menos, no tomaron las precauciones para verificar cómo el Grupo Especial Boyacá 22 estaba consiguiendo sus 'positivos'. Sus firmas avalaron todos los informes que dio el jefe de esa unidad, el subteniente Ríos.

En el caso de Daniel, que llevaba 10 años viviendo en Venezuela y llegó a Ocaña para una cita con su ex esposa, el Batallón Santander incluso le negó a la familia que hubiera alguna baja en combate.

Una de las hermanas del muchacho fue a buscarlo, pues alguien le dijo que lo había visto en las noticias. Cuando llegó al Santander, dos días después de la muerte, llevaba una foto de Daniel. "Preguntan por él y la respuesta fue que no estaba en las instalaciones y que tampoco le habían dado muerte, pues en esos días no se habían presentado combates (...) Incluso los llevaron hasta donde el comandante y a los calabozos", dice la Fiscalía. Pero Daniel estaba en la morgue de Ocaña y los militares lo sabían.

Aún no está clara la forma cómo fue reclutado en Soacha Camilo Andrés Valencia. Nueve meses antes de su muerte se fue de su casa en Calarcá (Quindío), a probar suerte. La última vez que su familia supo de él fue en junio de ese año, cuando llamó a su mamá a decirle que estaba viviendo en Soacha.

En ese municipio de Cundinamarca fue contactado por personas que en este momento son buscadas por las autoridades y viajó en flota hacia Norte de Santander.

El 6 de diciembre estaba en Ocaña para su cita con la muerte. El cadáver de Camilo Andrés Valencia fue sepultado como N.N. en una fosa común dos días después. El caso fue reportado como un combate entre el Ejército con integrantes de nuevas bandas criminales que estaban extorsionando en esa región del país.

Camilo, dice la Fiscalía, tenía planeado volver a su casa para fin de año. "Los propósitos no podían cumplirse porque en el mismo Batallón Santander, el comandante de la guarnición ya había planeado otro desplazamiento con el mismo pelotón Boyacá (...), supuestamente a verificar otra información".

Camilo y Daniel fueron entregados por Manosalva y por un militar retirado, Fabio Sanjuán, quien fue asesinado. Pero no fueron los únicos. López Manosalva dice que ellos fueron su 'primera entrega'.

Casi medio año después del escándalo, la Fiscalía considera que los militares de los 'falsos positivos' son responsables de homicidio agravado, desaparición forzada, falsedad en documento público y concierto para delinquir.

También asegura que desde el primer momento los militares alteraron la escena de las muertes para reforzar su versión y que intentaron engañar a la justicia. Por eso todos los del Grupo Boyacá, hasta que Conrado decidió hablar, sostenían la misma versión.

El subteniente Ríos, incluso, contactó a una mujer que fue a la Fiscalía a decir que Daniel era guerrillero. La testigo era falsa.

La conclusión de los fiscales es contundente: "Civiles y militares concertaban un lugar para recibir a la víctima como si se tratase de un objeto comercial (...) El objetivo era dar muerte a hombres que cometieron el error de creer en un trabajo que no era otro que servir de víctima dentro de su supuesto combate".

Un año de incertidumbre por la suerte de Camilo

Durante más de un año, la familia de Camilo Andrés Valencia no supo nada de su paradero. La incertidumbre terminó el 31 de octubre pasado, cuando la Fiscalía le dijo a la mamá que el muchacho apareció muerto en Ocaña y que el Ejército lo reportó como guerrillero dado de baja en combate.

En junio del 2007, Camilo llamó por última vez a su casa en el barrio Caldas, en Calarcá (Quindío). Desde ese momento no supieron de él. Cuando finalmente se destapó el escándalo de los jóvenes de Soacha muertos en los llamados falsos positivos, entre los 11 nombres no estaba el de Camilo Andrés.

Con la información de la Fiscalía, una tía del joven fue hasta la Personería de Soacha y pidió que su caso se uniera al expediente.

La petición fue atendida y ahora los asesinatos de Camilo y de Daniel Suárez llevan a las primeras capturas por uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos.

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La Cruz Roja Internacional alerta sobre la crítica situación humanitaria en Colombia

Bogotá, 15 abr (EFE).- El conflicto armado dejó en Colombia un "espantoso" número de víctimas civiles en 2008, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) detectó un mayor número de desplazados y de violaciones al derecho internacional humanitario.
Estas conclusiones se desprenden del informe sobre actividades del CICR en 2008, presentado hoy en Bogotá por el jefe de la delegación en Colombia de ese organismo, Christiphe Beney.
"Los civiles siguen siendo las primeras víctimas del conflicto, cada civil víctima es la consecuencia de una violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos. Es espantoso el número de víctimas civiles del conflicto", dijo, sin precisar la cifra.

Beney indicó que Colombia tuvo en 2008 consecuencias humanitarias "muy importantes" por el enfrentamiento entre guerrillas, nuevas bandas de paramilitares dedicadas al narcotráfico y miembros del Ejército y la Policía.

"El conflicto armado en Colombia continúa cobrándose la vida de decenas de miles de civiles que soportan amenazas de muerte y ataques directos o corren el riesgo de ser objeto de un reclutamiento forzoso", aseguró.

El CICR alertó sobre un aumento de ataques a las misiones médicas respecto a 2007 e indicó que durante el año pasado se reportaron 35 nuevos casos, sin precisar de donde provino la agresión.

"Además encontramos un aumento de casos de violencia sexual", añadió.

Beney también pidió a los actores del conflicto distinguir entre un gesto humanitario médico y la pertenencia a un grupo armado.

"Estamos preocupados de que médicos y enfermeras que llevan a cabo una misión puramente médica puedan ser judicializados por el simple hecho de haber tenido un gesto humanitario", afirmó.

La Cruz Roja registró 1.610 casos de violaciones del DIH, "entre ellas 300 ejecuciones sumarias, 205 ataques directos contra civiles, 289 desapariciones y 83 casos de desplazamiento forzado" en 2008.

El jefe del CICR también mostró su preocupación por el aumento de casos de desplazamiento masivo que atendió el año pasado, un 10 por ciento más que en 2007 hasta llegar a 73.258 personas pertenecientes a 18.535 familias.

Aseguró que la principal causa de que los campesinos salgan de sus territorios se debe a las amenazas por el surgimiento de nuevas bandas de paramilitares.

"Esos grupos se organizan y traen consecuencias humanitarias importantes en relación con las amenazas a personas que tienen que desplazarse. Es una de las razones principales del incremento", agregó.

Las actividades del CICR dieron cuenta también que el 53 por ciento de los desplazados que atendieron eran menores de edad y alertó sobre el incremento de la población indígena que ha tenido que salir de sus resguardos por la amenaza paramilitar.

El porcentaje de indígenas desplazados en 2007 "era dos veces menor" respecto al 7,7 por ciento del total de personas que se vieron obligadas a abandonar su hogar y que atendió la Cruz Roja el año pasado.

Asimismo, alertó del alto número de víctimas de minas antipersonales que ha dejado el conflicto, al mostrar su preocupación porque sigan los campos sembrados de minas en Colombia.

En cuanto a los casos de desapariciones de personas continúan aumentando en los registros del CICR, con 289 casos en 2008.

Beney reconoció las dificultades para conocer con exactitud estos datos, ya que en Colombia se estima que el conflicto ha dejado entre 15.000 y 40.000 desaparecidos en las últimas décadas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) participó además en 2008 en la liberación de 29 rehenes civiles y la entrega de dos militares que estaban en manos de guerrilleros.

La delegación del CICR en Colombia es la séptima más grande a nivel mundial y la mayor de toda Latinoamérica y el Caribe, con un presupuesto de unos 35 millones de dólares anuales.

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asesinan a la representante de los desplazados de un municipio del norte de Colombia

Europa Press. La presidenta de la junta local de desplazados de Los Córdobas fue asesinada ayer por un grupo de sicarios en una zona rura del citado municipio del departamento de Córdoba, en el norte de Colombia, según informaron hoy los medios de comunicación colombianos. La fallecida defendía los derechos de un grupo de desplazados cuyas tierras habían sido usurpadas por los paramilitares y había sufrido amenazas de muerte.
Ana Isabel Gómez Pérez, de 49 años, fue atacada por varios sicarios a plena luz del día y en una calle principal cuando viajaba en una motocicleta en compañía de su hija, una adolescente de 16 años, quien resultó ilesa, según el diario 'El Tiempo'.

Además de presidir la junta de desplazados, Gómez Pérez pertenecía a la junta directiva del Comité de Familiares Víctimas de la Violencia en Córdoba (COMFAVIC), que agrupa a más de 4.000 personas que reclaman reparación en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Gómez había denunciado el pasado 1 de abril, durante una reunión de víctimas de los paramilitares y ante delegados de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que ha sido objeto de amenazas por parte de desconocidos que la intimidaban para que desistiera de seguir apoyando a los desplazados que pretenden acceder a la reparación que ofreció el Gobierno a través de la Ley 975.

Ese día también denunció la "desidia" del Gobierno para reparar a quienes han tenido que convivir con la pobreza por culpa de la violencia desatada por los paramilitares. En la actualidad, la fallecida luchaba por la recuperación de más de 300 hectáreas de tierra que los paramilitares les habían usurpado a los campesinos en esa zona del país.

La fallecida huyó de su parcela en Unguía (departamento de Chocó, oeste) hace seis años a causa de las amenazas del bloque paramilitar 'Élmer Cárdenas', liderado por Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán'. Desde entonces, se haba refugiado en la vereda El Minuto de Dios del municipio de Los Córdobas, donde ayer fue asesinada.

El informe preliminar de la Policía señala que la mujer fue asesinada a plena luz del día en la calle principal de Minuto de Dios por dos hombres que circulaban en una motocicleta. La hija de la mujer y un taxista, que presenciaron los hechos, huyeron del lugar despavoridos, mientras que los homicidas emprendieron la fuga con dirección al municipio de Arboletes.

Las fuerzas de seguridad de Córdoba han asegurado a Caracol Radio que se está intentando determinar si este asesinato guarda relación directa con la actividad que desempeñaba Gómez como líder de estas organizaciones de desplazados.

Al respecto, varios portavoz de COMFAVIC, citados por Caracol Radio, recordaron que la muerte Ana Isabel Pérez es similar al asesinato de Yolanda Izquierdo, otra líder de los desplazados que reclamaban la devolución de sus tierras en Valencia, en el sur de Córdoba. Izquierdo fue asesinada a tiros por varios sicarios en la puerta de su casa el 31 de enero de 2007, y desde entonces no se conoce quiénes fueron los autores del crimen, por lo que su caso, denunciaron, "se mantiene en la impunidad".

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Fiscalia Colombiana llamó a juicio al coronel del ejército Hernán Mejía Gutiérrez, por sus vínculos con el paramilitarismo

AP. El Fiscal General Mario Iguarán informó que llamó a juicio a un coronel del ejército por sus presuntos nexos con grupos paramilitares del norte del país.
Iguarán, hablando en Barranquilla, 700 kilómetros al norte, dijo que la decisión afecta al oficial Hernán Mejía Gutiérrez, quien según la Unidad Nacional de Derechos Humanos, se alió con los paramilitares de Rodrigo Tovar Pupo (alias "Jorge 40") cuando se desempeñó como comandante del batallón La Popa, en la ciudad de Valledupar.

En mayo del año pasado, la Fiscalía había ordenado la detención de Mejía por concierto para delinquir por promover grupos armados ilegales y cometer homicidios.

Edwin Guzmán, un militar retirado de bajo rango, que después terminó enrolado en las filas de los paramilitares, aseguró en la Fiscalía que cuando Mejía estuvo al frente del Batallón La Popa, en la ciudad de Valledupar, al norte de Barranquilla, entre 2002 y 2004, se alió con los paramilitares para asesinar a personas que después presentaba como guerrilleros muertos en combate.

Guzmán aseveró que en octubre de 2002, en el municipio de Bosconia --departamento de Cesar--, Mejía y sus hombres reportaron como muertos a 18 presuntos guerrilleros que, según dijo, eran en realidad paramilitares.

De no ser apelada la decisión, el caso del coronel Mejía pasará a manos de un juez de la república.

Mejía hace parte del grueso de militares que están siendo cuestionados por aparentes ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos", como se denomina en Colombia la práctica criminal de asesinar a civiles y después presentarlos como muertos en combate.

En octubre del 2008, el presidente Alvaro Uribe destituyó a 27 militares --entre ellos a tres generales-- porque habrían permitido, por acción u omisión, la ejecución extrajudicial de 11 hombres de Soacha, una barriada del sur de Bogotá. Por estos hechos aún no se ha tomado ninguna decisión judicial.

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Capturado Don Mario

El Tiempo. Un avión plataforma de Estados Unidos, equipado con tecnología capaz de detectar objetivos en tierra, y dos perros de la Policía fueron clave en el que hasta ahora es el golpe más importante del año en contra de los grupos armados ilegales.

Daniel Rendón Herrera o 'Don Mario', es el capo de las nuevas bandas del noroccidente del país y la Costa Atlántica.

'Don Mario' fue sorprendido a un año exacto de la aparición de un video con el que notificó oficialmente de su guerra con la 'Oficina de Envigado'.

Desde ese momento, por orden directa del presidente Álvaro Uribe y del general Óscar Naranjo, director de la Policía, Rendón Herrera se convirtió en objetivo 1-A. Más aún cuando se comprobó que sus tentáculos habían penetrado importantes sectores de la Fuerza Pública y la Justicia.

El esquema de seguridad de alias 'don Mario' estaba compuesto por dos anillos. El más cercano a él, integrado por nueve delincuentes, y el externo, conformado por 80 hombres. Su escolta personal estaba a 15 kilómetros del segundo anillo.

Por eso el coronel Pinzón ordenó una penetración en la zona en tres fases, con los hombres de la Dijín y los comandos Jungla.

La primera, explicó el coronel César Pinzón, fue un asalto aéreo en un punto cercano a Necoclí. La segunda consolidó la zona para repeler algún ataque del anillo externo. Por último, entraron los hombres que llegaron a 'don Mario'.

Como ya había pasado antes, el capo utilizó señuelos para intentar perder a las autoridades. Pero no contaba con las imágenes satelitales, que redujeron el área de búsqueda, ni con los perros que olfateban su rastro y que lo ubicaron literalmente abrazado a una palma.

"Él ya había detectado cómo le hacíamos las operaciones. Cuando la Policía llegaba utilizaba a dos hombres más y tomaban por caminos diferentes, para despistarnos. Pero esta vez le salimos adelante con la tecnología y los perros", le contó a EL TIEMPO el coronel Pinzón.

El Jueves Santo los comandos, que llevaban varios días infiltrados en la zona, estuvieron a punto de dar el golpe. Pero gente de la región, a la que mensualmente 'don Mario' pagaba 500 mil pesos para que fueran sus ojos, le advirtieron de la operación.

"Era un verdadero señor feudal", dijo el ministro Juan Manuel Santos. Sin embargo, la Dijín confirmó que Daniel Rendón había huido literalmente con lo que tenía puesto y con su último grupo de escoltas.

Salió en calzoncillos, sin zapatos y sin su radio de comunicaciones de la finca en la que se refugiaba en Necoclí. Durante cinco días se escondió de predio en predio y se robó una pijama de la última casa por donde pasó antes de su captura.

Cuando llegó a la vereda Manuel Cuello, ya solo, porque los dos últimos guardaespaldas lo abandonaron, le dijo a un campesino que prefería esconderse donde dormían los animales, mientras pasaba la búsqueda.

Pero la Policía poco a poco fue cerrando el cerco, hasta ubicar la vivienda en el cerro Yoky. Las imágenes sobre las cuales se apoyaba la operación indicaban que en esa casa, o a pocos metros de la misma, estaba su objetivo.

Ahí fue encontrado, oculto en medio de tablas, a las 7:58 minutos de la mañana. En su poder tenía una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, pero no opuso resistencia. Un computador que le encontraron en otra primera finca es ahora una verdadera mina de información para las autoridades.

Se pagará parte de la recompensa

La cacería final de de 'don Mario' se concretó con una información que llegó hace unos 20 días de una de las personas que recibirá parte de los 5 mil millones de pesos que se ofrecían por su captura.

Cuando era trasladado a Bogotá, Daniel Rendón le confesó al general Naranjo que en medio del proceso de paz con las Auc hubo una cumbre de jefes paramilitares en la que se decidió que Vicente Castaño, 'Cuchillo', los hermanos Mejía Múnera y él se quedarían por fuera de las negociaciones, para reorganizar las autodefensas y seguir manejando el narcotráfico en sus zonas de influencia.

"El próximo en caer es 'Cuchillo', así que es mejor que se entregue o nosotros vamos por él", sentenció ayer el MinDefensa.

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2.000 concejales colombianos están amenazados por los traficantes, la guerrilla y los paramilitares

Europa Press.El presidente de la Federación Nacional de Concejales de Colombia (Fenacon), Fabio Estrada, denunció hoy que se han incrementado las amenazas de muerte contra estos funcionarios por parte de los traficantes de droga, la guerrilla y los grupos paramilitares y que, según las denuncias recibidas, el número puede llegar a los 2.000. S

En declaraciones a la emisora local Caracol Radio, Estrada aseguró que las amenazas contra concejales se registran en 13 de los 32 departamentos en que está dividido el país. En estas regiones, añadió, ejercer como concejal es de "héroes".



Estrada remarcó también que, a diferencia de lo que se cree, las amenazas de muerte no sólo proceden de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino las que han crecido en los últimos años vienen del narcotráfico y las llamadas "bandas emergentes", principalmente las formadas por antiguos paramilitares.

Por ello, consideró que el Gobierno de Álvaro Uribe debe "garantizar la vida" de los concejales, ya que muchos de ellos no pueden salir de un perímetro de seguridad determinado y "prácticamente se encuentran secuestrados".

"En los últimos ocho años han asesinado a más de 300 concejales, este año han muerto cuatro y unos 2.000 amenazados que son los que se atreven a denunciar", explicó Estrada.

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La Iglesia Católica de Colombia invitó a los grupos alzados en armas a que transiten por los caminos de la paz y la reconciliación.

AP.La Iglesia Católica de Colombia invitó el Viernes Santo a los grupos alzados en armas a que transiten por los caminos de la paz y la reconciliación.

"La paz es un derecho que tenemos todos los colombianos y esa paz no puede ser perturbada con actos terroristas", expresó monseñor Fabián Marulanda, secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana, en una entrevista telefónica con la AP.



El prelado dijo que la Semana Santa debe servir para "el cambio de todos... Ojalá que los alzados en armas tengan gestos y actos de paz que hagan creíble su voluntad de caminar hacia la transformación del país".

El obispo hizo hincapié en que no sólo los alzados en armas se equivocan dentro del conflicto armado que desde hace más de 50 años azota a Colombia, pues "mucha gente... alimenta odios, fanatismos, intolerencias... Tenemos la obligación de desarmar el espíritu para poder entender al otro".

El religioso le pidió de nuevo a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que devuelvan los restos del mayor de la policía Julián Guevara, quien, tras ser secuestrado en noviembre de 1998, falleció en cautiverio en enero de 2006.
"Volvemos a pedirle... a la guerrilla que por favor devuelva los restos del mayor Guevara, y no solamente los de él sino también los de las personas que han muerto en cautiverio en poder de las FARC, porque los familiares desean... darles una cristiana sepultura", expresó.

Agregó que la Semana Santa "es el tiempo propicio para reflexionar sobre un tema: el perdón".

Según Marulanda, al menos el 80% de la población colombiana es católica.

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la CIA anuncia el cierre de todas las prisiones secretas de EE.UU.

Washington, 9 abr (EFE).- El director del Servicio Central de Información (CIA), Leon Panetta, anunció hoy el cierre de las prisiones secretas que Estados Unidos ha mantenido en el exterior.

El diario The New York Times informó en su sitio de internet de que Panetta hizo el anuncio en un mensaje electrónico enviado a los empleados de esa dependencia del Gobierno.

En esas prisiones presuntos miembros de la organización Al Qaeda fueron sometidos a métodos de interrogación considerados torturas.



En el mensaje, Panetta dijo sin embargo que quienes participaron en esos interrogatorios "no deberían ser investigados, ni menos castigados" porque bajo el anterior gobierno del presidente George W. Bush sus acciones fueron consideradas legales.

Panetta y otros funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama han señalado que métodos de interrogatorio de prisioneros como el de ahogo simulado utilizados en el 2002 y el 2003 constituyen actos de tortura ilegales bajo la ley internacional y estadounidense.

El diario citó un informe de la Cruz Roja Internacional que indicó que los prisioneros fueron también golpeados contra los muros, obligados a mantenerse en pie durante días con las manos amarradas al techo, confinados en cajas y retenidos en celdas bajo temperaturas frígidas.

Según el diario, Panetta indicó que esas instalaciones ya no están en operaciones pero explicó que se han continuado allí las operaciones de seguridad y mantenimiento a expensas de los contribuyentes desde el 2006.

Poner fin a los contratos de seguridad en esos sitios supondría un ahorro de "al menos 4 millones de dólares", dijo Panetta, según The New York Times.

Hasta ahora la CIA nunca ha revelado dónde se encuentran esas cárceles secretas.

Sin embargo, el diario indicó que según fuentes de inteligencia, registros de aviación e informaciones de prensa estarían en Afganistán, Polonia, Rumanía y Jordania.

El diario, que citó a fuentes oficiales, manifestó que e esos lugares fueron llevados poco más de 100 prisioneros desde que se creó el programa en el 2001 y que alrededor de 30 fueron sometidos a lo que la CIA calificaba de técnicas "mejoradas" de interrogatorio.

Catorce de esos prisioneros fueron trasladados al centro de detención de Guantánamo (Cuba) que Obama ha prometido cerrar en el curso de un año.

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Comunicado de Funar ante el debate presentado entre algunos comentarios en el caso Ruben Dario Agudelo

Apreciados lectores ayuda al refugiado que nació como un blog el 11 de marzo del año 2008 ,es decir ya hace un año, nos hemos puesto como norte, brindarle orientación a las personas que de alguna u otra manera han sido victima de abusos en contra de sus derechos por parte del estado colombiano o fuerzas hostiles a la paz entre los colombianos. en ningún momento hemos tomado partido por comentario que alguien allá dejado en alguna noticia, hemos sido respetuoso de la libertad que cualquier medio se merece en medio de la democracia.

sin embargo nos a preocupado en en el caso de la noticia de Rubén Darío Agudelo Puerta, ex alcalde de Trujillo y ex presidente de la Asamblea del Valle del Cauca, vinculado a la Masacre de Trujillo (VALLE) aparecida el 17 de septiembre del año 2008, en medio del debate entre ciudadanos preocupados por estos echos, se han ido a las ofensa o amenazas en su participación en los comentarios, como también personas que toman la autoria de otro individuo, esgrime argumentos que resultan ofensivo para la persona suplantada. anteriormente funar había recibido quejas de un ciudadano de nombre....el cual se quejaba de que esta pagina estaba colocando en riesgo su integridad personal, en esa ocasión se le respondió al mencionado ciudadano que el podía pedir derecho a replica y funar publicaba sus argumentos, pero no podíamos cerra los comentarios privando a aquellas personas de comentar o opinar sobre cualquier otro tema.

en el dia de hoy 10 de abril el señor Marco Molina Ciudadano de Trujillo valle, se dirigió con una interpelacion a nuestro correo solicitando se respete su buen nombre y concluya "chismerio y/o pagina de entrenimiento barato", que a sido para el parecer de el este blog.

al seño Molina le respondemos que nuestra pagina no se hace responsables por los comentarios escritos por las personas que han participado con disertaciones en cualquier noticia de este blog.

entre las correcciones o medidas que implementaremos para evitar los palabras vulgares colocaremos un filtro de comentarios, como también ensayaremos a partir del lunes la aprobación de cualquier comentario que se haga en blog. sin embargo de eso estamos seguro es que no podremos detener jamas porque no existe forma alguna, la suplantación de identidades de algunas personas.

como un derecho a replica publicamos a continuación la carta enviada por el señor Marco Molina.

hola:

Aquien le pueda interesar

Mi nombre es Marco Molina Ciudadano de Trujillo valle y se que tambien existe la libre expresion. Pero coon tristeza veo como su Blog titulado "
17
sep
2008
Rubén Darío Agudelo Puerta, ex alcalde de Trujillo y ex presidente de la Asamblea del Valle del Cauca, vinculado a la Masacre de Trujillo (VALLE) "



dicho blog se a convertido en un chismerio y/o pagina de entrenimiento barato que tambien atenta contra derechos de algunas personas o de su buen nombre, como el mio, que en contadas ocaciones mi nombre aparece alli como si yo hubiera escrito o atacandome de que soy gay..!! nunca he escrito nada alli y solamente se de el por que fui referido por un familiar que ha visto mi nombre alli..

Nuestro pueblo a sufrido mucho por causa de la inpunidad; le pido por favor que haga algo acerca de esta pagina o de algun modo controle dicho blog.

cordialmente,



Marco Molina

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Fredy Rendón Herrera ha admitido que la autodefensas colombianas contaron con la colaboración del las Fuerzas Armadas

Europa Pres. El ex comandante paramilitar Fredy Rendón Herrera ha admitido que la autodefensas colombianas contaron con la colaboración de las fuerzas de seguridad en mayo de 2002 durante una ofensiva contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la localidad de Bojayá, en el departamento de Chocó (noroeste), según informó hoy Radio Caracol. Seguir leyendo el arículo

Rendón Herrera, alias 'El alemán', era el comandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que durante el primer semestre del 2002 llevaba a cabo una ofensiva contra las FARC a lo largo del Río Atrato.

Según 'El alemán', despues de la incursión de la guerrilla en el municipio chocoano de Bojayá --donde murieron 119 personas en el interior de una iglesia por el lanzamiento de 'cilindros bomba'--, sus hombres recibieron ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Armada Nacional para atacar a los rebeldes mientras éstos intentaban escapar por la zona selvática del Atrato Medio.

El antiguo comandante paramilitar precisó que el apoyo de la Armada Nacional fue ordenado por el comandante William Soto, mientras que las de la Fuerza Aérea se obtuvo por medio de un coronel de la Brigada 17 con sede en Carepa y cuyo nombre no reveló.

Durante su comparecencia ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, 'El alemán' aseguró que siempre se había sentido como un miembro más de la fuerza pública, pues, precisó, nunca tuvo problemas en los retenes de la Policía o del Ejército.

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Las minas antipersonales se cobraron en 2008 dos víctimas diarias en Colombia

Bogotá, 3 abr (EFE).- Las minas antipersonales se cobraron en 2008 dos víctimas diarias en Colombia, país donde más aumenta el número de afectados por estas armas cada año, según datos difundidos hoy en Bogotá con motivo del Día Internacional para la Sensibilización sobre Minas Antipersonales.


Se trata de una "una cifra indeseable", manifestó el director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonales (Paicma), Andrés Dávila, durante un acto en el que se rindió homenaje a estas víctimas.

Dávila invitó a los civiles y militares afectados, convocados hoy en un parque de Bogotá, a dejar su huella coloreada en una tela "para simbolizar pasos seguros" que reflejen el rechazo al uso de este tipo de armas, prohibidas desde hace diez años en el mundo a través de la Convención de Ottawa.

Cerca de cincuenta soldados de las Fuerzas Militares de Colombia y una decena de civiles mutilados por la explosión de las minas asistieron al evento.

Entre ellos se encontraban el soldado David Ospino, quien perdió sus dos piernas al entrar en el campo minado de un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el recolector de hoja de coca Dumar Restrepo.

Éste último explicó a Efe que pisó una mina mientras descansaba de su trabajo en un cultivo ilegal del Meta, departamento del centro de Colombia donde se registra el mayor número de accidentes de este tipo, según el Paicma.

Este acto simbólico, según Dávila, quedó así "incluido en el camino a Cartagena de Indias", ciudad caribeña del norte de Colombia que acogerá en noviembre próximo la II Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa.

El fin de esa reunión será "acabar con el flagelo de las minas antipersonal" en Colombia y en el mundo, agregó.

Entre 1990 y finales del pasado febrero, en este país suramericano resultaron afectadas por las minas un total de 7.592 personas, revelaron hoy a Efe fuentes del Paicma, lo que convierte a Colombia en uno de lo más afectados del mundo.

Del total de víctimas, el 65 por ciento son militares y el 35 por ciento civiles, de los cuales el 10 por ciento niños y entre el 3 y 5 por ciento mujeres, actualizó hoy el organismo.

En lo que lleva de año, se han registrado 126 accidentes de este tipo, agregó la fuente.

Según el Paicma, el 64 por ciento de los 1.100 municipios colombianos tiene sembradas minas antipersonales.

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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresó hoy su preocupación por la suerte de mas de 600 emberas

Europa Pres. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresó hoy su preocupación por la situación en que se encuentran alrededor de 600 indígenas de la etnia Emberá desplazados desde hace varias semanas a causa de los enfrentamientos entre el Ejército y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia. Seguir leyendo el arículo

"El CICR está preocupado por la suerte de la población civil de esta zona, que desde hace varias semanas se enfrenta a consecuencias humanitarias extremas a causa del conflicto armado", informó el organismo internacional en un comunicado. "Es necesario destacar que gran número de personas afectas por dicha situación son niños y mujeres", añadió.

Las organizaciones indígenas de Chocó han denunciado la presencia en la zona tanto de guerrilleros de las FARC como del grupo armado 'Los Rastrojos', formado por paramilitares reorganizados tras el inicio del proceso de paz.

El Comité, según el comunicado, está brindando asistencia humanitaria desde hace poco más de una semana a cerca de 600 indígenas Emberás en poblaciones de Chocó. "Estos desplazamientos se suman a otros que tuvieron lugar recientemente en la región y que han afectado a comunidades indígenas. Concretamente, el CICR ha suministrado ayuda humanitaria a casi 160 personas en las comunidades Emberá de Nuncidó, en el Alto Baudó, y Santa Rita de Iró, en el Río Iró", precisó.

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ex senador colombiano Oscar Tulio Lizcano, manifestó que el diálogo del Gobierno con la guerrilla es más necesario que nunca

Medellín (Colombia), 2 abr (EFE).- El ex senador colombiano Oscar Tulio Lizcano, quien se fugó de las FARC tras ocho años cautivo, manifestó a Efe que el diálogo del Gobierno con la guerrilla es más necesario que nunca y abogó por un intercambio humanitario urgente.
Al sumarse hoy a la caravana de motociclistas que recorre Colombia para pedir la libertad de los secuestrados, liderada por el periodista Herbin Hoyos, Lizcano dijo en Medellín (noroeste) que con su presencia en este acto busca "fundamentalmente impulsar el acuerdo humanitario".

El ex rehén se expresó así en una entrevista con Efe después de que las FARC mostraran el pasado domingo su interés en negociar el canje de rehenes por rebeldes presos y renunciaran a una zona desmilitarizada para ese diálogo, hasta entonces una de sus principales exigencias.

Dos días después, el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció una "ofensiva decisiva" contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al considerar que esta guerrilla está "en el peor momento de su historia, debilitadas militarmente" y "repudiadas internacionalmente".

"Es difícil creer que el Estado vaya a derrotar a las FARC, y que las FARC vayan a derrotar al Estado", aseveró hoy Lizcano, al expresar su preocupación porque mientras tanto "el país siga desangrándose".

Por eso, insistió en que su participación en la caravana de motocicletas es para "apoyar el intercambio humanitario", porque, a su juicio, "lo más pronto posible el Gobierno y las FARC deben sentarse a dialogar para dar una salida a este problema".

"Estamos en un país en guerra, hay que entender en medio del conflicto y la guerra que hay que buscar salidas humanas a través del diálogo", manifestó.

Para el ex senador, "por encima de todo está la vida de las personas y más de las personas que han prestado servicio al país, al Estado, y que han sido capturadas en combate", agregó, al señalar que "el Estado tiene la obligación de hacerlo".

"El Estado es quien tiene que tenderles la mano, ese es el espíritu de la Constitución", matizó.

Aún así, Lizcano está convencido de que Colombia camina "hacia la paz" y "que el intercambio humanitario es un peldaño hacia la paz".

"Hay que buscar el diálogo, una salida política a este conflicto, como se ha demostrado en otros países. Los colombianos estamos apoyando el diálogo transparente", agregó.

Lizcano aprovechó para pedir a los familiares de los secuestrados "que tengan fe y esperanza, y que sepan que esto se va a lograr".

El ex senador colombiano se fugó el pasado mes de octubre de manos de las FARC, tras ocho años cautivo, gracias a la ayuda de su carcelero, alias "Isaza", quien se convirtió en un prófugo para llevar hasta la libertad al ex senador colombiano.

Como consecuencia de ese hecho, el Gobierno dio una recompensa a "Isaza" y Francia lo acogió asilado, en virtud a las ofertas que ha realizado el presidente Álvaro Uribe a los guerrilleros que se entreguen junto a sus rehenes.

El grupo Colombia Soy Yo (CSY), surgido en Facebook y que promovió la gran movilización mundial contra las FARC del 4 de febrero de 2008, recogió cifras de País Libre que muestran que esta organización guerrillera, la más antigua de América, es responsable de 713 de los 2.829 casos de secuestro registrados en el país.

Para rogar por la libertad de todos ellos, el ex senador Lizano y su esposa, Margarita, se colocaron sendos cascos y se subieron hoy en Medellín a dos motos para acompañar a la caravana de Herbin Hoyos.

Lizcano acompañó en su moto a Hoyos, el director del programa radial "Voces del Secuestro", que cada medianoche pone al micrófono a los familiares de los cautivos para que sean escuchados por esas víctimas colombianas desde las selvas y montañas del país donde están ocultos y encadenados.

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